Caso Tahmooressi: La burla

Desde los 15 años, Andrew Paul Tahmooressi es adicto a la marihuana. Gracias a eso y al diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, la Procuraduría General de la República (PGR) y el juez Octavio Luna Escobedo lo absolvieron de introducir un rifle de asalto de uso exclusivo del Ejército y dos armas de fuego más al país “Andrew Paul Tahmooressi, a los quince años, de acuerdo a los antecedentes patológicos y de padecimiento actual de los dictámenes médicos, inició su cuadro de consumo a la mariguana y a los 18 años, se le diagnosticó con TEPT al ingresar a las fuerzas armadas”, dictamina la resolución de la causa penal 114/2014 en el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en Baja California, del 31 de octubre de 2014. El documento en poder de ZETA. En otros acusados penales se considera un agravante, por ejemplo, el estar intoxicado, pero en el caso del ex Marine fue motivo para justificar su libertad.  De acuerdo a dictámenes médicos presentados ante el Juzgado, psiquiatras evaluaron el comportamiento de Tahmooressi como “impulsivo, con continua acumulación de armas de fuego, debido a la desconfianza y paranoia que presentaba”. Bajo esas condiciones, el norteamericano entró a territorio mexicano con tres armas cargadas.  Incluso, los razonamientos del Ministerio Público y del Juez, difieren de la propia opinión de su abogado defensor, Fernando Benítez. “El síndrome de estrés postraumático es una condición grave, aunque Tahmooressi lo padece, no es una condición que te excluye de entender la diferencia entre el bien y el mal. Como defensa, no lo usaría”, consideró el litigante al término de la audiencia de su cliente, el 4 de agosto de 2014.  Sin embargo, el agente del Ministerio Público Federal, Mario Alberto Galindo Gutiérrez declaró que el ex Marine “actuó bajo los efectos de graves perturbaciones psíquicas que le impidieron conocer la criminalidad del acto y dirigir sus acciones, por lo que su capacidad se encontraba anulada”, de acuerdo al documento del Juzgado. De ahí que Octavio Luna Escobedo, como juez, determinara “El Estado mexicano no tiene competencia para decretar las medidas dirigidas a proteger y restaurar la salud de Andrew Paul Tahmooressi, en virtud del TEPT (trastorno de estrés postraumático) que padece y que lo llevó a realizar una conducta ilícita en territorio mexicano”.  Luna Escobedo manifestó, además, que el estadounidense debía volver a su país para ser sometido a un “tratamiento médico de farmacodependencia con motivo de su adicción a la mariguana que manifestó”. “La adicción no debe repercutir en la comisión de un delito. Decir que los métodos que utilizas en tu país son detestables respecto a los de otro país, es decir que en tu país no existen garantías de cumplimiento de las condenas; es considerar que esta persona es susceptible a morirse aquí por los servicios de salud que hay”, reflexiona el abogado Jesús Quezada.   Subjetividades por encima de la Ley Para el abogado y ex magistrado, Miguel Ángel Barud, la liberación de Andrew Tahmooressi se logró porque la PGR utilizó su facultad discrecional. Los hallazgos de peritos –quienes cumplen el papel de orientadores, pero no tienen la facultad de emitir juicios– fueron tomados como verdad absoluta.  En efecto, los razonamientos del agente del Ministerio Público Federal, Mario Alberto Galindo Gutiérrez, “se basan en el resultado de los dictámenes periciales en materia de psiquiatría clínica emitidos por los doctores Ciro Heli Sergio Medina Medina y Alberto Pinzón Piscareño, propuestos por la defensa y por aquella representación social, respectivamente”, se lee en la resolución. Con las aportaciones de los médicos, el agente, quien actuó como representante del pueblo mexicano, propuso el sobreseimiento de esta causa penal por dos cargos de portación de dos armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército y portación de arma de fuego sin licencia.  Una vez que el agente del Ministerio Público Federal aportó sus conclusiones no acusatorias, tocó el turno del Juez para decidir si el proceso penal continuaba o no. El juzgador argumentó los derechos a la salud, a la protección a la salud, y a la integridad físico-psicológica, como motivos para liberar al estadounidense.  Por su parte, el abogado Jesús Quezada observa “son razonamientos de carácter subjetivo. El juez está para averiguar dentro de una causa penal, cuál es la verdad histórica. Tiene la facultad y la obligación de practicar diligencias para mejor proveer. Inclusive, mandar repetir pruebas que no hizo aquí, sobre todo en un caso tan delicado”. El proceso judicial que Tahmooressi enfrentó durante siete meses en México, inició el 3 de abril de 2014, con la apertura de la averiguación previa por parte de la PGR. Por cruzar la frontera mexicana en posesión de una escopeta calibre .12 abastecida con cuatro cartuchos útiles; un rifle M6 Spartan Alpha con 30 cartuchos útiles calibre 5.56; una pistola calibre .45 abastecida con diez cartuchos útiles, cuatro cargadores y una caja con cartuchos, que suman 457 en su totalidad, a Tahmooressi se le decretó auto de formal prisión, el 8 de abril de 2014.    Pero fue a partir del 20 de octubre de 2014, que el proceso avanzó con rapidez. Ese día, se declaró agotada la instrucción de este asunto. El 28 de octubre, se decretó el cierre de instrucción. El 30 de octubre, el agente presentó sus conclusiones de no culpabilidad y solicitó el sobreseimiento de la causa. Finalmente, el 31 de octubre, el Juzgado Sexto emitió la resolución con la cual, Tahmooressi fue declarado en libertad.  De acuerdo al Código Federal de Procedimientos Penales, cuando ocurre el sobreseimiento (no acusación a favor del procesado), el Procurador General de la República –o el delegado– debe confirmar estas conclusiones no acusatorias.  Libertad enviada desde Washington En 2012, 110 extranjeros fueron procesados en México por delitos con armas, el segundo delito federal más cometido por no mexicanos. De éstos 17 ocurrieron en Baja California y 14 en Tijuana, de manera específica. Todos los casos fueron calificados como dolosos y solo uno bajo el influjo del alcohol.  La información proporcionada por INEGI, detalla además que de los más de 100 procesados, solo dos obtuvieron su libertad absoluta y uno más salió de prisión por sobreseimiento.  “Son muy raras las conclusiones no acusatorias, pero cuando las hay es por otras razones como la inexistencia de la responsabilidad de la persona porque aparece el verdadero responsable, que haya sido sentenciado en otra causa penal por ese delito o por duda razonable”, aporta el abogado Jesús Quezada.   Sin embargo, el caso de Tahmooressi fue explotado por los sectores conservadores estadounidenses. Su madre convirtió la historia en una redituable en términos mediáticos. Congresistas y ex gobernadores republicanos, presentadores de televisión, grupos religiosos y ex militares exigían la liberación de su connacional, pasando de alto la comisión de un delito.  Abogados mexicanos como Miguel Ángel Barud, ex magistrado de Baja California, opina que la liberación del norteamericano “pone en duda al Estado de Derecho en México”. “Fue una decisión política. Se diseñó, se programó una estrategia para darle una pincelada de legalidad”, añade. Y es que la libertad de Tahmooressi se decidió fuera de los Juzgados Federales.  “Es la adecuación de un sistema jurídico a una necesidad concreta”, analiza el abogado con una amplia trayectoria tanto como juez como defensor.  Poco importó, por ejemplo, que la causa penal 114/2014 en contra de Andrew Tahmooressi incluyera la agravante que aumenta la pena hasta en dos terceras partes por “la portación de dos o más armas”, según la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.  Las armas están prohibidas en México porque el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército es considerado “de peligro” por poner en riesgo la paz social.  Pese a ello y cobijado en los preceptos del derecho a la salud (servicios de salud y asistencia social), el derecho a la salud y el derecho a la integridad físico-psicológica, el juez citó al Comité de los Derechos Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas.  “Los jueces nacionales no podemos, en ejercicio de nuestras respectivas competencias y en materia de derechos humanos, vincular a otras autoridades y sociedades que no sean las nacionales”, concluyó en referencia al estadounidense de 25 años.   ¿Y los 5 mil pacientes psiquiátricos que continúan en la cárcel? De acuerdo a cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), 4 mil 919 reos en las cinco penitenciarías de Baja California, reciben atención psiquiátrica y participan en distintos programas psicológicos.  En específico, el Sistema Estatal Penitenciario clasifica a 303 internos como usuarios de servicios psiquiátricos en el Estado. Para brindarles atención, además de un coordinador por penitenciaría, hay 12 médicos y 29 psicólogos en los distintos CERESOs del estado.   Aun así, el juez Octavio Luna resolvió “el médico psiquiatra (que intervino en el proceso judicial) sugirió que el tratamiento se realice con terapias conductuales, a cargo de personal especializado y enfatizó que esto sea en su país de origen”.    Bajo la lógica del ordenamiento del Juez para que Tahmooressi recibiera “tratamiento médico de farmacodependencia con motivo de su adicción a la mariguana que manifestó”, los 32 mil 343 internos adictos que de octubre de 2013 a septiembre de 2014, han ingresado al Sistema Estatal Penitenciario, también obtendrían su libertad.  De acuerdo al Módulo de Reinserción Social en Baja California, el Programa de Reconstrucción Personal, implementado en las prisiones estatales, está  “diseñado por un equipo profesional multidisciplinario, enfocado a atender a personas con problemas de adicción”. “Tahmooressi: paranoico, impulsivo y armado” Peritos, psiquiatras mexicanos y norteamericanos coincidieron que Tahmooressi presenta un “cuadro de afectación paranoico, pues manifestó sentirse observado y vigilado, con un peligro inminente de perder la vida y sin sueño, por el trastorno en la guerra que participó”. Lo evalúan como un hombre “impulsivo, con continua acumulación de armas de fuego, debido a la desconfianza y paranoia que presentaba”. Todo quedó manifestado en el expediente de la causa penal 114/2014.  Tales rasgos psiquiátricos, fueron parte del pretexto para que el norteamericano obtuviera su libertad después de siete meses en prisión. “Se surte a favor del procesado, la excluyente de responsabilidad de mérito y desiste de la  acusación formulada al consignar, solicitando que se decrete el sobreseimiento de la causa”, aportó el agente de la PGR. Ya que se le declaró “inimputable” y se retiraron las acusaciones en su contra, el norteamericano podría recuperar su arsenal.  De acuerdo a la resolución, “se levanta el aseguramiento fijado por este Juzgado respecto de los artefactos bélicos identificados en la causa penal y se dejan a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional”.   Liberación exprés con tratos especiales  A las 3:00 de la tarde del viernes 31 de octubre de 2014, el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en Baja California, emitió la resolución para “la inmediata y absoluta libertad” de Andrew Tahmooressi, quien se encontraba recluido en la penitenciaría de El Hongo II, en Tecate. Desde Tijuana, fueron notificados el Sistema Estatal Penitenciario, el Consulado de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Migración (INAMI). A las 6:00 de la tarde, el Sistema Estatal Penitenciario comenzó a tramitar la liberación del norteamericano. Luego de cruzar la frontera, la noche del 31 de marzo de 2014, Tahmooressi fue internado en la penitenciaría de Tijuana, el 3 de abril de 2014. Ahí permaneció hasta el 8 de mayo, cuando fue enviado a El Hongo II, en Tecate. Mientras la mayoría de los reos  son liberados después de la medianoche, Tahmooressi salió de la prisión a las 7:00 de la tarde. Antes de eso, firmó documentos y tramitó su salida en la estación biométrica. También le fueron entregadas sus pertenencias dentro de un sobre color manila. Conforme el norteamericano avanzaba en la carretera a bordo de una camioneta del Sistema Estatal Penitenciario y con una patrulla de la Policía Estatal Preventiva (PEP) abriéndole paso; agentes de Aduanas y Protección Fronterizo (CBP, por sus siglas en inglés) y de la policía municipal de Tijuana, reservaban un carril vehicular exclusivo para el norteamericano en la garita de San Ysidro.  A las 7:30, Tahmooressi ingresó a Tijuana. Fue llevado a las oficinas del INAMI para completar los procesos de deportación hacia su país. De ahí, fue llevado por personal migratorio hasta la garita internacional de San Ysidro. Cuando un norteamericano es liberado de prisión en México y entregado a las autoridades del país del norte, se hace en calidad de detenido, con esposas colocadas en las muñecas y debe ser un agente de la CBP quien reciba a su connacional. En este caso, el joven de 25 años, descendió del vehículo, vestido con una chamarra verde y pantalones rojos. En ese momento, oficiales de la CBP ordenaron el cierre de la garita.  Vehículos fueron retenidos en las casetas de inspección, quedaron cerradas las puertas de ingreso y salida del acceso peatonal. Una vez que el edificio quedó sin viajantes, Tahmooressi ingresó acompañado de Michael Veasy, representante del Consulado de Estados Unidos en Tijuana. Conforme a lo establecido en protocolos, el ciudadano norteamericano debe continuar su paso hasta atravesar el edificio y, como cualquier peatón, utilizar los andadores hacia San Ysidro. En este caso, una vez que su pasaporte fue procesado y su ingreso aprobado, al ex Marine se le escoltó de regreso a territorio mexicano, para que a bordo de una camioneta negra, cruzara –nuevamente– hacia Estados Unidos. Un automóvil Focus blanco de reciente modelo, pero sin placas, con agentes de la policía de San Diego y del CBP, siguió la camioneta hasta su llegada al aeropuerto de San Diego, donde viajó a Florida en el avión privado del ex gobernador de Nuevo México, Bill Richardson. El político norteamericano, al igual que congresistas como Matt Salmon, visitó al ex combatiente de la guerra en Afganistán mientras permaneció en prisión. Consideración especial en las cárceles bajacalifornianas, donde reos solamente pueden ser visitados por consanguíneos o cónyuges.  En específico, el 26 de octubre, cuando Richardson se presentó en Tijuana Innovadora como conferencista, el norteamericano acudió a El Hongo a visitar a Tahmooressi. El día de su liberación, junto a la madre del ex reo, Jill Tahmooressi y hasta el presentador de televisión, Montel Williams, celebraron el regreso a casa del norteamericano. Pese a argumentar que su ingreso a México estaba basado en su desconocimiento de los límites territoriales, declaraciones del expediente de Tahmooressi –el cual fue clasificado como reservado por el Consejo de la Judicatura– confirman que horas antes de su arresto, Tahmooressi estuvo en Tijuana. “Caminé hacia mi camioneta desde el cruce fronterizo de México a los Estados Unidos porque el día anterior me encontraba paseando en México. No el día anterior, sino ese día”, se lee en una de las hojas.  Testimonios recuperados por ZETA, indican que Andrew Tahmooressi estuvo en la zona Norte de Tijuana. Después de hospedarse en el hotel Nelson –cuyo recibo exhibió este Semanario– el ex Marine ingresó al bar Hong Kong, donde permaneció con una bailarina del table dance.  Cuando juntos salieron del bar, el ex Marine fue detenido por policías municipales, quienes al realizar una inspección de rutina, encontraron droga en el pantalón del joven. La joven que lo acompañaba, regresó a su lugar de trabajo. Tahmooressi sobornó a los policías municipales y regresó hacia Estados Unidos, donde había dejado la camioneta F150 de su mamá, quien se encontraba en Florida.  Tahmooressi admitió ante el Poder Judicial de México, su adicción a la marihuana. La confesión le valió su libertad. De acuerdo a la práctica del Derecho en este país, cuatro resoluciones más como la del ex Marine, crearían jurisprudencia para dejar en libertad a otro estadounidense con trastorno de estrés postraumático y adicción a la marihuana que cruce armas de uso exclusivo del Ejército a territorio nacional.