Desde siempre, el onceavo mes del año fue determinante en la vida del codirector fundador de ZETA, Jesús Blancornelas, nació el día 14 de noviembre de 1936, el gobierno con el sindicato le quitaron el periódico diario abc el 2 de noviembre de 1979, intentaron quitarle la vida el 27 de noviembre de 1997 y falleció el día 23 de noviembre de 2006. Se inició como periodista a los 19 años en 1955, y se desempeñó como reportero investigador durante 51 años, su calidad profesional fue reconocida en México y en el extranjero, trabajó en 5 diarios y fundó dos periódicos. Comunicador de línea dura y editor generoso al momento de enseñar. Aunque no pasa día sin que se le recuerde y extrañe en las oficinas de esta casa editora, es en noviembre cuando la sensación de desamparo y la indignación ante la impunidad se agudizan. Ocho años han pasado desde que la muerte lo alcanzó sin que las autoridades le otorgaran la justicia que reclamó cada momento de su vida. 17 años han transcurrido en medio de la impericia y corrupción de procuradurías y juzgados que han cobijado a esos seis o nueve sicarios que aquella mañana de jueves emboscaron al codirector de este semanario y descargaron sus armas largas contra el periodista y su escolta, 119 impactos de bala se contabilizaron en el auto, 8 en el cuerpo de Luis Lauro Valero Elizalde, quien perdió la vida en el ataque, y cuatro en un Blancornelas de 61 años. Apenas en agosto de 2013, el único narcotraficante-matón acusado formalmente del asesinato de Valero y del atentado homicida contra Blanco, Marco Antonio Quiñonez “El Pato” fue exonerado por el juez Roberto Hoyos Aponte. De las órdenes de aprehensión que la FEADS (Fiscalía Especial de Atención de Delitos contra la Salud) de la PGR, aseguró hace 17 años solicitaría contra los otros miembros del Barrio Logan que según sus indagatorias habían participado en el operativo homicida, nada. Por ello no se ejerció acción penal alguna por el caso Blanco contra Michael Antony Jarboe “El Pee Wee”, Isaac Guevara Hernández “El Zigzag”, José Alberto Márquez “El Bat”, Alfredo Araujo Ávila “El Popeye”, Antonio Peña Huerta o Adelaido Reyes. Todos identificados por la PGR como parte del comando homicida que ese 27 de noviembre fue encabezado por David Corona Barrón, quien murió en el atentado cuando la esquirla de una bala que rebotó le entró por el ojo. Todos los matones a sueldo que servían y recibían órdenes de los cabecillas del cártel que administraba la delincuencia en el estado, el Arellano Félix. Sin embargo, ni Ramón (asesinado, 2002), o Benjamín (capturado, marzo de 2002), ni Javier (detenido en agosto de 2006), ni Eduardo (aprehendido en octubre de 2009), o Francisco (muerto, octubre de 2013), ninguno de los hermanos Arellano Félix ha sido acusado o juzgado por la autoría intelectual en el asesinato de Valero y el homicidio en grado de tentativa del codirector de ZETA. Fue precisamente esta impunidad la que le dio al narcotraficante Benjamín Arellano –señalado y sentenciado como uno de los criminales más buscados– el cobijo cómplice, para –en una entrevista– intentar restarle relevancia al trabajo periodístico de investigación hecho por Blancornelas en torno a los delitos cometidos por él y sus hermanos. Todas, publicaciones respaldadas en testimonios judiciales de víctimas, cómplices, testigos presenciales, así como autoridades de México y Estados Unidos. Al fin sociópata, el líder del CAF acostumbrado a controlar la vida delictiva de Baja California por más de 20 años, pretende reducir a la imaginación del periodista, el cúmulo de atrocidades cometidas en nombre de la avaricia de él y de su familia. Millones de dólares en propiedades que provienen del trasiego de droga, traducido en asesinatos, secuestros, extorsiones, corrupción institucional, y descomposición social y adicciones, atestiguada y padecida de primera mano por la sociedad bajacaliforniana. En ese contexto, las familias de Jesús Blancornelas, la biológica y la periodística, renovamos la denuncia ante la ausencia de justicia, reiteramos el reclamo para que los autores materiales e intelectuales sean juzgados y sentenciados, y exigimos se investigue y sancione, la ineficacia y potencial corrupción de las autoridades inmiscuidas. Hoy después de 17 años, la petición se extiende a los actuales titulares del gobierno federal, al Presidente Enrique Peña Nieto y al Procurador Jesús Murillo Karam, porque aunque no hubo prontitud, seguimos demandando justicia.
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