Sucias finanzas: titular de la PDH violó la Ley

Una auditoría financiera a la Procuraduría de los Derechos Humanos en la entidad realizada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), concluyó que Arnulfo de León Lavenant, el titular, es imputable a responsabilidades por causar un daño patrimonial a Baja California. Uno de los puntos del reporte del ORFIS detalla que el priista encargado de los Derechos Humanos a nivel estatal, ha propiciado “afectaciones al patrimonio de la Entidad, las cuales representan un impacto económico que origina daños a la Entidad”. También enumera que diversas leyes, e incluso la Constitución Política del Estado, han sido violentadas por Arnulfo de León Lavenant en su paso por la PDHBC. Trasferencias bancarias irregulares a personal del organismo, auto-préstamos por parte de De León, pagos en efectivo para comprobar gastos, demandas laborales que dañarán financieramente al organismo, evasión de impuestos, omisiones y negligencia, es lo que el documento reporta. Rosalba López Regalado, diputada local del Partido Acción Nacional, es quien ha documentado y señalado un sinnúmero de irregularidades en el manejo de recursos públicos en la PDHBC: “Nos interesa que el señor se retire, no se quiere ir por pie propio, porque tengo entendido que algunos de los diputados le han dicho que se vaya y no es su interés”. Aun así, y posterior al informe de la auditoría, hay expresiones dentro del Congreso del Estado en apoyo a De León Lavenant, por ejemplo, la de Francisco Barraza Chiquete, del Partido Estatal de Baja California (PEBC). El pebecista salió al quite en defensa del priista que encabeza la PDHBC: “Me doy cuenta que ha sido más la problemática que le han querido encauzar respecto a lo que los hechos expresan realmente”. De igual forma, René Mendívil Acosta, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), descarta que las malas finanzas del ombudsman terminen en su destitución: “Si fuera el tema de rendición de cuentas, por ese mismo hecho se hubiera enjuiciado entonces a los directores de la CESPT o del ISSSTECALI”. La auditoría Luego que la diputada López Regalado exhibiera los documentos de diversas irregularidades cometidas en la administración de Arnulfo de León Lavenant, en una comparecencia pública celebrada en Tijuana a finales de marzo, la mesa directiva del Congreso solicitó al ORFIS una auditoría “urgente”. Los dichos y las evidencias documentadas por los diputados fueron corroborados en la auditoría entregada apenas el  22 de agosto de 2014. Una copia del Informe de Resultados (No. de Oficio DTPF/0101/2014) en poder de ZETA, describe en 37 páginas algunas observaciones ilegales desde 2013 hasta junio del presente año. El documento firmado por el auditor superior Manuel Montenegro Espinoza concluye que el daño patrimonial a la PDHBC, deviene en un impacto económico a la entidad. Además, hace constante referencia a la violación por parte del procurador de los Derechos Humanos a la Constitución Política del Estado de Baja California, a la Ley de Presupuesto y Ejercicio del gasto Público, a la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos, y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. La mencionada auditoría inició una vez que el Congreso la solicitó el 19 de junio. La misma arrojó, tal como lo describe el documento, que en tanto en 2013 conocen lo que va de 2014, existen gastos sin comprobar por 201 mil 36 pesos y un presupuesto ejercido de 847 mil 740 pesos, el cual nunca se le aprobó. En este punto como en otros, el ORFIS observa que se contravino la Ley de Presupuesto y la de Fiscalización, en esta última establece que las “responsabilidades serán imputables a los funcionarios (…) de las entidades (…) por la aplicación indebida de las partidas presupuestales, falta de documentos justificativos y comprobatorios del gastos, así como por notoria negligencia administrativa, por actos y omisiones que cause daños o perjuicio a la Hacienda Pública”. De la comprobación de gastos se observó que al menos 435 mil 643 pesos se hicieron en efectivo, los cuales se debieron erogar mediante cheques normativos; de igual manera, se señala que durante el mismo periodo no se comprueban otros 79 mil 441 pesos, y de la comprobación realizada se ejerció presupuesto no autorizado. Préstamos personales y más Se confirmó que en 2013 se realizaron préstamos personales al titular de la PDHBC por un monto de 557 mil 503 pesos, contraviniendo la norma administrativa que especifica que los préstamos serán únicamente “al personal”. La Constitución estatal establece que ningún servidor público puede recibir préstamos o créditos sin que éstos se encuentren asignados por la Ley. En  2012, Arnulfo Lavenant reiteró la ilegal trasferencia de recursos a su cuenta personal, el documento detalla la cantidad de 113 mil pesos más. Pero no fue el único. Su administrador, Ferrer Guillermo Armenta Abril, Irma Elena Contreras, Carlos y Raúl Villavelázquez Gastélum y varios más, también recibieron préstamos por un monto de 422 mil pesos. El organismo presenta saldos acumulados de empleados al 31 de diciembre de 2013 por más de medio millón de pesos, y al 30 de junio, una cantidad de 738 mil pesos por anticipos de gastos o préstamos personales. La cuenta por pagar de la Procuraduría, al 31 de diciembre, es de 4 millones 764 mil 641 pesos, y al 30 de junio, una deuda de 4 millones 567 mil 914 pesos. Gran parte de esas cantidades son por impuestos que retuvo, pero que nunca entregó a la Secretaría de Hacienda. Uno de los puntos más relevantes, es que la PDHBC pagó liquidaciones laborales por un millón 207 mil pesos, las mismas que se iniciaron porque Arnulfo de León Lavenant despidió injustificadamente a empleados. Además, hay litigios en proceso que suman 4 millones 570 mil 815 pesos. La auditoría cita: “Se establece una contingencia de índole jurídica y económica en caso de que la resolución de los litigios laborales en proceso sea contraria a los intereses de la Procuraduría, ésta afrontaría el pago de los montos de las demandas, las cuales lastimarían aún más sus recursos financieros”. Omisión del ORFIS Otros documentos  en manos de ZETA dan cuenta que incluso el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, omite algunos importantes datos. Por ejemplo, el pago de un millón y medio para liquidaciones en 2014, cantidad que le había ampliado el Congreso. El informe refiere que en 2013 y 2014, la PDHBC pagó liquidaciones laborales por un millón 207 mil 89 pesos, pero no informa que únicamente destinó 673 mil 681 pesos del recurso recibido del Congreso (el 24 de abril). La diferencia de 826 mil pesos se utilizó en préstamos personales para el procurador, el administrador y a sus directoras, sumando en dos semanas, una cifra de 255 mil pesos. Cero y van… Recientemente la Cuenta Pública de Egresos de 2012 de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California fue desaprobada, la misma que arroja falta de evidencia de servicios de asesoría pagados, pagos sin contrato y no pago de impuestos retenidos. Las observaciones en la cuenta 2012 suman 10 millones 411 mil pesos, que representan el 24 por ciento del presupuesto ejercido ese año. A estas finanzas irregulares y al resultado de dicha auditoría, se suman las peticiones de juicio político interpuestas el 10 de julio por varios empleados despedidos de manera injustificada por Arnulfo de León. Por si fuera poco, pesan en su contra tres denuncias penales por los delitos lesiones, abuso de autoridad e intimidación (9075/13/211/AP), por fraude procesal y falsedad ante las autoridades (4050/14/211/AP); y por abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, cohecho peculado y tráfico de influencias (6947/14/211/AP). Y una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por otro empleado despedido injustificadamente, en la cual refiere su salida se debió a su simpatía política con Jorge Hank en el proceso de 2013, diferente a la del procurador, identificado con Fernando Castro Trenti. Lo defienden El diputado Francisco Barraza Chiquete hizo pública su opinión sobre el tema de la PDHBC. Dijo que era un tema politizado y que las pruebas del ORFIS “no son contundentes”. “Después de una serie de acusaciones hacia el titular de la PDH, Arnulfo de León Lavenant, después de haber escuchado a unos diputados y a unas asociaciones civiles, hoy, teniendo en mis manos el dictamen que el ORFIS emitió, me doy cuenta que ha sido más la problemática que han querido encauzar respecto a lo que los hechos expresan realmente… además de responsabilizar al procurador anterior los errores en la cuenta pública de 2012”, exhibe el posicionamiento del diputado del PEBC. En el mismo sentido, el regidor René Mendívil señaló que la cuenta no aprobada de 2012 es compartida con la anterior administración de Heriberto García. El priista asegura que “como se hace en cualquier otra cuenta negada”, se turnaría al órgano de control interno de la Procuraduría para iniciar un procedimiento jurídico. Según Mendívil, es un tema no de rendición de cuentas, sino “encamarcado en una agenda partidaria del PAN”. Sobre la solicitud de juicio político, advirtió que será la Comisión Jurisdiccional la que deberá determinar, y en consecuencia instalar, una Comisión Instructora que desahogaría. “Pero en un caso hipotético que eso sucediera, el titular de la PDH se mantiene en su cargo hasta que haya una resolución del pleno”, concluye. Que se vaya Para la diputada panista Rosalba López Regalado, la idea es que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Baja California no esté ya bajo el cargo de De León Lavenant. Explica: “No hay un proceso definido, se está abriendo camino, hemos estado revisando cuál es la ruta, se ha explorado sobre el terreno de juico político, sin embargo, aún no se define”. López sugiere que hay recovecos en la Ley donde se marca la ruta y, ante “una situación como en la que estamos viviendo, solamente se señala que cuando haya faltas graves el Congreso sabrá determinar si se destituye”. López Regalado remata: “Nos interesa que el señor se retire”. Pese a todo, Plascencia quiere de nuevo la CNDH A días de concluir su periodo constitucional, al tijuanense Raúl Plascencia Villanueva, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se le reconoce como una figura cómoda para el poder. De hecho, entre la situación de violencia y ejecuciones que ocurren en el país, ha reconocido públicamente al gobierno de Enrique Peña Nieto como una administración apegada a los Derechos Humanos, y la Presidencia de la República le ha devuelto el halago con la celebración de los 15 años de autonomía del organismo. Sin embargo, cientos de organizaciones civiles y fuerzas políticas han denunciado la “omisión” y “complicidad” de la CNDH respecto a temas importantes de violación de los Derechos Humanos. El periodo del tijuanense frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluye el próximo 15 de noviembre, con la posibilidad de reelegirse por otros cinco años, misma que claramente desea aprovechar, después de haberse registrado como candidato por el próximo periodo. Una vez abierta la convocatoria, el Senado ha recibido al menos 19 candidatos, entre ellos Plascencia, quien junto con su documentación, entregó 13 cajas de firmas de apoyo para su reelección. Lo trascendente es que el grupo interno del Partido Acción Nacional en el Senado, el calderonista (Javier Lozano, Mariana Gómez del Campo, Roberto Gil, entre otros), intenta impulsar a Raúl Plascencia Villanueva por un segundo periodo. Entre los aspirantes, ya con registro, están Mauricio Farah, ex visitador de la CNDH y secretario de la Cámara de Diputados; Ricardo Bucio Mújica, titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED); y Patricia Olamendi, quien fungió como subsecretaria de Derechos Humanos en el sexenio de Vicente Fox. Destacan también: Luis Raúl González, abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Miguel Nava Alvarado, presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro; Carlos Pérez Vázquez, coordinador de Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y Miriam Cárdenas, diputada federal del PRI, que apenas un día antes del registro solicitó, su licencia. La aspiración de Plascencia para reelegirse luce obscura. Los legisladores del PRD y del PT -incluso algunos senadores del PAN- rechazan la idea de una ratificación. Alejandro Encinas, legislador por el Partido de la Revolución Democrática, ha señalado la “omisión” del ombudsman en temas como la persecución y muerte de migrantes centroamericanos, el caso de la desaparición de los normalistas en Iguala, Guerrero, y la presunta ejecución extrajudicial por parte de militares en Tlatlaya, Estado de México. En contraste con las posturas de la CNDH frente a diversos acontecimientos de violaciones a los Derechos Humanos, la Comisión ha ganado mayor presupuesto, duplicándolo de 889 millones, a mil 416 millones de pesos actualmente. Lo que no aumentaron fueron las recomendaciones e informes. En tanto, el titular ha asistido a inauguraciones donde se develan bustos en su honor, cátedras, salones y auditorios. Incluso, sin la autorización del Congreso, admitió una presea en Taiwán, acto que constitucionalmente, le merece perder su ciudadanía mexicana. Y las expresiones de repudio hacia la gestión de Plascencia por parte de familiares y víctimas de violaciones a Derechos Humanos, no cesan. Organizaciones civiles no solo han ventilado su oposición a la ratificación del tijuanense, sino que solicitan su destitución inmediata. Apenas esta semana, el periódico capitalino Reforma publicó que Raúl Plascencia estrenará una casa en la zona de El Pedregal en el Distrito Federal, con un valor superior a 20 millones de pesos. En respuesta a la publicación, el director adjunto de la CNDH, Saúl López, respondió acusando al periodo, responsabilizándolo de cualquier cosa que le pase al presidente de la C NDH o a su familia: “Hacemos un llamado y turnamos copia de esto a las instancias correspondientes de la procuración de justicia para que tomen cartas en el asunto, y responsabilizamos al periódico Reforma por cualquier tipo de evento que pueda sufrir en su integridad física algún miembro de la familia (…) debido a la publicación de su presunto reportaje”, se expresa en la respuesta de los encargados de los Derechos Humanos en México.