El paraíso para inversionistas extranjeros creado por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto -a costa de más pobreza para los mexicanos- con las reformas estructurales no fue suficiente para hacer callar a la prensa, los gobiernos y embajadas europeas y estadounidenses, ante los horrores de una inseguridad que no pudo seguir ocultando con discursos falsarios. Al Gobierno de la República tampoco le alcanzó con la complicidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni la adulación y sumisión de la prensa nacional comprada a través de contratos publicitarios. Para distraer, no fue suficiente la captura, ni los esmerados anuncios del encarcelamiento de Vicente Carrillo Fuentes. Los esfuerzos manipuladores los llevaron a entregar al muy visto noticiero nocturno de Televisa, la primera entrevista del capo -por cierto declarando que nunca ha mando matar ni ha matado a nadie-, violentando la mentada Nueva Narrativa en Materia de Seguridad y evidenciando su inoperatividad. Estrategia comunicativa que dejó claro el regreso al viejo control y censura mediática del PRI, aliado a la principal empresa televisora con línea directa al gobierno. La diferencia es que antes el vocero oficial era Jacobo Zabludovsky, y hoy le han dado ese papel a Joaquín López Dóriga y otros presentadores de la misma empresa. Esta vez el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong no pudo negarse a entrar a la discusión, como lo hizo cuando se evidenció el maquillaje de estadísticas de homicidios, con las que estaban publicitando los avances en el tema de seguridad. La impunidad de las miles de desapariciones forzadas, y los 57 mil 899 homicidios –más de 36 mil en la categoría de dolosos- ocurridos en los primeros 20 meses de la administración peñista -14 mil 205 el mismo período con Felipe Calderón-, quedó expuesta internacionalmente con: 1.- Los casos de los 22 –presuntos delincuentes- civiles fusilados y abatidos por elementos del Ejército el 30 de junio de 2014, en la comunidad rural de San Pedro Cima, del municipio de Tlatlaya en el Estado de México. 2.- Los estudiantes normalistas atacados el 26 de septiembre por policías municipales de Iguala, Guerrero -ahora se sabe que también de Cocula, Guerrero- supuestamente coludidos con miembros del crimen organizado (asegura la autoridad), que resultó con seis civiles muertos, 17 heridos y 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” desaparecidos, además de fosas y fosas clandestinas localizadas con 28 cadáveres aún no identificados, pero asegura la PGR que no son los normalistas desaparecidos. Reporteados por la prensa internacional, estos actos delictivos expusieron ante el mundo el fracaso de la política del Gobierno Federal, que se ha basado en evadir el tema públicamente y desentenderse de la crisis de seguridad que enfrenta los estados y municipios replegando las fuerzas federales, bajo el argumento que se trataba de delitos del fuero común, aunque saben que todo es provocado por las bandas del crimen organizado dedicadas al narcotráfico, que es delito federal. Manifestaciones en Francia, Alemania, Holanda, España, Argentina y una docena de países, la Unión Europea (UE) y embajadores relatores de la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Human Rights Watch (HRW, Observatorio de Derechos Humanos) el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama y cónsules; toda esa gente que ha premiado al Presidente y a su gabinete por la reformas, hoy reclaman estos actos de barbarie. El 10 de octubre se dio a conocer que 16 diputados del Parlamento Europeo solicitaron que el proceso de modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, se suspenda hasta “reconstruir la confianza”, refirieron, “ya es hora de acabar con la impunidad en México”. Como para los extranjeros sí gobierna, ahora sí el Presidente Enrique Peña respondió que “no cabrá el más mínimo resquicio para la impunidad”, y finalmente, ordenó a la PGR ocuparse de éstos, que siempre han sido sus asuntos. Guerrero, Estado de México, como Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Veracruz, Morelos, Baja California y otras entidades, tienen una severa crisis de inseguridad con autoridades coludidas con el crimen organizado. Algunos gobernadores, alcaldes dirigentes empresariales han solicitado apoyo en los estados, y el gobierno encabezado por Peña decidió mantenerse al margen desde el inicio de la administración. Entonces no se vale hacerse el sorprendido y menos el indignado, ante algo que se veía venir. Para que el gobierno mexicano “asuma el control”, hace falta mucho más que los boletines con esta frase replicada en la prensa nacional, o las cartas enviadas y entrevistas dadas por los embajadores a los medios internacionales para ofrecer su versión oficial de la realidad. Son de nuevo discursos con lo único que intentan combatir la percepción. Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público, finalmente admitió en entrevista con el diario capitalino El Universal, la crisis de inseguridad que él llamó “percepción negativa sobre México”: “Es una preocupación en términos de atracción de inversiones”, entonces, si no se resuelve el tema de la violencia en México, de poco valdrán las tan cacareadas reformas. Según él, la forma de evitar efectos negativos en la economía es con “la respuesta del gobierno, que sea oportuna, exhaustiva y eficaz, conforme a derecho…”. Si de verdad es “tope a donde tope” la versión oficial de que el caso Tlatlaya es responsabilidad de dos soldados, un sargento y un teniente desobedientes, es un insulto al intelecto la disciplina de los soldados mexicanos, y el fallido encubrimiento posterior al publicitar oficialmente el absurdo “abatimiento de 22 criminales”, hace imposible llegar a una conclusión tan simplista. Mientras que en Iguala, responsabilizar al crimen organizado y policías corruptos por la muerte y desaparición de jóvenes que actuaban en contra del gobierno, no del cártel de los Guerreros Unidos, es también una salida inverosímil y fácil. Mínimo incompleta. Entonces, el gobierno de Peña Nieto deberá hace mucho más para salir de esta crisis de inseguridad, de credibilidad, que no son solo de unos alcaldes o gobernadores. Los gobiernos extranjeros le recordaron al Presidente mexicano que también es -aunque intente evadirse- de su Gobierno Federal.
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