En víspera de sus primeros informes de actividades, los alcaldes Jaime Díaz en Mexicali, Jorge Astiazarán en Tijuana, Gilberto Hirata en Ensenada, César Moreno en Tecate y Silvano Abarca en Rosarito, podrían tomar como ejemplo al gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid de lo que se debe hacer y de lo que no. Es un hecho que esas anquilosadas ceremonias de besamanos, alabanzas en boca propia y acarreo, en lo que se convirtieron los informes de Gobierno, son onerosas y no tienen justificación constitucional, pues solo se organizan para leer un discurso a los amigos, invitados, y ejercer al máximo el culto a la imagen. Luego los actos públicos les resultan contraproducentes a los gobernantes, cuando ciudadanos inconformes con los resultados -como los hay muchos- se manifiestan en tales ceremonias o son reprimidos por el Estado y su fuerza pública. La Constitución y los reglamentos municipales marcan que los informes del Poder Ejecutivo se dan en sesión del Poder Legislativo, así como Francisco Vega de Lamadrid envió a su secretario de Gobierno a entregar su Informe al Congreso, los alcaldes deben hacer lo propio con sus respectivos cabildos. Por eso, de hecho la ceremonia a la que nos tienen acostumbrados, es una sesión de Cabildo en un recinto distinto al municipal, precisamente para aprovechar el momento y leer un mensaje que detalle logros, acciones y una retahíla gubernamental. En la administración de Francisco Vega dijeron que no hicieron acto público para ahorrar cinco millones de pesos, sin embargo, en el Presupuesto de Egresos están etiquetados 2.5 millones de pesos para el Informe -igual que en el último del ex mandatario José Guadalupe Osuna Millán-. Efectivamente, Vega no hizo ceremonia, pero sí saturó el estado, los medios electrónicos, los impresos, calles, transporte público, pantallas y espectaculares, promocionando su imagen “informando”. Al recuento de los daños, se gastó más con menos. Si realmente se trata de ahorrar, los alcaldes, que presentarán su Informe entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre, podrían ir planeando ceremonias austeras, sí, pero con contenido. Que realmente y no en un tríptico, informen a sus gobernados con números, obras, cifras, balances e imágenes, lo que hicieron durante su primer año de administración. Y que lo ahorrado -como debería ser con los 5 millones que el gobernador dice que ahorró- se invierta de manera transparente, pública y eficaz, en obras, donaciones o acciones en beneficio de los ciudadanos, en lugar de gastarlo en el culto a la imagen, no en un acto público, sino en una campaña mediática. No es correcto tampoco que durante una semana completa, secretarios, directores, subdirectores y demás funcionarios de primer nivel, deban dejar sus oficinas donde se les confió la atención y solución de los problemas que aquejan a los gobernados, para hacerla de voceadores de esquina y repartir trípticos con poca información y mucho diseño. Los presidentes municipales en Baja California tienen más de un mes para planear la manera en que van a informar a sus gobernados, y en los actos del gobernador tienen un ejemplo de lo que pueden y no hacer, lo que deben y no. Porque los bajacalifornianos, a quienes no les llegó una memoria digital, a aquellos que no les fue entregado un libro de 500 páginas con el Informe, siguen sin saber, por ejemplo, cómo va Francisco Vega de Lamadrid en eso de acabar con la pobreza extrema de Baja California en 24 meses, de los cuales han transcurrido más de 11 meses. No se trata, pues, de seguir con el besamanos, pero tampoco es cuestión de videos, trípticos y conferencias que no informan; los gobernados tienen derecho a saber para confiar y apoyar. En muy pocos años, la reelección de diputados y alcaldes será un hecho, y por sus acciones serán evaluados. Tampoco se valen mensajes genéricos de “estamos consolidando políticas públicas sensibles y cercanas a la gente”, se trata de que expliquen cómo, cuándo, cuánto, dónde y exactamente qué están haciendo desde su ámbito y con el recurso público, para colaborar en la solución de los problemas económicos, de inseguridad e infraestructura, desempleo, educación y servicios, que afectan a los ciudadanos. Además, que demuestren que están trabajando para combatir la corrupción gubernamental. No es necesario inflar resultados o crear en discurso avances inexistentes, con hacer llegar a sus gobernados el resultado de su esfuerzo, con medios que encontrados contraídos y condiciones financieras afectadas, es suficiente. Y que así, a partir de la realidad, se puedan generar entre gobierno, sociedad y grupos organizados, estrategias y acciones conjuntas que permitan salir del estancamiento social que tiene frenado el desarrollo local, o por lo menos intentarlo. Para los informes de los ayuntamientos, ahorro sí, pero también contenido.
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