Durante la administración priista de Carlos Bustamante en Tijuana, el propietario de un terreno de más de 450 hectáreas (4 millones y medio de metros cuadrados) buscó regularizar y urbanizar su propiedad a través del Ayuntamiento. Meses después, los funcionarios municipales serían los mismos que pretenden adueñarse del predio. Largos y viejos litigios rodean la zona conocida como “El Monumento”: diversos dueños, acusaciones, juicios, invasiones y denuncias contra el Gobierno del Estado por confiscar y expropiar de manera irregular. Se trata de lo que fue un terreno nacional, en una superficie de 2 mil 252 hectáreas, ubicado al norte de Playas de Tijuana, casi medio siglo antes de que Baja California se fundara como estado. “El Monumento” se desprendió de la federación en diciembre de 1909, el Gobierno Federal emitió un título de propiedad (lo vendió) a Juan R. Platt, fundador de casinos y socio de los ex presidentes de México, Abelardo L. Rodríguez y Plutarco Elías Calles. Según el título de propiedad, aquel monumental terreno que abarcaba gran parte de lo que es el Oeste de Tijuana, fue vendido en 1945 a Guillermo Vallejo Leal y,, años después, éste lo dejó en herencia a su esposa, María Luisa de Villa de Vallejo. La ex mujer de Vallejo terminó cediendo a uno de sus yernos, Manuel Prieto Crespo, el 20 por ciento de todo “El Monumento” (a cambio de que administrara sus bienes), que son las 45 hectáreas que la Suprema Corte les reconoció. El resto se fue en compraventas, invasiones, litigios y traslapes. La zona de Playas se fraccionó y comercializó, otra área se convirtió en colonias populares, en tanto, otras superficies cobraron en dueños y posesionarios. Por ejemplo, Amelia Moreno Ackerman, José Macías, Francisco Javier de la Herrán, Salvador Vargas Lazarit, Carlos Borja Robles, Rosario Arreola de Salmán, y una constructora de nombre Construvisión, por citar algunos. En 2004, el entonces gobernador Eugenio Elorduy Walther emitió dos decretos expropiatorios que afectaron la parte rústica que quedaba de “El Monumento”; más de 75 hectáreas pasaron al dominio del Gobierno del Estado. Según el acuerdo emitido por el ex mandatario, fue una expropiación de 7 millones 479 mil 348 metros cuadrados, es decir, más de 74 hectáreas y uno más de 988 mil metros cuadrados. El proyecto era regularizar y desarrollar asentamientos urbanos. En el proceso de expropiación, hubo dueños a quienes se les indemnizó. En mayo de 2006, el gobierno ya había iniciado obras dentro del terreno, entre éstas, el acceso carretero a Playas de Tijuana, que justo atraviesa el predio de Manuel Prieto, a quien no se le indemnizó, según consta en el amparo promovido por él mismo en 2009. Ese mismo año, la administración estatal de José Guadalupe Osuna Millán tuvo que echar abajo el decreto de expropiación, al no concluir el proyecto ni darle utilidad pública, argumento con el que se expropió. Con meses de diferencia, Osuna Millán emitió otro decreto expropiatorio para el terreno donde ya se había construido el acceso a Playas, entonces Manuel Prieto y sus abogados demandaron al gobierno para que les indemnizara. En 2010, la Juez Cuarto de Distrito en Baja California reconoció a Manuel Prieto como propietario. El caso pasó al Tribunal Colegiado para posteriores inconformidades y revisiones. Finalmente, concedido el amparo y reconocido Manuel Prieto como el único propietario, el colegiado determinó procedente el incidente de inejecución de sentencia: que el Gobierno del Estado no indemnizó ni restableció el predio que se había apoderado, de tal forma que se convirtió en una confiscación y no en una expropiación. Según el documento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (inconformidad 9/2013), el Tribunal Colegiado turnó, el 16 de marzo de 2012, a una revisión a la SCJN, la cual correspondió al ministro Sergio Salvador Aguirre. La Segunda Sala de la Suprema Corte resolvió el caso; luego de consideraciones y determinaciones, el 10 de octubre de 2013, la Corte reconoció a Manuel Prieto como a quien el Gobierno del Estado de Baja California deberá indemnizar por la construcción del segundo acceso a Playas. En la sentencia se puede leer: “Del análisis de las constancias del fallo protector, se advierte que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa (Prieto, por medio de Jesús Quezada), por virtud de que fue objeto de confiscación el predio, del cual acreditó contar con la propiedad”. Pasará tiempo para que el Gobierno del Estado pague al dueño del predio varios millones de pesos, para que otra parte sea regularizada y posteriormente urbanizada, y de esa manera, el capítulo del conflictivo “Monumento” llegue a su fin.
Publicidad
