Ni a cuál irle, como acostumbran decir las madres mexicanas cuando los hijos en complicidad son incapaces de atender una responsabilidad por mínima que ésta sea. En México, dos son las funciones básicas de los diputados: una hacer leyes, y la otra, vigilar que los recursos del erario se eroguen de manera óptima y con resultados. Agregaron una tercera función en fechas recientes, la de otorgar apoyos económicos a personas en condiciones económicas vulnerables. En su momento, reclamaron al Poder Ejecutivo que solo el Estado tuviera acceso a esos fondos que se entregan – hipotéticamente- a los sectores desprotegidos, de forma asistencialista con el fin electorero de ganar votos. Entonces negociaron y ahora ese dinero se lo reparten para que todos puedan quedar bien con recursos que, por cierto, salen de los impuestos ciudadanos, no de sus bolsillos. De hecho, la divulgación de los boletines publicitando esas donaciones ocupan el mayor porcentaje de las noticias que los legisladores mandan publicar en medios de comunicación. Sin embargo, durante el desarrollo de su trabajo en los tres años de gestión, realmente tienen pocos episodios públicos en los que pueden lucirse, demostrar su experiencia parlamentaria y que trabajan para el pueblo. Esos momentos están directamente relacionados con su labor como fiscalizadores: En el análisis, reorientación y aprobación de las Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos, la fiscalización de cuentas públicas y las glosas de los Informes de Gobierno. Tareas para las cuales están obligados a leer los textos que reciben, analizar el contenido, contrastarlo con la realidad y cuestionar a los funcionarios respecto a sus buenos o paupérrimos resultados. El 29 de septiembre de 2014, el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, hizo llegar a los integrantes de la Legislatura bajacaliforniana, un informe de 530 páginas, y sus encargados de área o titulares de las secretarías, fueron citados dos semanas después para rendir cuentas de lo informado. La procuradora y los secretarios acudieron los días 14, 15, 16, 17 y 20 de octubre. La glosa pasó entonces de ser un ejercicio parlamentario de análisis, confrontación y rendimiento de cuentas, a reuniones de alabanzas, preguntas arregladas, halagos a programas. Hubo incluso secretarios que transmitieron un video en las reuniones ante los diputados para “informar”. En ese contexto de unos diputados que no se prepararon para cuestionar el Primer Informe, y un gobierno omiso de un análisis real de la administración pública, se evidenció que los diputados no leyeron el Informe; no revisaron si los datos que recibieron eran reales o parciales; y no cuestionaron las falsedades ni imprecisiones. Incluso dieron por válidas acciones que venían presentadas con el verbo en futuro, cual se tratara de una promesa y no de una acción ya realizada en el primer año de ejercicio. Aun cuando la “obligación” de los diputados de atender la glosa corresponde a las comisiones en cada área y materia, el protocolario llamado a cuentas de los legisladores no sumó a la mayoría de los legisladores. Eso sí, la sala de sesiones se llenó de funcionarios o simpatizantes del secretario en turno, que los llevaron de porra de apoyo, para leer -o exponer mediante video- cifras y elogios mutuos. La indiferencia de los diputados hacia el ejercicio de la administración estatal, se manifestó en el crucial tema de seguridad, donde la procuradora Perla Ibarra no habló de los más de 600 homicidios doloso, ni de los 33 secuestros, las 136 privaciones de la libertad, las 230 extorsiones o los 17 robos a bancos en los primeros diez meses del año. Y cómplices del silencio, los legisladores no preguntaron. Algunos legisladores cuestionados por ZETA ante su falta de responsabilidad para contrastar el Informe entregado a la Cámara por el gobernador, con las acciones reales, tangibles, de los encargados de área, argumentaron que el formato de la glosa no sirve y por eso prefirieron no perder tiempo asistiendo a una jornada de halagos, cuando evitar y refutar esas autoalabanzas es precisamente la responsabilidad de los diputados. En el marco de la inutilidad del Primer Informe y su glosa, integrantes del Congreso local han comentado la posibilidad de replantear el formato, porque según ellos, el actual no permite al estado rendir cuentas, como tampoco hace posible a los legisladores resolver dudas, ni cubre las expectativas de los ciudadanos. Pero basados en los hechos, además de replantear el formato y aprobarlo, deberán mostrar verdaderas ganas de trabajar.
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