A unas semanas de que se renueve la presidencia del Tribunal Superior de Justicia -es decir, la titular del Poder Judicial- que por siete años ha encabezado María Esther Rentería, empiezan a surgir situaciones evidentemente irregulares. Tal es el caso de un asunto civil por el litigio de un terreno en Ensenada, en la zona de El Sauzal, donde María Romana Vázquez Alvarado pelea el terreno contra un pariente, José Ángel Covarrubias González, en un juicio civil iniciado en junio de 2006. El caso es que el abogado de Covarrubias era el licenciado Alberto Fernández Torres, quien ahora funge como director de la Unidad Jurídica del Poder Judicial, mientras que su esposa, Laura Rocha, labora como proyectista en la Primera Sala Civil, la misma donde originalmente hubo un fallo contra la demandante Romana Vázquez. El caso se ha alargado y llegó hasta la justicia federal. De acuerdo a una queja interpuesta en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, Fernández Torres ha seguido cercano al juicio y hasta acudió ante los tribunales federales en Sinaloa para entrevistarse con el Magistrado Ponente. Peor aún, la queja interpuesta ante el Consejo desde mayo pasado se “extravió”, por lo que tuvo que ser ratificada cuatro meses después y tocará al Consejo de la Judicatura -el cual dirige la magistrada Rentería- definir si el trámite es aceptado. Aquí la justicia pronta y expedita ha quedado en farsa, con un evidente tráfico de influencias.
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