Sancionarán y anulan permisos de Bustamante

Una querella ante el Ministerio Público Federal o el requerimiento de una multa económica de hasta un millón de pesos por cartelera, será la resolución jurídica que habrá de tomar la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en torno al tema de las carteleras autorizadas por el XX Ayuntamiento de Tijuana. Entre las 77 empresas que en noviembre de 2013 recibieron la anuencia de Cabildo para instalar anuncios monumentales, se encuentra Publi-Cyr, S.A. de C.V., propiedad del entonces alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante, que ahora será objeto de una sanción de tipo federal. “El caso no ha sido cerrado y sigue su procedimiento, el cual podría quedar resuelto a finales de septiembre”, aclaró Noé Rivera Domínguez, director de administración de la CONAGUA en Baja California. Y mientras la dependencia federal da seguimiento a 14 casos de carteleras irregulares en zona federal, tres de ellos con afectación a la canalización del Río Tijuana, el XXI Ayuntamiento de Tijuana que encabeza Jorge Astiazarán Orcí, decidió anular los 77 permisos de anuncios publicitarios aprobados por el gobierno bustamantista. “Cumplan o no con los requisitos para operar, el haber obtenido esas empresas un permiso irregular las descarta de obtener una licencia durante la actual administración municipal”, sentenció Roberto Sánchez Martínez, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología. Permisos sin crédito Un total de 14 casos de carteleras ubicadas en zona federal fueron expuestos a las oficinas centrales de la CONAGUA por parte de la delegación de esa dependencia en Baja California. En ninguno de ellos sus propietarios lograron acreditar el contar con los permisos requeridos para operar en terrenos propiedad de la nación. Tres de ellos, además, causaron afectación al talud de la canalización del Río Tijuana, por lo que tendrán que ser sancionados económicamente por daños a la infraestructura hidroagrícola federal. La integración de expedientes se inició a finales de 2013, luego de que el último día de gobierno de Carlos Bustamante, CONAGUA detectara la instalación de anuncios monumentales por parte de Publi-Cyr, S.A. de C.V., sobre el lomo del canal de Tijuana. La acción se efectuó en el momento mismo en que el propietario de la empresa, Carlos Bustamante Anchondo, hacía entrega del gobierno a su sucesor, Jorge Astiazarán Orcí. La arbitraria acción puso en riesgo tanto el talud, como el cuerpo del canal del Río Tijuana, por lo que la Comisión procedió a la clausura. Cesadas las carteleras, el delegado de CONAGUA, Eduardo Ledesma Romo, ordenó una inspección general sobre el estado que guardaba todo tipo de publicidad colocada en terrenos federales. Fue así que se detectó que 14 anuncios habían sido colocados de manera irregular, dando pie a un procedimiento administrativo. Casi nueve meses después de ello, y ya vencido el plazo administrativo para que los afectados presentaran el desahogo de pruebas, los 14 casos fueron turnados a las oficinas centrales de CONAGUA, donde habrá de definirse la sanción a aplicar, por haber hecho uso de terrenos nacionales sin la autorización correspondiente y por el daño causado a la infraestructura de riego agrícola. Para Noé Rivera, director administrativo de la dependencia, indiscutiblemente los casos ameritan sanción y CONAGUA cuenta con dos vías factibles a seguir para castigar la irregularidad: aplicar una serie de sanciones económicas, que pueden fluctuar entre los 300 mil hasta un millón 200 mil pesos, en créditos fiscales; o presentar querellas ante Ministerio Público. El tiempo para que el área de lo Contencioso de la Comisión Nacional del Agua resuelva esta cuestión jurídica es corto, lo cual podría estar definiéndose en un mes a más tardar, consideró el funcionario. Anulan permisos de Bustamante Analizados cada uno de los 77 permisos otorgados por el gobierno de Carlos Bustamante para la colocación de igual número de espectaculares, el actual gobierno de Tijuana resolvió anularlos todos. El haberse signado en forma irregular, los desacredita de poder obtener una licencia municipal para operar, cuando menos en la actual administración de Jorge Astiazarán. Esta resolución municipal dejó sin efecto el paquete de 77 concesiones,  nueve de ellas en beneficio de Carlos Bustamante (seis ubicados en terreno federal) y los 17 permisos dados a la empresa Anuncios e Imagen, S.A. de C. V., propiedad de los hermanos Ledesma Romo (uno en zona federal), en la que Miguel Ángel funge como socio mayoritario. En ambos casos las adjudicaciones se dieron por un plazo indefinido. Los 77 permisos se autorizaron sin que ninguna de las empresas beneficiadas haya cubierto los requisitos técnicos correspondientes, el permiso de uso de suelo, ni el pago a la Hacienda municipal por la licencia, cuyo costo entonces oscilaba en 50 mil pesos por permiso nuevo, y 22 mil pesos por renovación. Solo cubrieron el pago para que se les iniciara el procedimiento correspondiente a la obtención de una licencia, “pero ello no significaba que serían autorizados”, precisó Roberto Sánchez, actual secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Tijuana. Sin lugar a dudas, consideró, hubo omisión en la entrega de dichos permisos, por lo que el XXI Ayuntamiento optó por cancelarlos y cerrar toda posibilidad de que sean regularizados en el actual periodo municipal. Asimismo, Sánchez Martínez advirtió que el municipio no dará autorización alguna para la colocación de carteleras en zona federal, para evitar conflictos como el derivado por los permisos que se auto otorgó el ex alcalde Carlos Bustamante. Regularizarán anuncios En contraparte, la actual administración municipal emprende una campaña de regularización de anuncios espectaculares, siempre y cuando no se encuentren en el listado de permisos concedidos por el gobierno bustamantista. Con el objetivo de incrementar los ingresos al municipio, se decretó pasar por alto ciertas irregularidades incurridas por algunas empresas publicitarias al momento de colocar los espectaculares, siempre y cuando éstos sean mínimos, apuntó Roberto Sánchez. El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología consideró que pequeños detalles, como algunos centímetros de más en el tamaño y altura autorizado de los anuncios (siempre y cuando no afecte la vía pública), estar ubicados en terrenos por los cuales no se ha cubierto el Impuesto Predial; aspectos que serán pasados por alto al avalar su regularización. “Son anuncios que ya operan y que no cuentan con permisos, por no cumplir al cien por ciento con los requerimientos municipales, por lo que Cabildo autorizó hacer una excepción”, subrayó. Con esta medida se prevé regularizar el 80 por ciento de las 700 carteleras que se encuentran en condiciones de irregulares, de un padrón de 860 que se ubicaron en un censo previo. El funcionario aclaró que solo las carteleras instaladas en áreas municipales que fueron colocadas del XIX Ayuntamiento hacia atrás, serán beneficiadas con el decreto, siempre y cuando el Cabildo actual así lo autorice. “Cada nueva concesión que se otorgue deberá ser avalada por el Cabildo, y una vez dado el permiso, el concesionario deberá cubrir una renta por espacio si el anuncio se ubica en terreno municipal, así como la revalidación del anuncio”, abundó. El proceso de regularización de ese tipo de anuncios se ejecutará en cuatro meses y, a partir del 1 de enero de 2015, el municipio dará inicio al retiro de las carteleras que incumplieron con su regularización. Espectaculares clausurados Independientemente de la resolución jurídica con la que al final serán sancionados los propietarios de las 14 carteleras colocadas irregularmente en terrenos federales, como las inmediaciones de la Línea Internacional de San Ysidro o el talud del canal del Río Tijuana, CONAGUA tiene clausurados los anuncios publicitarios. Publi-Cyr, S.A. de C.V., de Carlos Bustamante; Anuncio e Imagen, S.A. de C.V., de los hermanos Ledesma Romo; Roger Sistemas Exteriores, S.A. de C.V.; e Intermediaciones Publicitarias, S.A. de C.V., son las empresas sujetas a ser sancionadas y cuya publicidad se encuentra clausurada. Además de la sanción administrativa, las empresas deberán reparar el daño causado a la infraestructura federal y retirar la estructura de los anuncios, de lo contrario, la vía legal será el camino a seguir por parte de CONAGUA, advirtió Noé Rivera.