El vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez Hernández, afirmó a través de su cuenta de Twitter [@ESanchezHdz] que el nombramiento y permanencia de delegados federales en Sonora “es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo Federal”, por lo que no procede su expulsión de la entidad, como ayer dictaminó el Gobernador Guillermo Padrés Elías. Sánchez Hernández exhortó al Gobernador Guillermo Padrés Elías “a redoblar esfuerzos y a colaborar con la Federación en beneficio de los sonorenses”, después de que el titular de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld, anunciara bajita la mano, que se investigará la presa privada que el mandatario tiene en su rancho. Además, en otro tuit, negó cualquier motivación política en la atención del derrame de tóxicos en los ríos sonorenses: “El @gobrep rechaza las acusaciones del Gob. de Sonora sobre la actuación del Gobierno Federal en relación al derrame en el Rio Sonora” (sic). Y expuso: “Las autoridades federales han actuado de manera responsable, oportuna y con estricto apego a derecho, y así continuaremos trabajando”. “Conminamos al gobierno del estado de Sonora a que se conduzca dentro del ámbito de sus atribuciones y responsabilidades”, planteó el Vocero de la Presidencia. Los delegados federales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sostuvieron esta tarde una reunión con pobladores afectados por el derrame de tóxicos de Grupo México, pese a ayer el Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, los expulsó del Comité de Protección Civil Estatal y los calificó como “non gratos” en esa entidad. Los funcionarios federales expulsados del caso por el panista Padrés Elías son César Lagarda Lagarda, de la Conagua; Jorge Carlos Flores Monge, de la Profepa, y Jorge Andrés Suilo Orozco de la Semarnat. Sin embargo, esos mismos funcionarios –acusados por el mandatario de omisión e irresponsabilidad en el caso del derrame, además de provocar una campaña política en su contra– se reunieron hoy con ejidatarios de Banámichi, uno de los siete municipios afectados por el derrame de la mina Buenavista del Cobre a los ríos Sonora y Bacanuchi. La reunión fue pactada desde el domingo pasado y, tal y como se ofertó entonces, se realizó sin contratiempos en las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Hermosillo. También está tarde, el titular de la Conagua, David Korenfeld, anunció que realizará una gira por los márgenes del Río Sonora para determinar las características de las obras realizadas en ese afluente e incluirá una visita a la presa privada, construida en el rancho del Gobernador Padrés Elías, al que pobladores de Bacanuchi acusaron en días pasados de acumular el agua a costa de quitarles a ellos el recurso. El funcionario federal dijo: “No estamos juzgando a nadie, estamos entregando la información que tenemos satelital, de cómo se construyó el cauce hasta este momento, invitamos a todas las partes entregar todos los documentos para comprobar si hay o no violaciones a la ley”. ZETA/SinEmbargo
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