Rechazan cuentas a Mungaray y a la PDH


 
Reportajez BCS lunes, 15 septiembre, 2014 07:00 PM

Al detectar diversas irregularidades en la Cuenta Pública de Egresos 2012 del Fideicomiso Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica en el Estado, de CONACyT, presidido por el ex secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Mungaray Lagarda, la Comisión de Fiscalización del Gasto Publico del  Congreso no aprobó esa parte de la cuenta, que corresponde a la utilización irregular de montos arriba de los 100 millones de pesos. “La cuenta de CONACyT trae varias observaciones en las cuales fue votado por la Comisión de Fiscalización, aprobando el Patrimonio e Ingreso, pero negando cuenta pública en el área de egresos”, explicó el diputado por el Partido Encuentro Social, Rodolfo Olimpo Hernández, presidente de dicha Comisión. Entre las irregularidades detectadas, se incluye la celebración de dos contratos con la empresa Woodinnovation, S.A. de C.V. por proyectos y ejecución de obras por 72 millones de pesos, correspondientes al “Corredor de las Artes y la Ciencia” en Tijuana, y al “Centro de Transferencia Tecnológica”. Pero el análisis del Órgano Superior de Fiscalización detectó que los trabajos no se sujetaron a la Ley de Obra Pública -en cuanto a las licitaciones-, los planos no los validó ni la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE) ni el municipio, no hubo presupuestos bases  para saber el costo real de los proyectos, la evaluación de las propuestas son en apego a la Ley. De acuerdo a los datos, Woodinnovation es una empresa nueva que no acredita ni experiencia, ni capacidad financiera. Otro rubro fue el relacionado con el proyecto del Centro de Transferencia Tecnológica del Estado por 27 millones de pesos, pero se realizaron trabajos no previstos en las reglas de operación del Fideicomiso, se presentaron modificaciones al proyecto y se autorizaron ampliaciones presupuestales que suman 5 millones para el retiro de un material “sin certeza de los trabajos realizados”. De acuerdo al diputado Hernández Bojórquez, el tema suscitó un debate, ya que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) recibe recursos federales -pero igual aporta el Estado-. “Ellos argumentaban que les asistían leyes federales en materia de ciencia y tecnología, que les permiten contratar obra sin sujetarse a las leyes estatales y municipales”. Aunque desde el ORFIS la opinión fue en sentido contrario, ya que, si bien el recurso proviene de la Federación, también hay dinero estatal. “No es justificante el que se estén escudando en decir que es una dependencia que se dedica al desarrollo de la ciencia y la tecnología, y que por ese hecho quedan exentos de aplicar la normatividad estatal”, expuso el legislador por el PES, para añadir el hecho de que se trate de una empresa de nueva creación, lo que “deja mucha suspicacia en el análisis de los diputados que tuvimos la discusión de esta cuenta pública”. Además, hay otras salvedades que, aunque no afectaron la cuenta pública, tendrán que ser del conocimiento de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, sostuvo el legislador en relación al dictamen aprobado por la Comisión, pero que ante el pleno podría ser discutido en una o dos semanas. Otra cuenta con evidentes irregularidades, es la relativa a la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana, relativa al ejercicio 2012, lapso en que tuvo dos titulares, Heriberto García y el actual, Arnulfo León Lavenant. Entre las anomalías se incluyen: * Modificaciones presupuestales con ampliaciones de 14 millones y reducciones de cinco. * Pago de asesorías por más de 208 mil pesos, contratos de asesoría, de los cuales no hay evidencia de trabajos realizados. * Pago de servicios profesionales por más de 300 mil pesos sin la existencia de contrato. *Irregular pago de publicidad por aproximadamente 500 mil pesos, sin soporte ni manera de comprobarla. * Consumos en restaurantes por un millón 367 mil pesos. * Pagos de pasajes aéreos por 323 mil pesos sin justificación y gastos de hospedaje en los cuales “se duda que sean acciones estrictamente necesarias”. Olimpo Hernández abundó que la actual Legislatura recibió una gran cantidad de dictámenes que debieron ser votados el año pasado por la anterior, la cual solo voto cuenta pública de ayuntamientos y estados, en algunos casos sin siquiera contar con los dictámenes del ORFIS. Por eso el rezago de más de130 dictámenes -de un total de 173 entidades sujetas a fiscalización- ya revisados y turnados por el órgano técnico, pero a la espera de ser analizados por la Comisión. El presidente de esa Comisión explicó que buscan apresurarse en sacar ese rezago para poder entrar al análisis de cuentas públicas 2013, ya que en términos de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, después de un año que dejaron el cargo –los de elección popular-, no procedería un posible juicio político.

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