Mientras que el presidente Enrique Peña Nieto, promueve la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, organizaciones civiles la rechazan tajantemente. Argumentan que la iniciativa promulgada por Peña, el primero de septiembre de 2014, carece de herramientas para garantizar los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, Por años organizaciones civiles han luchado por una reforma que UNICEF y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) ha propuesto y entregado a congresistas, senadores y al propio Peña Nieto. “Por desgracia Enrique Peña Nieto insiste en promover una ley parchada. Está claro que a partir del Caso de Michoacán ‘La Gran Framilia’, surgió la necesidad de presidencia de responder con nueva legislación, por desgracia lo que proponen no servirá de nada”, argumentan activistas. Parte de lo que plantean la red de organizaciones destaca la Propuestas de Órgano coordinador de la política pública en materia de infancia. “Un consejo integrado por las distintas instituciones, secretarías de gobierno y sociedad civil de forma paritaria; cuya función sea el diseño y la coordinación de la política pública que realicen los distintos entes de gobierno en materia de infancia, tendría que tener poder de gestión intersecretarial, para poder proponer un Programa Estatal de Infancia, y coordinar las acciones de las diferentes secretarías para la ejecución del mismo. Este ente coordinados tendría que contar con un secretariado técnico que pudiera auxiliarle en la ejecución de su función”. Proponen, además, una visitaduría dentro de las Comisiones de Derechos Humanos; restructuración de las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia del DIF; “Una defensoría de los derechos de la infancia tendría que ser un órgano autónomo que pudiera tener independencia en la gestión técnica y política, para poder realizar funciones de denuncia, representación y defensa de los niños y niñas que han sufrido violación a sus derechos”, explica la iniciativa. REDIM, a través de una presentación web retoma las reflexiones de diversos especialistas en derechos de la infancia sobre el estado de situación de la institucionalidad mexicana y los desafíos para lograr un Sistema Nacional de Garantía de Derechos de la Infancia en México. http://prezi.com/w4tvfsy8u_ye/sistema-nacional-de-garantia-integral-de-derechos-infancia-mexico/# Los activistas argumentaron que la UNICEF y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) realizaron un diagnóstico en América Latina sobre los Sistema Nacionales de Protección Integral de derechos de la Infancia, muestra cómo México y Chile son los únicos países de la región sin sistemas nacionales de protección y en el caso mexicano el cuestionamiento a que los temas de infancia están reducidos a la asistencia. Puntualizan, además que REDIM desarrolló en 2009 el “Índice de medición de calidad de leyes en el marco normativo de los derechos de la infancia” que permite realizar un análisis comparativo entre la Convención sobre los Derechos del Niño (con las leyes para derechos de la infancia que existen en México. “Sobre este Índice de medición se tienen puntajes de 0 a 50. La actual ley federal de derechos de niñas niños y adolescentes (2000) alcanza 3.2 de 10 puntos. El proyecto de Ley General enviado por el ejecutivo federal al Senado de la República solo alcanza 15 de 50 puntos 3 de 10, es decir, es aún peor que la ley federal vigente”, explican. UNICEF y REDIM entregaron equipo de transición de Peña Nieto una propuesta para crear el Sistema Nacional de Garantía y Protección de Derechos de la Infancia; el cual recibió el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El miércoles 10 de septiembre el Senado dela república argumento que se incluirán las observaciones de la ONU en la Ley General para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Los representantes de los organismos de ONU expusieron ante los legisladores la necesidad de clarificar aspectos trascendentes como la labor que realizará el DIF, el presupuesto que se le asignará para cumplir la doble función de atención a los menores y como protectora de sus derechos, para lo cual es necesario que posea facultades vinculantes con otras autoridades. La iniciativa de Peña, propone una renovación de la estructura gubernamental respecto a los niños que hasta ahora, tuvo un carácter “asistencialista”. También busca convertir al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en un órgano desconcentrado con recursos propios y renombrarlo como “Defensoría para la Protección y Restitución de Derechos”. También, presenta la conveniencia de un Consejo Nacional de Monitoreo y Evaluación de la Política sobre Niñas, Niños y Adolescentes con evaluaciones confiables, una función similar a la que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Sociales (Coneval). Con datos de SinEmbargo. 
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