Lenta y cara recuperación

La Paz, Baja California Sur.- Cuando el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong habló del restablecimiento del agua potable, la energía eléctrica y la reconstrucción de Baja California Sur, tras el paso del huracán “Odile”, se alejó de la realidad que se vive en el estado. El representante del presidente de México, Enrique Peña Nieto, presentó el 23 de septiembre números muy optimistas sobre las afectaciones y expuso que a más de una semana del golpe del poderoso fenómeno meteorológico, los sudcalifornianos estaban volviendo a la normalidad. Durante una conferencia de prensa en el aeropuerto internacional de La Paz, acompañado del gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor y la alcaldesa paceña, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Osorio Chong presumió que la entidad estaba saliendo de la emergencia antes del tiempo previsto y que casi ya existían las condiciones para recibir al turismo nacional y extranjero. Y todo debido a lo que el funcionario federal calificó como “una gran coordinación entre el gobierno de la república, el gobierno del estado y los gobiernos municipales”. Como prueba de lo dicho, enfatizó que “los tres niveles de gobierno” estaban “realizando de manera conjunta el censo de daños, dando así certidumbre y transparencia a todo y donde el apoyo llegará a todo aquel que lo requiera”. Sin embargo, la percepción del secretario de Gobernación es diametralmente opuesta a la cruda realidad que viven hoy miles de familias en colonias de la periferia de La Paz y Los Cabos, así como en  rancherías, zonas rurales y campos pesqueros de Comondú, Loreto y Mulegé. Durante esta semana, ZETA recibió decenas de mensajes, correos y cartas de familias que se quejan de lo siguiente: 1.- La ayuda humanitaria como despensas, todavía no llega a manos de todos los damnificados. 2.- No hay agua potable en la mayoría de tuberías, depósitos, tinacos o cisternas. 3.- Gran parte de las colonias de la periferia siguen sumidas en la más completa penumbra, lo que ha derivado en una serie de operativos de vigilancia para evitar robos, asaltos y agresiones físicas de parte de delincuentes. 4.- Los niveles de inseguridad son alarmantes principalmente en las colonias de la zona conurbada de San José del Cabo y Cabo San Lucas, a pesar del promocionado despliegue de alrededor de ocho mil efectivos de la Gendarmería, Policía Federal, Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional. Así, abundan los testimonios como el de la de la señora Nora Zaldívar Torres, que dice estar viviendo “una verdadera catástrofe” sobre todo por las altas temperaturas, que alcanzaban –al cierre de esta edición— los 40 grados, y no tienen manera de amortiguar el golpe de calor ya que no se pueden bañar o mojar y tampoco pueden prender abanicos o aires acondicionados, por la falta de servicios públicos. La vecina de las calles de Cabildo entre Manuel Márquez de León y Normal en la colonia Juárez de La Paz dijo tener más de diez días sin agua y energía eléctrica, aun cuando hace un par de días arribó personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), levantó postes caídos y colocó transformadores nuevos, carecen de luz, porque no levantaron las cuchillas y ya no regresaron. A la par, empresarios restauranteros y hoteleros de Los Cabos, observando que “no estaban en condiciones óptimas de operar”, anunciaron el cierre temporal de sus negocios para iniciar un proceso de reparación con miras al inicio de la temporada alta de turismo a finales de octubre, con el internacional torneo de pesca deportiva conocido como “Bisbee´s”, donde tradicionalmente participan más de 100 embarcaciones provenientes de todo el mundo en la disputa de una bolsa, en promedio, de entre 4 y 5 millones de dólares. La descoordinación Contrario a la verborrea oficial, la descoordinación entre el gobierno federal y el gobierno del estado quedó evidenciada cuando el 19 de septiembre fue cesado el subdelegado de la Secretaría de Gobernación en Baja California Sur, Ricardo Espinoza de los Monteros Zazueta, tras descubrirse que el Sistema Nacional de Protección Civil no estaba contabilizando toda la ayuda humanitaria que empezó a llegar al estado, proveniente del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). El problema es que se permitió que servidores públicos estatales y federales metieran mano en los víveres de los damnificados, que fueron sustraídos por personas allegadas a los precandidatos a gobernador de Baja California Sur, Ricardo Barroso Agramont del PRI y Carlos Mendoza Davis del PAN. En una carta enviada al Presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, el secretario de la Función Pública, Julián Alfonso Olivas Ugalde y al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, el funcionario despedido relató que tras el paso de “Odile” fue instruido por el delegado de la Secretaría de Gobernación en el estado, José Ricardo Millán Bueno, para coordinarse con delegados federales y conseguir vehículos para transportar alrededor de 130 toneladas de víveres que llegarían ese día a bordo del barco “El Zapoteco” de la Secretaría de Marina en la terminal marítima de Pichilingue en La Paz. El hoy ex funcionario comentó que estando en la terminal marítima comenzaron a llegar camionetas pick up con personas que tomaron parte de las 15 mil 474 cajas de despensas familiares, utilizando vehículos medianos en vez de tráileres, a fin de evitar que el sobrepeso terminara por aplastar los víveres. En su escrito de 9 hojas describió que el primero en llegar a la zona fue el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor y el director nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Ricardo de la Cruz Musalem. Los servidores públicos estuvieron alrededor de media hora en el sitio, se tomaron la foto oficial y procedieron a retirarse. Sin embargo, el problema surgió cuando el director de la Oficina de Coordinación y Enlace Gubernamental del Gobierno del Estado, José Manuel Santoyo García, descargó las camionetas y subió las despensas familiares a un tráiler, lo que causó molestia de los estibadores por lo absurdo de la maniobra. El ex subdelegado de Gobernación explicó que cuando terminó la descarga solicitó la información del registro de cajas que habían recibido, pero nadie atinó a dar razones del registro de la ayuda humanitaria. En ese momento dice haber observado cuando dos empleados del gobierno del estado de nombre Pamela Peña Valdez y Francisco González Campos, estaban tomando nota de las despensas federales. Algunos estibadores recordaron que entre las personas que estaban dirigiendo las descargas y los envíos hacia la base naval en La Paz figuraban el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Sagarla), César Estrada Nery y el director de la Oficina de Coordinación y Enlace Gubernamental del Gobierno del Estado, José Manuel Santoyo García, y quienes dicho sea de paso, son allegados de los precandidatos a gobernador de Baja California Sur, Ricardo Barroso Agramont y Carlos Mendoza Davis, respectivamente. El ex funcionario comentó que en una revisión rápida pero exhaustiva que se hizo de algunas unidades con carga alimentaria que aún quedaban a bordo de camionetas pick ups y tráileres en la terminal de Pichilingue indicó que el número de serie o consecutivo no coincidía, por lo que cuestionaron al director de la Oficina de Coordinación y Enlace Gubernamental del Gobierno del Estado, José Manuel Santoyo García, quien respondió que “habían tomado un poco más de dos mil para enviarlas a otro lado”, lo que generó una fuerte discusión entre funcionarios estatales y federales. Espinoza de los Monteros Zazueta señaló que lo más grave de todo es que “el director nacional de Protección Civil, Ricardo de la Cruz Musalem, nunca estuvo presente en la recepción de la ayuda humanitaria y tampoco llevó un registro de las despensas familiares, únicamente firmó de manera anticipada, previa a la llegada de la mercancía, haber recibido 15 mil 474 cajas con despensas y no constato la veracidad de la cantidad recibida, cuando era el responsable de la carga, descarga y entrega de los víveres”. Como era de esperarse, el hilo se rompió por lo más delgado, y tras descubrirse el manoteo político de las despensas familiares, De la Cruz ordenó el cese del subdelegado de Gobernación y de dos de sus asistentes, de nombre Alfonso Molina y Fernando Quintana, a quienes le achacaron la responsabilidad de contabilizar la ayuda humanitaria. No obstante, y tras hacerse pública la denuncia del ex subdelegado de Gobernación, Ricardo Espinoza de los Monteros Zazueta, el gobierno del estado fijó su postura en torno a los señalamientos y expuso lo siguiente: 1.- Rechaza de manera contundente tales señalamientos, pues la participación del gobierno estatal en el tema de las despensas del Fonden ha sido únicamente colaborar y facilitar recursos logísticos para la carga, descarga y entrega a autoridades y fuerzas federales para su resguardo en la base aeronaval. 2.- El gobierno del estado para esta emergencia del huracán “Odile” no ha recibido ninguna sola despensa de Fonden por parte de Protección Civil Nacional para que sean distribuidas por personal del gobierno en ninguna comunidad o municipio. 3.- Personal del gobierno y muchas personas voluntarias han colaborado en descarga y carga de tráileres y camionetas facilitadas por el estado, ante la custodia y vigilancia permanente de autoridades federales y fuerzas armadas que su totalidad han sido distribuidas por el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina, así como Protección Civil Nacional de manera transparente e institucional en beneficio de la población. 4.- Las casi 50 mil despensas que el personal de las distintas áreas de gobierno del estado ha distribuido en colonias populares de La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé, han adquirido con recursos propios y se distribuyen casa por casa, en bolsas transparentes, en unidades oficiales plenamente identificadas, así como por personal debidamente uniformado. 5.- En esta emergencia, el gobierno de Baja California Sur ha privilegiado la coordinación absoluta y colaboración permanente con las autoridades de los tres niveles de gobierno para llevar a la población todo el apoyo y recursos necesarios de manera transparente, con la convicción de que la ciudadanía no merece que se politice ningún recurso ni apoyo alguno. 6.- Ante la controversia generada por el destino de algún número determinado de despensas, corresponde a la Secretaría de Gobernación, a través de su delegación dar a conocer la información correspondiente en su calidad de autoridad responsable de la recepción, resguardo y distribución de estos productos. Corresponde a esta misma autoridad interponer las denuncias a que haya lugar en caso de que exista evidencia de algún delito. 7.- El gobierno del estado reitera el agradecimiento a la Presidencia de la República, a todas las instancias del gobierno federal y a los ayuntamientos por su presencia permanente, por el trabajo arduo y respuesta inmediata que en conjunto han dado para lograr que en menos de diez días del paso del huracán “Odile”, Baja California Sur esté de pie. El gobierno federal, por su parte, no dijo ni pío. La destrucción prevalece El golpe del huracán “Odile” no tiene precedente en la historia del estado de Baja California Sur. Ni su fuerza ni su nivel de destrucción. El investigador y especialista en Meteorología Tropical del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (Cicese), Dr. Luis Manuel Farfán Molina, expuso que el fenómeno natural pegó en categoría tres, pero en el límite de entrar a categoría cuatro y el cual calificó como “devastador”. Durante una entrevista con ZETA, el especialista en investigación de tormentas y huracanes, explicó que “Odile” se colocó como el número uno del ranking de los fenómenos meteorológicos más destructivos que han golpeado al estado, por encima de “Paul” en 1982, “Kiko” en 1989, “Marty” en 2003, “Henrriete” en 2005 y “John” en 2006. El propio director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa Reza, dijo que el fenómeno natural dejó la peor tragedia en materia energética de la que se tenga memoria en México, porque sus vientos sostenidos que oscilaron entre 210 y 240 kilómetros por hora, derribaron 534 torres de transmisión de alta tensión y 3 mil 683 postes de distribución de baja tensión. El funcionario federal comentó que toda esta destrucción dejó en su momento sin energía eléctrica al 95 por ciento de los habitantes de Baja California Sur, por lo que se tuvo que trasladar a tres mil 600 trabajadores de otros estados, quienes desplegaron a lo largo y ancho de la región más de mil 600 vehículos y alrededor de 250 plantas de emergencia de energía eléctrica. Actualmente, la CFE logró restablecer el 97 por ciento de la luz en los municipios del norte –Comondú, Loreto y Mulegé—, el 95 por ciento en La Paz y solo el 34  por ciento en Los Cabos, donde algunos servicios prioritarios y de reactivación de la economía, por lo pronto operan con plantas de emergencia, y por consiguiente, con energía eléctrica. La fuerza de “Odile” no solo afectó la red eléctrica, sino colapsó por más de 60 horas el 100 por ciento de la infraestructura hidráulica en todo el territorio de Baja California Sur. El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld Federman, expuso que la recuperación ha sido demasiado lenta, pero se ha logrado alcanzar restablecer entre el 50 por ciento del servicio en Los Cabos y el 90 por ciento en La Paz y Loreto, quedando al 100 por ciento en Comondú y Mulegé. El funcionario reconoció que tinacos y cisternas de hoteles, comercios y viviendas están prácticamente vacíos, pero la circulación del agua está en proceso y tardará todavía en llenarse los depósitos de agua, derivado de que el sistema lo primero que hace es llenar los vacíos, y posteriormente, cargar la red que distribuye el líquido vital. Pero independientemente de los daños a las redes eléctricas y de agua potable, las afectaciones más serias –según las primeras estimaciones– fueron en alrededor de 14 mil viviendas en zonas de alto riesgo y colonias de la periferia y donde predominan las construcciones de tabla roca, madera, lámina y cartón, a pesar de que el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que todavía no tienen el balance general de viviendas dañadas, sobre todo en el caso del municipio de Los Cabos. El funcionario federal adelantó que tan solo en La Paz se tienen contabilizadas afectaciones parciales y totales en dos mil 089 viviendas comunes y mil 890 en casas del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), lo que representa el 72 por ciento de las viviendas censadas por los tres niveles de gobierno. El gobierno federal y estatal estiman terminar el recuento de los daños en las próximas dos semanas, cuando los ajustadores y verificadores terminen de inspeccionar comercios, restaurantes, bares y hoteles de la llamada zona dorada de La Paz y Los Cabos y negocios, cadenas comerciales, escuelas y hospitales dentro de la zona conurbada y revisen la infraestructura carretera, urbana, terminales aéreas y portuarias, alumbrado público, oficinas gubernamentales, árboles y anuncios espectaculares. Cabe destacar que, de acuerdo al presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de México, Armando de la Cruz, de los 18 hoteles de alto turismo en Los Cabos, el 30 por ciento resultó dañado, pero los principales afectados fueron el Riu Palace y Riu Santa Fe y ME Los Cabos en Cabo San Lucas y Barceló, Hyatt Siva, Gran Faro, The Gran Mayans en San José del Cabo y Melía Cabo Real, Hilton, Westin Regina y Sheraton en el llamado corredor turístico de Los Cabos. El saldo Aunque oficialmente no se tiene una cantidad aproximada sobre el saldo económico de los daños provocados por el huracán “Odile”, el director de Daños y Autos de la Asociación Mexicana de Seguros (Amis), Luis Álvarez Marcén, estimó que las afectaciones superarán los más de 12 mil millones de pesos que pagaron en el año 2013 por los ciclones “Ingrid” y “Manuel” en Acapulco, Guerrero. No obstante, el primer golpe financiero que habrán de asumir la industria restaurantera y del turismo de cruceros podría ser de 220 millones de pesos, según el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas para la Atención de Cruceros Turísticos (Amepact), Arturo Mussi Ganem. El dirigente recordó que la temporada de cruceros arranca en octubre, por lo que por la situación de Cabo San Lucas, peligra la llegada de cuando menos 40 barcos que transportan en promedio dos mil turistas. Para darle una dimensión al golpe económico, Mussi calculó un gasto de 90 dólares por cada turista de crucero, lo cual multiplicado por los 2 mil que en promedio arriban, dejarían de circular 180 mil dólares por cada llegada de crucero. Este dinero no solo dejaría de circular en restaurantes, sino en bares, comercios, prestadores de servicios, farmacias, taxis y transportadoras, incluso en puntos turísticos como Todos Santos, Los Barriles, El Triunfo y La Paz. En cuanto al sector vivienda, el director general del Infonavit, Alejandro Murat Hinojosa, en conferencia de prensa, estimó daños en vivienda por 165 millones de pesos; la mayoría de las afectaciones fueron en vidrios y puertas rotas, que al hacerse efectivas las pólizas de seguros podrían generar gastos entre 15 y 36 mil pesos por unidad habitacional. Según sus números, el 16 por ciento de las viviendas en La Paz resultaron con daños, el 46 por ciento en Los Cabos y el 38 por ciento restante entre los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé, de un total de 35 mil 053 créditos vigentes en el estado. El gobernador Covarrubias Villaseñor reconoció que la información está corriendo a cuentagotas y todavía no se tienen datos preliminares porque las autoridades centraron sus esfuerzos en repartir víveres y restablecer los servicios. Durante una entrevista, explicó que de los 5 municipios, La Paz y Loreto ya recuperaron su imagen en la zona dorada y están en condiciones de recibir al turismo nacional y extranjero, los aeropuertos internacionales inclusive, operan con normalidad, salvo, en el caso de La Paz, un vuelo que está por resolverse. Dijo que pasada la emergencia más de 36 mil 500 turistas pudieron volver a casa, de los cuales 8 mil 500 salieron vía aérea y marítima desde La Paz, mientras los sudcalifornianos ahora hacen labores de limpieza y reparación de daños en sus viviendas y negocios. El mandatario se defendió de las críticas sociales sobre la preferencia a Los Cabos. “Sin duda alguna, es quien peor la está pasando, y con todo y la forma en que nos hemos recargado hacia aquel municipio apenas hemos logrado una recuperación del 34 por ciento en el servicio de energía eléctrica y el agua potable todavía no llega como normalmente sucedía”, comentó. Consideró que independientemente de la recarga de los mantos acuíferos sobre todo en zonas agrícolas del estado, “Odile” sirvió para probar que aún en la adversidad, “el estado tiene que demostrar su mejor rostro al mundo y que con el esfuerzo de los tres niveles de gobierno y de la sociedad en muy corto plazo, saldrá adelante tal como lo demostró en el 2013, cuando por alguna razón especial tuvimos el mayor crecimiento económico de todo el país, y si le ponemos ganas vamos a recuperarnos rápidamente”. Los programas de ayuda En el proceso de recuperación, el primero en lanzar un programa de ayuda fue el gobierno federal, cuando Enrique Peña Nieto, durante su primera gira de trabajo por Baja California Sur el 17 de septiembre, anunció un programa para atacar tres frentes: 1.- Recuperar el Estado de Derecho y garantizar la seguridad de la población principalmente de Los Cabos con el respaldo de fuerzas armadas y federales. 2.- Restablecer los servicios básicos como el agua y la luz. 3.- Lograr la reactivación económica en la medida de lo posible en el estado. El presidente firmó un decreto donde estableció beneficios fiscales y facilitó la liquidez de las empresas afectadas por “Odile”, el cual evidentemente buscó restablecer en la medida de lo posible la actividad comercial y bancaria, acelerar los pagos de los seguros y tener mecanismos agiles de financiamiento para empresas. El propio secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, resumió en dos puntos los beneficios del programa de ayuda federal: 1.- La deducción al 100 por ciento de inversiones en la compra de activos como mobiliario, ventanales, jardinería y materiales de construcción, entre otros, para reconstruir y poner de pie a las compañías. 2.- La prórroga de pagos en materia fiscal por tres meses del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto sobre la Renta (ISR) y cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y hasta 6 meses en el caso del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores (Infonavit). El programa de ayuda del gobierno federal no fue bien visto por muchos de los empresarios, porque “no hubo condonación de impuestos que permitirían mayor liquidez en las empresas”. El empresario y analista financiero, Vicente Piña Ruiz, explicó que el programa no condonará el pago de impuestos, solo otorgará prórrogas y créditos fiscales. Pero apenas el presidente Enrique Peña Nieto publicó el Decreto en el Diario Oficial de la Federación Covarrubias Villaseñor envió el 22 de septiembre al congreso del estado un decreto para exentar del pago de impuestos sobre nómina, hospedaje y tenencia vehicular estatal a todos los contribuyentes, como una medida de reactivación económica y estímulo al sector empresarial. Como testigo del acto estuvo la coordinadora del gabinete federal en los trabajados de reconstrucción del estado, y secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu Salinas. En ese momento el Ejecutivo estatal expuso que la medida era para que los empresarios destinaran esos recursos a reconstruir y abrir sus comercios. “Es necesario que se dé la reapertura de los negocios porque ello permite recuperar el dinamismo económico que tenía el estado antes de la contingencia, cuando alcanzó el mayor crecimiento del país, por ello estamos seguros que con este estímulo que se suma al plan y apoyos anunciados por el gobierno federal, estoy seguro que lograremos cuanto antes la reactivación económica de Los Cabos y del estado”, expresó. Durante la firma del decreto del gobernador sudcaliforniano, la Secretaría de Economía anunció que otorgará créditos con tasas preferenciales para las micro, medianas y pequeñas empresas. Son los siguientes: 1.- Las microempresas o changarros podrán acceder a créditos de los llamados fondos perdidos de una bolsa que se abrió de 50 millones de pesos. 2.- Las medianas empresas podrán acceder a créditos de hasta 2 millones de pesos. 3.- Las grandes, podrán acceder a créditos de hasta 500 millones de pesos. Los créditos que van a ser otorgados por Nacional Financiera (Nafinsa) tendrán una tasa preferencial del 8.5 anual. Como era de esperarse, en plena precampaña electoral, la alcaldesa de La Paz, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, no quiso quedarse atrás. El 24 de septiembre anunció un programa municipal de apoyo emergente donde expuso las siguientes medidas a favor del sector empresarial: 1.- Estima el pago total de derechos por concepto de ocupación de vía pública a todos los vendedores ambulantes, puestos semifijos y vendedores de tianguis en un periodo del 24 de septiembre al 30 de noviembre, y los cuales deberán tener autorización vigente. 2.- Condonación del pago total en la expedición de licencias de construcción para edificar, ampliar o remodelar bienes inmuebles afectados, previo dictamen de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología, así como la condonación parcial o total en el pago en una sola exhibición de servicios catastrales en lo referente al 50 por ciento de descuento en recepción de documentos en forma extemporánea (multas). 3.- Condonación del pago total en recolección de basura y en el uso del relleno sanitario. 4.- El 50 por ciento de descuento en la renta correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre en locales concesionados en mercados municipales. 5.- El pago diferido de parcialidades de los meses de septiembre octubre y noviembre a contribuyentes que hayan firmado convenios y estén al corriente de sus pagos de contribuciones municipales y hayan sido firmados antes de septiembre. La inseguridad Al momento “Odile” dejó un saldo de seis personas muertas. La Procuraduría General de Justicia del Estado (Pgje) dio a conocer la lista de los fallecidos, 2 de los cuales fueron en Mulége, 1 en Los Cabos y 3 en La Paz. Son los siguientes: 1.- Los coreanos Kyoug Jim Pack de 62 años y Chai Sung Keun de 58, gerente y trabajador de la compañía “El Boleo” en Santa Rosalía. 2.- El mexicano Francisco Ponce Quezada, que desapareció la noche del 14 de septiembre, cuando intentó cruzar el arroyo del vado de Santa Rosa en San José del Cabo. 3.- Los británicos Simone Wood de 45 años y Paul Whitehouse de 45, cuando salieron a pasear el 14 de septiembre a bordo de su velero “Tabasco”. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados entre los mangles del islote conocido como “El Mogote” por la embarcación de la Secretaría de Marina Defender BR21. 4.- El alemán Hunther Treaow, cuando por el mal tiempo, no pudo salir a pedir ayuda cuando se sintió mal a bordo de su yate de nombre “Princess” en La Paz, y falleció de un infarto. No solo eso. Las imágenes que dieron la vuelta al mundo sobre los actos de pillaje y rapiña en cadenas comerciales de Los Cabos, arrojaron la detención de personas, vinculadas a los actos delictivos. La Policía Ministerial del Estado, tras conocer los saqueos en Los Cabos, instaló un filtro policiaco en la entrada de La Paz, donde comenzó a revisar todos los vehículos que estaban ingresando a la ciudad capital, logrando capturar a 23 personas, de los cuales 20 eran hombres y 3 mujeres y recuperar 2 mil 311 productos entre bebidas embriagantes, celulares, impresoras, relojes, lavadoras, máquinas de coser, ropa, computadoras, zapatos, estéreos, pantallas de plasma y hasta salas. Según la PGJE los objetos robados fueron transportados en 12 unidades automotrices, cuyos conductores admitieron haber robado los artículos de cadenas comerciales como Elektra, Walmart, Ley, Costco, City Club, Soriana y Comercial Mexicana. Asimismo, en los retenes se detectó un éxodo de habitantes de Los Cabos, que huyeron del lugar por los saqueos, robos y asaltos en comercios y viviendas, mientras que policías municipales y estatales atestiguaron lo sucedido hasta que por presión de los empresarios cabeños fueron enviadas fuerzas federales y militares a restablecer el orden. Del 17 al 22 de septiembre ingresaron a La Paz alrededor de 34 mil 801 personas a bordo de 12 mil 343 vehículos, provenientes de Los Cabos. El Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda, confirmó que antes y después del golpe de “Odile” transportaron a 9 mil 800 efectivos de las fuerzas federales y militares, y quienes se desplazaron en 14 aviones y 10 helicópteros y buques, y quienes auxiliaron a la población en el traslado de personas, víveres, entrega de medicamentos, atención médica, elaboración de alimentos y distribución de despensas. Los siguientes son los números oficiales: 1.- Movilización de 25 mil 554 personas en el puente aéreo de Los Cabos y La Paz hacia México, Guadalajara, Tijuana y Mazatlán, y viceversa y donde en 304 operaciones de vuelos desplazaron 405 toneladas de alimentos, agua, despensas y turistas. 2.- Desplazamiento de 31 plantas de emergencia de energía eléctrica y 130 vehículos especializados de Comisión Federal de Electricidad en el puente marítimo de Topolobampo y Mazatlán a La Paz y donde movieron 332 toneladas de materiales eléctricos –principalmente— entre las que destacan 17 toneladas de víveres a granel y 36 toneladas de despensas, independientemente de lo movilizado por los buques “Zapoteco” y “Usumacinta”. El comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Cevallos, advirtió que desde que fuerzas federales y militares tomaron el control, terminaron los incidentes sobre todo en Los Cabos. También dijo que todas las fuerzas de seguridad permanecerán en el estado hasta que pase la contingencia manteniendo la vigilancia a negocios, cadenas comerciales, bancos, gasolineras, expendios de agua y hielo. Finalmente, Galindo anunció la apertura provisional de la división de la Gendarmería de la Policía Federal en Baja California Sur,  donde van a estar destacados alrededor de 400 elementos por un periodo de 6 a 8 meses. La Gendarmería de la Policía Federal y la Policía Ministerial del Estado iniciaron una serie de operativos desde la noche del 24 de septiembre, logrando la captura de 15 personas implicadas en los pillajes y saqueos de comercios como “Baja Star”, “Oxxo”, “Soriana”, “Sams Club” y “Elektra”, y quienes al verse descubiertos entregaron estufas, refrigeradores, modulares, pantallas de plasma, computadoras, motocicletas, salas, comedores, centros de juego, sillones, colchones y artículos de línea blanca y ropa. Testimonio enviado a ZETA por la señora Claudia Ruiz, desde CSL “En Cabo San Lucas, las cosas van de mal en peor, es mucha la desesperación que existe actualmente, el gobierno no hace nada, no sé qué estarán manejando en la televisión, pero no se vale que la gente esté actuando como loca. Hoy vinieron los delincuentes e intentaron tumbarme la puerta, por suerte no lo lograron, pero sí mataron a mi perro, mis hijos están asustados, seguimos encerrados en mi casa; de verdad tenemos mucho miedo por las noches, porque la ciudad sigue a obscuras y esto es aprovechado por los delincuentes para tratar de robar, asaltar y hacer daño a la gente. Por lo que más quieran, difundan esto, y den a conocer lo que está pasando, como siempre lo ha hecho ZETA, el único medio que está hablando con la verdad o diciendo la realidad, espero que ya termine esto, no sé sí sean creyentes, pero por favor, recen por mí…”. Recuperación de luz Municipio Afectación Recuperación Los Cabos 100 por ciento 34 por ciento La Paz 100 por ciento 95 por ciento Loreto 100 por ciento 100 por ciento Comondú 100 por ciento 97 por ciento Mulegé 100 por ciento 97 por ciento Fuente: CFE Recuperación de agua Municipio Litros por Segundo Producidos Recuperación La Paz 770 756 Cabo San Lucas 400 220 San José del Cabo 555 495 Loreto 125 120 Fuente: CFE   Reparto de ayuda humanitaria Dependencia Concepto Volumen Gobierno de la República Despensas familiares 67 mil Gobierno de la República Agua embotellada 212 mil litros Gobierno del Estado Despensas familiares 16 mil 700 Gobierno del Estado Agua embotellada 930 mil Fuente: CFE