Con la idea de arreglar el lugar, mejorar los accesos, colocar cámaras de vigilancia, instalar palapas, asadores, baños portátiles gratuitos, policías permanentes, iluminación, crear un reglamento especial y seguir permitiendo el consumo de alcohol, entre otras cosas, desde el lunes 18 de agosto el alcalde de Ensenada, Gilberto Antonio Hirata Chico, avaló el cierre del acceso a la plancha de concreto frente al Malecón de Ensenada, en la zona de Playa Hermosa. Del dinero que será invertido no hay datos, aunque Hirata asegura que será autofinanciable, ya que los gastos operativos se solventarán de las cuotas de acceso al lugar, conocido popularmente como la “Cantina Municipal”, propiedad de la Administración Portuaria Integral (API) y actualmente concesionado para su administración por parte del gobierno municipal de Ensenada, que cobra una cuota aproximada a 35 pesos por cada vehículo que acceda al sitio, ubicado junto al mar, donde las autoridades permiten a los usuarios fumar y tomar cualquier tipo de bebidas embriagantes, sin restricción alguna. El propio presidente municipal refirió el 7 de agosto que el gobierno municipal está atendiendo a una necesidad de la población juvenil, particularmente aquellos con menos recursos económicos, y que no tienen dinero suficiente para ir a los antros. El tener permiso de consumir alcohol en sus vehículos en la Cantina Municipal, lo considera una alternativa para ellos. No obstante, la falta de control en el consumo de las conocidas como drogas de inicio en la Cantina Municipal, que se da entre adultos y menores de edad, ha sido un tema discutido al interior del Cabildo. El 25 de junio, el director de Policía, Enrique Villarreal Montemayor, había anunciado ante los ediles que prohibiría el consumo de alcohol a las personas que visitaran esa zona. Sin embargo, terminó destinando agentes municipales y patrullas para cuidarlos a lo largo del día, hasta la hora de cierre del lugar, a las doce de la noche. Además, cierran por completo los carriles de norte a sur en el Bulevar Costero, para que los automovilistas salgan de la manera más cómoda y segura posible. Luego de que Villarreal incumplió lo que originalmente afirmó, en sesión de Cabildo celebrada el 7 de agosto, la regidora Ana Gabriela Bórquez Gómez, del Partido Nueva Alianza (PANAL) lamentó la decisión del gobierno local, de seguir tolerando el consumo de bebidas alcohólicas en esa área. 
“Esta medida es contraria a la Ley, es contraria a la obligación de la autoridad de cumplir y hacer cumplir las normas jurídicas. Recordemos que las normas en sí carecen de valor práctico, a menos que su contenido se aplique y pase a ser parte del credo de todo funcionario encargado de hacer cumplir la Ley. En este caso particular, se está eludiendo la aplicación del Bando de Policía y Gobierno, y del Reglamento de Tránsito Municipal”, expuso Bórquez durante su discurso. La regidora hizo hincapié en que la decisión del gobierno de Gilberto Hirata, de no sancionar a las personas que consumen drogas en sus automóviles, atenta a la seguridad jurídica y es una prohibición que a la vista de todos, el primero en incumplirla es el gobierno municipal. “Se da una tolerancia de facto que transgrede la certeza en la aplicación del derecho, porque si se permite tomar en el estacionamiento de Playa Hermosa, aun cuando está prohibido, ¿por qué no se permite y tolera en algún otro estacionamiento público, pero de propiedad particular?”, cuestionó la representante del PANAL, para luego considerar que el tema no es cosa menor y atenta contra la base primordial del orden y la justicia. Diez días después, por medio de un comunicado de prensa, el secretario del Ayuntamiento, Jesús Jaime González Agúndez, anunció que sería cerrada la zona de la plancha de concreto, pero no definitivamente, sino de manera temporal, luego de la intención del gobierno municipal para realizar modificaciones al lugar, incluyendo solicitar al Cabildo de Ensenada, la creación de un reglamento específico que regule y permita de manera formal, el consumo de bebidas alcohólicas entre los usuarios, ya que -y lo han reconocido- el sitio ha sido irregular (a excepción del cobro en el acceso y más de tres años de funcionamiento en esas condiciones). Para el lunes 18 de agosto, la explanada fue cerrada al público, sin embargo, el proceso provocó fricciones. Claudia Lisbeth Moreno Ramírez, propietaria de un negocio de abarrotes, indicó que desde la administración municipal anterior, el XX Ayuntamiento había obtenido permiso para vender alimentos y refrescos empaquetados en la única construcción del lugar, un mirador circular construido con bloques de concreto. Cada mes pagaba 9 mil 252 pesos mensuales al gobierno municipal por el espacio. Sin embargo, en entrevista con ZETA
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