El añejo conflicto en el que representantes del Ejido Coronel Esteban Cantú intentan reclamar la propiedad de un terreno de 14 mil 553.5141 metros cuadrados, en el corazón de la zona turística de La Bufadora, ubicada en Punta Banda, al sur de la Bahía Todos Santos en Ensenada, sigue ante los Juzgados federales. Los primeros afectados han sido cientos de locatarios que operan en el emblemático lugar, quienes luego de haber sido advertidos por los ejidatarios que serían desalojados desde finales de 2013, han realizado múltiples protestas desde diciembre del año pasado a la fecha, exigiendo a funcionarios locales, estatales y federales, les den certidumbre sobre el futuro de sus negocios y permanencia en la zona, donde algunos han trabajado durante décadas. 
De acuerdo a autoridades locales, distintas personas en La Bufadora reclaman, además del Ejido Coronel Esteban Cantú, la legítima propiedad de esos terrenos. A la par del juicio que actualmente se libra en el Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en Ensenada, donde el juez ya ha girado una petición al gobierno municipal para que apoye en el desalojo del predio, autorizándole utilizar la fuerza pública, existen otros procesos legales que están siendo llevados por representantes legales de residentes del sitio en conflicto. Estos residentes, Francisco Álvarez Vargas, Jesús Carranza Venegas y José Díaz Contreras, han sido reconocidos por el XXI Ayuntamiento y mencionados entre los argumentos de una negativa para realizar la entrega física del lugar, enviada en el mes de agosto de 2014 al Juez Séptimo de Distrito por el alcalde Gilberto Antonio Hirata Chico y el secretario del Ayuntamiento, Jesús Jaime González Agúndez. En un documento denominado “Incidente Innominado”, Hirata explica que pretende utilizar recursos del Gobierno Federal para comprar el terreno en conflicto y evitar afectar a la sociedad, en mayor proporción que a los beneficios que pudiera obtener el ejido quejoso. “Debe considerarse que el ejecutarse por medio del Ayuntamiento de Ensenada el desalojo de los locatarios, empleados y sus pertenencias de la zona de La Bufadora, se violentarían sus garantías de legalidad y audiencia contempladas en los artículos 14 y 16 constitucionales, que establecen que nadie puede ser privado de sus bienes o posesiones, sino mediante juicio seguido en su contra en el que se cumplan las formalidades del procedimiento, ello en virtud que los locatarios y el propietario ajenos, no fueron parte en el juicio de garantías en que se promueve…”, detallan Hirata y Agúndez en el documento al juez, dentro del proceso del juicio de amparo 666/2010, promovido por el Ejido Esteban Cantú. De esta opción, o Plan B planteado por el XXI Ayuntamiento, no ha existido respuesta, y el juez notificó la semana pasada al síndico procurador, Iván Alonso Barbosa Ochoa, solicitar al gobierno local que apoyara la orden de desalojo de los locatarios. La fecha definitiva rondaba el 28 de agosto, día en que de manera extraordinaria sesionaría el Cabildo de Ensenada, para abordar exclusivamente el asunto. En dicha reunión extraordinaria, aunque justificada, destacó la ausencia de los regidores del Partido Revolucionario Institucional, César García Urías, María Verónica Hernández Valdez, Guillermina Calvo Romero y Columba Domínguez Delgadillo. El acuerdo al interior del Cabildo ese día fue aprobar por unanimidad una solicitud del síndico social, Félix Francisco Ojeda Ortega, dirigida al Juzgado Séptimo de Distrito, para que otorgase al XXI Ayuntamiento, una prórroga de 15 días para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, dictada dentro del juicio 666/2010 que se sigue en dicho tribunal. Doce munícipes votaron en unanimidad, incluyendo el síndico Barbosa y el presidente municipal Hirata Chico. De acuerdo a representantes de los locatarios de La Bufadora, el juez sí aceptó la prórroga solicitada por el Ayuntamiento, reagendando la fecha del desalojo hasta el 17 de septiembre. 
El gobierno municipal argumentó que necesitaba ese periodo para encontrarse “en la posibilidad de analizar, estudiar, resolver y ordenar el cabal cumplimiento de lo ordenado en la ejecutoria de amparo”. El alcalde Hirata ha referido ante medios de comunicación, haber heredado este problema desde la administración pasada, y se ha mantenido en la postura de no realizar un desalojo del lugar. El 2 de septiembre, a pregunta expresa de ZETA sobre si mantenía su postura de comprar los terrenos de La Bufadora, Hirata comentó: “A nivel federal y a nivel estatal, hay una propuesta y una intención de ver las posibilidades para recuperar ese espacio y adquirir el terreno en la parte donde están los locatarios”. — ¿Es una propuesta emanada del Ayuntamiento? “No, es una propuesta emanada de las tres entidades de gobierno, porque queremos preservar el derecho, queremos preservar la justicia, y sobre todo, preservar el ícono turístico del estado, que es La Bufadora; y por eso estamos en vías de la negociación, las pláticas para que todo mundo salga ganando”. El presupuesto federal previsto para la zona de La Bufadora, por ser el principal sitio turístico de Ensenada, sigue fluyendo. De entrada, al menos 30 millones de pesos de infraestructura se destinan a la carretera que va hacia Punta Banda en 2014, y 20 millones más son esperados para el año entrante, afirmó Hirata. “El fenómeno no lo podemos dejar igual, hay que dignificarlo, hay que trabajar, y en esa parte estamos negociando”. — ¿A quién se le pagarían los terrenos, a los propietarios (particulares) o al Ejido? “Jurídicamente a quien le corresponda”, apuntó. Y es que más allá del reconocimiento hecho en el oficio dirigido al Juzgado Séptimo por el Ayuntamiento, de la existencia de propietarios particulares de los terrenos en La Bufadora, ni el alcalde Hirata, ni el secretario del Ayuntamiento, habían hecho referencia al tema. El presidente municipal dijo no tener conocimiento de nada del tema de La Bufadora, hasta que entró al Ayuntamiento, y conforme “fueron dándose los procesos, me voy enterando de diferentes situaciones, y sobre esos recursos legales, fuimos nosotros procediendo, para que nos den una respuesta. Hasta ahorita no he recibido (de) la última petición, no he recibido respuesta yo”, indicó. Cuestionados el miércoles 3 de septiembre respecto a la nueva fecha para el desalojo de La Bufadora, programada para el día 17 del mismo mes y que fue confirmada por representantes de los locatarios, tanto Hirata como el secretario González Agúndez, declararon no tener conocimiento oficial al respecto. “Estamos trabajando en ello…”, respondería el alcalde a sobre el plazo de 15 días adicional solicitado originalmente por el síndico social y autorizado por el Cabildo en la sesión extraordinaria de la semana anterior. Por su parte, el secretario explicó que se encuentran en vías de cumplimiento, y aún existen “varios pasos” por desahogar en el asunto. En el caso, dijo, de que tuviera que hacerse el desalojo de los locatarios y de todos los bienes materiales al interior del predio, tendrían que solicitar el apoyo de las fuerzas federales, “y eso lleva tiempo”. Esto significa que el gobierno municipal, en caso de agotar sus argumentos, pasaría la responsabilidad del desalojo al Gobierno Federal. Respecto al desconocimiento de la prórroga otorgada por el Juez Séptimo de Distrito, de 15 días, Martínez Agúndez justificó que “no propiamente, porque una parte ya se notificó; la otra tiene que ser notificada”. Mientras esto ocurre, La Bufadora se ha visto afectada en imagen turística. El tema del conflicto ya ha sido parte de la agenda de la propia secretaria de Turismo a nivel federal, Claudia Ruiz Massieu, y empresarios locales del ramo han realizado comentarios ante la prensa local. Normando Novelo Bonifaz, presidente del Consejo Deliberativo de Proturismo de Ensenada, refirió en entrevista con medios locales, que existen recursos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo proyectados para La Bufadora, y confió que “de alguna manera se va a resolver”. “Nosotros no podemos resolver el tema, es un tema jurisdiccional, es un tema legal, es un tema del Juzgado, entonces cualquier persona puede decir, porque hay varias personas que acreditan con documentos que tienen interés jurídico ahí. Nosotros conocemos de cuando menos cuatro, pero no vamos a decidir qué papeles son buenos, cuáles no, quien decide es un juez, nosotros somos una autoridad municipal. Si alguien dice algo, tiene que ir con el juez y probárselo”, externó el secretario del Ayuntamiento. Mientras la administración municipal es notificada, los locatarios anunciaron la realización de una nueva manifestación el jueves 4 de septiembre. Una caravana partiría desde el entronque de la carretera federal número 1, con la carretera que va hacia La Bufadora, con dirección a Ensenada. De acuerdo al Ayuntamiento, en La Bufadora hay 157 unidades económicas inscritas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2012, de las cuales 133 corresponden a giros con actividad comercial, 18 a restaurantes y puestos de comida, tres de elaboración de artesanías, e igual cifra en servicios sanitarios y estacionamientos públicos. Se clasifican como pequeñas y medianas empresas, y en 147 de ellas trabajan hasta cinco empleados; las diez restantes con hasta diez empleados, esto de acuerdo a un estudio del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada. Esto implicaría que de realizarse el desalojo, un aproximado directo de 470 personas se quedaría sin empleo en el área. De ahí las constantes manifestaciones de los locatarios, quienes al ser los terceros perjudicados, no han tenido acceso al expediente del caso, y día tras día, desde diciembre de 2013, montan guardias y dejan personas al pendiente en el sitio, para avisar al resto en caso de que llegue la Policía (cualquiera que sea) a intentar desalojarlos. Por lo pronto, los afectados advierten que de La Bufadora no se irán, y que si el gobierno decide sacarlos a la fuerza, con la fuerza tendrán que hacerlo.
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