Ayuntamiento cabeño niega información a ZETA

Los Cabos,  Baja California Sur. Después de ganar un juicio en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California Sur (ITAI), y obtener a su favor la resolución PR-III/003/2014, el XI Ayuntamiento de Los Cabos negó la posibilidad de seguir con la revisión del gasto del excedente de 224 millones de pesos del ejercicio fiscal 2012; dinero ejercido sin autorización de Cabildo y observado por el Órgano de Fiscalización Superior de la XIII Legislatura de Baja California Sur. Desde el 15 de julio, reporteros de ZETA comenzaron a analizar la información contenida en archivos oficiales, tras el veredicto favorable del ITAI. Sin embargo, el 22 de agosto de 2014, Angélica Cristina Navarro Peralta, empleada de la Dirección Municipal de Contabilidad de Los Cabos -por presuntas órdenes de la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos, Legislativos y Reglamentarios y de la Tesorería Municipal-, prohibió el paso a este Semanario, bajo el dicho de que no se podían hacer “apuntes en la revisión”, ni “consultas en el teléfono”, desacatando una resolución del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. La reacción negativa del gobierno de Los Cabos, presidido por José Antonio Agúndez Montaño, surgió con el hallazgo de un supuesto fraude a la administración municipal por aproximadamente 624 mil 762 pesos con 97 centavos. El caso fue archivado y no se deslindaron responsabilidades administrativas ni penales en contra de siguientes servidores públicos involucrados, pese a haber actuado de manera negligente y malversar el fondo público de los cabeños: * María del Carmen Zerón Castañón, ex directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). * Gerardo Manríquez Amador, tesorero municipal de Los Cabos. * Ana Luisa Guluarte Arista, titular de contabilidad municipal. Según el expediente, los tres servidores públicos figuran como responsables de haber triangulado información para depositar el dinero a una empresa fantasma, de nombre Consorcio Aduanero del Golfo, S.A. de C.V., con sede en Veracruz, cuya erogación respaldaron con dos denuncias penales presentadas el 25 de enero y 23 de febrero de 2012 por el sindico municipal de Los Cabos, Oswaldo Murillo Martínez. El supuesto fraude quedó registrado bajo la averiguación previa PGR/BCS/LC/012/2012 en la Procuraduría General de la República, así como en la SJC/037/PAT/2012 ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur. Apenas el miércoles 27 de agosto de 2014, las dos denuncias penales, las cuales estaban en reserva, fueron reactivadas cuando la PGJE citó a declarar a la directora municipal de contabilidad, Ana Luisa Guluarte Arista, y en los próximos días habrán de presentarse el resto de los implicados. El lunes 25 de agosto, ZETA presentó una queja formal en el ITAI Baja California Sur, a fin de que intervenga en el quebranto a la resolución PR-III/003/2014, ya que como establece el Artículo 75 de la citada Ley, “el desacato a las resoluciones es equiparable al delito de abuso de autoridad, previsto en el Código Penal del Estado, y los procedimientos para la aplicación de las sanciones previstas se desarrollarán automáticamente en los términos y ante las instancias que señalen las leyes”. Asimismo, se levantó una denuncia en Contraloría Municipal y se solicitó iniciar una investigación para deslindar responsabilidades administrativas en contra de los presuntos responsables de haber desacatado la orden del ITAI, cuya resolución habrá de emitirse en el término de una semana. El consejero presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Luis Alberto González Rivera, expuso que el caso habrá de ser revisado y analizado porque, según el Artículo 45 de la Ley de Transparencia, “las resoluciones que dicte el Instituto serán definitivas, inatacables y obligatorias para las entidades gubernamentales y aquellas consideradas como de interés público del Estado”.