Los Cabos, Baja California Sur.- Primero lo desconocieron, después lo aceptaron y ahora los regidores del XI Ayuntamiento de Los Cabos, pretenden solicitar la cabeza del tesorero Gerardo Manríquez Amador, como responsable directo de la autorización del pago de un fraude con dinero del excedente de los 224 millones de pesos, incluso la del contralor, Héctor Alejandro Aréchiga de la Peña, por no haber investigado y sancionado en su momento la evidente negligencia de la tesorería. La información presentada por ZETA en su edición 2107 de la semana del 15 al 21 de agosto, después de iniciar un proceso de revisión y análisis del gasto del excedente, derivado del juicio ganado en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el estado de Baja California Sur, bajo el número de expediente PR-III/003/2014, desató un nuevo escándalo en el gobierno del alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño. “Es inaceptable que se haya autorizado el pago de un fraude con dinero público, y hayan ocultado esa información durante dos años y ocho meses, en vez de castigar y sancionar a los presuntos responsables, y lo peor es que nos hayamos enterado del caso por una investigación de este semanario, y no por el resultado de alguna investigación, sanción o medida que hayan tomado los órganos de control interno, en este caso la contraloría municipal, estatal o el Órgano de Fiscalización Superior de la XIII Legislatura”, expuso el líder del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, Julio Castillo Gómez. El responsable de fiscalizar, evaluar y controlar el gasto público que sale de los impuestos de los cabeños terminó por aceptar que se enteró del caso apenas en enero pasado, cuando recibió una observación del Órgano de Fiscalización del Congreso, que declaró: “Inicié un procedimiento administrativo al interior del gobierno municipal en junio pasado y el cual está en proceso de investigación para deslindar responsabilidades en contra de quienes pudieron haber cometido una omisión o una acción constitutiva que pueda generar una sanción”. El contralor se justificó diciendo que “la información de ese caso llegó desfasada por parte del Órgano de Fiscalización Superior, y apenas se están revisando las observaciones del ejercicio fiscal del 2012”. El caso del fraude –según el contralor– se está investigado desde dos líneas. 1.- La primera por el delito que cometió un tercero en contra del Ayuntamiento de Los Cabos, y donde se presentaron las denuncias penales: PGR/BCS/LC/012/2012, presentada el 25 de enero del 2012 en la delegación de la PGR por los delitos de fraude, falsificación de documentos públicos y lo que resulte, así como la SJC/037/PAT/2012, presentada el 23 de febrero del 2013 en la PGJE por los delitos de fraude con agravantes y lo que resulte. 2.- La segunda, la investigación administrativa que la contraloría inició en junio pasado al interior del ayuntamiento de Los Cabos y la cual todavía está en proceso. Por su parte, el sindico municipal de Los Cabos, Oswaldo Murillo Martínez, se desligó del fraude, y expuso que cuando se enteró de lo sucedido presentó “las denuncias correspondientes, y las cuales, una de ellas, la de la PGR, está en el estatus de reserva”. — ¿Por qué se autorizó un depósito con tan solo exhibir un correo? ¿Quién es el responsable? ¿Investigaron el destino real de ese dinero o así lo dejaron? “La persona que firma los cheques es el responsable o quien autorizó la transacción. Yo no soy vocero del Ayuntamiento de Los Cabos para haber dado a conocer lo que había sucedido en su momento y solo me limité a presentar un par de denuncias penales sobre los hechos”. La próxima sesión de cabildo, entre el 25 y 26 de agosto, promete ser una auténtica arena política, por el caso del fraude de sobra conocido. En medio de todo este caliente escenario, el tesorero municipal de Los Cabos, Gerardo Manríquez Amador, tras saber de la investigación publicada por ZETA, confirmó el 20 de agosto, bajo el oficio TGM/645/2014 que el Ayuntamiento de Los Cabos cobraría el precio de cada copia simple al valor de un salario mínimo, es decir, 67 pesos con 29 centavos, como una medida para evitar que este Semanario obtenga copias de los archivos sobre cómo se gastó el excedente de los 224 millones de pesos en el ejercicio fiscal del 2012. La postura oficial, tal como lo expuso un abogado consultado por ZETA, violenta el artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, el cual transcribe que “el costo de la expedición de copias simples no debe implicar un lucro a favor de la autoridad generadora de la información, por lo que la reproducción de copias simples o elementos técnicos, tendrán un costo relacionado directamente con el material empleado, cuyo pago se hará en la oficina recaudadora correspondiente”. No obstante, el argumento del tesorero y asesorado por el Director Municipal de Asuntos Jurídicos, Legislativos y Reglamentarios del Ayuntamiento de Los Cabos, Luis Sevilla Alatorre, es que el Artículo 13 del Código Fiscal del Estado y de los Municipios, y bajo el principio del imperio de la Ley, establece que “las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan infracciones y sanciones, son de aplicación estricta”, por lo que el cobro de las copias simples debe aplicarse con base en La Ley de Hacienda y no en lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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