Nuevos cargos en contra de Azano en EU

Los 600 mil dólares que el empresario de origen japonés nacionalizado mexicano, José Susumo Azano Matsura, donó ilegalmente a campañas electorales en Estados Unidos, podrían costarle 6 millones de dólares en multas, de ser encontrado culpable de los 25 cargos que enfrenta en la Corte Federal de San Diego, California.   Además de los cargos en su contra por realizar donaciones ilegales a campañas de cuatro candidatos estadounidenses -considerado un delito en Estados Unidos cuando la donación proviene de un extranjero-, la fiscalía también lo acusa de posesión de armas. En específico, al ser detenido, el empresario mexicano tenía consigo una pistola semiautomática Sig Sauer P225 de color negro, utilizada por los ejércitos militares de diversos países. De acuerdo a la Ley federal estadounidense, los extranjeros no tienen permitida la posesión de armas de fuego. A finales de 2011, el inversionista comenzó a interesarse en la política de California, al año siguiente, se realizarían elecciones para alcalde y congresistas federales. Usó a su guardaespaldas, Ernesto Encinas -un policía retirado- y al vendedor de autos de lujo, Marc Chase. Azano Matsura diseñó un plan para realizar diversas contribuciones a candidatos mediante prestanombres. De esta forma, el 29 de diciembre de 2011, Chase aportó 500 dólares al comité de la precandidata republicana Bonnie Dumanis, quien no pasaría de la primera ronda. Ahí intervino la empresa aérea Airsam, propiedad de Azano.  Según documentos presentados ante la Corte, José Susumo Azano aportó 600 mil dólares a las campañas de una precandidata a la alcaldía de San Diego, a un candidato a congresista por el Distrito 51, a un candidato a la alcaldía en 2012 y, por último, a un candidato a la alcaldía de San Diego durante las elecciones extraordinarias de 2013. Por su parte, el Comité de Ética de la ciudad de San Diego, reveló que mediante prestanombres, el acusado aportó 150 mil dólares a la campaña del ex alcalde de San Diego, Bob Filner -quien presentó su renuncia por acoso sexual a empleadas- y recibió dos contribuciones a través de la compañía South Beach Acquisitions, en septiembre y octubre de 2012. De acuerdo a un reporte de esa dependencia, entre diciembre de 2011 y enero de 2012, Marc Chase -por instrucciones expresas de su cliente Azano- utilizó a sus empleados, ex trabajadores y hasta sus cónyuges para donar 6 mil 500 dólares en 12 contribuciones individuales, a favor de la precandidata Dumanis. En el caso que incluye los 25 cargos que enfrenta el hombre de negocios japonés-mexicano, también se acusa a sus cómplices Ravneet Singh junto a su empresa ElectionMall, y el asesor político Marco Polo Cortés. De estos cargos, 18 son por conspiración. Por separado, se les inculpó a sus otros socios, Marc Chase y Ernesto Encinas. Conforme a la investigación de la fiscalía estadounidense, Azano realizaba encuestas para saber a qué candidato apoyar financieramente, después se reunían en privado en una de sus residencias en Coronado y en extravagantes cenas en el centro de San Diego. En la mayoría de los casos, los prestanombres hacían donaciones en efectivo o cheque, después, el dinero les era retribuido -en efectivo- por el empresario. Pero el mexicano también utilizó a su conglomerado Grupo Azano para realizar transacciones por 191 mil 955 dólares a la empresa ElectionMall, propiedad de Ravneet Sing, quien se autonombra “el gurú de las elecciones, dedicada a la promoción de candidatos en redes sociales”. Con este dinero, la empresa norteamericana prestaba servicios de manera “gratuita” -previamente pagados por Azano- a los candidatos que el empresario apoyaba, y donó 100 mil dólares a sus campañas. Singh también fue acusado de intentar sobornar con mil dólares a un oficial federal, en los días previos a su arresto en enero de 2014. Antes, del lado mexicano, el empresario obtuvo contratos por hasta 5 mil millones de pesos en equipo de espionaje de comunicaciones telefónicas con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) durante el sexenio de Felipe Calderón. Como lo publicó ZETA en su edición 2079, la Procuraduría General de la República investiga a Azano por el lavado de dinero de 33 millones de pesos. Tan solo en Baja California depositó hasta 2 millones de dólares para comprar las simpatías de la familia de Enrique Pelayo para obtener su apoyo en contra de la gasera Sempra Energy, con la cual el japonés estaba enemistado. De febrero de 2014 a la fecha, José Susumo se encuentra se encuentra bajo arresto domiciliario en su casa de San Diego, California, y mientras el proceso por “donación ilegal a una campaña electoral de parte de un extranjero” continúa, le sumaron los cargos de falsificación de documentos y uso de prestanombres para donaciones ilícitas.