Los Cabos, Baja California Sur.- En la revisión y análisis del gasto del excedente de más de 224 millones de pesos, derivado del juicio ganado por ZETA en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California Sur, bajo el número de expediente PR-III/003/2014, comenzó a descubrirse cómo se fue gastando el remanente del ejercicio fiscal del 2012. La información que desde enero del 2012 había permanecido oculta y en el estatus de clasificada como “confidencial” y “reservada”, develó el pago de una extorsión después de que fuera realizado un depósito por la cantidad de 624 mil 762 pesos con 97 centavos a través de una transferencia en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios desde la CLABE de ordenamiento 0170097523 de una cuenta bancaria de Banorte. Según el expediente obtenido por este semanario del gasto del mes de diciembre del 2012 todo empezó cuando el 16 de enero del 2012 la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), María del Carmen Zerón Castañón, recibió una llamada telefónica de una persona que dijo llamarse Claudia Rodríguez, quien se ostentó como asistente del entonces Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gerardo Perdomo Sanciprian. La presunta asistente aduanal informó de la supuesta existencia de una resolución conteniendo notificación de donación a favor del DIF municipal de Los Cabos sobre bienes muebles diversos que se consignaron en un oficio, bajo el número 171/SAT/27-1, y donde figuraban lotes de juguetes, equipos de computo y de rehabilitación física, ropa, alimentos no perecederos, artículos electrónicos, una ambulancia, un camión recolector de basura y una camioneta van. Por tal motivo la supuesta asistente, Claudia Rodríguez, dijo a la funcionaria cabeña que iba a ser contactada con el Administrador General de Aduanas, quien se presentó como Gerardo Perdomo Sanciprian, y telefónicamente confirmó la resolución a su favor. La directora del DIF Municipal de Los Cabos, María del Carmen Zerón Castañón, colgó –el teléfono, y posteriormente, recibió la notificación vía electrónica con una hoja membretada con sellos y membretes oficiales, así como los números telefónicos de la aduana 01 (55) 38742588 y 01 (55) 38742590 y una lista de los productos que habrían de ser donados, los cuales estaban presuntamente en el estado de Veracruz. La servidora pública llamó entonces al tesorero Gerardo Manríquez Amador y luego reenvió el correo para que revisara, analizara y emitiera un resolutivo en torno al caso, derivado de que la única condición era pagar 624 mil 762 pesos con 97 centavos por conceptos de gestiones, impuestos y fletes del envío de la mercancía. El tesorero municipal de Los Cabos reenvió el correo electrónico proveniente de la dirección electrónica resoluciones@aduanas.com y turnó el trámite para el pago a la directora municipal de Contabilidad a cargo de Ana Luisa Guluarte Arista. La funcionaria llamó a los teléfonos contenidos en el oficio, y la contactaron con una supuesta agencia fiscal de Veracruz de nombre Consorcio Aduanero del Golfo, S.A de C.V con número telefónico 01 229 2958580 y estableció comunicación con Amandi Arani y Zamudio, con quien acordó el pago y la liberación de la hoja de salida de los bienes donados. La supuesta funcionaria aduanal comunicó a la contadora Guluarte con quien se ostentó como Carlos Romero Urbina, quien supuestamente era el responsable del resguardo y salida de los bienes. Los dos –funcionaria cabeña y supuesto aduanal—tuvieron contacto vía electrónica a través de las siguientes cuentas: 1.- lic.carlosromerourbina@consorcioaduanerodelgolfosadecv.org.mx 2.- presupuesto@consorcioaduanerodelgolfosadecv.org.mx 3.- presupuestos@ consorcioaduanerodelgolfosadecv.org.mx El supuesto directivo del Consorcio Aduanero del Golfo, S.A de C.V, Carlos Romero Urbina, comenzó a presionar a la directora de Contabilidad, Ana Luisa Guluarte Arista, sobre la urgencia de la tramitación por la inminente cancelación del trámite de donación ya que se había vencido el término para la disposiciones de los bienes de la aduana y evitar la generación de gastos mayores. Finalmente, y sin investigar absolutamente, la directora de contabilidad, y por órdenes del tesorero Gerardo Manríquez Amador, hicieron el depósito a las 2:59 de la tarde del 19 de enero del 2012 a favor de AA Amandi Chi Zamudio y Asociados en el banco Banamex-Citibank. Con esto únicamente esperaría el trámite de entrega y donde incluso remitieron una lista de funcionarios del municipio de Los Cabos, y los cuales se encargarían de la logística del envío y la fecha del arribo. La estafa Demasiada dulzura para ser verdad –como definió el regidor de Los Cabos, Juan Fernández Sánchez Navarro– la estafa se consumó cuando el 23 de enero del 2012 la directora de contabilidad, Ana Luisa Guluarte Arista, marcó a los números telefónicos del Consorcio Aduanero del Golfo, S.A de C.V y pretendió confirmar el depósito y acordar el traslado y arribó de los bienes de Veracruz a Los Cabos, Baja California Sur. Sin embargo, desde ese día nadie contestó en los números de la agencia aduanal y tampoco en la supuesta oficina del administrador general de aduanas, por lo que comenzó a sospechar de haber sido víctima de un fraude, derivado de que por más llamadas que hicieron no volvieron a contestar las llamadas hasta que llegó el momento en que salió la siguiente grabación: “el número Nextel que usted marco está suspendido”. La directora de contabilidad de la tesorería municipal de Los Cabos se avocó a confirmar la veracidad de la resolución de donación a favor del DIF municipal de Los Cabos, en virtud de que perdió comunicación, y por ende, no recibió los supuestos bienes donados, por lo que descubrió que todo se trato de una estafa. El Consorcio Aduanero del Golfo, S.A de C.V no existía y tampoco había referentes de la supuesta representante AA Amandi Chi Zamudio. “Todo indica la consumación de un fraude en perjuicio del municipio de Los Cabos, pues quien o quienes obtuvieron la cantidad pagada, lo hicieron indebidamente mediante engaños, ya que para tal efecto, falsificaron documentación pública federal, se hicieron pasar por servidores públicos de la Administración General de Aduanas, afirmaron falsamente la existencia de mercancía aduanal donada a favor del sistema DIF de Los Cabos, maquilaron la existencia de una supuesta agencia aduanal autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que ha implicado por quien o quienes resulten responsables el alcance de un lucro indebido en perjuicio del Ayuntamiento”, trascribe el una de las dos denuncias penales que presentó el síndico de Los Cabos, Oswaldo Murillo Martínez. Son las siguientes: 1.- La primera presentada el 25 de enero del 2012 en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), bajo el número de expediente PGR/BCS/LC/012/2012 por los delitos de fraude, falsificación de documentos públicos y lo que resulte. 2.- La segunda presentada el 23 de febrero del 2012 en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Delitos Patrimoniales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, bajo el número de expediente SJC/037/PAT/2012 por los delitos de fraude con agravantes y lo que resulte. Las reacciones Sobre este hecho, el alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, perdió la memoria rápidamente, pues dijo desconocer la estafa y no recordar nada, a pesar de que la documentación obtenida por ZETA, obra en los archivos de la Dirección de Contabilidad de la tesorería municipal del destino turístico. “No tengo información, no sé si se hace mención en qué área, no he tenido información, no he podido ver mi celular, no he podido ver mis mensajes, pero, no, ninguna extorsión, ningún mensaje, ningún llamado, ninguna situación de este tipo, afortunadamente ni de manera personal ni como presidente municipal”, respondió textualmente. El tesorero Gerardo Manríquez Amador fue requerido por este semanario, pero no dio la cara, al igual que el contralor general municipal, y responsable de investigar esta estafa, Héctor Alejandro Aréchiga de la Peña. El que sí hablo fue el síndico municipal de Los Cabos, Oswaldo Murillo Martínez, quien como responsable del patrimonio, presentó las denuncias penales en la PGR y la PGJE sobre el fraude. El edil no metió las manos al fuego por nadie y expuso que el caso fue una verdadera “tomada de pelo” a los funcionarios implicados en el caso, porque “hasta donde tengo conocimiento nadie verificó la autenticidad de la supuesta donación y sobre todo de las personas con quienes estuvieron tratando, números telefónicos y las razones sociales”. Durante una entrevista con este semanario, comentó que como responsable del patrimonio, “yo presente las denuncias penales correspondientes, aunque no tuve nada que ver con la autorización del pago de los alrededor de 624 mil pesos, porque eso no es de mi competencia y habría que preguntar a quiénes lo hicieron”. — ¿Por qué no informaron en su momento sobre esta estafa?, preguntó ZETA. “Bueno, porque no fue mi responsabilidad. Yo hice lo que en mi caso correspondía y si alguien tenía que informar y no lo hizo creo debe una explicación de esa inocentada. Por su parte, el regidor del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Sánchez Navarro, expuso que el tema de la estafa debe ser investigado por la contraloría general de Los Cabos a cargo de Héctor Alejandro Aréchiga de la Peña, porque recordemos que “el dinero utilizado en el pago de ese fraude es parte de los 224 millones de pesos del excedente que hasta este momento siguen sin ser aprobados por el seno del cabildo de Los Cabos”. El edil dijo que de entrada, y si realmente sucedió una estafa, “la contraloría debe deslindar responsabilidades en contra de los incompetentes que ordenaron y pagaron el dinero, solo porque alguien llamó por teléfono y les pidió el dinero y lo depositaron sin haber investigado nada al respecto”. “O una de dos, o son muy ingenuos o algo sucedió para sacar ese dinero de las cuentas y fue a parar a otro lugar”, dijo. Finalmente, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, Julio Castillo Gómez, dijo que “la estafa al ayuntamiento cabeño es una situación muy delicada que exhibe por sí sola la fragilidad y negligencia de cómo se han estado manejando los recursos públicos de los ciudadanos”. El empresario consideró que el dinero desaparecido es el equivalente al costo de dos patrullas, “y desgraciadamente vemos que no hay responsables, y en vez de actuar, se escondió la información para que nadie supiera y tampoco nadie respondió por el quebranto”. “Yo creo que alguien tiene que pagar por esto”, dijo y preguntó “¿dónde está Contraloría municipal? ¿Dónde está Contraloría estatal? ¿Dónde está el Órgano de Fiscalización Superior del congreso del estado?”. El líder de los empresarios de Los Cabos, expresó que “ya estuvo bueno de este saqueo, porque el caso de la estafa exhibe que la crisis del ayuntamiento local, no es porque no tenga dinero, sino por la manera en que maneja y utiliza los recursos públicos, y cuyo caso hoy sabemos por la investigación que vino a hacer un periódico como ZETA, y no porque los órganos de control interno haya actuado y tomado medidas. Desde su punto de vista, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, expuso que es increíble la forma en que les vieron la cara a los funcionarios del ayuntamiento. “Demasiado infantil o ingenuo, pensar que la historia que retrataron en la denuncia penal haya sido real, y que conociendo sus antecedentes en el manejo del dinero público, piensen que vamos a creerles, y de que la operación de esta supuesta estafa, no vaya a haber algún funcionario, porque qué casualidad que dócilmente y sin investigar y con una llamada, depositaron el dinero sin ton ni son”, concluyó.
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