El rechazo a la minería

La Paz,  Baja California Sur. A pesar del rechazo de la sociedad y de que las propias autoridades, como los alcaldes de La Paz y de Los Cabos, Esthela de Jesús Ponce Beltrán y José Antonio Agúndez Montaño, abiertamente fijaron su postura en contra del proyecto minero “Los Cardones”, el cuerpo técnico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) aprobó el 31 de julio de 2014, la Manifestación de Impacto Ambiental -conocida como MIA- del plan minero, el cual pretende desarrollarse dentro de la Reserva de la Biósfera de la Sierra de la Laguna. El delegado de la SEMARNAT, José Carlos Cota Osuna, dijo que el resolutivo no es definitivo y la compañía minera, de nombre Desarrollos Zapal, S.A. de C.V.,  no iniciará operaciones de inmediato, sino que, según el dictamen de más de 170 hojas, deberá cumplir con cuatro requisitos fundamentales: 1. Presentar el proyecto justificativo del cambio de uso de suelo ante la SEMARNAT. 2. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) deberá emitir su opinión en cuanto a la disponibilidad de agua y la afectación a los acuíferos que sustituirían los pozos de salinización de agua de mar que se pretenden construir. 3. Autorización del proyecto por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), sobre todo en cuanto a posibles afectaciones en esa reserva natural, donde de manera directa o indirecta, se surte de agua al 70 por ciento de la población de La Paz y Los Cabos. 4. Aprobación del cambio de uso de suelo por parte de los ayuntamientos de La Paz y Los Cabos, y del Comité Forestal Estatal, ya que la Sierra de la Laguna está tipificada como zona forestal. Desde entonces y en virtud a la amenaza, la sociedad organizada comenzó a trabajar en protestas y marchas en contra del proyecto minero, una de ellas, realizada el 4 de agosto, que terminó en las instalaciones de una televisora local, ya que el propietario es uno de los socios mayoritarios de  Desarrollos Zapal, S.A. de C.V. Paralelamente, la movilización social ha generado acciones legales como el recurso de revisión del dictamen de aprobación del proyecto minero, solicitado por las cámaras empresariales, colegios de profesionistas y organizaciones civiles de Los Cabos. El 18 de agosto de 2014, miembros del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos presentaron un escrito enviado al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, donde solicitan reconsiderar el fallo de la MIA girada a favor de “Los Cardones”, toda vez que la consolidación del proyecto representa un serio peligro, afectación y riesgo para Los Cabos y La Paz, en una situación que en cualquier momento laceraría la vocación productiva y económica de una sociedad que depende exclusivamente del 100 por ciento del turismo internacional y nacional. En el escrito de ocho hojas, los integrantes exponen que “la solicitud del recurso de revisión -interpuesto antes de vencer el plazo legal- es porque consideran que no solo incumple y atenta en contra de una Área natural protegida, como lo es la Sierra de la Laguna, sino que pone en entredicho el desarrollo saludable y armónico de áreas aledañas; así como el sustento y vocación económica de importantes núcleos sociales de La Paz y Los Cabos, por el riesgo inminente que esta actividad minera significa en el ambiente y sistema hidrológico, del cual dependen para su abastecimiento directa o indirectamente estos municipios”. Firmado por cuatro asociaciones, tres cámaras empresariales, cuatro colegios de profesionistas y 11 organizaciones civiles, el documento refiere que el proyecto “Los Cardones” representa “un verdadero peligro, porque las alteraciones a la superficie, reencauzamientos, presas de jales y materiales expuestos por fallas humanas o cambios extremos del clima o fallas sísmicas, provocaría contaminación de este sistema hidrológico, dañando la salud de los habitantes y la imagen de los destinos de playa, y por ende, la vocación económica de esas zonas, donde la percepción pública internacional de cualquier riesgo de contaminación, alteraría los factores productivos del cual depende directa e indirectamente el 67 por ciento de la población”. La solicitud de procedimiento de revisión fue signada por el líder del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, Julio Castillo Gómez; los titulares de la Asociación de Hoteles, Desarrollos de Tiempos Compartidos y Desarrolladores Inmobiliarios Turísticos, Renato Silva de Mendonca, Paúl Wesley Litte y Francisco Parra Cañedo, respectivamente. Además de los presidentes de las cámaras nacionales de Comercio (CANACO), de la Industria de Transformación (CANACINTRA), y de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC); y por colegios de Contadores, Ingenieros, Arquitectos y organizaciones civiles. En riesgo ecosistemas acuáticos por aprobación de CONAPESCA La reciente autorización por parte de la Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA), para que cuatro permisionarios de pesca de carnada tengan acceso a tender redes de encierro en una gigantesca franja litoral de 200 kilómetros entre La Paz y Los Cabos, ha generado incertidumbre entre la comunidad de pescadores de carnada y deportiva, llevándolos a pronunciarse en contra de ello. Las redes se estiman entre los 200 metros de largo, por 200 de caída, lo cual las hace altamente depredadoras. “Están autorizando redes de enmalle tan cerrado, que atrapa todo, y, además, es tipo cerco. Entonces, prácticamente acabarían con el ecosistema dentro de ese cerco, no estarían dejando vivo nada y, cuando atacan la base de la cadena alimenticia, estás atacando a todas las especies marinas”, denunció Enrique Fernández del Castillo, presidente de la Asociación en Defensa de los Picudos en Los Cabos. La zona donde se estima estarán tendiendo dichas redes, abarca desde Punta Arena en la comunidad de La Ventana, en La Paz, hasta Pozo Cota, en Los Cabos; situación que consideran de alto riesgo, al pasar por el Área Natural (ANP) Parque Nacional Cabo Pulmo, y la Bahía de Cabo San Lucas. “Es un permiso de fomento, que a la larga va a terminar siendo un permiso de pesca comercial y potencialmente, si se va a poder trabajar toda esa zona, desconozco si hay alguna exclusión directa en las áreas naturales protegidas, pero los peces más pequeños migran por toda la costa; sí le estarían dando al ecosistema “, detalló el entrevistado. Una vez evidenciado el potencial daño al ecosistema, se exigirá a la CONAPESCA revocar de inmediato los permisos otorgados, ya que de acuerdo al documento, con número de folio 024/2014, tiene vigencia de un año, a partir del pasado mes de febrero. Situación que los deja contrarreloj. “Vamos a ver qué podemos hacer desde el punto de vista legal, el punto de vista práctico y a denunciar; otra vez quiere la CONAPESCA legalizar las malas prácticas, nos dieron un trancazo durísimo con lo de la Norma 029, y ahora nos vienen a rematar con ésta. Esto es más grave que la Norma 029”, lamentó Fernández del Castillo. Investigadores y ambientalistas han manifestado que dicha disposición podría poner en riesgo latente a especies como delfines, tortugas y otros especímenes protegidos por la Norma Oficial Mexicana (NOM), por lo cual llama a poner atención a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).