Ciudadanos siguen denunciando públicamente a empleados del Gobierno del Estado por “verificar fiscalmente” los vehículos. Señalan acoso, persecución y, recientemente, violación a propiedad privada. Una familia en Rosarito -la cual prefiere omitir sus nombres- fue “hostigada” por una unidad de la Secretaría de Planeación y Finanzas, el martes 15 de julio de 2014. Los empleados, a bordo de un automóvil sedán compacto color gris, unidad 232 con placas AKM-29-56, ingresaron a la plaza comercial para revisar vehículos y levantar requerimientos. El hecho ocurrió a la una de la tarde, en el estacionamiento de una plaza en Rosarito, ubicada sobre el Bulevar Benito Juárez, frente a la tienda Coppel. “La plaza es propiedad privada y, sin ninguna autorización, (los verificadores) ingresaron para levantar requerimiento”, cuenta la parte denunciante. Del carro oficial equipado con torreta y sirenas de emergencia, descendieron dos hombres que se identificaron como empleados de Verificación Fiscal del Gobierno del Estado de Baja California. Según el reglamento vigente de Tránsito y Verificación Vehicular, los encargados de regular, vigilar, supervisar y aplicar las disposiciones de los estatutos, son la Secretaría de Seguridad Pública, o bien, la Dirección General de Policía y Tránsito Municipal, por conducto de agentes de las policías y Tránsito Municipal.
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