Se trata del dinero producto de un largo esfuerzo. De años de trabajo, de cobrar la jubilación y guardarla celosamente para asegurar el bienestar en los años que quedan de vida. Los ahorros van de los 100 mil a los 3 millones de pesos, y los ahorradores son más de 300 maestros -la mayoría jubilados- que depositaron su dinero y su confianza en una caja magisterial ASOMA (Asociación Social Magisterial, AC) de Baja California, de donde ahora ha desaparecido el “guardadito”; en total, cerca de 140 millones de pesos perdidos. 
“Estamos ante un mal manejo financiero”, afirma Francisco Rivera Martínez, secretario general de los jubilados de la Sección II del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), de hecho, uno de los maestros que espera recuperar su inversión. “No vemos otro camino más viable que demandar, están agotadas todas las pláticas…”, explica. Desde noviembre de 2013, los maestros usuarios de la caja magisterial ASOMA -fundada por el ex dirigente sindical José Peñuelas Hermosillo- no recibieron el pago de rendimientos del dinero que guardan en esa instancia, tampoco les han regresado su aportación. Ahora preparan recursos judiciales, civiles y penales, así como manifestaciones (el martes 15 de julio hubo una en Mexicali, de maestros ensenadenses). No serían las primeras demandas; en el proceso de una de las ya interpuestas, judicialmente se instruyó embargar una de las cuentas de la caja, lo irónico: de esa cuenta se estaba negociando el pago de una mínima parte de los rendimientos retrasados. La ausencia de ese dinero impacta una cadena: los jubilados han adquirido bienes, casas, carros, organizando su economía para cubrir esas deudas con el cobro mensual, semestral o anual de esos rendimientos, pero ahora ellos deben y no tienen para pagar; y a su vez, en la caja ni les pagan, ni les explican qué ha sucedido con su capital. Peor aún, los maestros que luego de la reforma se jubilaron con el nuevo esquema del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se fueron por las cuentas individuales y, a la par, recibieron una buena tajada en efectivo, pero su pensión mínima garantizada es de solo 5 mil pesos. El dinero de la jubilación se fue a inversión en la caja, y ahora hacen milagros para sobrevivir solo con el bajo monto de su jubilación. Todo esto ha provocado la evidente incertidumbre entre el grupo de maestros que no solo abarca Mexicali, sino que se extiende a Ensenada, Tijuana, Tecate y Rosarito, y que ahora buscan desesperadamente el apoyo de la justicia para recuperar su dinero, su “guardadito”, ese que les costó 30 años de trabajo y esfuerzo; tres décadas de estar frente a grupos y que ahora ven evaporarse. Las cajas Las llamadas cajas magisteriales han tenido problemas virtualmente en todo el país; el eje de esta problemática son los fraudes y evidentes malos manejos de esos organismos financieros, en este caso, relacionados con el sector magisterial. Estas entidades de ahorro aparecieron a mediados de los 90s, ante la crisis del sistema financiero, la falta de capacidad de crédito de los bancos y las altas tasas de interés. Ese fue el contexto del florecimiento de las cajas, en este caso magisteriales, conformadas por personajes de la cúpula sindical y establecidas regularmente en el perímetro de los inmuebles de los gremios magisteriales. Los servicios que ofrecen son básicos: préstamos con un relativamente bajo interés, y rendimientos a capital muy por encima del ofrecido por los bancos. De acuerdo a datos oficiales, la banca comercial cobra entre 38 a 43 por ciento en préstamos y entrega .93 a 1.11% en rendimientos. En el caso de ASOMA, ofrecía un rendimiento mensual del 1.5%, semestral del 10% y anual del 22%, aunque resalta una cláusula en los Certificados de Aportación: “Esta asociación tendrá la facultad sin previo aviso de modificar la tasa de interés que estipula este certificado, sin tomar en cuenta la fecha de vencimiento, de acuerdo a la oferta y la demanda, por así convenir a los intereses de la asociación”. Asociación Social Magisterial, AC fue creada en diciembre de 2002 e impulsada por el entonces líder de la Sección II del SNTE en la entidad, José Peñuelas Hermosillo, involucrando a su esposa Teresa Espinoza (ya fallecida) y a su hijo Édgar Peñuelas, también a otros maestros ligados a la cúpula sindical, como Margarito Montoya Cárdenas. El objeto social -anotado en la constitución de la sociedad- era auspiciar y fomentar el ahorro entre los socios y financiar sus demandas de préstamos. Se incluyó además que la asociación “no perseguirá fines de lucro, y sí el mejoramiento social y económico de los socios”. El primer presidente del órgano de administración fue Margarito Montoya, quedando como tesorero José Peñuelas Hermosillo, entonces dirigente de la Sección II del SNTE, y en 2003, candidato perdedor a la diputación federal por el Segundo Distrito Electoral Federal. De hecho otros ex dirigentes han estado vinculados a cajas magisteriales, es el caso de Efraín Montreal, fundador de la promotora Magisterial Solidaria, Promasol AC o ADE con Ovidio Gil Villarino. Existen aproximadamente once cajas parecidas a la de ASOMA, como ADES, CAMAC, Línea Magisterial y Caja Magisterial de Mexicali. “Un mal necesario” “Las cajas de ahorro que han venido a ser un apoyo, sobre todo a los jubilados, son un mal necesario”, comenta de entrada el maestro Francisco Rivera Martínez, quien encabeza la delegación D-IV-I, que aglutina a los jubilados de la Sección 2 del SNTE. Explica que en base a los montos que los jubilados esperan recibir mensualmente, hacen compromisos de pago de casas, de carros, de vacaciones. “Estábamos trabajando con él (Peñuelas) muy a gusto, nos estaba dando un interés muy atractivo, empezó con un 28 por ciento anual”, comenta Rivera en relación a ASOMA, que cuenta con cerca de 320 aportadores que crearon un fondo utilizable de 140 millones de pesos. En diciembre de 2013, la caja dejó pagar los intereses -hay inversiones mensuales, semestrales y anuales-, sin explicar lo que estaba sucediendo y reduciendo el horario de labores en el inmueble, atendiendo solo de dos a cuatro de la tarde. Antes ya había habido señales, como el retraso en los pagos, bajo el argumento que desde el gobierno -a través de ISEP- estaban atrasando los depósitos. En octubre del año pasado, el profesor Rivera Martínez trató de retirar su capital –los intereses le bajaron unilateralmente-, la respuesta: se lo entregarían en abonos, pero a la vez, le hicieron la contrapropuesta de subirle el interés a 26% si lo dejaba con plazo anual, lo cual fue aceptado. A fin de año, la caja se declaró insolvente para seguir pagando los rendimientos, lo que provocó la incertidumbre de los ahorradores. En enero empezaron una serie de reuniones encabezadas por Peñuelas, quien atendió por partes, en pequeños grupos, explicando que la caja estaba descapitalizada y necesitaba tiempo para capitalizarse. El ex dirigente sindical aportaba endebles argumentos, que desde el Gobierno del Estado no le estaban depositando a tiempo -fue el contexto del cambio de administración- y la parte que descontaban a los maestros que tenían préstamo con ASOMA. Según datos, ISEP le depositaba cada quincena 480 mil pesos y del 22% -concepto federal por vida cara que se paga a fin de mes-, cerca de 900 mil pesos. Eso significaría que -en base a cálculos hechos por los maestros-, ISEP entregaba el monto descontado a los maestros por cerca de 35-40 millones prestados, mientras que el capital social son 140 millones, lo que implica a grosso modo un faltante de 100 millones de pesos. Hay aportantes que han depositado desde 100 mil pesos, pero otros han entregado a la caja hasta 3 millones de pesos, sobre todo algunos maestros que se han jubilado de ambos sistemas, el estatal y el federal, aunque son los menos. Pero también hubo casos de profesores a quienes ya en situación de quiebra –en noviembre del año pasado- les siguieron recibiendo aportaciones a la caja de maestros que dieron 300 mil o 150 mil pesos. Desde ASOMA intentaron una singular estrategia, elaborando “números” que llegaron a más de 100 para que los poseedores de éstos pudieron cobrar sus dividendos de manera posterior, pero “organizada”, lo cual tampoco cumplieron. A la par, aún hay gente que no sabe lo que está pasando, a quienes se les vence su pago hasta septiembre, octubre o noviembre de este año, y no se han enterado que la caja está tronada. Las demandas Hasta el momento hay por lo menos 30 demandas ante la PGJE interpuestas por maestros, un par de ellas por quienes aportaron cerca de 3 millones de pesos cada uno y que lograron que la justicia incautara la cuenta que ISEP entregaba quincenalmente a ASOMA. 
Lo curioso es que esto sucedió apenas días después que los maestros habían tenido una reunión -14 de junio- con el dueño de la caja, quien se comprometió a cubrir al menos el 1.75 de los os dividendos, dinero que tomaría de la entrega que quincenalmente hace ISEP, pero la caja fue requisada. Aparte hay un grupo de 70 jubilados que, apoyados por al menos dos abogados, preparan demanda judicial conjunta, una por la vía civil y otra por lo penal. “La falta de entrega de los dividendos, suscitó una serie de especulaciones, que son las que se van a dilucidar, cual es la razón de fondo por la que a estas personas no se les ha entregado sus rendimientos y por qué no se les ha devuelto su dinero”, expuso un abogado especializado cercano al caso. “Creo que es un caso muy parecido al de la maestra Elba Esther (Gordillo), pero en doméstico”, sostuvo. En el caso local, podría derivar delitos como administración fraudulenta, fraude genérico y abuso de confianza por retención. Incluso podría caber en la figura de delincuencia organizada por el delito de fraude, debido a que tres o más personas han intervenido en estas actividades engañando a otros y aprovechándose de ellos. En cuanto al camino judicial, la primera fase podría ser el requerimiento de sus aportaciones y dividendos por la vía civil y, ante una respuesta negativa, el siguiente paso inmediato sería una denuncia penal por el posible delito de abuso de confianza por retención. En el caso de la responsabilidad penal, la justicia se enfocaría principalmente a los miembros del Consejo Directivo de la caja magisterial. Actualmente aparecen como titulares José Peñuelas Hermosillo como presidente, Antonio Manríquez como secretario, y Édgar Peñuelas Espinoza como Tesorero. En el proceso penal deberá esclarecerse contable y pericialmente qué pasó con esos 140 millones de pesos. Ocho denuncias contra Peñuelas En la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ya se e presentaron ocho denuncias que han generado tres carpetas de investigación contra José Peñuelas Hermosillo, fundador de la caja magisterial ASOMA, por la falta de recuperación de sus aportaciones por montos de 300 mil, 390 mil y un millón 600 mil pesos, según explicó el subprocurador de zona en Mexicali, Fernando Ramírez Amador. Hay tres denunciantes a quienes escamotearon un millón de pesos a cada uno. La primera acusación se presentó en septiembre 2013, otras dos, en febrero y abril de 2014. De la misma manera, ya se fijó fecha para la primera audiencia dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el jueves 7 de agosto. El funcionario aclaró que la medida judicial de embargar una de las cuentas de la caja magisterial, viene por decisión de un juez civil. “Estamos investigando todos los antecedentes para ver si se puede determinar si se trata de un hecho considerado como delito o no”, expuso Ramírez Amador, quien calcula, puedan ser hasta 150 los posibles futuros denunciantes. El subprocurador de zona en Mexicali refirió que dentro del procedimiento judicial, es factible acceder a los archivos contables y movimientos en las cuentas bancarias de la caja magisterial. En el resto de los municipios -donde aún no se implanta el Nuevo Sistema de Justicia Penal-, en caso de demandas similares en aquella zona, el Ministerio Publico puede asegurar inmediatamente las cuentas o lo que se tenga que asegurar, manifestó el funcionario.
Publicidad
