Cuentahiloz

TOMA. En varias ediciones, en esta columna se ha dedicado espacio a Rosa María Castañeda Guadiana, delegada estatal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), dependencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y es que era común verla utilizando el vehículo de gobierno en asuntos personales, como ir de compras, trasladarse a su domicilio, ir al mandado, recoger por las tardes a su bebé, dejar que terceras personas manejaran el pick-up Ranger de cuatro puertas con placas del Estado de México. Cada vez que por este motivo se habló de Lady Capufe, y en su caso Baby Capufe, se publicaron las fotografías en flagrancia. El caso es que hace días, desde la Ciudad de México a la funcionaria le dieron una orden junto con una regañada: no más carro. Según los testigos -empleados de la dependencia-, en su defensa la jefa argumentó no tener un automóvil de su propiedad. Pero no le bastó. Ahora, Rosa María tendrá que usar el vehículo oficial únicamente para asuntos de trabajo y horario de labores. O comprarse un carro propio, o andar en taxi como cualquier mortal. MUTIS. Rodolfo Olimpo Hernández Bojórquez, diputado local del Partido Encuentro Social, no lleva calentando ni un año su curul y ya ha confesado a sus allegados que aspira a ser candidato y legislador federal en las elecciones de 2015. Hernández vino de regidor a diputado, y tal como pasó desapercibido como edil en Tijuana, sus compañeros diagnostican el mismo síntoma de fatiga en el Congreso de Baja California.  El problema, afirman algunos legisladores, es que Hernández es el presidente de la Comisión de Fiscalización, cuya tarea es revisar que los presupuestos y el uso de los millones de pesos, se apeguen a la Ley. Callado, sin pronunciamientos y sin mucha actividad, Don Olimpo hace mutis y se inmortaliza en el silencio, ante los casos que cimbran al Estado en cuanto a desfalco y señalados fraudes. Quizá la diputación federal valga más. DENTISTA. Molesto por lo que dijo el procurador de los Derechos Humanos, Arnulfo de León Lavenant, uno de los aludidos, en lugar de reclamar en la PDH, se comunicó a ZETA. Y es que en la comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso, realizada el lunes 23 de junio de 2014, De León Lavenant admitió que al inicio de su administración, ex diputados le ofrecieron 2.5 millones de pesos para finiquitar personal, a cambio de meter a la nómina “a su gente”; y efectivamente, aseguró el procurador, lo hizo. Ahora que arrastra un quebranto financiero, el ombudsman reveló que las cantidades más elevadas en demandas laborales que debe la Procuraduría de los Derechos Humanos en Baja California, correspondían a esa gente acomodada desde los ex diputados que nunca cumplieron el trato de dinero. Por ello, los tuvo que despedir. Tema publicado en las páginas de la edición anterior de ZETA, bajo la cabeza “Confirma corrupción en la PDH”. En fin, Elizandro Correa Acevedo, odontólogo de profesión y hermano del ex diputado perredista Abraham Correa, es uno de los que mantienen una de las cantidades más altas por el laudo, según documentos proporcionados por el Congreso. Correa, el hermano, es por demás señalado por sus desertores de partido por negociar con el gobierno -y con quien se pueda- a cambio de espacios en nóminas y otras partidas. El caso es que el agraviado explicó y pidió se aclarara que él no fue parte de la negociación a la que el procurador hace mención. Que él ingresó a la PDH en 2007, casualmente cuando su hermano terminó su periodo como diputado, que fue despedido a la llegada de Arnulfo de León Lavenant y reinstalado desde hace tiempo como visitador adjunto. — Explíqueme qué hace un dentista en la procuración de los Derechos Humanos, para aclarar, ¿cómo fue que Usted entró ahí?, le pregunta quien escribe. Y Elizandro remató: “Pues… así… eso no le voy a decir, vaya a preguntárselo a la de recursos humanos”. Bueno, aclarado. O medio aclarado por parte del ofendido.