Acabar con la impunidad

No es la primera ocasión que un funcionario, municipal o estatal, comete una irregularidad, se aprovecha de su cargo para transar con los dineros públicos, y es mantenido en el cargo. Ahí están los casos de secretarios del Gobierno del Estado, que incluyen en la nómina a parientes, amigas y amigos, compadres; o los secretarios que conceden millonarios contratos a sus compas, ignorando a empresas tradicionales que concursan para ganar una licitación. O los municipales que eligen a hijos de periodistas o de cuates de otros partidos para cargos de alto nivel, sin tener la experiencia. Los casos de corrupción policíaca que abundan. Normalmente las irregularidades que afectan los dineros públicos, no son detectadas por los departamentos de Contraloría o Sindicatura, sino que son denunciados por los afectados, o por empleados de gobierno honestos que son testigos de las transas de otros. Recientes hay muchos casos. Antonio Valladolid entregando un millonario contrato a una empresa para la elaboración de placas, que ni tiene experiencia, ni tenía la maquinaria, mucho menos la infraestructura para cumplir con la encomienda, pero que fue favorecida por el titular de Finanzas del Estado. Luego también, las contrataciones del secretario de Desarrollo Social, Héctor Magaña, la no entrega de recursos a organizaciones de la sociedad civil por parte de este mismo panista, y la discrecional entrega de despensas también en esa dependencia. De la Comisión Estatal de Servicios Públicos han surgido muchas irregularidades. Dos, las más peligrosas. La infestación de mejillones en la Potabilizadora El Florido, que el director Alfonso Álvarez Juan intenta cubrir en lugar de erradicar, y la denuncia de un abogado de cómo el jurídico de esa Comisión, el ex subprocurador Fermín Gómez, le pidió el 50 por ciento del monto de una licitación que solicitó, a cambio de otorgársela a él. También los 40 millones de pesos que la administración de Francisco Vega de Lamadrid destinó en los primeros meses de 2014 para pagar por servicios profesionales a hombres y mujeres mayormente afiliados al PAN, por hacer análisis, trámites, manejo de expedientes, supervisión de obras. Como si no hubiese en el gobierno personal calificado, y en la nómina para desempeñar esas labores. En este caso, dentro del marco legal, pero cerca del contexto del abuso. En el XXI Ayuntamiento de Tijuana,  otro abogado denunció durante la semana anterior. David Rincón Rey, director de lo Contencioso de la Consejería Jurídica, que dirige Gerardo Herrera, cometió actos que causaron un daño económico a la ciudad, y beneficio a terceros. Contó el abogado Edmar Pérez, cómo Rincón se acercó a sus clientes, ex trabajadores que la emprendieron contra el Ayuntamiento, de donde los despidieron, y ganaron el juicio. Rincón debía pagar a los ex trabajadores una compensación, incluidos salarios caídos, por poco más de 300 mil pesos. Pero en lugar de ello, le explicó a uno de los trabajadores que tramitaría rápido su cheque si el procedimiento lo hacía con otro abogado, obvio uno recomendado por el propio Rincón, el cual le cobró el 40% de lo que la administración le entregaría. Le explicaron: 30% para el abogado, 10%  para Rincón y los funcionarios de la Consejería -eso le dijeron-. Cuando salió el cheque, el ex trabajador fue el único sorprendido. Un millón 600 mil pesos le dieron, del cual, le cobraron el 40% cuando lo acompañaron al banco a cambiar el documento. De esto se dio cuenta en un reportaje de ZETA, publicado el viernes 11 de julio. Al jueves 17 de julio, David Rincón Rey sigue laborando en el Ayuntamiento de Tijuana que encabeza el doctor Jorge Astiazarán. ¿Por qué una administración que se asume y se ha mantenido en la honestidad, la franqueza pública y el trabajo de calle, mantiene a un funcionario que a todas luces cometió ilícitos? No se sabe, lo que sí, es que en la Sindicatura Municipal que titula Arturo Ledesma, sí se está investigando. Por lo pronto, por delitos cometidos por servidores públicos: Cohecho.- “El servidor público, que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente dinero o cualquier otra dádiva, o acepte promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones”. Infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos.- “Al servidor público que por sí o por interpósita persona sustraiga, destruya u oculte información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso…”. También por enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. A como van los investigadores de Sindicatura, lo dela inhabilitación a David Rincón (aunque también son sujetos de investigación Gerardo Herrera y Leonardo Vicente Salas Guerrero) será el menor de sus problemas, pues se interpondrá una denuncia penal y una demanda civil por los daños causados al Ayuntamiento. Quizá el doctor Astiazarán no lo sabe, pero no es la primera ocasión que el abogado David Rincón comete una irregularidad, siendo el titular de la Consejería Jurídica el abogado Raúl Corona Sesma, en la administración de Jorge Ramos Hernández, despidió a Rincón, a quien había contratado como titular de lo Contencioso Administrativo de la Consejería, cuando se dieron cuenta que éste falsificó la firma de uno de sus superiores para favorecer a otro abogado, con una resolución en la cual le daban beneficios fiscales. Corona Sesma detectó el intento de fraude y, antes que Rincón lo cometiera, lo despidió para “acabar con la impunidad”. No es, pues, la primera vez que comete un ilícito “sin darse cuenta”. De hecho unos años después de ser despedido por el intento de fraude, Rincón concursó para magistrado supernumerario del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, y en su currículo anotó que había trabajado para la Consejería del 1 de diciembre de 2007 al 30 de noviembre de 2010, cuando Corona Sesma lo despidió tras falsificar la firma en junio de 2009. Todo un reincidente que sigue laborando para una nueva administración pública. Acabar con la impunidad, gobernador, alcaldes, solo se logra si se empieza desde dentro. De lo contrario, mantener a secretarios transas, aprovechados, funcionarios abusivos y defraudadores, los convierte en cómplices. Están a tiempo.