Transas en Registro Público de la Propiedad

Filtrados de manera anónima a ZETA, decenas de expedientes del Registro Público de la Propiedad y de Comercio en Ensenada, dan cuenta de trámites que fueron emitidos en tiempo récord desde las oficinas del RPPC en Mexicali, algunos de ellos sin referencias registrales que deberían aparecer. Los documentos forman parte de una serie de movimientos realizados entre los años 2013 y 2014, que de acuerdo al denunciante, fueron agilizados por empleados y personas cercanas a esta dependencia de gobierno, quienes a cambio de dinero por parte de los interesados (100 mil pesos por trámite en promedio), aceleraron su emisión. Esto dentro de una supuesta red de corrupción que iniciaba con un “coyote” afuera de las oficinas del Gobierno del Estado en Ensenada, de nombre Carlos Arista, que pasaba por el entonces titular de la oficina del RPPC en Ensenada, Antonio García Herrera, para terminar en Mexicali, con un funcionario que registraba los documentos en esa ciudad. Sin embargo, no existen evidencias sólidas que lo confirmen. Lo único evidente es el nombre de Sergio Iván Sandoval Nolasco, quien ahora se desempeña en el área jurídica del RPPC en Mexicali, y que aparece en estos documentos bajo la categoría de analista (o usuario) del sistema del RPPC, donde fueron capturados los expedientes, y es uno de los acusados por el denunciante anónimo, de formar parte de esta red de corrupción. Aun siendo gestiones que regularmente se harían en Ensenada, la totalidad de los documentos filtrados fueron tramitados en otra ciudad, ingresados y publicados el mismo día. “Solo son una parte de lo que está pasando, porque también están haciendo cosas similares desde Tijuana, y Tijuana es mucho más grande”, aseguró el delator. Entre los documentos que registró Sandoval Nolasco hay contratos de compraventa, cancelaciones de partidas y de gravámenes, declaración unilateral de voluntad, dación en pago, contrato de donación y actas de embargo, todas elaboradas por el propio funcionario, en un tiempo que difiere de lo que regularmente se toma el RPPC para trámites de esa naturaleza, a menos que se encuentre en fechas con poca carga de trabajo; y eso, a decir de los mismos empleados de esta dependencia, ocurre generalmente en diciembre. No obstante, los documentos aprobados en fast track por Sandoval, abarcan casi todos los meses de 2013, incluyendo enero, febrero y marzo de 2014. ZETA preguntó a la delegada del RPPC en Ensenada, Miriam Susarrey Medina, cuáles eran los tiempos que manejan regularmente para los trámites: “El código marca cinco días. Conforme al ISO nosotros tenemos el estándar a tres días, pero a veces dependiendo las cargas jurídicas, las cargas que tenemos de documentos, puede bajar la carga a dos días”, respondió. Cuestionada sobre cómo es posible que los trámites de Ensenada hechos en Mexicali sean inscritos el mismo día, la funcionaria comentó que se debía, posiblemente, a que en Mexicali hay más personal, lo que significa menos carga de trabajo, en comparación con esta ciudad. De acuerdo a Susarrey, cualquier persona de Ensenada puede realizar un trámite del RPPC en Mexicali. Misma explicación que dio el subdirector del Registro, David de la Rosa Anaya, quien afirma que los trámites inscritos en un mismo día por Sandoval Nolasco, fueron hechos directamente en Mexicali, que no pasaron ni fueron rechazados en una primera instancia en Ensenada, y que no encontró nada irregular en ellos. “Todos están amparados ante escritura pública, ante notario público”, aseguró el funcionario. Sin embargo, el denunciante refiere que estos expedientes sí cuentan con irregularidades. Contrario a lo que afirman tanto Susarrey como De la Rosa, advierte que los trámites de Ensenada se tienen que hacer en Ensenada. Menciona que, por ejemplo, toda compraventa en el RPPC, debe tener antecedentes de propiedad, y entre los documentos, incluyendo los autorizados por el funcionario adscrito a Mexicali, hay algunos que no lo tienen. Luego de múltiples consultas realizadas por ZETA en las bases de datos del RPPC, se pudo confirmar que existen diferencias entre los trámites regulares de compraventas recientes, y los documentos registrados por Sandoval Nolasco. En los contratos de compraventa registrados en el RPPC existen respaldos y referencias documentales de los primeros testimonios de las escrituras y/o de documentos que permiten rastrear el origen de la propiedad por cualquier interesado, sea un abogado siguiendo un caso, un juez, o alguien con interés en conocer el expediente público. “Sin respaldo ni antecedentes, los documentos no pueden ser inscribibles”, advierte el denunciante. Los documentos del predio frente a Juzgados Familiares Uno de los oficios registrados por Sandoval Nolasco, es el contrato de compraventa de la partida 525989, inscrito el 21 de junio de 2013. El documento omite una de esas referencias documentales en su hoja de inscripción. Cuando regularmente aparecen en la parte superior la categoría “escritura pública”, e incluye los datos de la misma, en éste no hay tal antecedente. El expediente es una compraventa de 9 millones 860 mil 660.20 pesos, entre el comprador Magaly Vilchis Hernández, y el vendedor Adán Guerra Juárez, de un predio de 19 mil 146.92 metros cuadrados en la colonia Carlos Pacheco, ubicado enfrente de una de las nuevas gasolineras Círculo K, y del edificio de los Juzgados Civiles y Familiares inaugurado por el gobernador del Estado este año, sobre la Avenida Pedro Loyola. En un procedimiento que el denunciante aseguró también fue irregular, el entonces titular del RPPC, Héctor Magaña Mosqueda, autorizó a través de la partida 5259831, el mismo 21 de julio de 2013, la cancelación de gravámenes para ese predio, luego de recibir una carta de Vilchis Corporativo Legal, firmada por Magaly Vilchis, la compradora, y su hermano Jorge Vilchis Hernández, en calidad de apoderado de Adán Guerra Juárez, y beneficiario del reconocimiento de adeudo. En la carta le solicitaban cancelar cuatro actas de embargo, y dos anotaciones preventivas. Sin otro respaldo documental en dicha partida, el funcionario del RPPC en Mexicali, Sergio Iván Sandoval, registró la cancelación de estos gravámenes, cuyo deudor aparece como Adán Guerra Juárez. Es decir, en un mismo día, luego de una carta de los hermanos Vilchis, recibida por Héctor Magaña en las oficinas del RPPC en Ensenada, fueron cancelados los gravámenes en Mexicali y se realizó la compraventa del mismo predio, de casi dos hectáreas, a favor de Magaly Vilchis. Según registros de Control Urbano en el Ayuntamiento de Ensenada, el adeudo de ese terreno se remontaba años atrás, y existían notificaciones emitidas por el gobierno local que hacían referencia a un rezago en el pago del Impuesto Predial. El trámite número 262417 de la Dirección de Catastro y Control Urbano, firmado por la anterior directora de esa dependencia, Lourdes Oliva Valdez (del XX Ayuntamiento), hacía ver que el lote de clave catastral FA-A30-035 no había pagado el Predial desde 1997. Contrario a los documentos tramitados en el RPPC en 2013 para este terreno, en Control Urbano del Ayuntamiento de Ensenada, el propietario del sitio no es Magaly Vilchis, sino Jorge Vilchis Hernández y/o Anallansi Taylor Paniagua. El gobierno municipal cuenta en sus expedientes con un contrato de compraventa del terreno, formalizado entre Magaly y Jorge Vilchis, y Anallansi Taylor, con fecha 12 de agosto de 2011. Un documento inexistente en el RPPC. Antes de eso, el 5 de enero de 2004, Magaly Vilchis había comprado ese terreno, de 19 mil 146.92 metros cuadrados, identificado como Fracción “A” del plano conocido como Anexo II de la Manzana 30 de la colonia Carlos Pacheco, a Adán Guerra Juárez con el expreso consentimiento de su esposa, la señora Alma Angelina Rodríguez. El 16 de diciembre de 2013, el funcionario del RPPC en Mexicali, Sergio Iván Sandoval, registró otros movimientos simultáneos en otro de los terrenos de esa zona, propiedad de Guerra Juárez, bajo la partida 5265219. Se trataba de una cancelación de gravámenes y de la compraventa entre Guerra como vendedor, y Jorge Vilchis como comprador, de la Fracción “E” del plano conocido como Anexo II de la Manzana 30. Un terreno contiguo al de la Fracción “A”, con una dimensión de 4 mil 940.994 metros cuadrados, y que fue comprado en 2 millones 801 mil 541.33 pesos. De este movimiento, el RPPC en Ensenada aparentemente tampoco revisó la documentación, pues no consideró que la señora Rodríguez de Guerra nunca dio su expreso consentimiento para la compraventa del predio (como sí lo hizo con la Fracción “A”), lo que lo haría no registrable. Irregularidad que ha llevado a la propia señora Rodríguez a contemplar una posible demanda. El predio de la Avenida Pedro Loyola es uno de una larga lista de casos recibidos en ZETA que fueron cotejados con el propio RPPC, entidad que, a su decir, no encontró ningún problema. Entre los documentos que llaman la atención del expediente, se encuentra un contrato de compraventa ad corpus, registrado en Mexicali por Sandoval Nolasco, tramitado también en un mismo día, el 16 de agosto de 2013, bajo la partida 5261595, donde Jaime Setién Rodríguez y María Guadalupe Ramírez Bonilla, representados por Claudia Zavala Valle, vendieron más de 4 mil 784 hectáreas a Grupo Condumex S.A. de C.V., una de las subsidiarias de Grupo Carso, propiedad de la familia de Carlos Slim Helú. De acuerdo al propio Grupo Carso, en uno de sus informes financieros, Grupo Condumex es la principal subsidiaria industrial de Carso, bajo la cual se concentra la manufactura, comercialización e instalación de productos y servicios para los mercados de la construcción, energía, industria automotriz y telecomunicaciones; así como la participación del grupo en los sectores ferroviario y minero. Dicho terreno se ubica en la parcela 200 Z-10P1/2, sin manzana, Confederación Nacional Campesina. Fue comprado en 20 millones 334 mil 886.94 pesos, cifra ligeramente mayor a la del avalúo, que era de 19 millones 927 mil 461 pesos. Ese no fue el único trámite de Ensenada que pasó a las oficinas de Mexicali y fue tramitado en tiempo récord por Sandoval Nolasco. Ese mismo día, este funcionario recibió y emitió otra compraventa ad corpus, ahora con los vendedores Juan de Dios Concha Malo, representado por Claudia Zavala Valle, al mismo Grupo Condumex. Bajo la partida 5261601, el RPPC de Ensenada, pero desde Mexicali, registró la compraventa de otras cuatro mil hectáreas a favor de Condumex, por un valor de 17 millones 65 mil 877.95 pesos, esto en la parcela 209 Z-10P1/2. La lista de trámites de Ensenada que se hicieron en Mexicali en un solo día continúa: cancelación de gravámenes por 895 mil 387.50 pesos el 23 de diciembre de 2013; un acta de embargo el 21 de febrero de 2014, de los derechos hereditarios que le corresponden o pudieran corresponder a Jovita Mary Zamarripa Torres, en un predio de San Vicente de 452 hectáreas; un contrato de donación de más de 80 hectáreas, tramitado el 5 de febrero de 2013, a favor de Bangladesh Antonio Rodríguez Peña en San Luis Gonzaga; una declaración unilateral de voluntad tramitada el 30 de octubre de 2013 (último día de gobierno de José Guadalupe Osuna Millán), donde Salvador García Valdez se registra como poseedor de un terreno de 104.8 hectáreas en Rancho Las Brisas, en el Valle de Camalú. García se hace poseedor de la misma forma y el mismo día, en otro trámite, de un terreno de 25 hectáreas en la colonia Militar del Valle de Camalú. Y en otro trámite, se hace poseedor de 25 hectáreas del lote 27. Y en otro más de 25 hectáreas, el mismo 30 de octubre, en el Lote 11 de la Colonia Militar. Luego se registra de la misma forma con más de 26 hectáreas de terreno con clave catastral VG-L76-191, lote 9, de la colonia Agrícola Militar en el Valle de Camalú, el 26 de diciembre de 2013. Ese mismo día, también se hace poseedor de la misma forma, del lote 6 de la misma colonia, en otro predio de más de 26 hectáreas. La inexistencia hasta el día de hoy de un sistema eficiente que permita intercambiar información entre el Filtraron decenas de expedientes a ZETA, los cuales muestran una serie de movimientos realizados entre 2013 y 2014 que presuntamente fueron agilizados por empleados -entre ellos Sergio Iván Sandoval Nolasco- del RPPC para favorecer a particulares. “Solo son una parte de lo que está pasando, porque también están haciendo cosas similares desde Tijuana, y Tijuana es mucho más grande”, aseguró el denunciante. Funcionarios de la dependencia no anunciaron medidas respecto a estos documentos y Control Urbano de la administración municipal sobre los predios y movimientos de propiedades en Ensenada, es caldo de cultivo para las irregularidades. Un problema aceptado tanto por el subdirector del RPPC, David de la Rosa Anaya, como por el director de Control Urbano del gobierno municipal, Gabriel Humberto Morales Ríos. Pese a un programa de modernización catastral en curso al interior del ayuntamiento, los proyectos anunciados a lo largo de la pasada administración municipal en convenio con Teléfonos del Noroeste (TELNOR), coincidentemente parte de Grupo Carso, aún no ven la luz. Y las irregularidades denunciadas apenas asoman. “La inexistencia, hasta el día de hoy de un sistema eficiente que permita intercambiar información entre el RPPC y Control Urbano del Gobierno Municipal sobre los predios y los movimientos de propiedades en Ensenada, es caldo de cultivo para las irregularidades. Un problema aceptado tanto por el subdirector del RPPC, de la Rosa Anaya, como por el director de Control Urbano del Gobierno Municipal, Gabriel Humberto Morales Ríos. Pese a un programa de modernización catastral en curso al interior del Ayuntamiento, los proyectos anunciados a lo largo de la pasada administración municipal en convenio con Teléfonos del Noroeste (TELNOR), coincidentemente parte del Grupo Carso, de Carlos Slim, aún no ven la luz. Y las irregularidades denunciadas apenas asoman. Mientras funcionarios en el área de Control Urbano al interior del Ayuntamiento de Ensenada, consideraron los expedientes filtrados a ZETA como una irregularidad “seria”, las autoridades del RPPC no anunciaron ninguna medida respecto a estos documentos. Para ellos, no hay nada raro.