Un poder sin límites, otorgado “de forma enunciativa, mas no limitativa”, es el que el Consejo de Administración de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) entrega a los directores generales de la dependencia para el ejercicio de su función, que en términos legales, se conoce como patente de corso. Pues dicha facultad le fue concedida el 4 de noviembre de 2013, cuando tomó posesión, a Alfonso Álvarez Juan, y desde entonces cuenta “con las más amplias facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial”, para hacer lo quiera de la CESPT. Luego por qué se quejan. Entre el fracaso del “Borrón y Cuenta Nueva”, la contratación de cobradoras externas para intentar recuperar lo perdido, los festejos que Álvarez le organiza a la primera dama o lo generoso que es con el gobernador Francisco Vega, el titular de la Comisión hace lo que le viene en gana. Desde avalar todo tipo de contratos de trabajo, conciliar y convenir asuntos contenciosos, hasta suscribir títulos de crédito, sin tener que pasar por el aval del consejo, porque de antemano ya tiene su aprobación. Sin embargo -reflexionó un abogado a DICHOZ-, este poder absoluto, dado a los directores de CESPT, se contrapone a lo que marca el Artículo 13 de la Ley de Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California, sobre el cual son facultados. Éste determina que la potestad conferida, la debe dar el Consejo de Administración para determinado acto, del cual deben tener conocimiento tanto el gobernador, como el resto de los integrantes del consejo (representantes de la iniciativa privada y ciudadanos, presidentes municipales, secretario de Finanzas y de Obras Públicas del Estado). Pero al igual que a su antecesor Hernando Durán, ahora inhabilitado y contra quien el Estado de Baja California sigue un procedimiento administrativo por pagos indebidos que suman alrededor de 3 millones de pesos, Álvarez Juan posee un poder amplio, sin límites. Por eso, dice el abogado, si el Estado quiere poner orden en la CESPT, debe comenzar por limitarse a lo que marca la Ley sobre las facultades de quien está al frente de la dependencia, de esa manera se podrían evitar procesos administrativos como el que ahora ejecuta contra Hernando Durán. Sencillo, ¿no?
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