Desde la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, hasta Autotransportes Calfia, llegó la solicitud del registro del Sindicato Estatal del Volante del Estado de Baja California (SETRAVO), conformado por 21 choferes de esa empresa, quienes buscan su separación del sindicato actual. El documento no solamente dejó sin empleo a los solicitantes, también los convirtió en víctimas de amenazas y hostigamientos para que desistan de su intención y se reagrupen a la organización gremial, a la cual pertenecían “obligados”. La empresa niega los despidos. Las sospechas de los afectados, señalan la relación entre Grupo Calfia, la secretaria de Trabajo, Juanita Pérez, y los priistas encabezados por Jorge Hank. El emporio transportista, instaurado por el finado Gregorio Barreto, se identificó siempre con el Partido Revolucionario Institucional, en particular con los cercanos del ex alcalde, cabeza de Grupo Caliente. Del lado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno del Estado -de la cual depende la Junta de Conciliación y Arbitraje-, su titular, Juanita Pérez Floriano, es una de las mujeres identificadas con mayor cercanía al grupo Hank. La hoy funcionaria fue una de las encargadas de recaudar firmas para que Hank saliera libre después de ser detenido por el Ejército y recluido en el CERESO “El Hongo”, bajo acusación por acopio de armas en junio de 2011. Por su parte, antes de convertirse en presidente de la Junta, Arturo Méndez Preciado laboraba para Grupo Caliente, propiedad de Jorge Hank. De ahí la sospecha de los que intentaron crear un nuevo sindicato: “En la oficina del Consejo de Administración de Calfia existe el documento, lo que quiere decir que en la Junta de Conciliación y Arbitraje, les otorgaron copia de estos documentos, se los filtraron”, asegura Juan Orozco, quien busca ser el secretario general del nuevo sindicato. Al respecto, el titular de la Junta, Arturo Méndez, niega que el documento haya salido de sus oficinas. “A través de la Ley de Transparencia, se pueden hacer públicos los registros de los sindicatos y contratos colectivos. Al margen de que pudiera sacarlo cualquier persona, no se los dimos porque no me lo han pedido. En el momento en que me lo pidan, se lo voy a dar”, explica. Sindicato no reconocido El 18 de febrero de 2014, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, selló de recibida la solicitud de registro del SETRAVO. Ésta incluía convocatoria, copia del acta constitutiva, lista de asistencia, padrón de socios, actas de asamblea en que fue elegida la directiva y copias de los estatutos, así como de las identificaciones de los agremiados. Sin obtener respuesta, el 22 de abril, el grupo solicitó su resolución ante la Junta, la cual en teoría, se debería recibir dentro de 60 días naturales. El oficio -según el Artículo 758 de la Ley Federal del Trabajo- tiene un plazo de tres días de contestación, pero tampoco obtuvieron notificación. Este procedimiento se repitió el 6 de mayo, el resultado fue el mismo. Entonces, el sábado 24 de mayo presentaron una queja formal ante el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y la Junta de Conciliación y Arbitraje. Respecto al trámite, Arturo Méndez detalla que los trabajadores simplemente no cumplieron con los documentos requeridos. “Deben acreditar que son trabajadores activos de una empresa, por ejemplo, un recibo de nómina, alta de seguro social o una credencial de la empresa”. Y es que solamente tres de los trabajadores mostraron su credencial de pertenencia a Calfia, el resto presentó su credencial de elector, pero argumentan que tales credenciales no les fueron solicitadas en su momento. En cuanto a los tiempos de respuesta, Méndez Preciado refiere su carga de trabajo. En un año, procesan 12 mil expedientes, por ejemplo. Además, en cuanto a la conformación de organismos gremiales, “somos muy meticulosos para revisar los requisitos, no es en automático”. Sobre la filtración de los documentos hasta las oficinas de Calfia, el presidente de la Junta sostiene: “No es documentación confidencial, es un documento público porque la reforma a la Ley Federal del Trabajo, estableció la publicidad de los contratos colectivos de trabajo y los registros sindicales”. “Me firmas la renuncia al sindicato o te quedas sin trabajo” El grupo de 21 ex trabajadores -con hasta 20 años de antigüedad- fueron en su mayoría despedidos el jueves 22 y viernes 23 de mayo. Uno de los choferes relata: Fernando Madera (secretario general del sindicato de Calfia) y Juan Barreto (gerente de la empresa) le llamaron a la oficina del Consejo Administrativo para decirle “aquí sabemos que andas metido en otro sindicato, si no firmas el papel (de renuncia), no puedes trabajar”. Juan Orozco Gómez, quien busca ser secretario general de SETRAVO, confía a ZETA: “Era urgente organizarnos para hacer este sindicato, porque estamos hartos”. Al igual que sus compañeros, Orozco Gómez denuncia que el sindicato actual, dirigido por Fernando Madera Rodríguez, más que beneficiar a los trabajadores, los perjudica porque mantiene una relación más cercana con la empresa transportista que con ellos. “Le estamos pidiendo al señor que nos rinda cuentas como integrantes, porque tiene 19 años en el sindicato, no ha hecho sesiones ni ha informado sobre el destino de los recursos que adquiere el sindicato”, afirma. Llamadas telefónicas, visitas a los hogares de los trabajadores, son parte de los hostigamientos que denuncian los ex empleados. “Si les dices que no firmarás para unirte al sindicato de ellos, te dicen ‘atente a las consecuencias’, y nos amenazan con golpizas”, señala uno más de los afectados. “He oído rumores” Después de la muerte del director de Calfia, Gregorio Barreto, ocurrida en 2012, Arturo Aguirre fue elegido para tomar su lugar. Sin embargo, en diciembre de 2013 fue aprobado por Cabildo como delegado de La Presa, y desde entonces, solicitó un permiso ante la empresa transportista para ausentarse de sus funciones. A cargo de Calfia quedó Genaro Alfaro, quien entrevistado, negó cualquier despido y aseguró que de sus mil 200 choferes, ninguno fue despedido en las fechas señaladas anteriormente. “En todo caso, nos llegarían los emplazamientos de demandas por despidos, pero lo ignoro completamente”, sostuvo. Asegura solamente haber “oído rumores de la formación de un nuevo sindicato”, pero considera que es un asunto que no corresponde a la empresa, sino al sindicato actual. El amparo Los 26 afectados, quienes recibieron la negativa de su registro, presentaron el jueves 22 de mayo de 2014 una demanda de amparo, la cual fue recibida en el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en Tijuana. En el recurso legal, se demanda a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, “por la abstención de expedir la constancia de registro sindical, y por ello, la omisión de expedir el toma de nota respectivo”. Arturo Méndez, titular de la Junta, responde que no ha recibido notificación alguna de amparo, pero afirma, “es el único recurso que tienen para que se les otorgue el sindicato”. Agrega que la última palabra es la del Juez de Distrito, “si el juez me ordena, se lo doy”. De acuerdo al funcionario, desde su llegada en noviembre de 2013, ha recibido tres solicitudes de registro de sindicato, pero ninguna ha sido otorgada. “Cualquier grupo de trabajadores que reúna los requisitos, se les va a otorgar su sindicato, pero no es en automático, porque es el nacimiento de una persona moral”, concluye.
Niegan registro a sindicato; denuncian favoritismo en Secretaría de Trabajo
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