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lunes, septiembre 30, 2024
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Negligencia en IMSS consume a Camerik

Cuando contaba con escasos tres meses de edad, el pequeño Camerik Zwittag, domiciliado en Mexicali, fue mal diagnosticado con valvas uretrales, malformación en la uretra que impide orinar, esto por el médico Armando Bustos Moya, quien dictaminó necesaria una intervención quirúrgica que él mismo realizó en la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tijuana, el 27 de enero de 2004. Más allá de las simpatías o antipatías que generan sus padres, y que han sido usadas por la autoridad durante años para descreditar la lucha por los derechos a la salud del menor, Camerik hoy tiene 11 años y una vida difícil de sobrevivir. Tras 16 cirugías, su cuerpo se degenera a diario, no puede valerse por sí solo, orina por el estómago y está perdiendo el riñón donado por su papá. Sus progenitores, Carlos Zwittag y América Samaniego, recuerdan que aun después de la cirugía, Camerik seguía presentando los mismos malestares por los cuales se había buscado el diagnóstico inicial. En agosto de 2004 -seis meses después de la primera operación-, el doctor Bustos ordenó se le practicaran estudios al niño, los cuales arrojaron un riñón seco e inservible, y otro que funcionaba con hidronefrosis, inflamado. Pasaron otros seis meses para que en febrero de 2005, remitieran a Camerik  al Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS en Guadalajara -en Baja California no tenían lo necesario para atenderlo-. Para que esto sucediera, el padre, Carlos Zwittag, debió presentar una denuncia ante el Ministerio Público contra Armando Bustos Moya, por el delito de negligencia médica. El matrimonio Zwittag Samaniego viajó a Guadalajara cada dos o tres meses durante un año y medio, para que el nefrólogo Simón Ojeda hiciera una revisión periódica de la evolución médica del menor. Con solo un riñón en funcionamiento, Ojeda pronosticó un cuadro clínico de insuficiencia renal progresiva terminal, por lo que sería necesario un trasplante. Sobre esta situación, los padres de Camerik sostienen que Ojeda les ofreció realizar el trasplante en su clínica privada por la cantidad de 35 mil dólares, advirtiendo que esperar a que el IMSS autorizara y agendara la intervención, podría costarle la vida al infante. El matrimonio optó por esperar, hasta que el 19 de enero de 2010, Carlos Zwittag donó uno de sus riñones a su hijo, en ese entonces de tres años de edad. Ese mismo año, a Camerik se le extirpó el apéndice para usarlo como conducto para que orinara a través del ombligo, tras diagnosticarle vejiga neurogénica (incontinencia o retención urinaria) en la Clínica 1 de Tijuana. La cirugía anticipada para evitar llegar a diálisis o hemodiálisis, realizada en el Centro Médico Siglo XXI del IMSS, costó al matrimonio Zwittag Samaniego alrededor de 450 mil pesos (traslado y estadía) en la Ciudad de México. Con anterioridad al trasplante renal, a Camerik se le habían practicado cuatro cirugías. Posterior a esto y debido a una serie de complicaciones, se le realizaron 12 intervenciones quirúrgicas. Tras estas complicaciones, el matrimonio interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2010, por lo que hubo la presencia de peritos médicos de CNDH en las últimas de sus operaciones. La Comisión emitió la recomendación 19/2012 el 17 de mayo de 2012, dictaminando que Camerik nunca había padecido de valvas uretrales, al no existir remanentes o cicatrizaciones por la fulguración de las mismas. De esta manera, el diagnóstico emitido por el médico Bustos Moya fue errado, derivando en una intervención quirúrgica que Camerik no requería, de la cual resultaron otras complicaciones y patologías que a lo largo de los años, degeneraron el estado físico y de salud del menor. En la recomendación que CNDH remitió a la Dirección General del IMSS, se señalan varias omisiones por parte de distintos médicos adscritos a esta institución, las cuales impidieron dar un correcto diagnóstico sobre el estado de salud de Camerik, por lo tanto, violentaron su derecho a la salud. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó al IMSS indemnizar a Camerik y sus padres, además de proporcionarle la atención médica requerida de manera vitalicia, y colaborar con las investigaciones surgidas de la denuncia presentada por Carlos Zwittag en 2005. Los padres de Camerik reconocen que por parte de IMSS sí existió la indemnización correspondiente, cercana a los 22 mil salarios mínimos (considerando el salario mínimo vigente en 2012), equivalentes a un millón 371 mil 260 pesos. Sin embargo, el daño hecho a la salud de Camerik es irreversible e incluso degenerativo, por lo que su estado no ha hecho más que empeorar. Según refieren los padres del menor, actualmente el IMSS ya no cuenta con los recursos ni la infraestructura para atenderlo, por eso están subrogando el servicio con distintas clínicas de Mexicali, pero la salud de su hijo sigue en detrimento. Camerik está inscrito en el Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, entidad que lo canalizó al Rady’s Children Hospital de San Diego, California. Los padres comentan que los médicos especializados en Estados Unidos, les explicaron que para una nueva intervención quirúrgica se necesita de una biopsia con un costo de 22 mil dólares, solo para conocer la condición del riñón trasplantado en 2010. Ellos están buscando que legalmente, el IMSS cubra esos gastos y los que resulten del tratamiento después del diagnóstico en la Unión Americana, como se hizo con los niños de la guardería ABC, de Sonora, que fueron trasladados al país vecino. El licenciado Cuauhtémoc Castilla, abogado de los Zwittag Samaniego, explicó que las actuales pretensiones de los padres de Camerik son: * Consignar la averiguación previa por los delitos de responsabilidad medica técnica y lesiones graves que ponen en peligro la vida. * Obligar al médico Armando Bustos Moya, a reparar los daños causados en lo que corresponde. * Retirar la licencia y privar de la libertad a Bustos Moya. * Que el Instituto Mexicano del Seguro Social subrogue la atención médica a Estados Unidos. Los daños Camerik es un niño de 10 años con una estatura menor al promedio de su misma edad. Orina a través de su ombligo y, de acuerdo a sus padres, como efecto secundario de los casi veinte medicamentos que toma al día, se ha visto afectado en su visión, por lo que requiere del uso de lentes para leer. En cualquier momento podría mostrar rechazo al riñón implantado, mismo al que el IMSS le dio tres años de vida útil y que vencieron en 2013. Carlos Zwittag, quien es policía municipal en Mexicali, enfrenta una incapacidad por “depresión mayor”, por la cual recibe alrededor del 80 por ciento de su sueldo y que terminará en febrero de 2015, y puede ser revalorada para ser definitiva. Por esa misma depresión, tiene la prohibición de portar el arma reglamentaria. Mientras que su esposa Angélica no ha vuelto a trabajar desde que se presentó el diagnóstico inicial de valvas uretrales a Camerik. El matrimonio Zwittag asegura que se han visto menoscabados por la prensa mexicalense, la cual los acusa de aprovecharse de la enfermedad de su hijo para hacer su modus vivendi, al comprar (con 1.3 millones de pesos de la indemnización) un departamento en la Ciudad de México y una camioneta nueva, lo cual efectivamente hicieron: un departamento a ocho  cuadras de la clínica Siglo XXI, para tener un lugar donde residir cuando es necesario el traslado de Camerik a la capital del país, y un vehículo adecuado para cuando sea urgente ir a la Clínica 1 en Tijuana, o algún hospital privado en San Diego o Los Ángeles, California. El abogado de los Zwittag Samaniego detalló que al momento de buscar la ampliación de la denuncia penal de 2005, la Procuraduría General de la República pretendió -sin justificación legal- notificar a Carlos Zwittag del no ejercicio de la acción penal y la consulta de archivo, dándole un término de 15 días para presentar un recurso contra esta determinación, tomándose el término en días naturales. El licenciado Cuauhtémoc Castilla considera que el matrimonio está siendo privado de sus derechos fundamentales como víctimas, al negarles la oportunidad de ofrecer pruebas y coadyuvar con el Ministerio Público en la averiguación previa, la cual no ha avanzado. De ahí la exigencia de que se consigne la misma. En caso de que esto no suceda, se buscará el amparo directo contra la determinación judicial de no ejercicio de la acción penal. ZETA buscó la versión de la delegación del IMSS respecto al proceso legal y las peticiones de la familia Zwittag. La primera respuesta fue que el delegado Alcides Beltrones estaba en la Ciudad de México, pero Alfredo Comparan, jefe de Servicios Médicos, daría la atención, y después informaron que este último también había salido a la capital del país. Por su parte, Martina Martínez, encargada del área de Comunicación Social del IMSS en Baja California, explicó que efectivamente, el Instituto  ya indemnizó a Camerik y a sus padres, lo mismo que adquirió el compromiso moral de proveerle de los medicamentos, insumos y atención que pueda requerir, “… mientras las exigencias no sean exorbitantes”. También, comentó que en Mexicali los Zwittag Samaniego no cuentan con una opinión pública favorable. “Cada crisis que presenta el menor retoman el caso, piden indemnización y vuelven a demandar… viven de explotar la situación de su hijo”. Según la funcionaria, el ofrecimiento del IMSS es practicarle a Camerik todos los estudios que requiera en las clínicas de Baja California, y afirmó que sus padres se presentaron recientemente exigiendo 100 mil dólares para la realización de estudios en consultorios privados en San Diego. “Por normatividad, no se puede dar una cantidad de dinero”, especificó Martínez. Contactado por ZETA telefónicamente, el urólogo pediatra Armando Bustos Moya accedió en primer término a dar su versión de los hechos a través de una entrevista, oportunidad que posteriormente declinaría por recomendación de la delegación estatal del IMSS, con la indicación de que un medio impreso no es el tribunal adecuado para ventilar este tipo de demandas contra personal del Instituto (Bustos ya está jubilado del servicio público) y que no se daría al caso una mayor relevancia de la que tiene. Como impresión personal, Bustos Moya mencionó que el padecimiento de Camerik es algo difícil de diagnosticar, y que para el momento en que se detectó, el menor ya presentaba insuficiencia renal. Mencionó también que los padres han encontrado una manera de vivir, enarbolando la enfermedad que padece su hijo.

Autor(a)

Redacción Zeta
Redacción Zeta
Redacción de www.zetatijuana.com
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