Así lo percibe el ciudadano que conduce un vehículo, según testimonio de una persona que me pide que lo exponga en el Semanario ZETA. Manifiesta que el reglamento con sus lagunas, da pie a la corrupción y que lo obsoleto lastime los derechos humanos del ciudadano en alta escala. Explica el afectado que hace 15 días tuvo un accidente en la Vía Rápida, donde atropelló a un indigente drogado. Él, como respetuoso del dolor humano se paró, estacionó su vehículo para atender al lesionado, llamó al 066 para solicitar ayuda. Llegó el perito, levantó el parte donde quedó claro que el peatón drogado se atravesó imprudentemente; el conductor del vehículo fue turnado al Ministerio Público y su vehículo remolcado. Aquí empezó el calvario y viacrucis para el ciudadano cumplido, que no quiso darse a la fuga para cumplir con una responsabilidad moral. En el Ministerio Público transcurrieron 24 horas con el cumplido ciudadano detenido, su familia contrató a un abogado, a éste le pidieron 6 mil pesos para agilizar el trámite del parte y que pudiera salir antes de las 72 horas. Esto es corrupción. Se pagó el dinero y de inmediato salió libre, pasó con el Juez y éste le dijo que pasara al hospital donde estaba el lesionado para que le otorgara el perdón. El afectado se “encabrita” y le dice al Juez: “…señor, disculpe, pero el afectado soy yo. ¿Cuál perdón necesito? Conozco todos mis derechos en este caso”. El Juez lo absuelve (se sospecha que probablemente quería una lana). Aquí no se dio nada. Fue a Seguridad Pública por la devolución de su vehículo, pero querían que pagara la multa y el arrastre de la grúa; se requete-encabrita y les manifiesta: “el parte me absuelve porque dice que yo no soy el responsable”. Con sus alegatos (que fueron contundentes y están muy claros en el reglamento) logra el afectado que no le cobren la multa, ni el arrastre de la grúa. Me manifiesta el afectado, que ya de inmediato se requiere que el reglamento y la ley sean más claros y específicos, en los accidentes donde el conductor atropelle por culpa del ciudadano que se cruza imprudentemente en las calles y más cuando es una vía rápida, como por ejemplo, el arraigo domiciliario que el mismo perito o juez municipal puede otorgar al automovilista que atropelló por imprudencia del peatón. Manifiesta el afectado automovilista, que por estas causas de reglamentos y leyes obsoletas, la mayoría de los automovilistas que atropellan se dan a la fuga, porque si te descuidas y no te sabes defender, el policía de tránsito y el Ministerio Público, sin ser culpable de un atropellamiento de una persona hasta a la penitenciaría te andan mandando. Aquí está claro, éste es un llamado para los señores diputados y regidores, que deben de proponer y legislar una ley que se adecue a la realidad que vivimos los ciudadanos de Tijuana. Los que manejamos un vehículo, estamos en constante riesgo de convertirnos en huéspedes de la cárcel, por culpa de miles de indigentes borrachos y drogadictos que se atraviesan en los bulevares y vías rápidas de la ciudad de Tijuana; que nuestros legisladores aprueben leyes para proteger a la sociedad de bien en estos casos, que recuerden nuestros diputados y regidores que nosotros ya cumplimos con llevarlos al poder, ahora a ellos les corresponde cumplirles a los ciudadanos con leyes y reglamentos que nos protejan. Aquí les dejo la tarea, señores legisladores. Servido, amigo Víctor. Ramón Rosendo Otáñez Sánchez Correo: [email protected]
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