Ex alcaldes en la impunidad

Un órgano de fiscalización ignorado, una Contraloría del Estado que delega a las sindicaturas la responsabilidad de sancionar –sin que éstas den cuenta de resultados contundentes–, resume la vigilancia y cuidado que se tiene de los recursos públicos. Documentadas anomalías de administraciones estatales, municipales y paramunicipales, difícilmente fincan responsabilidad a funcionarios involucrados en ellas. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California se dice maniatado para ir más allá de una simple observación y tropieza en los errores que le corresponde delatar, lo que lo tiene bajo investigación. La contraloría estatal se escuda en lagunas legales para avalar cuentas públicas, entre ellas una de las más cuestionadas, la de 2012 del Ayuntamiento de Tijuana. Cada año, el Órgano Fiscalizador documenta más de 500 observaciones, como resultado del 50 por ciento de las cuentas públicas que en forma aleatoria revisa. Pero a excepción de las dos denuncias penales presentadas en marzo por la Sindicatura de Ensenada contra el ex alcalde Enrique Pelayo y tres funcionarios de su administración, por presuntos delitos de abuso de autoridad, coalición de funcionarios, negociaciones ilícitas y tráfico de influencias en la venta de dos terrenos municipales en favor del yerno de Pelayo Torres, no hay más casos judicializados. Un lastre que no justifica lo caros que resultan los órganos fiscalizadores, 160 millones de pesos al año para el ORFIS, más de 66 millones para la Contraloría del Estado, además de los recursos asignados a las sindicaturas municipales. Observaciones y omisiones Para la diputada Rosalba López Regalado, la aprobación de la cuenta pública de Tijuana correspondiente al periodo fiscal de 2012, es ejemplo de la irresponsabilidad en la que incurre la Contraloría del Estado. Sin pasar por la revisión del ORFIS, el ejercicio que ese año realizó el ex alcalde Carlos Bustamante Anchondo, fue aprobado por la XX Legislatura del Congreso del Estado, copiando y pegando, burdamente, las observaciones remitidas por el órgano de fiscalización en 2011, duplicándolas para 2012. Fue precisamente durante 2012 cuando la administración bustamantista más convenios de desincorporación de predios del dominio público al privado realizó, y en 2011 registró del Órgano de Fiscalización Superior 150 observaciones que no respondió a tiempo. Entre ellas los contratos con Sola Basic por las luminarias con un menoscabo para el erario de 140 millones de pesos, y el de Global Corporation, renovación de convenio para operación de cámaras de vigilancia. Además un daño patrimonial por 12 millones de pesos por la demolición de la antigua comandancia de policía de la calle Ocho; y el manejo irregular de 1.5 millones de pesos provenientes de fondos federales destinados a obra social. En el ejercicio de 2013, aún en revisión, se prevé queden enlistadas las irregularidades cometidas en el último año de Bustamante: permisos para carteleras que se auto adjudicó, permisos para instalación de un casino y un bar en el hotel de su propiedad, así como bases otorgadas a sus asistentes, entre otras. Arturo Ledesma, Síndico tijuanense, asegura que las observaciones pendientes de los ejercicios de 2009 al 2012, y las irregularidades detectadas en el 2013, se encuentran en proceso. Denuncia penal contra Pelayo En Ensenada, derivada de las observaciones en el manejo del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Ensenada (FIDUE) y de irregularidades en los recursos del Ramo 33, Enrique Pelayo Torres enfrenta dos denuncias penales. También involucrados, Guadalupe Beltrán Rocha, ex tesorera; María Elena Espinoza, ex directora de programación y presupuesto, y el yerno de Pelayo, Javier Nájera Robles. El martes 10 de junio de 2014 los señalados presentaron su declaración por escrito, en la averiguación que se integra por la denuncia penal presentada por el actual síndico de Ensenada, Iván Barbosa. Pelayo es señalado de enajenar, siendo alcalde, predios ubicados en Maneadero y en Villas Residencial del Rey, propiedad del FIDUE a su yerno, así como de uso indebido de 210 millones de pesos de fondos del Ramo 33. Trabajos estimados y no ejecutados por 1 millón 233 mil pesos, de un contrato signado en 2010 con la constructora Payán Martínez y Asociados S.A. de C.V., adjudicado por un total de 22 millones 844 mil 271 pesos, relativo a la tercera etapa de la construcción del edificio municipal. Urbalejo y sus negocios con Hank Al Ayuntamiento de Tecate el ORFIS observó en 2012, que el gobierno de Javier Urbalejo celebró contrato con la empresa Hipódromo de Agua Caliente S.A. de C.V., de Jorge Hank, por concepto de servicios de vigilancia policiaca, con elementos armados, cobrando una tarifa de 7 y 9 veces el salario mínimo general por turno diurno y nocturno, sin que el municipio tenga establecido el cobro de elementos armados, ni un tabulador autorizado. Esta irregularidad, sumada a la opacidad en el manejo de 7 millones 986 mil pesos por concepto de impuesto al Fomento Deportivo, de los cuales solo destinó 2 millones 457 mil  pesos al Instituto Municipal del Deporte, son parte de las anomalías que la Sindicatura de Tecate tendría que estar investigando. A esas observaciones se añaden conflictos de interés del personal municipal operativo y mando medio, con proveedores y contratistas, correspondiente a la obra ampliación y mejoramiento de la Comandancia de Seguridad Pública Municipal, así como en obras de desarrollo urbano ejecutadas durante el ejercicio de 2012 por contratistas como Óscar Arnoldo Esparza Flores y la empresa Varconstruye S.A. de C.V. Tampoco dio cuenta del Impuesto Sobre la Renta ni del Impuesto al Valor Agregado, ambos retenidos y no enterados, por un monto de 12 millones 922 mil pesos. Además la concesión otorgada en mayo de 2012 a la empresa Servicio de Transporte de Personal, con vigencia de cinco a diez años, de la que no cobró derechos de expedición, además que la autorización la dio sin que la empresa documentara pólizas de seguro para protección de los usuarios y contra daños a terceros. Mexicali, permutas irregulares El ORFIS detectó pagos en exceso en la construcción del Corredor trocal línea exprés-1 –obra en la que además se observó mala calidad en su ejecución–, ampliación y rehabilitación del campo de fútbol Necaxa, Unidad deportiva El Cóndor y Centro de Educación Ambiental Mexicali. No encontró evidencia ni documental ni física de la construcción de tres obras por las que el municipio de Mexicali dio en permuta cuatro predios a favor de la empresa Ingeniería y obras S.A. de C.V., a cambio de que efectuara las siguientes obras: Área deportiva y centro comunitario del desarrollo urbano Centenario 2, caseta de policía en la tercera etapa del fraccionamiento Finca Los Jazmines y la construcción de 2 carriles y guarniciones en camellón del Boulevard Anáhuac –tramo del dren Wisteria a calle gobernador.  Retienen cuotas pero no pagan a ISSSTECALI Una deuda por 213 millones 137 mil 277 pesos, en cuotas y aportaciones no pagadas desde la segunda catorcena de julio de 2011 a la primera catorcena de marzo de 2012 a ISSSTECALI, fue reconocida por el municipio de Mexicali en un convenio celebrado con el instituto el 23 de marzo de 2012. Al celebrarse el contrato, el instituto condonó el 20 por ciento de los recargos,  comprometiéndose el municipio a pagar el resto de la deuda así: Un anticipo de 42 millones 627 mil 455 pesos a la firma del acuerdo, una dación en pago de diversos bienes inmuebles por la cantidad de 50 millones 345 mil 123 pesos. El resto, 117 millones 471 mil 955 pesos sería cubierto oportunamente del 30 de abril de 2012 al 31 de agosto de 2013, en 17 mensualidades de 6 millones 910 mil 115 pesos. El municipio solo cumplió con el pago de cuatro mensualidades. Mientras el adeudo de Mexicali con el instituto es por el orden de los 111 millones 886 mil 378 pesos, tal cantidad sí le fue descontada en cuotas a los trabajadores y no reportada. Adjudicaciones directas en Rosarito Playas de Rosarito no es la excepción en cuanto a anomalías observadas; la administración de Javier Robles omitió presentar al Congreso del Estado las 16 justificaciones y/o aclaraciones que motivaron las modificaciones presupuestales realizadas en el ejercicio de 2011. En 2011 adjudicación directa y no licitación  pública de la ampliación de la carretera libre Tijuana-Rosarito por un importe de 7 millones 501 mil pesos, obra en la que se registró pago en exceso; la no regularización de bienes inmuebles dados en donación de 25 fraccionamientos por un monto aproximado a 365 millones de pesos. Diversas obras de montos de más de un millón de pesos cada una, se adjudicaron a la empresa VilobiCorp México, S.A. de C.V., cuya propuesta no fue la más económica. Entre las irregularidades: que la empresa no realizó los cálculos correctos del financiamiento, así como pagos en exceso en obras como el malecón y el cajón pluvial de Zona Centro, obras bajo la supervisión de la Promotora para el Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR). Sin resultado No obstante al cúmulo de observaciones, el auditor superior de fiscalización, Manuel Montenegro, se dice incapaz de emitir una sanción, “eso corresponde aprobarlo a la Contraloría Estatal”. Aún aprobado por la contraloría, finalmente son las sindicaturas las encargadas de dar seguimiento para que se finque responsabilidad, “algo que se observa lento y con pocos resultados”, opinó la diputada Rosalba López Regalado, quien promueve una iniciativa que evite que las cuentas públicas sean aprobadas, si no cuentan con las opinión del ORFIS. “Debemos evitar que por cuestiones políticas los mismos diputados metan goles y avalen irregularidades, como sucedió con la cuenta pública de Tijuana de 2012”, señaló. El regidor de Tijuana, Felipe Ledezma Gil, consideró que el titular del ORFIS evade su responsabilidad fiscalizadora, al no dar seguimiento a la solicitud de auditoría de gestión que le fue remitida en diciembre de 2013 por el municipio de Tijuana, para la revisión del contrato signado por la administración de Carlos Bustamante con la empresa Sola Basic, para la sustitución de 64 mil luminarias, mientras el diputado Mario Osuna, demandó al ORFIS un informe pormenorizado de las cuentas públicas sin solventar, con el fin de prevenir situaciones en la que se pudiera dar un daño patrimonial. Un millón de pesos cobra GEN por almacenar luminarias Un pago de más de un millón de pesos, es el que requiere Grupo GEN por el almacenamiento de las lámparas de alumbrado público que fueron retiradas durante la administración de Carlos Bustamante. Sin dar cuenta de qué hizo con el material extraído de las bombillas con un valor comercial en el mercado del reciclaje, la empresa ahora requiere el pago por el tiempo que ha almacenado los desechos carentes de valía alguno, informó el regidor Luis Felipe Ledezma Gil. Previo a concluir el XX Ayuntamiento, en noviembre de 2013, el Municipio signó un contrato de adjudicación directa a la compañía Reciclajes Ecológicos de Residuos, S.A. de C.V., mejor conocida como Grupo GEN, para que se encargara del manejo de desechos, recuperación y clasificación de materiales reciclables, sin incluir el almacenamiento. Del producto del reaprovechamiento nada se sabe, y las lámparas en cuestión terminaron en el área de reciclado del basurero que Grupo GEN opera en Valle de Las Palmas. Sin mercurio, cobre ni cables, y solo con aluminio de menor calidad, las lámparas se ubican a la intemperie del basurero de Valle de Las Palmas, “de esa acción alguien debe responder”, anotó Ledezma Gil. Respecto al requerimiento de cobro, el edil indicó que al no estar las lámparas dadas de baja, el trámite que Grupo GEN solicita al Ayuntamiento de Tijuana no es procedente, y urgió a la Sindicatura Procuradora a dar resultados de la investigación que se realiza en torno a este tema, mientras a la Consejería Jurídica de Tijuana, la instó a hacer valer la fianza. “Sabemos que se realiza un censo de las luminarias, pero el procedimiento va lento y queremos ver resultados”, subrayó. A lo que el consejero jurídico, Gerardo herrera Zavala, responde: “Lentos pero eficientes” e hizo referencia al procedimiento jurídico que se sigue y que ha obligado a Sola Basic a dar cumplimiento al contrato.