La realidad era que en México las autoridades no estaban buscando, con el fin de detenerlo, a Fernando Sánchez Arellano. Había esfuerzos aislados. Ahí está el del Teniente Julián Leyzaola cuando fungió como secretario de Seguridad Pública de Tijuana, o la intención que tenían los Generales que fueron Comandantes de la II Región Militar, con sede en Mexicali: Sergio Aponte Polito y Alfonso Duarte Mújica. Pero que fuese una de las políticas de combate al crimen organizado, del ámbito federal o del estatal, detener al mafioso, no lo era. Tan no era así, que en el fuero común en Baja California, donde el detenido ha cometido la mayor parte de los delitos, entre ellos matar y matar policías, no hay una sola orden de aprehensión en su contra. En el ámbito federal, hubieron de desempolvar los expedientes que se le integraron en 2009, cuando la entonces SIEDO era titulada por Marisela Morales Ibarra, y una averiguación previa, del mismo año, pero radicada en la delegación de la Procuraduría General de la República en Baja California. Si el sobrino de los Arellano tenía credenciales desde finales de los noventa con su foto y un nombre falso, desde licencia de conducir hasta de tiendas y otras membresías, es porque sencillamente, vivía en la impunidad. Desde 1998 tuvo una residencia y una vida económicamente activa en Tijuana. En 2002 se integró al cártel, en 2006, se hizo cargo de él, en 2008 inició una guerra y en 2010 pactó con el Cártel de Sinaloa, todo, frente a las autoridades federales, estatales y municipales. Nunca hubo coordinación para detenerlo. Pero si a alguien interesa la salida de circulación de los grandes capos mexicanos, es al gobierno de los Estados Unidos. La exportación de cocaína, marihuana y drogas sintéticas, es precisamente hacia territorio norteamericano en mayor medida. Por lo menos los cárteles mexicanos surten menos hacia Europa o Asia. De ahí el interés de la Unión Americana por acabar con los capos mexicanos; los investiga, los etiqueta, los pone para su detención, pero últimamente no los quiere en sus territorios o en sus cárceles. Solo sacarlos de circulación. A Sánchez Arellano no lo detuvieron porque las corporaciones mexicanas lo hayan estado buscando y su ubicación fuese el resultado de una investigación científica y de campo en materia de crimen organizado, sino porque quienes nunca quitaron la atención sobre el heredero de los hermanos Arellano Félix, fueron precisamente los estadounidenses. Ciertamente hubo coordinación entre las autoridades mexicanas, Federación, Estado, Municipio y fuerzas militares, para colaborar con la detención en territorio mexicano, pero con la información de inteligencia norteamericana. Fue, estrictamente, una colaboración binacional. Como debería de atacarse en lo general e integral, el problema del narcotráfico y el crimen organizado. Realmente es interés de los dos países acabar con los capos y con la producción y venta de droga en ambos territorios. Este año, la coordinación binacional ha dado resultados en dos importantes aprehensiones: la de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en Mazatlán, Sinaloa, que las agencias de Estados Unidos compartieron información con Policía Federal y Fuerza Armada, y la de Fernando Sánchez Arellano, donde los destinatarios de la información para la ubicación del criminal, fueron Estado, Federación, Municipio y Ejército. Lejos de considerarse esto, al menos en mi opinión, una intromisión de un país sobre la política de combate criminal de otro país, se trata de una acción coordinada entre dos naciones para combatir un problema que afecta a ambas. Los narcotraficantes mexicanos no serían lo que son, sin la necesidad de los consumidores norteamericanos -y la impunidad que les proveen autoridades también de los dos países-. A males binacionales, coordinaciones binacionales… ¿No?
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