420 millones de pesos para el CRIT sin fiscalizar y sin viabilidad financiera

Prácticamente sin discusión, el Congreso del Estado aprueba un endeudamiento por diez años para destinarlos a Fundación Teletón. Con dispensa de trámite y sin previo análisis, se aprobó por parte del Congreso del Estado un endeudamiento superior a 420 millones de pesos al Ejecutivo del Estado, para que destine en los próximos diez años un presupuesto anual para gastos de operación del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), operado por Televisa. Desde 2016 y por los siguientes diez años, el Gobierno del Estado de Baja California tendrá que destinar en promedio un presupuesto de 42 millones anuales, más un aumento anual por la actualización de Índice Nacional de Precios del Consumidor. El acuerdo, presentado por el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, es mayor que el destinado a la Procuraduría de los Derechos Humanos, apoyo a migrantes, y más oneroso que el canalizado a cualquier otra asociación civil en la entidad. El convenio se suma a los 40 millones aprobados a la Ley de Egresos del Estado en diciembre de 2013, el cual se destinaría para la creación del CRIT. Pese a que el documento está fechado el 7 de abril de 2014, fue apenas el martes 17 de junio que la mayoría de los legisladores recibieron el texto y conocieron por encima el contenido. El dictamen, leído por el diputado de Partido del Trabajo, Armando Reyes Ledezma, busca asegurar recursos para Fundación Teletón por lo menos de 420 millones de pesos para la operación del CRIT en Baja California con recursos públicos, el cual se puede prorrogar de acuerdo a los términos del documento. Durante el debate,  el coordinador de la fracción del Partido Revolucionario Institucional se manifestó en contra de la dispensa de trámite del Ejecutivo, al manifestar que el documento se firmó desde el 7 de abril de 2014, por lo que los tiempos para conocer el convenio tienen sustento, y debía ser estudiado en comisiones. Por su parte, el legislador Gustavo Sánchez justificó el fondo del documento en el que se otorgara el recurso, ya que ayudará a contrarrestar la necesidad que existe en Baja California en cuanto a la gran cantidad de menores discapacitados. La dispensa de trámite fue aprobada por “evidente mayoría”, solo cuatro legisladores del PRI se opusieron. En cuanto al fondo de la iniciativa y pese a la importancia presupuestaria, fue aprobada por 15 votos a favor y siete abstenciones, sin análisis y discusión, en el Pleno, mientras los que pedían analizar el contenido antes de votar, diputados del PRI y Verde Ecologista, solo se manifestaron en abstención. Miriam Ayón expuso que no se conocen los alcances del contrato, además de que no se tiene un diagnóstico de los grupos de edad de los menores susceptibles a ser atendidos por el CRIT. Mientras que el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, Rene Mendivil, razonó su abstención al señalar que no se opone a la causa, sino al proceso. Como ejemplo, citó que dentro del presupuesto 2014 se otorgaron 40 millones de pesos a la causa. El priista también se quejó de la forma, advirtió que de tajo se aprobaba un endeudamiento por 500 millones de pesos, superior al de varias secretarías como Protección al Ambiente, al sector pesquero o subsidios a la energía eléctrica, además de que no se presentó ningún estudio de viabilidad financiera. En la tribuna, el legislador tricolor recordó que en ninguna de las 20 entidades federativas que cuentan con CRIT, se firmó un acuerdo igual, ya los demás centros de rehabilitación son financiados por presupuesto privado. En entrevista previa, el diputado dijo que el recurso no cuenta con viabilidad financiera, además de desconocer de dónde deberán salir los recursos. De igual manera, informó que éstos no podrán ser fiscalizados por los órganos de gobierno, ya que la entidad tiene sus propias auditorías. Cuestionado sobre la petición de la fundación, que pretende que quienes trabajen para el CRIT no paguen impuesto sobre la nómina, el legislador panista Gustavo Sánchez dijo no estar de acuerdo y que se tendría que revisar. Adicionalmente, a cada legislador se le pidió, por parte de la presidenta del DIF, una aportación de un millón de pesos que pudiera destinarse del mismo gasto social que se les asigna.