Inspectores extorsionadores

Regular y hacer valer la normatividad municipal, ha sido dejado de lado por verificadores municipales de Reglamentos, para dar paso a la amenaza, acoso, extorsión y abuso de autoridad que, señalan comerciantes, se ha desbordado en la actual administración Intimidando a los ciudadanos bajo el cobijo oficial de la placa de Inspección y Verificación Municipal del XXI Ayuntamiento de Tijuana, más de una decena de funcionarios públicos han sido denunciados por víctimas de amenazas, extorsión y abuso de autoridad. En este arbitrario actuar se implica desde inspectores, jefes de departamento, hasta al propio titular de Inspección y Verificación, José Antonio Olivas Heredia; todos ellos ingresados en diciembre de 2013, al inicio de la presente administración municipal. Al no ceder al pago de piso, o “mochadas” que les permitan operar sus negocios sin el chantaje de ser molestados por “servidores públicos”, los ciudadanos denunciantes, que incluyen trabajadores de mercados sobre ruedas, han recibido a cambio un trato despótico por parte de quienes están para servirles. Otros, como es el caso de la propietaria de un abarrote de la colonia Divina Providencia, con todo y los permisos de operación en regla, ha tenido que enfrentar la ilegal clausura de su negocio. Los comerciantes han dado nombres y apellidos de sus acosadores, y aunque de manera oficial, el gobierno de Jorge Astiazarán informó que despidió a 15 empleados del área de Inspección y Reglamento, a la Sindicatura Procuradora no se ha dado cuenta de esta acción. Intimidación oficial A finales de abril, durante dos días, en dos vehículos y una camioneta tipo Explorer, un grupo de hombres rondaron el abarrote denominado La Providencia, ubicado en la colonia Divina Providencia, Delegación Playas, lo cual inquietó a vecinos del lugar. Al tercer día, a las 4:00 pm del 1 de mayo de 2014, oficialmente un día inhábil, cuatro de los que merodeaban ingresaron al local, identificándose con quien en ese momento atendía el negocio, como inspectores de Reglamentos, denominación que se da al área de Inspección y Verificación Municipal. Requirieron los permisos correspondientes a un establecimiento con venta de bebidas embriagantes, el cual les fue presentado, algo que sorprendió a los funcionarios públicos. Uno de ellos externó: “Qué raro que sea el único negocio que tenga los papeles en regla de todos los que hemos visitado”, compartió a ZETA el esposo de Rebeca Ramírez, la dueña del establecimiento. Dicho esto se retiraron. El hecho no sorprendió al señor Víctor, dado que en enero de este año los inspectores de la delegación Playas ya los habían molestado, “entonces me faltaba el permiso de Bomberos, el cual actualicé y me dejaron en paz”, anotó. Esta vez no fue así, acompañados de seis más, los cuatro verificadores regresaron ese mismo día, pasaban las nueve de la noche, entonces el comercio era atendido solo por Rebeca Ramírez; desde su ingreso el trato de la decena de inspectores fue despótico, le recordaron a la propietaria que su permiso de venta de cerveza era válido solo hasta las nueve de la noche. La acusaron de estar vendiendo cerveza fuera de ese horario, y como prueba señalaban a una persona que se encontraba afuera. Sorprendida por la acusación, la señora Rebeca salió y alcanzó a ver a un joven que en ese momento se alejaba corriendo. Entonces, los inspectores pidieron el apoyo de Seguridad Pública, reportando un secuestro. El despliegue policiaco no se hizo esperar, al arribar los agentes de seguridad, la propia Rebeca los invitó a pasar a su casa para que constataran que no tenía a nadie privado de su libertad. Tras unos minutos de búsqueda y de llamadas por radio y celular, mencionaron que el joven había logrado escapar y ya se encontraba en su domicilio. Sin más, inspectores y agentes policiacos se retiraron del lugar. Pero el asunto no quedó ahí, al mediodía del 2 de mayo, los mismos diez inspectores de Inspección y Verificación  llegaron con sellos de clausura, dispuestos a cerrar el abarrote como, mencionaron, se los había ordenado su jefe, de quien se referían como “El Tony”. “Llegaron tomando video y ordenando que sacáramos lo que teníamos que sacar, inmediatamente después colocaron los sellos”, compartió Rebeca. “Les pedí que me dijeran cuál había sido la falta, que me dieran la multa para irla a pagar, pero no respondieron a nada”, prosiguió. Asustada, la propietaria solo atinó a tomar fotografías para, posteriormente, poder identificar a quienes la acosaron por dos días con inverosímiles señalamientos. De acuerdo a la declaración de los afectados y documentado en fotografías, el grupo iba encabezado por Marco Antonio Mendoza Camarillo y Gerardo Olivo Valenzuela, subdirector y jefe de Inspección y Verificación, respectivamente. Cerrado su negocio, Rebeca se dirigió a Palacio Municipal, a las oficinas de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal, ahí pidió ser atendida por el director, José Antonio Olivas Heredia, pero le fue negada la audiencia “porque mi asunto no era muy delicado”, recordó. Le recomendaron plantear su caso al coordinador de Delegaciones de esa dependencia, Facundo Emilio Gámez Hernández. Pero la audiencia les fue negada a través de la asistente del funcionario, Alexis Samantha Zapién Machaín, la misma empleada que a finales del trienio anterior, sin antigüedad suficiente, brincó los escalafones sindicales y obtuvo una base sindical, por el mérito de haber sido asistente personal del ex alcalde Carlos Bustamante. Director la ignora y agrede verbalmente  Desde las 2:00 hasta las 6:30 pm, Rebeca Ramírez esperó en vano ser atendida ese 2 de mayo. Caída la tarde, las cajas de pago y cada oficina comenzaron a cerrar, las oficinas centrales del gobierno municipal habían sido abandonadas por casi la totalidad de los empleados cuando vio salir a José Antonio Olivas Heredia, director de Inspección y Reglamentación. “Lo reconocí porque es un señor gordo, con cachetes rojos”, explicó la afectada. Inmediatamente lo abordó para exponerle su caso, pero al ser identificada por el funcionario, éste le asestó: “Usted es una mentirosa”, acusó la ofendida. “Me dijo que nosotros habíamos agredido a sus empleados, que les quebramos los vidrios de los vehículos y todo se lo negué, quise explicarle cómo había pasado las cosas, pero no me dejó”, rememoró Rebeca Ramírez. Y añadió: “Él me dijo que le creía a sus empleados, que a mí no me podía creer, y me repitió que era una mentirosa”. Entonces, se limitó a pedirle la multa de lo que se le acusaba y que hasta ese momento desconocía. Olivas Heredia se negó argumentando que era muy tarde y las cajas ya se encontraban cerradas, “véngase el lunes, me indicó”. Pero el lunes 5 de mayo también fue un día inhábil, así que acudió hasta el martes 6, entonces sí la atendió Facundo Emilio Gámez, pero no le solucionó nada, por ser un caso “que escapaba de sus manos” y no le podía resolver. Rebeca asistió durante los subsecuentes seis días  a la dependencia, con resultados infructuosos. Al mismo tiempo, presentó su queja ante Sindicatura Procuradora y la Procuraduría de los Derechos Humanos. El lunes 12 de mayo abordó en los pasillos de Palacio Municipal a Bernardo Padilla Muñoz, secretario general de Gobierno, quien la escuchó y le prometió tomar cartas en el asunto. El 14 de mayo, 12 días después de haber sido clausurado, retiraron los sellos de su negocio. “Pero las pérdidas económicas, quién me las repondrá”, cuestiona. Presume venganza Rebeca Ramírez laboró como trabajadora de confianza de Desarrollo Social en la delegación Playas de Tijuana, al inicio de la actual administración tuvo problemas con la delegada Adriana Padilla, según explica, por lo que fue dada de baja el 22 de febrero de este año. Hasta la fecha su finiquito no le ha sido entregado. Como representante de una asociación civil y de los colonos de su asentamiento, la Divina Providencia, Ramírez ha encabezado protestas en contra de la delegada, “por el trato despótico que nos da a los colonos y por no atender nuestras necesidades”, argumentó. En los momentos amargos que vivió, llegó a pensar que todo era producto de la rencilla con la delegada, “sobre todo porque los inspectores, en su mayoría, venían de Playas”, anotó. Aunque su negocio se encuentra operando de nuevo, dados los señalamientos que hizo y a los funcionarios que implicó, se dice temerosa. “Mi tranquilidad se acabó”, externó. Al respecto, Adriana Padilla se deslindó de este caso, recordando que los verificadores de Reglamentos no dependen de la delegación, sino de oficinas centrales. En cuanto al finiquito que no le ha sido entregado, detalló que se debe a procedimientos administrativos, cuyos tiempos no dependen de ella. Gente del secretario implicada Entre todos los mencionados en el caso de Rebeca Ramírez, destaca Marco Antonio Mendoza Camarillo, jefe de Inspección y Verificación, y el propio titular de esa dependencia, José Antonio Olivas Heredia. Ambos personajes sobresalen por estar implicados en otro caso, también bajo la investigación de Sindicatura: el supuesto desvío de recursos en los que señala, incurrió Bernardo Padilla, cuando fungió como director de Desarrollo Social del XX Ayuntamiento de Tijuana. Los dos formaron parte del equipo de trabajo de Padilla Muñoz, quien les hizo entrega de finiquitos no aprobados por Cabildo, en menoscabo del erario, acusó en febrero de este año la fiscalía municipal. Si bien es cierto, a Bernardo Padilla, ahora ungido como secretario general de Gobierno, no se le ha hecho entrega del expediente con los argumentos por los que se le acusa, ni se le ha llamado aún a comparecer por ese hecho, el caso sigue abierto y bajo investigación. Cuestionado por ZETA por qué al dejar la Dirección de Desarrollo Social se había llevado a esos empleados, a quienes colocó dentro de la actual administración municipal, el funcionario simplemente respondió: “Porque son parte de mi equipo”. Tanto para el secretario general de Gobierno, como para la Sindicatura Procuradora, José Antonio Olivas no está entre los señalados a comparecer, pero Rebeca Ramírez asegura que el funcionario le dio un trato despótico y la agredió verbalmente. Fue el propio secretario de Gobierno quien ordenó la baja de los inspectores implicados, entre ellos Mendoza Camarillo, y ordenó la apertura de La Divina, negocio clausurado indebidamente. En el banco de los acusados Samantha Zapién también se encuentran bajo investigación y será llamada a comparecer no por haber negado a su jefe, como lo expuso la quejosa, sino porque cuando personal de normatividad de Sindicatura quiso entrevistar a David Alberto Martínez Gil, jefe de Inspección y Verificación de la delegación Playas de Tijuana, se negó a dar información al respecto, aduciendo que era por encargo de Zapién Machaín, a quién ubicó como coordinadora de Delegaciones de la dependencia. Por ello la ex asistente personal de Carlos Bustamante tendrá que comparecer. Quienes participaron en la arbitraria clausura de La Divina son: * Marco Antonio Mendoza Camarillo, jefe de Inspección y Verificación. * Gerardo Olivo Valenzuela, subdirector en la misma dependencia. * Joel Edén Arroyo Vidrio y Luis Alfonso Barraza García, ambos jefes del Departamento de Inspección y Vigilancia. * Walter Green Gamboa, Luis Omar Tabares Magaña, Alfonso Inclán Navarro y Alberto Padilla, todos con cargo de inspector de confianza I; así como Jesús Ernesto Torres Piña, inspector de confianza nivel II. * David Alberto Martínez Gil, dado de alta como auxiliar de Inspectores en la delegación Playas. Afloran más casos Previo al escándalo desatado por el acoso a los propietarios de un negocio con venta de cerveza, un subjefe y cuatro inspectores de la Dirección de Inspección y Verificación, adscritos a distintas delegaciones municipales, fueron removidos por pérdida de confianza. Los cinco empleados municipales fueron acusados por vendedores de mercados sobre ruedas de cobrarles piso y no respetarles sus lugares, así como de trato arbitrario y prepotente. Vecinos de algunas colonias también se quejaron de que los inspectores los ignoraban cuando recurrían a ellos para quejarse de que las áreas de acceso a sus viviendas no eran respetadas. Fue después de la baja que el caso se turnó a Sindicatura Municipal, dependencia que se encuentra en la etapa de investigación, sin haber citado a declarar a ninguno de los implicados y, por su parte, no ha emitido suspensión alguna. Aunque están plenamente identificados, el Ayuntamiento se negó a proporcionar los nombres de estos cinco trabajadores. Un caso más. Marcos de la Cruz Zaldívar, comerciante de autopartes, es extorsionado con 250 pesos semanales, a cambio de permitirle vender su producto en un lote baldío bajo su resguardo, ubicado sobre el Bulevar Díaz Ordaz, en Los Pinos. Tras un receso en el negocio, Marcos ha intentado infructuosamente, desde hace dos años, renovar su permiso de venta. No lo ha logrado. Lo único que consiguió fue que en la delegación La Mesa, “me autorizaran dejarme trabajar sin molestarme, a cambio de que entregara en la barandilla un sobre con mi nombre y la cantidad de 250 pesos”, acusó. Fue una mujer que se hizo pasar como la jefa de Inspección y Verificación, a la que no identifica de nombre, quien le tomó los datos y le dijo que actualizar su permiso tenía un costo de 25 mil pesos, por lo que le recomendó entregar cada semana la cuota “módica” de 250 pesos, en lo que juntaba la suma requerida para la renovación de su permiso. Así, durante el último mes dice haber entregado un sobre semanal con la cantidad acordada, sin recibir ningún recibo a cambio, la cuota le ha sido recibida por inspectores de Reglamentos a quienes identifica como Mondragón y otro de nombre Jaime. “Pero ya estoy cansado que me cobren derecho de piso, cuando uno quiere trabajar bien, solo pido que me cobre una renovación justa para seguir operando”, concluyó. De todo ello, Bernardo Padilla, secretario general de Gobierno del XXI Ayuntamiento, negó que la situación de la Dirección de Inspección y Verificación se encuentre fuera de control, “muestra de ello son las suspensiones ya efectuadas”, mencionó, al tiempo que sostuvo: “Todas las denuncias son atendidas, y así se ha demostrado”. Inició Sindicatura procedimiento contra Lourdes Inzunza A Lourdes Inzunza la acusan de haberse autoliquidado como directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMMUJER) en el pasado trienio en Tijuana, y de haberse llevado alfombras y tapetes de la oficina, por lo que la Sindicatura Procuradora ya le inició un proceso de investigación En su defensa, la implicada sostiene haber dejado todo en orden y niega el faltante de mobiliario, vehículos, telefonía y demás que su sucesora, Liliana Sevilla, le observó, lo cual asegura, en su momento comprobará con documentos firmados en el proceso de entrega recepción. No negó las autoliquidaciones, pero sostuvo que éstas se dieron en estricto apego a la Ley del Servicio Civil del Estado de Baja California. “En todo esto hay un halo de dolo y un manejo mediático, para desacreditar lo que se hizo bien”, sostiene Inzunza en entrevista para ZETA. Luego de una revisión, el 21 de mayo la dependencia a cargo de Arturo Ledesma Romo determinó abrir un procedimiento en contra de la ex funcionaria, “por incurrencia sistemática de faltas graves a la administración, manejo y ejercicio de los recursos públicos municipales”, por las cuales comparecerá en junio de 2014. El caso se encuentra en manos de la Dirección de Responsabilidades y Reglamentos de Sindicatura Municipal, área que se encargará de requerir a la ex funcionaria para que aclare las anomalías que le son observadas en ocho puntos. Comparecencia que se estima, tenga lugar en junio de este año. Entre las presuntas irregularidades destaca la auto liquidación fuera de normatividad de siete funcionarios de IMMUJER, incluida la propia Lourdes Inzunza, que en conjunto obtuvieron finiquitos por 651 mil 014 pesos con 76 centavos. La falta de documentación en los archivos del Instituto también fue observada, sobre todo lo relacionado con facturas y movimientos contabilizados en noviembre de 2013, al igual que los expedientes del personal que laboró hasta el día 30 de ese mes con la ex directora. La nueva administración encontró cheques pendientes de entregar a beneficiarios, facturas pendientes por contabilizar, además de que el fondo revolvente no estaba en efectivo; asimismo, en la dependencia no se localizó mobiliario inventariado y aparatos de comunicación por un monto de 128 mil 591.95 pesos. La gran parte del inventario de mobiliario no fue encontrado en la dependencia, y lo hallado se reportó en condiciones dañadas, como fue el caso vehículos reportados en buen estado. La no ratificación del presupuesto de egresos de IMMUJER para 2014, por parte de la Junta de Gobierno de la administración saliente, forma parte de las anomalías. A decir del síndico procurador, Arturo Ledesma Romo, existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa y la aplicación de las sanciones correspondientes. Todos estos señalamientos fueron calificados como “vagos” y, “aunque son específicos están sin sustento”, subrayó la implicada. Y prosiguió: “No hay mucho que defender, simplemente voy a mostrar lo que se hizo y cómo se hizo, por lo que no estoy preocupada, sino convencida de que se trabajó con responsabilidad, además de que estuve bien asesorada y auditada”. Enfatizó que estos señalamientos no afectan en nada ningún plan a futuro, incluyendo la posibilidad de asumir algún cargo público, ya que “todo esto es mediático, no hay por qué preocuparme”. Dará primera resolución sobre el caso de Calle Segunda Atendiendo el justo reclamo de comerciantes y vecinos afectados por los trabajos de reparación de la calle Segunda, el próximo lunes 26 de mayo, la Sindicatura Procuradora rendirá la conclusión de una de las etapas del procedimiento que se sigue en contra de dos funcionarios de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, entre ellos Marcia Salcido, titular de la dependencia. Arturo Ledesma sostuvo que el caso no se ha cerrado y las observaciones no han sido solventadas ni en Sindicatura, ni en la Procuraduría General de la República (PGR), instancia en la que se asentó una demanda por falsificación de firma en los documentos que las empresas ganadoras de la obra presentaron en la licitación.