Gobierno no justifica verificentros particulares

Ni en la administración de Guadalupe Osuna Millán, ni en la de Francisco Vega de Lamadrid, se ha podido justificar la imposibilidad del gobierno para operar estos centros, requisito primordial para otorgar concesiones que generan a “alguien”, mil 200 millones de pesos. No existió el documento, porque tanto Gobierno del Estado, como dos ayuntamientos, sí estaban en posibilidad de prestar el servicio, pero la información se ocultó para concesionar El Gobierno del Estado de Baja California, a través de toda una red de funcionarios de la anterior administración y de la actual, que encabeza Francisco Vega de Lamadrid, ha facilitado una serie de mecanismos para favorecer a empresas concesionarias de centros  de verificación y poder mantener un poderoso negocio que involucra mil 200 millones de pesos al año. Por el caso de eliminar la verificación vehicular obligatoria para tramitar los registros vehiculares, es poco probable. La red que sostiene el negocio millonario no se ha develado, precisamente porque el Gobierno del Estado mantiene en lo oscuro el nombre de los legítimos propietarios de las concesiones. De las empresas, solo se conoce a los representantes legales (ZETA 1977). La corrupción surgió una vez más cuando se filtró un documento interno firmado por el coordinador jurídico de la Secretaría de Protección al Ambiente, Fernando González  Castro, dirigido al secretario de Protección al Ambiente, Carlos Graizbord, y firmado el 19 de marzo de 2014. En el correo electrónico, González Castro señala que a raíz de una petición ciudadana de diversos documentos solicitados mediante el portal de Transparencia estatal, “se adolece del documento solicitado consistente en el ‘Dictamen de inconveniencia para que el Ejecutivo Estatal establezca y opere centros de verificación vehicular’”. Por esta misma razón, señala que se buscó el apoyo de la Dirección Jurídica de Normatividad Administrativa de la Secretaría General de Gobierno, así como la Subsecretaría de Gobierno, para gestionar la obtención de la firma “de un nuevo ejemplar por parte del ex funcionario estatal que emitió el mencionado documento”. En el correo se puede leer que la falta del documento pudiera derivar en un proceso administrativo de responsabilidad ante Contraloría, pero afirma, “sería más gravoso para el Ejecutivo Estatal si se informa la inexistencia del mencionado dictamen”. En ese caso, el encargado de tramitar el dictamen sería el ex secretario de Protección al Ambiente, Sócrates Bastida, la importancia de que no exista el documento tiene repercusiones que pueden echar abajo las concesiones otorgadas de los verificentros. El “dictamen de inconveniencia” es fundamental para el otorgamiento de concesiones públicas a particulares, ya que debe derivar de un estudio en el cual se señale al gobierno estatal de imposibilitado para ofrecer el servicio y, por lo tanto, debe cederlo a un particular. Sin embargo, el documento no existe (o no existía en su momento), debido a que los gobiernos municipales tanto de Tijuana como de Mexicali, ya contaban con departamentos y maquinaria para operar un verificentro, incluso el Ayuntamiento de Mexicali tiene almacenadas al menos tres unidades que había adquirido para ofrecer el servicio, por lo que en su momento era viable ofrecerlo. El presidente del Colegio de Abogados de Mexicali, Herman López Frank, señaló que se hizo una revisión en materia jurídica junto con la licenciada Gloria Elena Ceballos Padilla, presidenta del grupo Abogadas en Mexicali, así como Pedro Mendivil García, secretario de la Federación de Colegios de Abogados del Estado, donde se demostraron la ilegalidad del otorgamiento de concesiones. López Frank expuso que al revisar su correo electrónico le fue filtrado el documento de la oficina de Transparencia, donde se da a conocer que adolecen del dictamen de inconveniencia del gobierno estatal.  “Lo que resalta en el documento se solicitó al Órgano de Transparencia, copia del dictamen emitido de inconveniencia de que el Ejecutivo estatal estableciera y operara los centros de verificación vehicular de manera directa, con ese documento existe una respuesta, lo que dejaría sin efecto los establecimientos de verificación vehicular si atendemos lo que dice de manera expresa”, declaró. Según el abogado, la carencia del documento deja sin efecto el procedimiento de concesión, por lo que el otorgamiento de los mismos, se encuentra en la ilegalidad. Mendivil García señala que existen problemas de fondo y de forma, y un grave daño patrimonial que sufre la sociedad al tener que realizar un pago aproximado a mil 200 millones de pesos anuales. “Hemos analizado también el proyecto de creación de la norma, y vimos con lamentable falla que se ha hecho una indebida técnica legislativa en la creación de la norma, basado esto en datos y especulaciones que realmente no existen, se ha inventado una realidad ambiental para justificar algo que no está justificado. En ese contexto la Federación que me honro en representar, en la Secretaría General está analizando el tema para efecto de proceder y apoyar a la comunidad en la implementación de las acciones legales, penales o civiles que sean procedentes” afirmó. Las concesiones se otorgaron en su momento de manera directa, por invitación y de manera discrecional, pese a que diversas empresas contaban con antecedentes de corrupción, entonces se justificó el “regalo millonario”, debido a que contaban con amplia experiencia en el rubro. El miércoles 9 de abril de 2014, luego de una reunión privada entre diputados y ayuntamientos para determinar la reglamentación vehicular, el diputado panista Cuauhtémoc Cardona Benavides aseguró que no serían 16, sino 20 las concesiones otorgadas por el Gobierno del Estado. Asimismo, que deberá ser el propio secretario de Protección al Ambiente quien aclare el número de concesiones otorgadas por el Ejecutivo, ya que en su momento el entonces titular de la dependencia, Sócrates Bastida, declaró ante medios de comunicación que se trataba de 16 concesiones para trabajar en 16 centros. “Entiendo yo que son como veinte concesiones, yo creo que es un asunto que se tiene que aclarar, entiendo que existen 16 centros que están instalados y no aperturados, cuando se habla de los 16, se habla de los que están físicamente; concesiones deben ser más, es por ello que la Secretaría del Protección al Medio Ambiente transparente, debe aclarar cuantas concesiones finalmente se otorgaron, según yo deben andar en veinte, veintiún concesiones, aun cuando solo existan 16 centros”, manifestó el legislador. Ante las concesiones que no se instalaron, revisarán la posibilidad de que algún ayuntamiento pudiera hacerse cargo de operar uno de los centros de verificación para el servicio público y sus vehículos. Hasta el momento todas las reuniones relacionadas con concesiones o centros de verificación en el Congreso del Estado, se han realizado a puerta cerrada, pese a que en meses pasados se aprobó una propuesta por parte de Cuauhtémoc Cardona Benavides, en la que todas las sesiones se volvían públicas. A la fecha esto no ha ocurrido. Propuesta de Kiko, una burla El 1 de abril de 2014, el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, presentó su Programa de Acción para el Mejoramiento de la Calidad del Aire, el cual resulta burdo ante la gravedad del tema. El proyecto representa una inversión estatal de 450 millones de pesos para el mejoramiento de la salud, pero es insuficiente para que realmente impacte a la calidad del medio ambiente. De esa cantidad, solo 300 millones de pesos serán canalizados a pavimentación, inversión apenas similar a la realizada por Rodolfo Valdez en su último año de gobierno municipal. La justificación del programa es un inventario de emisiones que data de 2005, y dolosamente modificado para la presentación del programa, para afirmar que el 40 por ciento de la contaminación es producto de los vehículos, cuando el estudio en poder de ZETA señala un solo tipo de contaminante. Según el informe, de 32 mil enfermedades de una muestra,  mil 726 casos de asma son atribuibles a la contaminación, sin embargo,  se refiere a las partículas suspendidas PM10; lo que no explica el estudio es que el 78.9 por ciento se debe a las calles sin pavimentar, y en este renglón, no aparecen las emisiones por vehículos contaminantes. El gobernador Kiko Vega habló de invertir en Mexicali apenas 145 millones de pesos para pavimento y forestación, además de que era necesaria la utilización de biodigestores para los grandes ganaderos, cuando ni siquiera debían haberlos dejado instalar sin un sistema como éstos. El proyecto pretende invertir en centros de monitoreo de calidad de aire, ya que actualmente los existentes se encuentran fuera de servicio y obsoletos, sin embargo, para la creación de un verdadero programa ecológico, primero se debió tener un verdadero inventario de gases contaminantes, y no estudios que datan de hace casi una década. Luego de terminar el plazo de 100 días que otorgó el Gobierno del Estado y que la mayoría de las personas que revalidarán sus vehículos ya lo hicieron, los centros de verificación vehicular volvieron a reactivarse. En un comunicado enviado por la recién creada Asociación de Verificentros de Baja California, se aclara que la revisión mecánica tarda en promedio siete minutos, y que cada establecimiento cuenta con capacidad para atender 400 vehículos por día. Será hasta 2015 cuando los centros prueben si realmente hubo modificaciones en cuanto al servicio que prestan, ya que las grandes filas no se volverán a ver hasta que nuevamente, el trámite sea obligatorio para efectuar el canje de placas.