La justicia federal consideró que Manuel Garibay Espinoza, traficante de drogas confeso, era inocente. Como criminal liberado, “El Meño” se une a una larga lista de integrantes del crimen organizado bajacaliforniano que vuelven a las calles, dado a la ineficiencia jurídica, corrupción e incapacidad de policías operativos, agentes ministeriales, fiscales, jueces y magistrados, en los tres órdenes de gobierno Trafican droga por toneladas, encabezan células criminales que por años han asesinado, secuestrado y extorsionado en Baja California, pero la justicia federal decide no investigar correctamente y dejarlos en libertad. De poco o nada ha servido la captura de capos que delinquen para los cárteles de la droga en primera línea, usualmente son detenidos por autoridades locales que ponen en riesgo su vida para que el Ministerio Público del fuero federal elabore un expediente desaseado que facilita a los jueces la repetitiva labor de interpretar la Ley -a lo que están facultados- y liberarlos. Sin importar que en sus primeras declaraciones hayan admitido tráfico y homicidios, saben que evadir la justicia es tan fácil como desdecirse parcialmente en las subsecuentes declaraciones y contratar un costoso abogado. Eso hizo el líder de la banda de Los Garibay, cuyos miembros en libertad, aun cuando aterrorizan a los residentes del Valle de Mexicali, iniciaron actividades criminales desde finales de los años ochenta, primero al servicio del Cártel Arellano Félix, y después con el Cártel de Sinaloa. El Centro Federal de Readaptación Social Número 3 “Noreste”, en Matamoros, Tamaulipas, ejecutó la salida de Manuel Garibay Espinoza “El Meño” el 7 de mayo de 2014, y fue entregado a autoridades de Baja California para su traslado. Tras su detención, en 2010, las autoridades estatales aseguraron que en el Ministerio Público del Fuero Común tenía tres órdenes de aprehensión libradas por delitos de homicidio y secuestro, con fecha 3 de marzo de 2003, 2 de noviembre de 2004 y 29 de noviembre de 2004. Pero la situación cambió en 2014, concretamente el miércoles 7 de mayo. Cuando fueron por él, la Procuraduría del Estado solo tenía una orden pendiente en su contra, por el homicidio del agente ministerial Federico Alvídrez Viramontes, secuestrado, asesinado e inhumado el 22 de septiembre de 2002. Sus restos fueron localizados semienterrados dos meses después. Alvídrez ingresó a terrenos de Los Garibay como parte de la investigación de dos robos a mano armada, uno a la empacadora Cosma, S.A., y otro a Navarro Vallejo y Asociados. Ambos perpetrados por un comando negro con armas largas. Los de Tamaulipas preguntaron a los ministeriales si provenían de Baja California o de Sonora, porque en el estado vecino, “El Meño” también tenía activa una orden de aprehensión por el asesinato de Antonio Pineda, jefe policiaco en San Luis Río Colorado, perpetrado el 2 de marzo de 2002, porque una semana antes el uniformado lo había detenido con armas y se había negado a darle la cortesía de liberarlo; lo consignó a la Procuraduría General de la República, donde alcanzó libertad unas horas después, con el pago de 10 mil pesos. El mismo miércoles 7 de mayo de 2014, Manuel Garibay fue internado en el penal de “El Hongo” en Tecate, donde su hermano José Luis se encuentra preso, todavía bajo proceso. Detenido desde agosto de 2010, el mayor de Los Garibay alcanzó la libertad después de que en diciembre de 2013 le fue concedido un amparo, invalidando así la orden de aprehesión por delitos federales. Dictado por el Juez Cuarto de Distrito en la ciudad de Toluca, el juicio de garantías 423/2013 lo favoreció al dejar sin efecto un auto de formal prisión por delincuencia organizada, acopio de armas y delitos contra la salud. El motivo: echó abajo los cargos relacionados con el cateo realizado al Rancho Los Garibay en el Ejido Pescaderos en octubre de 2002, donde encontraron marihuana sembrada y armas escondidas en un sótano, así como rifles, metralletas, bazucas y granadas. Sin justificaciones sólidas, el juzgador consideró que el presunto delincuente no estaba consciente de los delitos que se le imputaban, y que el juez que dictó el auto de formal prisión, el 22 de octubre de 2012, no analizó correctamente los elementos. De ahí que invalidó la formal prisión. De igual manera, instruyó al Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, dejar insubsistente el acto reclamado (formal prisión), reponer el proceso y dictar nueva resolución. Este nuevo juez reflexionó que la fiscalía federal no precisó “la totalidad de los medios de prueba y cómo se enlazan entre sí para acreditar el delito de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud”. Como no lo sorprendieron mientras sembraba la marihuana en su rancho, ni portando las armas de su sótano, tampoco le podían acreditar los delitos contra la salud ni la posesión de las armas. Este último proceso se resolvió en abril de 2014, cuando un juez otorgó el amparo a Garibay, y, al ser desacreditada la orden de aprehensión, el resto del expediente quedó sin efectos. Casos similares De Manuel Garibay Espinoza, los archivos de las autoridades constatan que entre 1995 y 1997 estuvo detenido en Estados Unidos y lo hicieron testigo protegido tras confesar que traficaba cocaína a gran escala para el Cártel Arellano Félix, esto bajo el mando de Ismael Higuera. A finales de los noventa, el CAF le cobró una droga decomisada en Estados Unidos y se sumó al Cártel de Sinaloa, hecho que se documentó el 25 de junio de 2010, cuando fue detenido en Mexicali y expuso que “eventualmente” transportaba cocaína del país de Panamá hacia Mazatlán, Sinaloa; y sus jefes eran Ismael “El Mayo” Zambada, Jesús Vicente “Vicentillo” Zambada y Gonzalo Inzunza Inzunza “El Macho Prieto”. Sin embargo, después lo negó todo. Por su parte, sin pruebas ni órdenes ministeriales, el Consejo Estatal de Seguridad liga a Garibay a los siguientes hechos: 6 de junio de 1999. Por deudas de droga, siete jóvenes de origen sinaloense fueron secuestrados en el Ejido Chiapas. Entre los días 14 y 15 del mismo mes, los autos y cinco cuerpos carbonizados se localizaron en las inmediaciones del Rancho de Los Garibay. 1998-1999. Secuestro del agricultor Gregorio Kodama, secuestro del horticultor Pablo Melgoza y asesinato de Héctor Meza Buelna, jefe de escoltas del entonces procurador Marco Antonio de la Fuente Villareal. 2000. Homicidio de Cleofas Ruvalcaba “El Sietecopas”, así como el secuestro y desaparición de los vendedores de droga Reynaldo y Francisco Vázquez Razo. 2001. Secuestro, homicidio e inhumación del fumigador Gustavo Castro Larios. Otro criminal “inocente” Otro líder criminal recientemente encontrado inocente en el fuero federal, es el ex policía municipal de Tijuana, Israel Vergara Galindo “El Marquitos” (detenido 9 de octubre de 2013), quien delinquió para el CAF desde los noventa, y entre 2010 y 2012, tras la pugna interna, se incorporó con el Cártel de Sinaloa. Su nombre salió a relucir como víctima y presunto victimario en averiguaciones previas por lesiones, privaciones de la libertad, secuestros y homicidios sucedidos entre 2006 y 2013. Al ser detenido en el Distrito Federal, “El Marquitos” quedó resguardado por autoridades federales en arraigo, con la intención de fincarle cargos por delincuencia organizada, pero ante la inacción del sistema judicial, terminaron por regresarlo a Baja California entre 60 y 80 días después de su captura. Sin embargo, a pesar del historial y extensos expedientes manejados por las áreas de inteligencia de las policías operativas locales, la impericia ministerial queda expuesta en los pocos cargos en contra. Israel Vergara Galindo está preso en el estado por un solo expediente: la averiguación previa 74/10/20I, por el delito de secuestro agravado y delincuencia organizada, cometido por él y otros once cómplices en contra del propietario de negocios de mariscos José Antonio Pérez Pérez, el sábado 21 de agosto de 2010. La familia pagó y lo liberaron. El también detenido ex ministerial Juan Lorenzo Vargas, con una vida criminal similar a la de “El Marquitos” está preso en Baja California desde octubre de 2013, y a partir de enero de 2014, en “El Hongo II”, por cargos federales, posesión de arma de uso exclusivo del Ejército. Sigue bajo proceso y, pese al historial, el Estado no tiene ningún cargo en su contra. Libres de cargos federales A Manuel López Núñez “El Balas” y Candelario Arceaga Aguirre “El Cande” les fue mejor. En sus declaraciones primarias, ellos también admitieron ser traficantes. Incluso López cuestionó a su captor, el entonces secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Julián Leyzaola, si conocía su fama: “Soy ‘Don Balas’” le advirtió. Por su lado, Arceaga confesó que cocinaba para el cártel, los dos mencionaron tener propiedades y negocios, y fueron apresados en un carro y en barco, donde se encontraron armas y, en el segundo caso, drogas. Después, sencillamente se retractaron y contrataron abogados. En ambos casos, versiones criminales llegaron al Consejo Estatal de Seguridad: “Esos señores se dedicaban a trabajar”, argumentando que “solo” movían droga; ni mataban, ni secuestraban, ni -a su juicio- afectaban a la sociedad bajacaliforniana. De nuevo, de nada sirvió la información de “inteligencia” en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), al no fincar cargos en su contra. De igual manera, en el caso de López Núñez -capturado en septiembre de 2008-, para noviembre de 2011 ya estaba en la calle. Vecinos que lo reconocieron, denunciaron su presencia en el fraccionamiento Puerta de Hierro en Tijuana; al preguntar a la autoridad federal, se informó que el delincuente simplemente estaba libre de cargos. Además, a su salida denunció a Leyzaola Pérez ante Derechos Humanos. Camino similar siguió Candelario Arceaga, apresado en junio de 2009. En 2013, residentes de Rosarito advirtieron de su presencia en las calles de aquel municipio. “Anda como si nada, haciendo negocios” reclamaron. En aquel entonces se consultó a la autoridad federal, y efectivamente, quedó libre de cargos y él también decidió denunciar, por abuso de autoridad, al entonces comandante de la zona militar, General Alfonso Duarte, y al secretario de Seguridad del Estado, Daniel de la Rosa Anaya. Actualmente ellos siguen sus actividades en libertad y protegidos, mientras las autoridades que los detuvieron enfrentan cargos. Un marcado ejemplo más de la impunidad se dio este mes, cuando, tras denuncia anónima, policías estatales se dirigían a una de las propiedades de “El Cande”, sin embargo, fueron detenidos. Sin razón aparente, su director, Carlos Besné, les habló para ordenarles no meterse con Arceaga porque ya tenía denunciadas a las autoridades. Impunidad estatal Localmente, la ineficiencia jurídica de los Ministerios Públicos y las policías que redactan los partes también contribuye a la impunidad de las libertades. Como ejemplo, la noche del domingo 21 de abril de 2014, elementos de la Policía Municipal de Tijuana detuvieron nuevamente a Alberto Ávila Alvarado “El Chacal”, cuñado y segundo al mando de Luis Manuel Toscano Rodríguez “El Mono”, presunto cabecilla de tráfico de droga al menudeo en las zonas Centro y Norte de la ciudad fronteriza, ligado al CAF. Ávila Alvarado fue integrado al organigrama criminal en poder del Consejo Estatal de Seguridad de Baja California a partir del 8 de enero 2011, cuando su cuñado fue atacado a balazos; en ese momento la Policía Ministerial lo dejó escapar y, con ayuda de su esposa, fingió su muerte. Ya como cabecilla de célula -mientras Toscano se recuperaba- “El Chacal” fue detenido en febrero de 2011 por elementos militares en la Zona Norte, en posesión de narcóticos, lo cual quedó demostrado cuando lo presentaron con “un kilo de cocaína, 155 gramos de cristal, cuatro armas cortas, cuatro cargadores, 519 cartuchos, dos chalecos antibalas, 4 mil 109 dólares y 7 mil 560 pesos”. Pero el traficante obtuvo su libertad. Autoridades volvieron a capturar a Ávila en agosto de 2012, sirviendo de nuevo a su cuñado, en posesión de “38 gramos de cocaína, un arma larga, un arma corta, un cargador, 21 cartuchos y 20 mil dólares”, otra vez, alcanzó su libertad, pese a tener en su historial una aprehensión más, que data a marzo de 2010. De acuerdo a los archivos de inteligencia del Grupo Coordinación, la célula de Los Toscano está involucrada en tráfico y venta de droga, secuestros, privaciones y homicidios por lo menos desde 2007. Su líder, Luis Toscano, cuenta con orden de aprehensión por secuestro en 2010, la cual nunca se ejecutó. Como su cuñado “El Chacal”, también Luis Manuel Toscano ha sido capturado en tres ocasiones, en posesión de armas y drogas, entre octubre de 2009 y agosto de 2012. Asimismo, en octubre de 2013 fue arrestado por el delito de disparo de arma de fuego, su escolta se echó la culpa y actualmente sigue libre. En esta ocasión, ni 48 horas estuvo preso Alberto Ávila Alvarado “El Chacal”, antes de ser puesto en libertad. Éste es uno de los grupos que encabeza la pugna por la Zona Norte y Colonia libertad en Tijuana por el tráfico de drogas, todos entran y salen de los separos de las policías de manera constante. En el otro extremo están: Ramón Óscar Ponce López “El Chupón” detenido el 25 de agosto de 2013 como presunto responsable del asesinato del policía municipal Raúl Ruiz Martínez, el día 21 del mismo mes; por su muerte cobraron 30 mil pesos, pero, por extrañas razones, elementos municipales consignaron mal y el proceso en contra se cayó por cuestiones de forma. El resultado: el delincuente obtuvo su libertad. Entre marzo y abril lo aprehendieron otras tres veces en posesión de arma, la PGR lo liberó con una fianza. Historia similar tiene su cómplice Miguel Ángel García Rodríguez “El Lito”. “Primero los detenemos con dos dosis, después con 15, la siguiente con 200 dosis de droga y un arma, pero salen bajo fianza cada vez más confiados; pasa lo mismo si son capturados por homicidio”, lamentó un jefe policiaco. Las 40 toneladas Conforme al parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana el decomiso de 40 toneladas concretado el jueves 1 de mayo de 2014 surgió de una denuncia ciudadana capturada la primera semana del mes de abril. Con apoyo del ejército, durante tres semanas buscaron sin éxito la bodega denunciada, a finales del mes decidieron cambiar estrategia, patrullajes continuos y numerosos para presionar a los sospechosos, así, el 28 de abril dieron con la tonelada y media de marihuana en la camioneta conducida por los sospechosos Alberto Ríos y Martín López y la bodega localizada en la calle Ciénega y avenida Maíz, colonia Granjas Familiares. Una vez que se autorizó el ingreso de las autoridades el 1 de mayo la averiguación pasó a la PGR, el ministerio público federal encontró una serie de “pallets” con paquetes de marihuana encima y otros paquetes del enervante en una pila, y más droga en una construcción de dos pisos. 40 toneladas de marihuana procedentes de Sinaloa, según los detenidos propiedad de Iván Archivaldo Guzmán Salazar “El Chapito”, y esa cantidad de droga era apenas el resultado del traslado en tres tráileres que salieron de Culiacán y sin problemas en los retenes, llegaron a Tijuana. En la frontera bajacaliforniana, la droga era recibida por el administrador de la bodega, que usa el nombre de Luis Rivera Uriarte “El Cheke”. Conforme al reporte ministerial, este grupo lleva operando la misma ruta en Tijuana desde el 2009, en 2010 tenían la bodega en la zona este de la ciudad, pero fue descubierta por la Policía Estatal y se reubicaron. Los cientos de paquetes traían inscritos 12 destinatarios: “El Gato”, “El K” etiqueta roja , “El K” sin etiqueta, “El Jeep”, “El Hr”, “El Teco”, “PNC”, “Jorg”, “El P”, “Tacoma”, “9feb39GDDFIMAX” y “Sin Marca”. Inseguridad Entre el 1 y el 8 de mayo, once personas fueron asesinadas en Tijuana, una en Ensenada, dos en Rosarito y cuatro en Mexicali. En lo que va de 2014, 190 personas han sido víctimas de homicidios dolosos en Tijuana, y 293 en todo Baja California. Durante la semana que concluye, destacó la violencia en el municipio de Rosarito, donde el lunes 5 de mayo, Leopoldo Segura Núñez, dueño del hotel El Pueblito Inn, fue baleado en el Bulevar Benito Juárez. El 12 de noviembre de 2013 ya lo habían agredido a balazos frente a su negocio, dos hombres que previamente conversaron con él; y el 16 de julio del mismo año, acompañaba al ex comandante Bernardo Olivas Camarena, cuando a éste lo acribillaron en La Casa de la Abuela. A pesar de todos los antecedentes, las autoridades no tienen sospechosos. En otro hecho suscitado el 6 de mayo de 2014, aproximadamente a las dos de la tarde, mientras circulaba en un camino vecinal rural rumbo a su domicilio en el Ejido Morelos, fue baleado el secretario general de los ecotaxis, Jaime Ibarra Acedo. Recibió dos rozones, uno en la mejilla y otro en la mano, del lado izquierdo. El herido se trasladó al Hospital General de Rosarito, desde donde llamaron al C4 para reportar el incidente. Su esposa y el bebé que lo acompañaban, no sufrieron lesiones. La escena del crimen es una vialidad despoblada donde no hubo testigos ni quedaron casquillos, en el auto de la víctima se localizó uno, pero estaba deformado. Ibarra asegura no tener enemigos, ni sospechosos. Apenas el 23 de diciembre de 2013, Leonardo Luna Torres, líder transportista de la empresa Quinto Municipio, también fue atacado a balazos. La noche del mismo 6 de mayo, un criminal llamó al teléfono del Hospital Baja Medic y pidió que le comunicarán con el médico del turno nocturno, el galeno recibió la llamada y primero le pidieron, a nombre del “subprocurador Rommel Moreno de la PGR”, atender un herido. Luego amenazaron su vida y la de otra persona que no especificó en sus declaraciones. Primero dijo que a él le dio miedo y se escondió en el hotel de un costado, y después, que lo mandaron los criminales. Una vez encerrado, le pidieron dinero al administrador por la libertad del médico y denunciaron. Al día siguiente, solo el doctor salió de su encierro y pidió ayuda. Nadie fue detenido. Estos hechos se suman al asesinato del ejidatario Pablo Arce Mayoral, el 21 de marzo, y el del empresario Jaime René García Arteaga el 8 de abril, sobre la carretera de cuota. “Chapo” Guzmán sin extradición La Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías interpuesto por el narcotraficante Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera, en contra de una posible orden de detención provisional con fines de extradición internacional. Con base a los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables, la juzgadora Luz María Ortega Tlapa resolvió que el acto reclamado por el sinaloense internado en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez no existe, y por tanto, sobreseyó el juicio de amparo 473/2014. La demanda de Guzmán Loera fue recibida en el órgano jurisdiccional el 14 de marzo pasado. El quejoso reclamó del secretario de Gobernación, el procurador general de la República y del secretario de Relaciones Exteriores, entre otras autoridades, “la emisión del Acuerdo de Extradición Internacional que se atribuye a la autoridad citada en último término; mientras que en la ejecución material se señalan como ejecutoras a las autoridades restantes por cuanto ve a su cumplimiento de dicha orden administrativa”. Aunque anteriormente ya se habían promovido otros dos amparos contra la supuesta extradición y también sobreseyeron por no existir dicho acto, en este último asunto, el capo aseguraba bajo protesta de decir verdad, que tenía conocimiento de la pretensión de enviarlo ante la justicia del vecino país. “Del 24 de febrero a la fecha, me he enterado por comentarios y algunos comunicados oficiales de funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, en virtud de las peticiones de autoridades del país en cita…”, se puede leer en el escrito firmado por “El Chapo” Guzmán. Actualmente el narcotraficante enfrenta cinco causas criminales en las que jueces federales del Estado de México, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, le han dictado autos de formal prisión por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de semillas de marihuana y amapola con fines de siembra, cultivo y cosecha; así como por delincuencia organizada. En algunos de esos casos se le dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio de cocaína y por delincuencia organizada. (Investigaciones ZETA)
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