El Gobierno Federal aplaza el proceso para que sea la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, la que dé el fallo final, ya sea a favor de los contribuyentes o del Presidente Enrique Peña Nieto, lo que implica ir en contra de la Constitución Se cumplió la advertencia que en un principio hicieron representantes de organismos de la sociedad civil en Baja California, en torno a que el Gobierno Federal buscaría retrasar la resolución del amparo contra el aumento al Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la frontera por todas las formas posibles, con el objetivo de que las personas caigan en el desánimo. Prueba de la anterior es que el martes 8 de abril, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el Acuerdo General número 6/2014, que dispone el aplazamiento del dictado de la resolución en los amparos en revisión en los que se ataque el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones: De la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado el 11 de diciembre de 2013. “Específicamente de los preceptos relativos a las tarifas aplicables a personas físicas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta, la limitación de las deducciones correspondientes, la eliminación de la tasa preferencial del 11 por ciento del Impuesto al Valor Agregado en la región fronteriza, y la eliminación del Régimen Fiscal de Pequeños Contribuyentes; y se ordena a los Juzgados de Distrito el envío directo de dichos asuntos a la Corte”. De acuerdo al abogado fiscalista Adolfo Solís Farías, dicha noticia deja claros diversos puntos: “Lo primero que hay que ver, es que el Juez de Distrito en Tijuana habrá de dictar sentencia independientemente de dicho acuerdo, aunque el amparo colectivo en su última fase lo resolverá la Corte. El Poder Ejecutivo, es decir, el Presidente de la República, se preocupó en todo el país porque echaríamos abajo la Reforma Fiscal”. Agregó que el Gobierno de la República está tratando de presentar una promoción de concentración, para que el caso se turne a los Juzgados del Distrito Federal con el propósito de que los jueces de aquella entidad, quienes están siendo parciales con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, den el fallo a favor de la autoridad. A decir del consultado, la mejor carta del Presidente fue parar a los tribunales del país para que el tema no se resolviera en toda la República y confiar en que la Corte le ayude. “Creemos que la concentración en nuestro caso no se debe dar, pero vamos a ver la justificación. En los temas de reasunción (mecanismos por el cual la Corte ejerce el derecho de resolver asuntos que por derecho le corresponden), para no recibir todos los acuerdos de constitucionalidad, la Corte emite acuerdos pidiendo ayuda a los Tribunales Colegiados del país, y solo los de importancia y trascendencia se los mandan, como en el caso del tema del IVA”. Por lo anterior, Solías Farías concluye: 1. Los Jueces de Distrito deben resolver aquí los asuntos relacionados con el tema del IVA. 2. Las autoridades fiscales están pidiendo concentración de expedientes al DF, con el propósito de que no resuelvan los jueces de la frontera. 3. Una vez que se resuelva por los Jueces de Distrito, se enviará a la Suprema Corte. 4. La Suprema Corte fijará lineamientos. 5. Existe desconfianza de los gobernados de la Suprema Corte, lo que perdieron con la sentencia del IETU y del IDE, así como en relación al caso de Florence Cassez (francesa liberada hace un año en México, luego de pasar siete años en prisión, acusada de asesinato). Más adelante, el entrevistado apuntó que la Corte juega un papel histórico, el de recobrar la credibilidad de las instituciones, o perderla y agudizar el desprestigio, con lo que se mandaría una señal al extranjero sobre la fragilidad del Poder Judicial. De ocurrir lo primero, “que nos den un verdadero análisis constitucional, que resuelvan conforme a la Constitución y a las leyes, que rijan su criterio bajo a los derechos humanos que están reconocidos internacionalmente; la frontera va a ganar mucho porque la inversión se va a incentivar, el crecimiento del país se va a promover y la generación de empleos se va a multiplicar, por la confianza en las instituciones”. Por el contrario, “si no respetan la Constitución y fallan en contra, generaría una falta de credibilidad de la institución, donde la inversión no verá un país seguro para depositar sus capitales. Precisamente porque los poderes públicos están al servicio del Estado y no de la Constitución. Con esto van a inhibir inversión, contraer empleo y generar una falta de competitividad de los empresarios mexicanos, que en el largo plazo la historia, nos pasará la factura”, finalizó Adolfo Solís Farías. Por su parte, el titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Tijuana, Juan Manuel Hernández Niebla, opinó en torno al tema: “Lo dijimos con anterioridad, que la autoridad buscaría retrasar el proceso y ya vemos que se está dando, al momento que quieren que la Suprema Corte de Justicia emita el fallo final. El riesgo es que pudiera emitir un fallo general. Que dijera que en términos generales, el país necesita el dinero del pago de los impuestos, y vamos a rechazar todos los amparos en materia fiscal, que es un riesgo que pudiéramos estar corriendo. “La bandera en contra de la homologación del IVA la tenemos arriba, el proceso del amparo lo estamos trabajando y lo vamos a llevar hasta la última instancia que corresponda, no la hemos bajado y no la hemos perdido. Pero al mismo tiempo estamos viendo qué tipo de desarrollo económico podemos traer para Baja California”. Para concluir, el empresario expuso: “Hay una caída importante en los ingresos del 9 por ciento, en relación a febrero de 2013 con febrero de 2014. La captación fiscal de enero a febrero se cayó casi a la mitad. En los tres términos que son IVA, ISR e IEPS, los focos rojos es que la Reforma Fiscal aparentemente no está dando resultado”. Magistrado borracho y prepotente Debido a que dio positivo en la prueba de alcoholemia, un magistrado del Poder Judicial de la Federación fue remitido al Centro de Sanciones Administrativas “El Torito”. La Secretaría de Seguridad Pública informó que Roberto Ramírez Ruiz, de 60 años de edad, magistrado del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, conducía una camioneta Journey color blanco en estado alcoholizado. De acuerdo a la dependencia, Ramírez Ruiz se puso agresivo y, en primera instancia, se habría negado a someterse al alcoholímetro, argumentando ser magistrado. Empero, al soplar en el equipo detector, arrojó 0.98 miligramos de alcohol por litro de aire expirado; el límite tolerado por la dependencia es de 0.40.
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