En el proceso de conformación de una nueva mesa directiva en la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Ensenada (CANACO), anunciado el 2 de abril de 2014, dos miembros activos del organismo empresarial denunciaron a ZETA, haber sido descartados deliberadamente del proceso, en el cual participó una sola planilla. Carlos Ibarra y Saúl Lascano Sahagún, buscaron conformar sus propias planillas para involucrarse en la elección de este año. Sin embargo, afirmaron haber sido limitados de distintas formas para evitar su inscripción en la elección. Por ejemplo, Lascano Sahagún dice haber recibido el argumento de la Cámara de no haber estado al corriente con el pago de sus cuotas, aunque asegura no le permitían realizarlos. Mientras que Ibarra, quien tenía todos sus pagos al corriente, le argumentaron no haber tomado un curso de inducción. Días antes de que se realizara la elección, el 28 de marzo, las oficinas de la CANACO Ensenada se mantuvieron cerradas con cadenas y candado. Un problema también denunciado por los socios de la Cúpula, Juan Mauricio Victorero Argüelles y Armando Medina Hernández. Por un lado Victorero y Medina referían que el grupo del entonces presidente de la CANACO, Alfredo Rico Bravo, fue quien cerró las puertas. Por el otro, el grupo de Rico señalaba a los dos empresarios como los responsables y además, los acusaba de dañar las instalaciones. El pleito involucró denuncias, la participación de la policía municipal y la detención de un guardia de seguridad privada que quedó en medio del conflicto. Este cierre de oficinas, a decir de Lascano e Ibarra, no les permitió acudir a registrarse y poder competir. Por lo que únicamente se registraría la planilla verde, conformada por el grupo ligado al entonces presidente de la CANACO, Alfredo Rico Bravo. “Hubo una junta de consejo poco antes de la elección donde se obligó a Alfredo Rico a respetar el pago de las cuotas de todos y en particular a quienes querían contender, esto fue en enero”, refirieron los afectados en entrevista. Sin embargo, explicaron que el cierre de oficinas y las negativas de la administración en turno no les permitió continuar con su registro. Aunado a esto, Ibarra explicó que desde el lanzamiento de la misma convocatoria para el proceso, la CANACO había caído en irregularidades, debido a que las convocatorias deben ser emitidas por el consejo de la cámara, quien a su vez nombra a un presidente del comité electoral. Algo que, asegura, no ocurrió, y la convocatoria fue emitida por el propio Rico. Los señalamientos hechos por estos integrantes de la CANACO, se sumaron a la serie de irregularidades que han sido advertidas en el jaloneo por el control de la Cámara en Ensenada, donde existen denuncias penales contra Rico, y peticiones de investigaciones respecto a sus manejos financieros, ante la Secretaría de Economía. Contactado por ZETA, el actual presidente del organismo empresarial en Ensenada, Rafael Chávez Montaño negó las declaraciones de Lascano e Ibarra. Del primero dijo que, en efecto, su no participación fue debido a la falta de pago de cuotas y “aun así, si hubiera querido, pudo haber participado”. Sobre Ibarra, afirmó que el empresario no reunió el número de participantes necesarios para contender y remató “si los dos (miembros de la CANACO) no supieron interpretar los reglamentos internos de la Cámara, ése fue su error”.
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