Para rehuir dar la cara, evitar preguntas incómodas, evadir la responsabilidad de que las declaraciones salgan de su boca, eludir la obligación de ofrecer más detalles, el hombre responsable de dirigir los destinos de México, Enrique Peña Nieto, decidió desde el inicio de su administración contactarse con sus gobernados, exclusivamente a través de las redes sociales. Fuera de los discursos que le redactan para presentarse en inicios de obra, arranque de programas o inauguraciones, los mexicanos solo pueden saber de los pensamientos y manifestaciones de su Presidente a través de sus comentarios en Twitter o Facebook. Estos medios le permiten, también, esquivar la evidente discrecionalidad de una estrategia de comunicación de censura selectiva, en la que se ordena a funcionarios y medios informativos ocultar los problemas de inseguridad o minimizarlos, con la intención de modificar la percepción ciudadana… y a la vez realzar los discursos triunfalistas, ligando la imagen del Presidente solo a las buenas noticias, y evitar que sea relacionado con las malas acciones o decisiones de su gobierno que afectan al país. Para eso están los voceros. En esas condiciones, el mandatario decidió que era la mejor idea, después de horas de especulaciones el sábado 22 de febrero de 2014, justo minutos antes de la conferencia pospuesta del procurador Jesús Murillo Karam, restarle la seriedad requerida por la noticia y confirmar la captura del narcotraficante más buscado de México, Joaquín Guzmán Loera, a través de tres mensajes vía Twitter y Facebook. Y como el mal ejemplo cunde, lo mismo hizo el 31 de marzo el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, con el presumible abatimiento de otro líder del tráfico de drogas, Enrique Plancarte; la falta de seriedad provocó que al día siguiente, el Comisionado de Seguridad tuviera que ofrecer una conferencia para presentar pruebas periciales y acreditar la identidad del muerto. En el colmo del conocidísimo centralismo priista, la Secretaría de Seguridad Nacional y su comisión decidieron que el resto del país debían atenerse -sin cuestionar la veracidad- a los reportes de los periodistas del Distrito Federal que asistieron a la conferencia, porque ni siquiera emitieron boletín informativo, o hicieron llegar las pruebas presentadas a la prensa en el resto del país. Como si solo estuvieran ocupados e interesados en informar a los residentes del Estado de México y el Distrito Federal, patrón que se repite incluso en el tema de la comunicación peñista a través de redes sociales, dado que según la Asociación Mexicana de Internet, en 2012 alrededor del 19 por ciento de sus usuarios estaba en el Estado de México y un promedio del 13% en el Distrito Federal, en el resto de los estados los “seguidores” del Presidente se encuentran entre el 7 y el 1 por ciento de usuarios. Con dichas estrategias ocupadas en “informar” de manera preferente a estos dos estados, el Presidente Peña está atendiendo solo al 22.5% de la población del país, que según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), son los que viven en esa zona. Entonces, está obviando, ignorando, desatendiendo o violentando el derecho a la información del 78% de sus gobernados. Para este ejecutivo Facebookero vale retomar más números: con sus 3 millones 926 seguidores, Facebook no es el foro más sobrio para el Presidente de México, quien está por debajo de los 5.8 millones de seguidores que conserva, aun muerta, la cantante grupera Jenni Rivera, o los 4.3 millones que siguen a Alfredo Ríos “El Komander”, o los 6 millones que tiene el grupo Calibre 50, ambos dedicados a ensalzar la vida de narcotraficantes homicidas, cantantes que ponderan el usos de drogas y el asesinato como forma de vida. Adicionalmente, con esos 3.9 millones de seguidores, el licenciado Peña no informa ni siquiera al 20.5% de los 19 millones 158 mil 592 mexicanos que votaron por él. Y abarca apenas el l3.28% de los 119. 7 millones de mexicanos a los que gobierna, según la proyección 2014 del Consejo Nacional de Población. Ni detallar los apenas 80 mil 296 seguidores del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Y para colmo, invade la privacidad de sus usuarios. En 2013 el gobierno de México solicitó la información personal de 339 consumidores de Facebook, y la empresa proporcionó los datos de un 45%. Tampoco estaría de más que el Presidente y su gabinete recordaran otras estadísticas del INEGI. En México, solo el 32.2% de los hogares tienen computadoras, y apenas el 26% de los mexicanos, acceso a internet. Conforme a INEGI, en Veracruz, 3 de cada 10 ciudadanos son usuarios de computadoras, de los cuales 2.7 accede a internet, y el 90 por ciento (2.4) de ellos se conecta a redes sociales. Entonces, no se trata de fingir qué se informa, porque su obligación es llegar a todos los mexicanos, quienes siguen esperando que les cumpla. Como dato curioso final, resulta que este Presidente seguidor de las redes, ahora quiere controlarlas. En su propuesta de Ley de Telecomunicaciones que discute esta semana el Senado, Peña pretende que las señales y acceso a internet se “bloqueen, anulen o inhiban” temporalmente cuando el gobierno considere que sea “un lugar o evento crítico para la seguridad pública”, así de fácil. Nada de redes sociales cuando a la Presidencia convenga.
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