El robo y el homicidio siguen en alza en Baja California, las autoridades no pueden controlar ni detener a los líderes del crimen desorganizado, mientras los sectores empresariales y consejos ciudadanos, siguen sin ver la coordinación que los mandos integrados al Consejo Estatal de Seguridad pregonan En Baja California, según número oficiales, diariamente se roban 47 vehículos, 44 casas habitación y 18 comercios; 27 de los robos son con violencia, 21 personas son asaltadas en la vía pública, y 2.45 seres humanos son asesinados. Los homicidios se incrementaron en un 30 por ciento en el presente período, concentrándose en Tijuana, Mexicali y Rosarito. Para Roberto Quijano Sosa, miembro del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), acorde a la información que proporcionan las autoridades, los resultados de esta coordinación reactiva han sido mixtos, buenos y malos. Gracias a los operativos, los ladrones disminuyeron el robo de comercio, pero ahora se van a los hogares, factor que detonó e robo a casa habitación. Explicó que también bajó el secuestro a gran escala, ahora se cometen plagios “exprés” y extorsión. Además del obvio incremento en homicidios. “El secretario y la procuradora nos han dicho que Francisco Vega de Lamadrid está comprometido con la seguridad, la última vez le pedí que de ser cierto, el gobernador debía salir, hacer una declaración pública diciéndolo, y comprometiéndose a reducir al incidencia delictiva con objetivos específicos para la mitad de su gobierno; que ofrezca números que pongan a Baja California como ejemplo nacional, pero eso no ha sucedido”, consideró Quijano. “Decir que no trabajan juntos sería impreciso. Subieron los delitos, la ciudadanía y los sectores levantaron la voz y las autoridades se pusieron a hacer patrullajes conjuntos, pero eso es una coordinación reactiva, y se requiere una coordinación proactiva”, apuntó Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del CCE, sobre la falta de planes conjuntos con definición de responsabilidades específicas en el combate a la inseguridad en Baja California. “La percepción es realidad, con los cambios de gobiernos muchas fuerzas se desajustan para mal, entre la falta de formación, de información, a veces incluso de capacidad de algunos que tardan en adecuarse sus puestos. En seguridad todo se complica mientras no se alcanza a ver la planeación, la visión de largo plazo” agregó al respecto Quijano. Por su parte, el titular del CCE detalló que tras varias reuniones con la procuradora del Estado, Perla Ibarra; el secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel de la Rosa; y Alejandro Lares, secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, pueden constar que cada corporación tiene sus planes, pero ninguno ha presentado la Estrategia de Coordinación de Seguridad. Más allá de los patrullajes, “no vemos ni conocemos la estrategia conjunta”, indican los empresarios. Hernández Niebla recordó que las instancias de seguridad están obligadas a organizarse y tener el control pleno de las acciones creativas para abatir la inseguridad y que informen lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Apuntó que como Estado, “debemos estructurar qué queremos logran en materia de seguridad, especificar claramente dónde y cómo van a entrar las corporaciones municipales, las estatales, las Procuradurías, las federales, así como el Ejército y la Marina, con objetivos medibles. “Nuestra crítica respetuosa es que hay una tendencia a reinventar la rueda en cada período y no se da seguimiento a las acciones que fueron efectivas en los gobiernos pasados, y un ejemplo claro es Tijuana, donde se debe retomar la denuncia ciudadana y sectorización del periodo de Julián Leyzaola (2007-2009), recuperar la capacidad de respuesta que tenía en la administración de Alberto Capella (2009-2012). Pero cometen el error de abandonar, de volver a arrancar, y es un lujo que no podemos darnos”, sentenció Hernández. En cuanto a lo que está fallando, desde la perspectiva de los empresarios, necesitan de una estrategia conjunta con metas específicas, claras, prácticas y ejecutables; un mando que la coordine y dirija esfuerzos; y un sistema de información que rinda cuentas de la evaluación de la ejecución de metas. Asimismo, consideran que el gobierno requiere abrirse a la participación ciudadana, pero no solo recibiendo quejas, inquietudes y denuncias -que es lo único que hacen-, sino permitirles, como dicta la Ley, participar presentando propuestas y estrategias. “Y como ellos no nos la han presentado la Estrategia de Coordinación, nosotros le presentaremos la nuestra la próxima semana, primero a los alcaldes y gobernador, y después a las áreas de seguridad”, el cual no darán a conocer al mismo tiempo que se lo entreguen a los titulares de los poderes ejecutivos. La coordinación interinstitucional dada a conocer por los titulares de las áreas de seguridad en Baja California tiene, en la práctica, cuatro vertientes: 1. Todas las instancias de seguridad se reúnen periódicamente a informarse mutuamente de sus números y resultados. 2. Policías municipales (Tijuana y Tecate) comparten información con Procuraduría, y por otro lado Procuraduría y Policía Estatal hacen lo mismo. 3. Se realizan patrullajes conjuntos, “más continuos”, en tres modalidades: municipales, estatales y militares; estatales y municipales; y municipales y militares. 4. Federación y Estado están aportando recursos para la instalación de sistemas tecnológicos que permitan a las policías municipales acceder a las bases de datos de criminales en tiempo real, así como registrar e identificar a todos los detenidos. De coordinación intermunicipal en Tecate Al ser entrevistado, Bartolomé Lam Canto, director de la Policía en Tecate, afirmó que no existen “operativos carreteros establecidos”, ni se hacen alarmas intermunicipales, como cuando ocurren secuestros en Tijuana o Ensenada, ante la posibilidad de que las víctimas sean trasladadas a Tecate, como sucedió con las por lo menos cuatro víctimas de la banda encabezada por Edgar Vázquez Flores “El Speed”, capturado el 22 de marzo de 2014. Incluso, aseguró que el “Pueblo Mágico” no tiene problemas de secuestros, y que casos como el de “El Speed” son vistos por la Procuraduría, que en ese sentido, no comparte información con ellos, y no se trata de desconfianza, sino de atribuciones. Lam manifestó que sí existe coordinación, porque cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) lo requiere, les pide respaldo perimetral para ejecutar órdenes de aprehensión. En el caso de los otros municipios, el funcionario expuso que ha platicado con el secretario de Seguridad de Tijuana, Alejandro Lares, y el director Reyes Montilla, ante el tema de robos y ladrones de la Zona Este, quienes se trasladan a delinquir a Tecate. De ahí que las autoridades planteen labores conjuntas. Respecto a los homicidios, Lam Canto advirtió que en su municipalidad son menos -siete en el año- y de tipo doméstico, por tanto, difíciles de prevenir. “Afortunadamente aquí no tenemos las guerras de poder que se están dando en otros municipios, porque para estos grupos -tráfico de drogas- es una ciudad de paso, los arreglos se hacen en las ciudades grandes como Tijuana y Mexicali”, aseguró. Sobre el narcomenudeo, indicó que están trabajando en coordinación con la PGJE: “Estamos cruzando información, poniendo a disposición personas, y narcomenudeo no solo consigna con la gente que enviamos, le están jalando las hebritas, dando seguimiento de donde se obtuvo, y eso nos da mayor tranquilidad. “Lo que sí no podemos callar, son los secuestros exprés que se están dando con los migrantes, porque es una zona agreste, donde tenemos difícil acceso, porque cuando rescatamos a algún migrante, difícilmente quieren denunciar porque buscan cruzar a Estados Unidos o regresar a su lugar de origen. En esto trabajamos muy de cerca con el Grupo Beta y el Ejército, para inhibir este tipo de situaciones. Pero sí se dan, no se puede ocultar”, reconoció el titular de la Policía Municipal de Tecate. La extorsión también la combaten en conjunto: “Hay una secuencia de cada tres o cuatro meses, como que le toca a la ciudad de Tecate, nosotros traemos una coordinación permanente con el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), a la hora que la gente empieza a denunciar al 084 o 069, tengo la instrucción de que cualquiera de mis mandos atienda de manera personal esa denuncia con operativo de dos o tres unidades: una para localizar al presunto privado de la libertad, otra con el denunciante, y la tercera para estar pendientes de los bancos y tiendas donde cobran y pagan los rescates”. Para rematar, dijo, “las estadísticas recientes nos muestran que la incidencia está disminuyendo, entonces los operativos están funcionando”. Tijuana: homicidios a pesar de “operativos conjuntos” Para Alejandro Lares Valladares, el secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, sus estrategias y operativos también están siendo efectivos, aunque la incidencia de homicidios esté disparada en el Soler, Santa Fe, Sánchez Taboada, Florido, Mariano Matamoros, San Antonio de Los Buenos y Bulevar 2000. Explicó que al llegar, “de cuatro semáforos rojos -sectores con la inseguridad fuera de control- y uno amarillo, bajamos a tres semáforos rojos y dos amarillos. Mejoramos San Antonio de los Buenos, Sánchez Taboada, y en Playas bajamos el robo a casa habitación, que es el delito que más nos aqueja. Y el homicidio dentro de nuestra pequeña cancha lo estamos combatiendo. “Traemos acercamiento con los vecinos en las colonias y están colaborando, estamos haciendo rondines en los horarios que nos están pegando con información de planeación”. — Entonces, ¿por qué no se ve la coordinación? “Creo que una cosa es la percepción, pero hay resultados, el decomiso de cuatro y pico toneladas de marihuana, la detención del cuñado de ‘El Tigre’ (José Soto), a las salidas de la ciudad de Tijuana está la PEP y el Ejército Mexicano. El helicóptero de la PEP volando cuando hay cambios de turno, se ponen los filtros, hacen las revisiones. Con el General (Gabriel García Rincón) hemos tenido detenciones. “Tenemos visitas puerta a puerta de parte de elementos de vinculación ciudadana, las corporaciones que operamos en cada municipio nos reunimos cada semana, tenemos operativos conjuntos en que se barren las colonias, y a las salidas se ponen filtros para detener criminales y han resultado”. Según Lares, en sus reuniones con representantes de los diversos sectores, el reclamo sigue siendo el aumento de homicidios. Su respuesta es: “Está bien los homicidios, pero también aclarar que lamentablemente están perdiendo la vida, que tanto al presidente (municipal, Jorge Astiazarán Orcí) como a mí nos apena, no debe estar pasando, pero se está dando. Pero ¿quiénes son? No es el empresario, el estudiante, no es el ama de casa; lamentablemente son personas que tienen antecedentes penales, que están vinculados a narcomenudeo o micromenudeo”. — Pero los están matando en las calles Tijuana, los asesinos andan armados en las calles de la ciudad, mientras ustedes no terminan de coordinarse en general. “Bueno, no comprendo cuando dices que no terminamos de coordinarnos, yo creo que sí nos estamos coordinando, prueba de ello, son los resultados que estamos dando, las detenciones, tantas armas que estamos sacando de la calle. No podemos hablar de una descoordinación, hay apoyo mutuo de todas las corporaciones, la comunicación está fluyendo… es el descontrol de bandas que trata de posicionarse, por eso ha surgido tanto homicidio, y dentro de nuestras capacidades de cada secretaría y dirección, estamos trabajando para bajarlo”, concluyó Lares Valladares. Más fácil morir en Rosarito En términos de homicidas, ladrones y secuestradores, el Capitán Eduardo Montero, director de la Policía Municipal en Rosarito, refiere “el efecto cucaracha” por la cercanía con Tijuana, y admite: “De cualquier manera, con o sin efecto nos están pegando aquí, y mi obligación es prevenir. “Es usual que los criminales delincan en Rosarito y huyan para Tijuana o viceversa, pero la mayoría de los muertos aquí, venían o iban para Tijuana”. El capitán pidió puntualizar: “No es gente de este municipio”. — ¿Eso no significa que es más fácil matarlos en Rosarito que en Tijuana? “No, lo que dice es que allá en Tijuana se cuidan más, porque es donde traen la bronca, uno se descuida más cuando sale del lugar donde está lo caliente. Aquí los agarraran comiendo tacos, en Popotla”. — ¿Y qué pasa con los operativos coordinados intermunicipales, los retenes a las entradas y salidas de los municipios? “Eso es cuando tienes los medios, tengo once patrullas para todo Rosarito, para todos los turnos. Pero eso ya va a cambiar con la llegada de más patrullas”. Del apoyo del Ejército, Montero reiteró que apoyan con recorridos nocturnos que no son permanentes, pero que no es función de los militares patrullar las calles. Respecto a la PEP en Rosarito, comentó que está trabajando bien y, de acuerdo a sus posibilidades, apoyan al municipio de playa, “pero no tiene con qué dar más, son 500 agentes para todo el estado, yo creo que aquí la responsabilidad recae en las Policías Municipales, aunque requieren el apoyo de otras instancias”. La opción más viable para inhibir el delito por parte de las corporaciones municipales, es incrementar patrullaje, situación que se podrá dar a partir de la llegada de 14 patrullas más, obtenidas por el alcalde Silvano Abraca Macklis con el apoyo del gobernador Francisco Vega de Lamadrid. Podrán duplicar la fuerza, pero aún están en proceso. De igual manera, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ya trabajan en la depuración. En cuanto a la duplicidad de mando policiaco que existía en Rosarito y dividía a la tropa, el oficial del Capitán Montero, y el extraoficial del impuesto director operativo Javier Paredes Esquer, quedó aparentemente resuelto la noche del jueves 10 de abril de 2014, cuando el agente presentó su renuncia al cargo, después de que el sector empresarial exigiera que fuera el primero en aprobar los controles de confianza. La razón oficial fueron “motivos personales”, la no oficial, que ya era “mucha la grilla”; sin embargo, Paredes continúa laborando en el Ayuntamiento de Rosarito, ahora como encargado de administración de Oficialía Mayor. La versión del Estado En diferentes y recientes apariciones públicas, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, se ha esforzado en destacar la existencia y los resultados de una coordinación interinstitucional y “un modelo único de participación ciudadana”. Consultados los actores de diversos sectores empresariales, comerciales y de representación ciudadana de seguridad, organizados en los diferentes municipios bajacalifornianos, expusieron su afinidad con De la Rosa: “Tiene disposición, responde siempre, acude, escucha, responde; sabe de lo que habla, lo mismo la procuradora”. Pero reclaman la falta de atención al tema, de parte del gobernador Francisco Vega, con quien algunos de ellos no han podido reunirse -pese a haberlo solicitado- para manifestarle sus inquietudes y opiniones. En cuanto a la coordinación, en términos de discurso público, desde noviembre de 2013 hicieron un acto privado y después una conferencia, anunciando un acuerdo en materia de seguridad suscrito con los cinco alcaldes electos y los titulares de las dependencias estatales y federales. El problema es que nadie conoce el contenido, ni los compromisos específicos, de esa manifestación de buenas voluntades. El texto refiere diez ejes, pero la descripción dada a conocer es genérica y no contiene compromisos medibles, por ejemplo: Eje 1. Visión y Planeación. Un único Centro de Mando; un solo Centro de Control de Confianza; un solo Sistema Estatal de Información; un único Centro de Denuncia Anónima; y el más importante, un Único Programa de Seguridad Pública. Conforme a De la Rosa, uno de los compromisos de este acuerdo, fue informar puntualmente “qué hacemos y los resultados” por eso el secretario de seguridad hace presentaciones periódicas del movimiento de la incidencia, e insiste en que los resultados muestran que están coordinados. La pregunta reiterada de los reporteros ha sido: ¿por qué su información no va acorde con la percepción ciudadana? Entonces el funcionario recuerda que existe una cifra negra, “aunque en Baja California no es muy alta”, y que encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) también indican que la percepción de seguridad en el estado ha mejorado, “del lugar 16 en 2013, pasamos al 23 en 2014”, citó el funcionario estatal. A manera de excusa, pide recordar: “Este sistema de coordinación e información va iniciando, lo mismo que las estructuras del gobierno estatal y las municipales, sin embargo – admite-, se requiere una estrategia donde ya estemos midiendo cada tres o cuatro meses, qué nos está aconteciendo en cada municipio, focalizando ciertas zonas donde se han venido elevando los indicadores. Y ya lo estamos realizando con cada uno de los jefes (policíacos) de esas demarcaciones. “También estamos revisando cómo le está entrando cada corporación para inhibir el delito, debemos estar conscientes que esto es una fase, una primera fase, pero vienen otras estrategias donde ya estamos haciendo investigaciones y labor de inteligencia, el Estado trae 60 objetivos -delincuentes de alto impacto relacionados con crimen organizado-, se está trabajando en los mandamientos judiciales y en seguimiento para ver si es posible detenerlos en flagrancia”, detalló De la Rosa Anaya. De esos 60 objetivos, la SSPM de Tijuana solo trae tres, que son los que ya tienen orden de aprehensión. “Estamos realizando otros acuerdos específicos, y esos indicadores se van a disminuir” se comprometió Daniel de la Rosa, quien insiste en señalar que los homicidios e inseguridad no reflejan el empoderamiento de cárteles, sino “delincuentes que de forma desorganizada, intentan apoderase de determinadas zonas, eso estamos atendiendo, la puesta en peligro de la comunidad al suscitarse homicidios o balaceras en alguna zona de la ciudad…buscamos y establecemos mecanismos para erradicar rápido a estas personas”, precisó el titular de Seguridad Pública Estatal. Solo menores en caso “El Faro” Los primeros exámenes físicos y proctológicos realizados a los menores del albergue “El Faro” en Tijuana, descartan violación. Hasta ahora las investigaciones contemplan solo a los albergados, sin embargo, continúan para descartar la participación de empleados de la institución. De los 24 niños que continúan en custodia del Ministerio Público, únicamente han sido entrevistados dos, mismos que señalan a otros cinco de haber incurrido en comportamientos que podrían derivar en delitos sexuales. En lo que se desahoga la integración de la averiguación previa que se abrió del caso, los infantes son resguardados en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), por la Procuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia. Fue la noche del sábado 12 de abril de 2014, cuando una madre de familia decidió denunciar los hechos ante la Policía Municipal, luego de que desde el jueves 10, el propio albergue le pidiera no hacerlo, según supo este Semanario. La Unidad de Violencia Doméstica atendió la denuncia que hacía referencia a comportamientos “anormales” entre los menores. La madre relató que por lo menos siete infantes, seis varones y una mujer, se involucraron en comportamientos sexuales a cambio de juguetes y de no ser golpeados. La misma noche del sábado, la Policía acudió al lugar, ubicado sobre la calle Laurel de la colonia Praderas de la Mesa, Delegación Cerro Colorado, y presentó ante un Juez Municipal de la Comandancia “Margarito Saldaña”, a los 24 menores y a siete empleados que estaban en el lugar. De ahí fueron turnados al Ministerio Público, instancia donde se ordenó que los niños fueran llevados al DIF Estatal para iniciar investigaciones, y a los adultos se les permitió retirarse al no encontrarles responsabilidad, por lo menos en flagrancia. En conferencia de prensa realizada el martes 15 de abril, el subprocurador de Justicia, Gilberto Cota Alanís, informó que han sido dos los menores entrevistados y revisados clínicamente, los exámenes proctológicos que se les practicaron arrojaron resultados negativos, es decir, se descarta una violación. “Hasta ahorita, los dos menores por los cuales inició la intervención… sus dictámenes médicos, proctológicos están completamente íntegros, no hubo ningún problema que presenten en el área genital, ninguna agresión”, reveló. Según la Procuraduría, estos dos menores acusan a cinco niños de ser los iniciadores de estas conductas: dos de 12 años, dos de 13 y uno más de 10 años de edad. “Falta por entrevistar al resto de los menores, y también sus dictámenes psicológicos y proctológicos, para poder determinar si en un momento dado se le atribuye exclusivamente a menores, pues podríamos desglosar la investigación al Ministerio Público especializado en menores”, indicó Cota Alanís. En caso de que se determine que hay conducta delictiva de tipo sexual, los menores con una edad superior a los 12 años deben ser juzgados penalmente de acuerdo a la Ley de Justicia para Adolescentes, y en caso de tener más de 14, podrían recibir un castigo que amerite estricción de su libertad. “Lo demás son medidas cautelares, por ejemplo, que están bajo el tratamiento de sus padres, en DIF, por ejemplo, que es una especie de protección al menor”, refirió el subprocurador. Además, dijo que de descubrir que los empleados de “El Faro” tuvieron conocimiento de los hechos, podrían tener responsabilidad por caer en encubrimiento por favorecimiento, como dicta la Ley. Según registros de albergues y orfanatos en Tijuana, Guadalupe Cossío Villavicencio está registrada como dueña de “El Faro”. ZETA acudió a las instalaciones, sin embargo, se refirió a Juan Carlos Barrientos como responsable. Barrientos respondió una llamada telefónica, afirmó no poder dar entrevistas, hasta que su abogado se lo autorice. De acuerdo a María del Carmen Sánchez Áreas, titular de la Procuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia, el centro infantil no se encuentra registrado en el padrón de DIF Estatal desde hace unos ocho años. Sin embargo, aseguró que esto no representa una irregularidad: “De pronto los perfiles que nosotros tenemos, en el momento los niños no cubren esos perfiles que se manejan, o están saturados con el número de niños que están capacitados para recibir, y nosotros tenemos que buscar otras opciones”. El DIF espera los resultados de las investigaciones ministeriales para intervenir directamente en los niños que resguardan desde el sábado 12 de abril. “Conforme vaya desenvolviéndose la integración de la averiguación previa, el MP va ir decidiendo si pone a disposición a todos o a unos cuantos, dependiendo del criterio, van a ir poniéndolos a disposición, porque nosotros tenemos que trabajar en la reintegración familiar de los niños”, se informó. Saúl Alejandro Ramírez Entre cajas de huevo, escondían marihuana Agentes de la Policía Federal, en coordinación con elementos de la Segunda Región Militar, detuvieron en el retén militar ubicado en el Kilómetro 43 de la carretera Mexicali-Tecate, un tractocamión con un cargamento de marihuana. Fuerzas castrenses realizaron una inspección del vehículo, y en el remolque, de marca Dina, localizaron dos toneladas de marihuana. La droga se encontraba oculta entre la carga de cajas de cartón de huevo. La hierba estaba en cientos de paquetes envueltos en plástico, cada uno con un peso aproximado de 10 kilos. Hasta el momento las autoridades no han notificado el nombre del o los detenidos, derivado del programa “Cuadrantes Carreteros”. ZETA Mexicali
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