Por algo le llaman “La Mafia de Magaña”, y es que al secretario de Desarrollo Social, Ricardo Magaña y a su equipo se les acusa de transar con los recursos de tan sensible dependencia; ahora son los vecinos del Ejido Maclovio Rojas, quienes denuncian irregularidades en la ampliación de un centro comunitario, para lo que presuntamente se invirtieron 2 millones 650 mil pesos; y la adecuación consistió, únicamente en una sala. Para ampliar el proyecto, las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), así como de Desarrollo Social del Estado de Baja California (SEDESOE), destinaron los más de 2 millones de pesos. Sin embargo, residentes de la colonia califican la obra como sobrevalorada. Hasta el terreno de aproximadamente dos hectáreas, donde ya se ubicaban el centro comunitario en cuestión y unas canchas deportivas, llegaron los recursos federales para acercar servicios comunitarios a los habitantes, pero éstos no han sido prestados, debido a que SEDESOE aún no designa a los administradores del lugar. Colonos han montado guardias para resguardar el centro comunitario, ya que rechazan la intervención gubernamental en un espacio que antes era administrado exclusivamente por ellos. Desde la conclusión de la obra, en febrero de 2014, los más de 2 millones de pesos solamente se pueden observar en la habitación anaranjada, pero no en la implementación de servicios. Entre los vecinos inconformes, se encuentra Hortensia Hernández, presidenta de la Unión de Posesionarios, la cual declara haber ocupado los terrenos desde hace 26 años, aunque el terreno haya sido donado al Gobierno del Estado por el Ejido General Francisco Villa. Este ejido adquirió el terreno -en disputa por el Ejido Maclovio Rojas- mediante una concesión de ampliación por mil 608 hectáreas, en una sentencia del Tribunal Superior Agrario en 1995. A su vez, esta ampliación se vio obstaculizada por la interposición de distintas demandas de pequeños propietarios, quienes se decían afectados en sus terrenos. Finalmente, por medio de una sentencia firme en el juicio agrario 111/93, el Tribunal Superior Agrario desestimó estas afectaciones en 2010, y con ello, el Ejido General Francisco Villa conservó la propiedad del predio. Aun así, la Unión de Posesionarios del Maclovio Rojas -organización que sostiene tener posesión de estos terrenos desde 1988- mantiene, hasta hoy, la posesión física del terreno en cuestión y guardia las 24 horas, para evitar ser desalojados por personas pertenecientes al Ejido General Francisco Villa. Según su presidenta, Hortensia Hernández, la Unión de Posesionarios no conocía la obra, por lo que les sorprendió que en diciembre de 2013, un grupo de personas identificadas como empleados de SEDESOE arribaran al terreno, derribaran cercos y comenzaran excavaciones. En reunión, la Unión de Posesionarios consensaría la construcción si ésta era benéfica para la comunidad, pero al ver el poco impacto de la obra, prefirieron oponerse a ella para evitar el solapar un probable mal manejo de recursos públicos. Refiriéndose a los campesinos que integran el Ejido General Francisco Villa, Hernández comentó: “Ellos nunca han estado aquí, nosotros no le invadimos al Ejido… a Ricardo Magaña (titular de SEDESOE) le exigimos que respete nuestra posesión de 26 años y nuestro problema de demanda al Ejido Francisco Villa”. Dicha demanda, con número de expediente 45/2013 e interpuesta ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 45 (Ensenada) en junio de 2013, pretende la nulidad de la donación de terreno mencionada anteriormente. Por su parte, Arnulfo Guerrero, subsecretario de Desarrollo Social en Zona Costa, menciona que los recursos federales provienen de un fondo federal para el desarrollo de zonas de alta marginación, y que ofrecerá servicios de salud y de capacitación para quienes resulten administradores del mismo. Estos administradores serían elegidos entre la comunidad del ejido Maclovio Rojas.
Publicidad
