Una demanda por indemnización enfrenta Editorial Kino -empresa impresora del diario El Mexicano-, interpuesta por Manuel Pérez Álvarez, tras 25 años de trabajo, ante la Junta Federal del Trabajo por una serie de irregularidades laborales de parte del propietario de la empresa periodística, el ex diputado local y ex regidor por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y además líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en la entidad, Eligio Valencia Roque. “Todos le tienen miedo”, sostiene Pérez Álvarez en relación al político priista que en la empresa periodística, juega doble papel de líder del sindicato, y a la vez, patrón de los empleados del diario. Pérez Álvarez, quien asegura contar con 25 años de antigüedad en El Mexicano -19 como empleado de base-, refiere que con la llegada del hijo del líder sindical, Eligio Valencia Alonso, a la dirección general de la empresa, la situación se volvió más tensa y complicada. “Es autoritario y prepotente, trata muy mal a los trabajadores”, asegura. Explica que desde fines de enero de 2014, se entrevistó con Valencia Amador para plantear su retiro de la empresa -solicitando la consabida indemnización-, pero no hubo respuesta, por lo que optó por presentar una demanda ante la Junta Federal de Conciliación, con sede en Tijuana. El trabajador manifiesta que en la sede del diario en Mexicali, se desempeñó en diversas áreas, desde promoción, publicidad, circulación, espectáculos y la cobertura del aeropuerto. “En el periódico existen muchas anomalías, pero si exiges algo, te acusan de traidor”, sostiene el demandante, además de revelar que desde 1999, los empleados no reciben utilidades, tampoco aumentos salariales. Además, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le tiene dos cuentas intervenidas de la empresa, que ya ha tenido problemas con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De hecho, en septiembre de 2004, Eligio Valencia fue electo diputado local -propuesto como candidato de lista-, y la tarde de la toma de posesión, dos agentes federales intentaron detenerlo en la sala de sesiones del Congreso del Estado. Entonces, un grupo de choque -convocado por el líder de la CTM- intervino de manera violenta y evitaron la detención de Valencia Roque, dejando lesionados a los dos agentes, aunque la toma de protesta del líder sindical como diputado local, se dio de forma atropellada. Según Pérez Álvarez, hace seis años solicitó un crédito ante Fonacot por cerca de 12 mil pesos, el cual le fue descontado por la empresa, pero cuando en 2013 acudió para solicitar uno nuevo, le informaron que el anterior no había sido cubierto por Editorial Kino, pese a que ésta restó la cantidad del sueldo del ex empleado, quien busca ser indemnizado. Como parte de la demanda, el agraviado exigirá, a través de sus abogados, que Eligio Valencia presente copia del Contrato Colectivo, ya que los trabajadores ni siquiera conocen bien las prestaciones de las que gozan. El monto de lo que demanda como indemnización no es tan alto (Manuel ganaba menos de 8 mil pesos mensuales), pero las ganancias por concepto de publicidad se han visto mermadas durante los últimos años. “Vamos a esperar lo que define la Junta”, y refiere casos de reporteros como Enrique Sánchez Díaz y Maricarmen Flores, quienes salieron de El Mexicano por pleitos con Valencia Roque, o el del fotógrafo en Mexicali Jesús Ramírez, quien falleció y a cuya familia, el líder cetemista se niega a pagar la indemnización. Lo mismo ocurrió con David Loyola, cuyos parientes demandaron para recibir la indemnización de Ley. Al preguntar si en el contexto de esta demanda ha habido algún tipo de acercamiento, Pérez Álvarez refiere: “No, ellos así son, no te dan la cara, quieren que nunca les reclamen nada”. ZETA se comunicó a las instalaciones del diario El Mexicano en Tijuana -donde se encuentra su dirección-, pero el Departamento de Recursos Humanos no devolvió la llamada. De igual forma, se contactó al secretario general de la CTM, Francisco Hernández Vera, quien dijo desconocer el caso en específico, pero consideró, debe resolverse entre el quejoso y la empresa, sin la necesidad de que intervenga la organización gremial.