Empresas otorgan préstamos vía nómina a empleados del ayuntamiento; en el periodo de Bustamante, las retenciones no llegaron a su destino: 52 millones de pesos que el nuevo gobierno pagó. Astiazarán escogió cuatro financieras y renovó convenios, entre ellas la de José Galicot y la de un socio de Guakil En Tijuana durante la administración de Carlos Bustamante se firmaron convenios con empresas que ofrecen préstamos a los empleados y se descuentan vía nómina. La responsabilidad del gobierno era descontar catorcenalmente los pagos y entregarlos a las financieras. En los últimos meses de gobierno, el ayuntamiento de Bustamante descontó a los empleados sus cuotas privadas pero no entregó los montos a las empresas. Ocasionando problemas de cobros extras y malos records. En total, 52 millones de pesos Bustamante descontó sin reportar los pagos a las empresas. La administración encabezada por Jorge Astiazarán Orcí no tiene idea del paradero del dinero, ni rastro de él. Mientras birlaban los millones, los empleados con créditos sufrían deudas, recargos y penalidades, para ellos fue como si no estuvieran abonando a su compromiso con las prestadoras. Y en efecto, dado que el ayuntamiento no pagó, la deuda crecía. El ayuntamiento de Astiazarán no renovó los contratos con estas empresas. Según el secretario de Finanzas, José Guadalupe Mujica Moreno, el alcalde decidió acabar con los convenios que Bustamante había mantenido; excepto con dos financieras relacionadas con personajes locales. Las empresas seleccionadas por Astiazarán, que actualmente ofrecen préstamos a empleados del municipio, son “FIMUBAC” (o Credenzz) en la cual aparece como apoderado José Galicot Behar, y “Dinero Fácil y Rápido”, cuyo dueño es Isaac Moisés Abadi Duek, socio del priista David Saúl Guakil, delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Económico, y funcionario en la administración de Bustamante. Los estragos Aunado al presumible desvío de recursos en el XX Ayuntamiento al retener el dinero de sus empleados y no entregarlo a la empresa según se contempla en el convenio firmado por ambas partes, los estragos los sufrieron los trabajadores. En testimonios recabados por ZETA narran los problemas que tuvieron por esta situación. En este triángulo financiero, las empresas no perdieron, la deuda nunca desapareció y los empleados siguieron haciendo el pago; mientras la actual administración no ha denunciado a la anterior por su responsabilidad, únicamente los empleados sufrieron las consecuencias. Por ejemplo, a los trabajadores que obtuvieron la deuda, se les consideró irresponsables para solicitar otros créditos. Contaron: a pesar que se les descontó el pago hasta finalizar sus mensualidades, la deuda nunca se finiquitó. Al pedir otro servicio financiero se los negaron por mala paga. No solo eso: dado que la empresa no recibió en las últimas 8 semanas las retenciones que se les aplicaba a los cheques de los empleados, ésta nunca giró el finiquito a Oficialía Mayor, y por lo tanto, la dependencia no dejó de realizar los descuentos cada catorcena, pese que algunos ya habían terminado sus pagos, o se pensaban. Solicitantes terminaron pagando más del monto de su deuda, unos perdieron el excedente de pagos y otros solicitando un rembolso. Los de mejor suerte la empresa les regresó los pagos de más, con una “penalidad” de unos 2 mil pesos, y luego de esperar meses. La herencia de Bustamante De los más de 360 millones de pesos que dejó Carlos Bustamante en deuda a proveedores, 52 eran de las SOFOMES (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades No Reguladas) que otorgaron los préstamos. El ex alcalde permitió la apertura de expedientes crediticios con los empleados. Explica José Guadalupe Mujica: “había convenios con 9 empresas SOFOMES; al 30 de noviembre había un adeudo de 51 millones 970 mil pesos. Esa deuda ha sido fundamentalmente retenciones que se le hace al personal, y que no se hace llegar a ellos”. Según Mujica el gobierno no sabe ni la tasa de interés ni los montos de los créditos. “Nosotros nos concretamos en hacer una retención y enterar a las SOFOMES”. Sin embargo, leyendo el convenio firmado por Bustamante, Alcides Beltrones Rivera, ex secretario del ayuntamiento y Óscar Lino Sarabia, ex oficial mayor, en marzo del 2011, se sabe que la empresa representada por José Galicot fijó un interés de 3.5 por ciento mensual, es decir 42 por ciento al año más el IVA que generan los intereses, prácticamente el 50 por ciento del préstamo es la ganancia de las SOFOMES. Para Mujica solo es “una instrucción vía oficialía a que se les empiece a descontar cierta cantidad”, cuántos adquirieron, por cuánto y los montos totales, lo desconoce. Lo que sí tienen contabilizado son los 52 millones de pesos en deuda que recibieron: “Hemos abonado 34 millones, y tenemos un adeudo de 18 millones. Lo que ha sido el movimiento de la administración actual, establecimos que lo que corresponde a nuestra gestión, pagarlo a tiempo”. El secretario de finanzas asegura que después de hacer el pago cada catorcena de las retenciones, a la semana siguiente se realiza un abono al adeudo. Los abonos catorcenales van de los 400 mil hasta el millón de pesos. En un intento de resolver el adeudo, intentan que FONACOT refinancie los créditos pendientes. El secretario de Finanzas afirma que Astiazarán “está impulsando mucho para que los trabajadores, se canalicen, se orienten y se financien a través de FONACOT”. Sin contar lo que se debe de la anterior administración, cada catorcena el ayuntamiento retiene 4 millones 120 mil pesos, una proyección de 96 millones de pesos lo que se debe para 2014. Esta cifra disminuyó con el nuevo gobierno pues no renovó convenio con las empresas. Mujica evita dar nombres de empresas, montos, números de créditos. “Siempre que se trata de situación muy particular –justifica el funcionario– estamos obligados por consejería jurídica, por aquello de la reserva de la protección de datos personales…hay ese tipo de restricciones legales”. Sin pena El presunto desvío de Bustamante no ha tenido consecuencias para él. Antes que dejara el cargo, se le solicitó a Mariano San Román, contralor de Sindicatura y al Síndico Procurador, saber si hay investigación o responsabilidades en el caso. Hasta el momento no se sabe que exista algún expediente o responsabilidad hacia el ex alcalde o alguno de los implicados, de hecho, Óscar Lino Sarabia, oficial mayor con Bustamante, fue hasta hace días oficial mayor de Astiazarán. — ¿Dónde quedaron esos 52 millones de pesos?, se le pregunta directo a Mujica Moreno. “Bueno, evidentemente, en las necesidades que el ayuntamiento tuvo de gasto, ahí se fue”. — ¿No es algo ilegal, desvíos de recursos? “Yo creo que son prácticas comerciales”. Mujica minimiza y justifica que el dinero privado entre las empresas y los empleados se haya jineteado y no haya llegado a su destino: “ésa es una práctica común, incluso en las empresas privadas, por ejemplo, la retención del ISSSTECALI, y la cuota, las retenciones del ISR, tampoco se entrega a tiempo…”. Las dos empresas del alcalde Mujica es explícito a la hora de justificar el porqué de no haberse renovado el convenio a todas las empresas SOFOME: “Básicamente el alcalde es el que ha tomado esa determinación…en este momento no sé cuál fue la razón, algún criterio específico no… es una decisión del alcalde. Y a la hora que él diga que se trabaje con todas, se trabaja con todas”. En entrevista con Marco Antonio Dueñas Soto, ex tesorero y actual oficial mayor, dice desconocer montos y números de créditos, sin embargo, arroja los nombres de las empresas que aún mantienen activos sus servicios financieros para los empleados. Menciona 4 SOFOMES (Mujica solo 2), Rapidito, FIMUBAC, DXN Express y Operación y auditoría. Las dos primeras, empresas de Tijuana. A la que se refiere como “Rapidito” en realidad es “Dinero Fácil y Rápido”, que aparece con otro nombre en el Registro Público de la Propiedad como “Credifácil” a nombre de Isaac Moisés Abadi Duek. El apoderado aparece en otras partidas como socio de Saúl David Guakil, delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Económico, en la compra de un terreno en la Zona Río entre calle Manuel Márquez y la Glorieta Paseo Tijuana. Por un valor de 5 millones 183 mil 96 pesos en el 2007. Coinciden en otras partidas de empresas, por ejemplo la Inmobiliaria Kamher, dedicada a “comercialización, compras, venta de bienes inmuebles, constructora, edificación, planeación, desarrollo y arrendamiento de todo tipo de construcción”, según su acta constitutiva documentada en el PRPC de Baja California con un capital de 13 millones 770 mil pesos. En esta empresa, David Saúl y Moisés Abadi Entebi aparecen como los apoderados. La otra empresa local que Astiazarán personalmente decidió renovar es FIMUBC, conocida por el nombre de Credenzz y la cual –según los testimonios recabados– penalizó económicamente a los empleados por la irresponsabilidad del municipio. En la firma del Convenio entre el ayuntamiento y la empresa en marzo del 2011, José Galicot se presentó como el “apoderado legal” y la empresa mostró el domicilio en Bahía de la Paz 710-B en El Mirador, Tijuana. El reportero se apersonó al lugar y encontró una casa habitacional, una dúplex aparentemente sin habitar. En entrevista con José Galicot, afirma que FIMUBAC es una SOFOMES mejor calificada en el país pero de bajo perfil, que la relación es extraordinaria con los gobiernos y que el objetivo es crecer hasta convertirse en un banco. De hecho, la FIMUBAC tiene presencia en otros estados y municipios mayormente en gobiernos de extracción priista. En Hermosillo firmó un convenio similar cuando Ernesto Gándara Camou era alcalde y Miguel Murillo Aispuro, secretario del ayuntamiento. Ambos con reciente participación partidista en Baja California. En Puerto Vallarta hubo convenio con gobierno, Agua Prieta, en Jalisco, entre otros lugares. En el Estado de México fue rechazada por considerar abusivos sus porcentajes de tasa de interés, incluso con el Instituto de Cultura de Baja California, en algunos casos es firmado el contrato como responsable por Raúl González Nava y en otros por Armando Álvarez Carmona, los dos bajacalifornianos. ¿Qué es una SOFOME? En estricta definición se trata de entidades financieras, que “a través de la obtención de recursos mediante el fondeo en instituciones financieras o emisiones públicas de deuda, otorgan crédito al público de diversos sectores”, según la Condusef. En resumen son empresas que realizan préstamos. De ahí su nombre: “Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada”, o SOFOME. Todas, registradas en la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef). Adolfo Solís Farías, doctor en materia fiscal explica: “son instituciones que tienen como función principal el fondear obviamente múltiples operaciones. Puede operar como un banquito chiquito, pero no capta recursos del público y no requiere ninguna autorización”. “No reguladas –advierte el ex fiscalizador del Banco Mundial– o más bien no con la rigurosidad a las grandes financieras”. Solís Farías explica que estas Sociedades Financieras (creadas por gobierno en el 2006) fueron para controlar a los usureros, dice: “(hay que recordar) aquellas épocas del clásico agiotista, quien prestaba dinero, que aún siguen existiendo, solamente que el fisco no tenía control de ellos, y para eso creó las SOFOMEs, al menos para tener regulados y controlados”. Esta figura tuvo como objetivo meter en un esquema legal, a aquellos que se encontraban ilegales. “Aquellos que operaban clandestinamente dejaron de hacerlo en cierta medida. Ya nadie te presta dinero a escondidas, de forma oculta, son operaciones trasparentes, éste es un punto positivo”, razona quien además posee una maestría en impuestos. Sobre su “no regulación”, Farías puntualiza sobre las SOFOMES: “aunque se les considere financieras, se les permite prácticamente tener un control absoluto de su manejo. Un empresario dice yo tengo dinero y quiero prestar, entonces yo me siento seguro porque yo la manejo y nadie me anda regulando”. Sí reguladas, pero no como a las grandes financieras que tienen unos sistemas de control estrictos, por ejemplo obligación de una casa de bolsa, una institución de respaldo, revisiones por la comisión bancaria entre muchas más. “El gobierno los estimula como diciendo no te voy a regular…pero no te voy a regular como a los bancos”, remata el doctor. Las SOFOMES estás restringidas para realizar otras operaciones, por ejemplo en el manejo de efectivo, en el tipo de créditos que otorguen, en otorgamiento de servicios financieros como tarjetas de crédito, hacer cuentas de ahorro bancarias, entre otras. En el caso del ayuntamiento de Tijuana la función de la SOFOME es ser el banco del empleado y su ganancia es el interés de que le está cobrando, el cual es del 3.5 por ciento al mes, es decir 42 por ciento anual más el 16 de IVA que generan los intereses. Para Farías una taza de interés “abominable”, pues en un banco se presta por el 16, 20, 25 por ciento anual. Y en las SOFOMES contratadas por el gobierno municipal casi la mitad del préstamo se tiene que pagar en intereses.
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