El estado se encuentra entre los tres con mayor tasa de incidencia delictiva en el país, solo debajo de Michoacán y Tamaulipas. Es primer lugar nacional en delitos federales y robos, y registra incremento en homicidios En palabras de Santiago Roel Rodríguez, director general de RRS y Asociados, empresa de consultoría que elabora el Semáforo Nacional Delictivo, Baja California mantiene uno de los niveles más altos de incidencia delictiva en el país en delitos relacionados al crimen organizado, “se encuentra en segundo lugar -empatado con Tamaulipas-, solo por debajo de Michoacán, con 3 de 4 indicadores, los cuales son robo de vehículo, homicidio, extorsión; y solo se salva en secuestro”, detalló. El mismo reporte presentado en 2014, reconoce que en incidencia delictiva general, la entidad ha tenido una mejoría o reducción del 7 por ciento, pero refiere que no es suficiente y permanece con “doble semáforo rojo”, al ocupar el segundo lugar nacional en delitos del crimen organizad,; el segundo en robos, el quinto en extorsiones y el séptimo en homicidios. Lo manifestado por Roel encuentra respaldo en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que confirma el aumento en homicidios violentos, que pasó de 590 en 2012, a 773 en 2013, y el repunte de las extorsiones denunciadas, de 207 a 361. Y aunque la cifra de robos a vehículos el año pasado disminuyó a 16 mil 720, es aún mayor a la presentada en cualquier otra entidad del país. Conforme al diagnóstico del Secretariado, la delincuencia común también se incrementó entre 2012 y 2013. Algunos de los tipos de robo quedaron cuatro veces por arriba de la media nacional Adicionalmente, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2014, las estadísticas del mismo Secretariado indican que en los primeros tres meses del año, en Baja California se han consignado 294 homicidios, 218 registrados como dolosos (ejecuciones) y 70 como culposos (accidentes). Del total de privaciones, solo 13 han sido radicadas como secuestros, y se han denunciado 80 extorsiones. De igual manera, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) 2013 sitúa a Baja California con el número más alto de víctimas por cada 100 mil habitantes. Según esta encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), realizada en 2012 y publicada un año después, en Baja California existen 36 mil 579 víctimas de algún delito, mientras que la media nacional es de 27 mil 337 personas afectadas por la delincuencia por cada 100 mil habitantes; números muy por arriba de Michoacán, con 20 mil 354, y Tamaulipas, con 21 mil 407 víctimas, solo superada por el Estado de México (41 mil 048 víctimas). El primer informe trimestral 2014 de la Procuraduría General de la República (PGR), también refleja la violencia del estado en cuanto a incidencia delictiva del fuero federal. Pese a que la mayoría de los detenidos y consignados a la delegación Baja California de la PGR salen libres, con apenas 2 mil 059 delitos federales procesados, el estado ocupa el segundo lugar en incidencia delictiva federal, solo superado por los 3 mil 650 consignados en el Distrito Federal. Sin embargo, considerando el número de delitos por cometidos por cada 100 mil habitantes, resulta que la entidad bajacaliforniana es más peligrosa y está en primer lugar, porque en ésta se comete el 58.5 por ciento de los delitos consignados en todo el país. Le siguen Tamaulipas (41.3% de los delitos), Distrito Federal (41.2%), Sonora (38.8%), Colima (36.7%) y Michoacán (30.4%). En el tema de drogas, los números de la fiscalía federal sugieren que en Baja California se ha consignado, en los primeros tres meses de 2014, a 203 personas por delitos contra la salud, 139 por posesión de droga, 773 por nacomenudeo, 24 por comercio, 13 por transporte, nueve por producción; solo uno por tráfico y otro por suministro; y 16 se clasificaron como otros delitos contra la salud. Asimismo, en las últimas cifras ofrecidas por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A. C. (ANTAD) dio a conocer la lista de los diez municipios mexicanos que concentran el 40% de la incidencia en robo a comercios. Dos de esas ciudades están en Baja California, Tijuana en el sexto lugar, y Mexicali en noveno. Doble alerta para los bajacalifornianos De acuerdo con Santiago Roel Rodríguez, desde 2009 se creó el Semáforo Nacional Delictivo -al servicio del público en el portal prominix.com-, en el cual han tasado una serie de directrices basadas en datos oficiales, de ahí parte para sostener que Baja California mantiene alarmantes indicadores, y aunque reconoce que se ha presentado mejoría en comparación con años anteriores, ha sido “insuficiente”. “Tomamos los datos y los semaforizamos, es una herramienta de evaluación, nos comparamos contra una media nacional e histórica, quien cumple la meta está en verde, quien está por arriba está en rojo, y quien está en amarillo está en medio, y cuando están dos veces por encima de la media nacional, hay doble rojo”, detalló. “Baja California desafortunadamente en varios delitos está por arriba del doble de la media nacional, robo a negocios, robo de vehículo, en robo a personas, en homicidio y ejecuciones, por cada 100 mil habitantes; al igual que en lesiones, violación, extorsión, superan la media nacional, mientras que en secuestro es el único delito que nos aparece en verde en Baja California de los que evaluamos. “A pesar de los dobles rojos, los números reflejan una mejoría con respecto a 2012 en la mayoría de los delitos -antes estaban peor-, excepto homicidios y secuestros, pero sí seguimos comparando a Baja California contra el resto del país, está muy lejos de estar en una situación favorable, ése sería el resumen”, expuso el investigador. Los números y las comparaciones Durante 2013, los delitos de robo a casa habitación, negocios y vehículo fueron a la baja a nivel nacional, mientras que el secuestro y extorsiones subieron. Los estados que bajaron sustancialmente fueron Monterrey y Nayarit en los delitos de alto impacto, mientras que Jalisco, Campeche y Yucatán, los aumentaron. Entre los datos que arroja el estudio, se desprende que en Baja California el 48% de los homicidios están relacionados al crimen organizado, lo que lo coloca por debajo de la media nacional. En el caso de robo a casa habitación en Baja California, se presentan 476 robos por cada 100 mil habitantes, más de cuatro veces la media nacional que considera 96 robos; le sigue Baja California Sur, con 398, y Quintana Roo con 270. Las cifras del primer trimestre de 2014 correspondientes a este delito, según las estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California, reflejan una disminución del 28% en relación al mismo ciclo del año anterior: el robo a casa habitación con violencia se redujo de 161 denuncias en 2013, a 91 en el presente año; y la denuncia del robo a casa habitación sin violencia, bajó de 4 mil 198 a 3 mil 450. En robo a negocios, al cierre de 2013, el estado seguía encabezando la cifra a nivel nacional con 195 eventos (es la media), seguido por el Distrito Federal con 152 y Quintana Roo con 147, mientras que la media nacional es de apenas 62 robos por cada 100 mil habitantes. De nuevo la Secretaría de Baja California, en las estadísticas 2014, reporta una reducción del 12% en ese rubro. En robo a vehículos Baja California es líder indiscutible, con 505 vehículos, seguido por Estado de México con 354 y Chihuahua con 262, mientras que la media es de 158; aunque en la cifra, el robo con violencia en este estado, es de los menos afectado, con apenas el 2.1%. En este delito, las estadísticas de 2014 no reflejan mejoría. En robo a persona, Tabasco se encuentra en primer lugar con 407 atracos por cada 100 mil habitantes, seguido por Distrito Federal con 235 y Baja California con 198, mientras que la media nacional es de 86. Tratándose de homicidios, Guerrero encabeza la lista con 59.2, Sinaloa con 41.2 y Chihuahua con 39.7 por cada 100 mil habitantes. Baja California se ubica en séptimo con 22.9, mientras que en ejecuciones está en onceavo, con 11.1 arriba de la media nacional. Otros delitos como lesiones: Baja California está en cuarto lugar nacional con 200 por cada 100 mil habitantes, contra 128 de la media nacional; violación en séptimo lugar, al sumar 17 contra 11 de la media nacional; extorsión en quinto, con 10.3; mientras que la media es de 6.8; secuestro es el único delito donde se ubica debajo de la media nacional. Menor cifra negra y más denuncia, defensa oficial Para el secretario de Seguridad Pública del Estado de Baja California, Daniel de la Rosa Anaya, la incidencia delictiva ha disminuido desde 2006 en un 16% a nivel global. “En los comparativos a nivel nacional de todos los delitos, como hay mayor denuncia -en Baja California–, ése es uno de los indicadores, por lo cual sale con mayor cantidad de delitos y eso lo hemos comentado. Las mediciones que realizan las instancias no gubernamentales, como México Unido contra la Delincuencia, algunas organizaciones como el CIDAC, establecen la medición delictiva; y en el país la media nacional de denuncia anda en el 15 por ciento del total de delitos cometidos. Baja California está muy por encima de esa cantidad”, argumentó. El estado bajó del tercero al lugar 16 en secuestro, y en homicidio, del tercer lugar nacional al 17. En cuanto a percepción, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Mexicali, Jorge Cervantes, respaldó al funcionario de seguridad, al señalar que los avances han sido sustanciales en los últimos dos años: “Afortunada e independientemente de las estadísticas que maneja, nosotros hemos tenido una percepción de seguridad mayor en los últimos dos años, en relación a los cinco anteriores, y en este sentido se ha notado porque hemos trabajado con mucha coordinación con la PGJE, la Policía Municipal y con la PEP, y creemos que la coordinación es lo que va a lograr abatir los niveles de inseguridad. “Los robos a casa habitación y a comercio se han incrementado, pero afortunadamente los delitos de alto impacto, que son los secuestros, homicidios y demás, sentimos que no ha habido un incremento severo en éstos. Son ajustes de cuentas, y afortunadamente no participa la ciudadanía; sin embargo, asegura que aún sigue siendo una preocupación”. El empresario dejó claro su apoyo al secretario De la Rosa y felicitó a la procuradora estatal, Perla Ibarra, por judicializar más casos que en el gobierno anterior. Por último, reconoció que a más de 100 días del inicio de la actual administración, ni él ni sus representados se han entrevistado con el gobernador Francisco Vega de Lamadrid para conocer la estrategia en materia de seguridad, pese a que en campaña, fue un compromiso que realizó. Prevención como estrategia Para el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, el tema de la prevención será el eje fundamental. Entrevistado por ZETA respecto a los altos índices delictivos, indicó que trabajará en una política social y reforzará programas como “Escuela para Padres”, capacitación y bolsa de trabajo condicionada a que se labore en el tema de valores. “Muchas veces los padres educan a los hijos de la mejor manera y creemos que estamos educando bien, pero realmente no lo estamos haciendo tan bien porque a nosotros nos educaron hace muchos años, y el mundo ha cambiado; entonces, le vamos a apostar a la prevención desde las escuelas, los kínderes, las estancias infantiles. Ésa es la mejor manera”. El mandatario agregó que seguirá trabajando en todas las estrategias tradicionales con aplicación de recursos federales y estatales: “Estamos esperando por las nuevas reformas que ya fueron votadas y autorizadas, esperemos que pronto se vea en una mejor recaudación, y esa recaudación la vamos a distribuir ordenada y responsablemente en muchos conceptos, desarrollo social, infraestructura, escuelas, deporte; pero también vamos a invertir fuertemente en prevención y seguridad pública”. Por su parte, la procuradora de Justicia del Estado, Perla Ibarra, negó el problema de seguridad en la entidad. “Baja California no está en los estados con mayor delincuencia, lo que yo sí te puedo decir es que traemos un trabajo de reingeniería dentro de la propia Procuraduría, y el trabajo principal es ser más eficientes en todas las áreas de la misma. El trabajo que nosotros traemos es muy definido, es la integración de las averiguaciones y la persecución del delincuente, y en eso estamos centrados como principal tarea”, precisó la funcionaria. Homicidas y secuestradores detenidos La Procuraduría los seguía desde febrero de 2014, a raíz del asesinato -el día 19- de uno de sus cómplices, Sergio Sandoval. Bastó con cruzar los datos de la investigación con reportes del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, y el domingo 20 de abril, la Policía Municipal detuvo a dos de los presuntos criminales. Juan Aguilar Morales “El Johnny” fue presentado ante la Procuraduría del Estado, mientras que a Guillermo Lozano Villalbazo lo dejaron escapar. Por este último hecho, se consignó a un uniformado de Tijuana por evasión de reo. Las declaraciones de Aguilar llevaron a la aprehensión de sus compañeros de crimen, entre el 21 y 23 de abril. En ese contexto, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) consignó por secuestro y homicidio a Aguilar y al jefe de la célula criminal, Gerardo Cervantes Díaz, “El Gera’’; además de Manuel Alberto Gómez Paulino “El Chaparro’’, secuestrador, torturador y cuidador; Francisco Saúl Rocha Gómez “El Chilango’’ secuestrador y enganchador de migrantes; Kenneth William Hooper “El Kenny’’, secuestrador que también se dedicaba a tirar cadáveres; y Heriberto González Paredes “El Ruso’’, este último, encargado de asesinar a las víctimas y negociar el pago de rescates. De la célula, las autoridades conocen que está integrada por deportados, adictos al cristal y la heroína que, cuando vivieron en Estados Unidos, se dedicaban a la falsificación de documentos. Estaban juntos desde el año 2013, y cobraban de 5 mil a 7 mil dólares por los secuestros. A su compañero de delitos, Sergio Sandoval, lo mataron porque se le escaparon dos migrantes en febrero, y abandonaron su cuerpo en bolsas del plástico negras para basura en la calle Tíbet de la colonia Internacional, Delegación San Antonio de los Buenos. De igual manera, asesinaron a su cómplice, Francisco Velázquez López, el 8 abril del 2014. Su cuerpo fue abandonado en la Colonia Unión, donde se localizó un trozo de madera con la leyenda “PONGANSE A TRABAJAR POLICIAS HIJOS DE SU PUTA MADRE RATEROS ATTE: 666#”, con el propósito de desviar la investigaciones. Este hombre fue ultimado porque quería dejar el grupo delictivo. Los sujetos también fueron consignados como presuntos responsables del homicidio de dos hombres cuyos cuerpos descuartizados, se localizaron en dos maletas el 3 de marzo de 2014, en la colonia Cortez, así como el cuerpo de un individuo de sexo masculino localizado en el interior de un tambo plástico, el12 de marzo en la colonia Lomas del Porvenir. Jueces liberan narcomenudistas El 85 por ciento de los presuntos traficantes de droga al menudeo, puestos a disposición del Poder Judicial por la Unidad Estatal en el Combate al Delito de Narcomenudeo, adscrita a la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría del Estado de Baja California, son liberados por jueces locales. La nueva actitud de los juzgadores inició en los meses recientes, particularmente en Tijuana y Ensenada. De esta manera han decidido que si el sujeto detenido en posesión de droga, cuyas cantidades no son las “permitidas” para clasificarse como de “uso personal”, no pueden ser aprehendidos y consignados por posesión para venta en flagrancia, a menos que se les sorprenda comercializando el enervante. “Esto lo están determinando en los casos en que algún elemento de alguna corporación, detiene al presunto delincuente, por ejemplo, por pasarse un alto, por manejar a exceso de velocidad, por cometer una falta al Bando de Policía y Buen Gobierno; y al hacerles la revisión precautoria, les encuentran la droga en dosis para venta”, explicó el licenciado José María González, subprocurador de delincuencia organizada en la entidad. “Según los jueces, no se acredita la flagrancia porque al consignarlo por la droga, lo están procesando por un hecho diferente al que provocó la detención, entonces, al tratarse de un segundo momento y no ser la sanción original, según ellos no hay flagrancia del delito cometido en el segundo momento, y como a su parecer no hay flagrancia, dictaminan que la detención fue ilegal”, abundó. En esas condiciones, los detenidos podrían acusar a las fuerzas policiacas de abuso de autoridad, “y como no hay flagrancia según el criterio de estos jueces, todo lo que hacemos después no vale, se cae el dictamen químico, el toxicológico, el pesaje, todo; y los liberan”. En ese contexto, los criminales están regresando a las calles en cuestión de horas, mientras la PGJE contraargumenta en el sistema judicial, basado en la Tesis XXVI. 5o (V Región) 10P (10ª), votada por unanimidad el 15 de octubre de 2013 y se publicó el 31 de enero de 2014, que “… si los elementos aprehensores, al realizar sus labores de vigilancia observaron que el inculpado, al notar su presencia adoptó una actitud evasiva y al practicarle una revisión precautoria se percatan de que está cometiendo un delito en flagrancia (le encontraron el narcótico afecto a la causa), motivo por el cual lo detuvieron, la actuación de dichos elementos no fue una detención arbitraria que requiera de un mandamiento escrito”. Y agrega: “Se trata de dos momentos distintos que concurren en dicha actuación, el primero consistente en la revisión que los policías pueden realizar a cualquier persona con la finalidad de prevenir o investigar la comisión de algún delito, a fin de garantizar la seguridad pública; y el segundo, consecuencia del primero, lo constituye la detención en flagrancia que puede llevar a cabo si con el motivo de la revisión, observan la comisión de algún ilícito”. En la opinión del subprocurador, la postura de los jueces no tiene lógica: “Es como si los policías detienen a un carro a exceso de velocidad y se dan cuenta que llevan a un hombre esposado y golpeado atrás ¿Qué van a decir? Que no se acredita la flagrancia de la privación, el secuestro o las lesiones, porque originalmente lo detuvieron por exceso de velocidad”. “Suicidio” en El Hongo II Personas cercanas a Manuel Erasmo Valdés Viera, consignado como presunto homicida y preso en el penal “El Hongo II” de Tecate, piden claridad en los detalles de su fallecimiento, registrado el 17 de abril de 2014 en el interior del penal. Valdés fue presentado el 21 de marzo por la Procuraduría del Estado, como uno de participantes en el homicidio del ejidatario Pablo Francisco Arce Mayoral, cometido el 25 de febrero en Playas de Rosarito. Junto a Valdés, quien confesó haber sido el conductor del automóvil usado en el operativo criminal, fueron consignados Agustín Martín Ortiz Trujillo y Cristian Alberto Hurtado Román presunto tirador. Los tres sujetos fueron vinculados plenamente al homicidio, a través de videos y recibos de compra. En el caso existen dos criminales con orden de aprehensión pendiente, identificados como autores intelectuales. Respecto al fallecimiento del interno, la versión del Sistema Penitenciario del Estado fue que Valdés se suicidó, deshiló una cobija tipo jerga, amarró la cuerda de la tercera litera arriba de dos metros, para después dejarse caer. Explicaron que originalmente, el occiso estuvo interno en el CERESO de Tijuana, pero tuvieron reportes y versiones de sus coacusados de que su vida corría peligro, por lo que se decidió trasladarlo el 17 de abril a “El Hongo II”- sin notificar a la familia-, por su seguridad y la del penal. En Tecate, de nuevo por seguridad le asignaron una celda solo, y los siguientes dos días tuvo actividad en los patios. El sábado 19, los presos desde las celdas cercanas escucharon la caída del cuerpo, al escuchar los gritos, acudió la guardia y encontraron a Manuel Erasmo fallecido. A la familia le notificaron del deceso ya que le habían hecho la autopsia, solo les dijeron que no encontraron nada extraño, aunque ellos vieron que los “brazos estaban moreteados”; posteriormente les entregaron el cuerpo, no así los papeles, lo que dificultó los trámites finales.
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