Apenas iniciado el operativo “Playas en Regla” por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) durante el periodo de Semana Santa, ya hay dos quejas, e incluso ZETA fue testigo de la violación del derecho de acceso a la playa o Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), suceso que se presentó el viernes 11 de abril. La playa “El Caimancito” de La Paz, fue el escenario de la negativa del acceso de turistas a la playa, justo en la entrada principal al balneario, se colocó una cadena y un candado, mientras que un guardia de seguridad limitó la entrada. El vigilante dijo textualmente a los visitantes: “¿Vienen al evento de gobierno? ¿No? Pues no pueden entrar a la playa”. Se sabe que el evento fue del grupo ganadero del estado, los turistas se limitaron a cuestionar. Como Ramón: “Cómo es posible que no podamos entrar a la playa, los niños querían llegar”, mientras turistas extranjeros como John y su esposa, solo atinaron a exclamar “Oh my God!” para retirarse del lugar. Según autoridades ambientales, el acceso a la playa debe ser obligatorio, así lo decreta la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la SEMARNAT, en el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar (RUAMAT). “El público en general debe tener libre acceso y tránsito al área federal”, además, en el Artículo 8 dispone de la aplicación de “una sanción de entre 10 y 500 veces el salario mínimo a quien incumpla con esto”. Según Valerio Castro Santa Ana, delegado de la PROFEPA en Baja California Sur, “por un lado es iniciar un proceso administrativo en contra de todos aquellos concesionarios que no le permitan a la ciudadanía el acceso, dado que es uno de los términos y condiciones que establece la SEMARNAT al momento de otorgar concesiones, el que se le permita a la ciudadanía tener esas ventanas hacia las playas”. Una denuncia más corresponde a la playa conocida como “Saltitos” en esta ciudad, en la cual también hay acceso limitado a los bañistas por parte de los concesionarios. El acceso está restringido a vehículos, solo hay un sendero para entrar pedestremente. Especialistas en la materia informaron a este Semanario que mientras haya un camino vecinal, el acceso no debe limitarse. En el lugar se observa una reja con cadena y candado, aunque ambos casos son en el municipio de La Paz. Castro Santa Ana afirmó que estas violaciones son más comunes en Los Cabos, ubicado al sur del estado y principal destino turístico sudcaliforniano. “En particular en el municipio de Los Cabos, obstrucción a la ciudadanía, acceso a las playas, en las cuales hemos llevado la comunicación necesaria, los procedimientos y se ha llevado a garantizar el acceso”, precisó. En el caso de “El Caimancito”, se sabe que inspectores de la PROFEPA acudieron al lugar para levantar el reporte, por tanto, se entiende que se deliberó una sanción al concesionario de las instalaciones, las cuales pertenecen al gobierno de Baja California Sur; sin embargo, esta queja es recurrente año tras año, derivado a que en esa playa se limita el acceso a los visitantes.
Publicidad
