Zócalo 11 de Julio: mucho dinero, poca plaza

Una nueva controversia jurídica envuelve la construcción del Zócalo 11 de Julio, proyecto que en cuatro años, ha acumulado millones de pesos de recursos públicos, pero presenta un pausado e incierto avance. Desde sus curules, legisladores federales también exigen una pronta rendición de cuentas e intervienen ante el Gobierno de la República para evitar se destine más dinero a una obra calificada como “un capricho”. En 1978, el entonces Presidente de la República, José López Portillo, emitió un decreto que autorizó la enajenación en favor del gobierno de Baja California, de tres terrenos donde ahora se ubican el Palacio Municipal, el Centro de Gobierno y lo que queda del Parque Benito Juárez. De este documento, surgió el punto de acuerdo presentado por el senador Marco Antonio Blásquez, quien en entrevista expuso: “Me opongo porque este decreto tiene la condicionante de que los terrenos no se utilicen para una cosa diferente al proyecto de refundación de la ciudad. Esto lo vuelve un proyecto aventurado e ilegal”. El senador refiere además los intereses de los miembros del Patronato 11 de Julio, asociación civil constituida desde 2008 con el fin de promocionar y administrar la construcción del Zócalo. “Son personas influyentes, tienen la capacidad de llegar a gobernadores y alcaldes, por lo que en mi punto de acuerdo, pido se informe de los recursos que la Federación ha dado, cómo se han empleado, quién los administra y si hay alguna proyección de obra”, señala. El patronato está conformado por los empresarios Carolina Aubanel como presidenta, Enrique Mier y Terán como tesorero. El legislador insiste: “No hay comunicación de las fases del proyecto. No son transparentes, se mueven en la oscuridad del poder”. Blásquez agrega que en la segunda semana de marzo se reunirá con Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia, para exponerle irregularidades en la constitución del proyecto, desde el proyecto presidencial hasta permisos de construcción viciados. Arranque de obra… años después Con la entrega de 100 millones de pesos, provenientes de un fondo federal, el Patronato inició la construcción de un teatro al aire libre y de una explanada -a espaldas del Centro de Gobierno del Estado-  para dar inicio a la primera fase del Zócalo. Enrique Mier y Terán, tesorero del Patronato 11 de Julio, espera que en junio de este año concluya su construcción, la cual requiere de obras especializadas como la introducción de vigas metálicas, sótanos para el estacionamiento y elevaciones. Faltarían por construir -y financiar-  la Torre Emblemática que contempla 13 niveles, la reubicación de la biblioteca y del edificio del Instituto de Cultura de Baja California (ICBC), el centro comercial, el puente que se levantaría sobre la canalización del Río Tijuana para conectar el Zócalo con la Zona Río, el estacionamiento, pantallas LED y más. Pero Mier y Terán confía en que con esta inversión federal, siembre la confianza para que la iniciativa privada invierta otros 500 millones de pesos para terminar la obra, mediante una asociación público-privada. “Se invita a los inversionistas privados que puedan invertir en las áreas donde hay un retorno a la inversión, para que una vez que termine su periodo de participación (concesiones de hasta 30 años), se les ceda esa infraestructura a la ciudad o al Estado”, explica. Pero la posibilidad de que el Movimiento Pro Defensa del Parque Benito Juárez interponga un tercer amparo para detener la construcción, podría dejar frenado el ya de por sí lento avance que registra el proyecto. Camaleónica personalidad jurídica Sabino Arellano, integrante del Movimiento Pro Defensa del Parque Benito Juárez, indaga cada acción del Patronato 11 de Julio para evitar la consumación de la obra. Entre los documentos que ha logrado recolectar pese a la poca disposición de funcionarios públicos de compartir información y la actitud de las unidades de Transparencia por omitir datos, hay dos permisos de construcción solicitados por el Patronato 11 de Julio. Y es que la asociación civil no tiene la facultad jurídica para hacerlo, ya que el Gobierno del Estado es el único propietario de los predios. Está, por ejemplo, una aclaración de oficio emitida por el Departamento de Acciones de Edificación, para que “sea corregido el nombre de la razón social a la que fue expedida la prórroga de licencia de construcción para el proyecto denominado ‘Construcción del Proyecto Integral Denominado Zócalo 11 de Julio’, de acuerdo al documento que dio origen a la autorización del proyecto, quedando finalmente a nombre del Gobierno del Estado”. En la misiva, fechada el 7 de agosto de 2013, el XX Ayuntamiento de Tijuana informa que tal prórroga no puede ser solicitada por el Patronato y les piden subsanar el error. Pero ésa no fue la primera ocasión que el Patronato pretende obtener el terreno donde se construiría el Zócalo. Previamente, la Secretaría General de Gobierno informó: “El patronato pretende se les asigne o transfieran bienes inmuebles de dominio público del Gobierno del Estado para la operación y administración del Zócalo 11 de Julio… la asignación de inmuebles solo se puede dar a dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada”, cita un reporte de 2009. De hecho, la resolución de impacto ambiental recibida por la Dirección de Protección al Ambiente del Ayuntamiento de Tijuana -con fecha diciembre de 2009- va dirigida al Patronato 11 de Julio. El senador Marco Antonio Blásquez comenta al respecto: “(El Patronato) Hicieron las cosas de manera tan atropellada y torpe, que cometieron errores de carácter administrativo. “Están desesperados porque no avanzan, se dicen sin recursos y van por apoyo privado para que los inversionistas sean los usufructuarios del centro comercial”, refiere. Sabino Arellano encuentra elementos suficientes para interponer un tercer amparo – luego de que los dos primeros fueran desechados en los tribunales- “para frenar las acciones de alguien que se ostente como tramitador de permisos de operaciones sin las facultades”. Como parte de la asociación civil que ha recolectado más de 100 mil firmas contra el Zócalo, comenta que ante el Poder Judicial, “estamos completamente indefensos, porque reclamamos nuestros espacios públicos como ciudadanos, pero no poseemos los derechos jurídicos”. También la diputada federal priista Carmen López Segura informa de la integración de una Comisión Investigadora, en la Cámara de Diputados, “para saber si la ciudadanía está de acuerdo con la construcción de ese Zócalo que ha tenido mucha resistencia”. La representante popular presentó un exhorto a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda, sobre la utilización de los 100 millones de pesos entregados del presupuesto federal. De que explique la Comisión integrada a su vez por las comisiones de Gobernación y de Hacienda, se encargará de indagar “tanto el objetivo del Zócalo 11 de Julio, como quienes integran el Patronato”. “Una intención de perjudicar a la ciudad” Para Enrique Mier y Terán, quien como tesorero maneja los recursos que año tras año recibe el Patronato,  la oposición de ciudadanos y legisladores es “una mala intención de perjudicar a la ciudad, pero sin éxito”. Además de los apoyos obtenidos de fondos para el turismo, desarrollo social y seguridad -como se publicó en la edición 2004 de ZETA-, de lo recaudado por la empresa que construyó y opera el estacionamiento del Ayuntamiento, al Patronato se le entregaría el 5 por ciento de lo obtenido. Al respecto, Enrique Mier y Terán precisa: “No estamos exigiéndoles el 5 por ciento para ayudarle (a la empresa) a que salgan de sus problemas (financieros) hasta que puedan tener una operación regular, queremos ayudarles a que salgan adelante”. La empresa de la que habla, Administradora de Obras y Concesiones (AOCSA), enfrenta una demanda por incumplimiento de contrato con la Comisión Estatal del Agua (CEA), así como dos embargos de 2012. En resumen, el tesorero del Patronato espera que el Zócalo resulte en “un lugar que presumir y enseñar, le va a dar un sentido de pertenencia al tijuanense”. Pero el doctor Tito Alegría, urbanista especializado en análisis de las ciudades fronterizas, difiere: “La simbología la construye la gente, si la gente no utiliza un espacio, carece de simbología para el conjunto de la gente, o tiene un poco de importante”. El investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente de El Colegio de la Frontera Norte, explica que en espacios abiertos, son necesarios los frentes urbanos, pero la ubicación del Zócalo, no los provee. “De un lado tiene Vía Rápida, sin probabilidad de frentes. Del otro lado, tienes oficinas de gobierno con puertas cerradas desde las cinco de la tarde. Funcionalmente, no tiene sentido tener una enorme plataforma sin frentes que la alimenten de gente”, indica. Por el contrario, señala el déficit “enorme” de áreas verdes en la ciudad, menos de un metro por persona, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda ocho veces más. “Era una oportunidad para tener espacio verde que se desperdició”, reflexiona, ya que en la construcción del teatro aire libre y la explanada, se han removido más de 100 árboles, siendo éste uno de los reclamos del Movimiento Pro Defensa del Parque Benito Juárez. El doctor Alegría coincide en que son necesarios espacios públicos, “porque la gente  necesita instrumentos de identidad, pero el proyecto carece de efectividad funcional, por lo que la construcción del símbolo va a ser muy débil”. En su opinión, “se debió haber hecho una inversión más profunda para darle actividades diversas, que es lo que permite la congregación de gente diversa, que es lo que le da sentido a una plaza cívica”. Sin embargo, el Patronato ha sido favorecido con grandes inversiones. Desde su conformación, en 2008, percibe un apoyo anual de un millón 800 mil pesos, de éstos, 863 mil  528 pesos se canalizan a la operación y mantenimiento de sus oficinas. Incluso, cuando la Secretaría de Desarrollo Social del Estado entregó los apoyos correspondientes a 2013, la asociación civil que conforma el Patronato recibió 107 mil 941 pesos, 13 veces más que la Asociación de Sordos de Baja California, y muy por encima de la mayoría de organizaciones que atienden a los sectores más vulnerables.