La promesa que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hizo a los mexicanos -de disminución de costos de telefonía, internet, transmisión de datos y televisión de paga- con la aprobación de la Reforma en Telecomunicaciones, hasta el momento queda en palabras. Mientras tanto, los consumidores siguen pagando por servicios caros y deficientes. En marzo de 2013 se aprobó la Reforma de Telecomunicaciones, sin embargo, quedaron pendientes las Leyes Secundarias que hasta la semana entrante, tendrán forma en el anteproyecto de Ley que el Senado recibirá para definir la implementación de los cambios a dicho sector. Por ahora los senadores por Baja California, Víctor Hermosillo Celada y Ernesto Ruffo Appel, aseguran desconocer si el documento habría sido recibido al seno de la Cámara. En torno al tema, el diputado federal Andrés de la Rosa Anaya reconoció que aun cuando se aprueben las reglamentaciones correspondientes, los beneficios ofrecidos a los consumidores tomarán entre dos y tres años. Por su parte, el titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Jorge Escalante, apuntó que los diputados federales serán los responsables del rumbo económico del país, al aprobar, rechazar o modificar las llamadas Leyes Secundarias. Cabe recordar que el 11 de junio de 2013, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el Decreto por el que se Reformaron y Adicionaron Diversas Disposiciones de los Artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. Apartado que atendió nueve compromisos acordados en el tan manoseado Pacto por México. La reforma estableció la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que tiene a su cargo el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en los términos que fijen las leyes. Dicho organismo, sin una Ley secundaria que fuera aprobada por el Congreso el 7 de marzo, dio a conocer que Televisa, Grupo Carso e Inbursa son actores preponderantes, por lo que se aplicaron 188 acciones en contra de dichas empresas. De ese total, 76 ajustes son para el Telcel-América Móvil (telefonía fija), 63 para Telmex (telefonía fija), 45 para la desagregación del bucle Telcel-Telmex, y otros cuatro en contenidos para Televisa. Habrá acciones legales Para el abogado Carlos Atilano, la falta de Leyes Secundarias tiene una lectura política muy clara, consecuencia del apresuramiento con que se aprobó ésta y otras reformas, mal llamadas estructurales, sin estudio ni consenso. “En estos momentos la ruptura del Pacto por México es un elemento sustancial que con toda seguridad ha impedido la redacción final de las Leyes Secundarias, ha generado una reacción que está calibrando el sentido de la sociedad, de los ciudadanos. Ante la incertidumbre de los beneficios de la misma, se está planteando la posibilidad de que lejos que las Leyes Secundarias sean un facilitador de las leyes primarias, serán inhibidoras”, advierte. En el caso de telecomunicaciones, el Gobierno Federal está viendo cómo se imponen candados para que sus efectos no sean tan negativos, a la vez que se evita la hegemonía de monopolios y la reafirmación de los intereses de los consorcios más importantes en el país. “Creemos que viene una nueva etapa en la que habrá mucha oposición para que estas leyes se den de manera muy natural. Veremos algunos polos legislativos que se estarán constituyendo para hacer un frente opositor a éstas”, asegura el consultado. La idea central es que las reglamentaciones se discutan con seriedad, de fondo, aunque por otro lado, Atilano abundó que no descarta que se empiecen a generar consultas ciudadanas (previstas por el Artículo 35 de la Constitución) en aras de revertir lo aprobado en la reforma y con la intención de una mayor claridad en los procedimientos que se conceden en la explotación de concesiones. En torno a la declaratoria de los actores preponderantes, el abogado dijo a ZETA que Televisa ha estado moviendo sus piezas con la intención de mantener sus privilegios, por lo que es importante ver cómo los personajes interesados en telecomunicaciones pudieran presionar. “Las tarifas bajas es uno los aspectos fundamentales de la Ley Secundaria, regular el otorgamiento de servicios y concesiones en aras que se reduzca el costo sustancialmente en beneficio de la población, de lo contrario, de nada serviría todo el engranaje legislativo si las cosas se mantienen igual; que haya mayores opciones de menor costo. “Con esta reforma no se vislumbra una solución total a la problemática de un menor costo, estamos en un círculo vicioso. La experiencia que ha visto quien se sienta perjudicado, acuden a amparos y todo tipo de acciones legales para ir retrasando la aplicación de la Ley; eso ha sido muy el tema que nos ocupa. Seguimos en el mismo estado de cosas, todas las utilidades para los monopolios, y el gran perdedor es el consumidor”, concluyó el especialista. Claroscuros de las reformas Para el economista Francisco González Bermúdez, aunque no existe mucha información en torno a las legislaciones en cuestión, se antoja positivo abrir la preponderancia que tienen las televisoras: “Los precios son más bajos para los consumidores, porque permiten mayor competencia y eso es bueno. Por otro lado, la información empieza a modificarse, a cambiar. El monopolio no solo tiene que ver con costos desmedidos y precios. Tiene que ver con el derecho a tener información de manera diferente. “Sin embargo, el problema en la parte oscura, es demasiado tardada la publicación de las reglamentaciones secundarias, y está dando pie a que las televisoras encuentren fórmulas, huecos en dichas reformas o leyes, para poder evadir y mantener sus estatus”. En otras palabras, “el problema es que en las Leyes Secundarias pueden crearse vicios, por lo tanto, se debieron haber establecido desde un inicio; cualquier experto en la información de telecomunicaciones calcula que la apertura en materia televisiva será en dos años, lo que es demasiado tiempo, en materia telefónica en menos tiempo”. Un candidato para TV en la región El 20 de diciembre de 2013, el DOF estableció el Acuerdo por el que el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó el Programa de Licitación y Adjudicación de Frecuencias de Televisión Radiodifundida Digital, que se realizará durante 2014. Ahí se menciona que la estructura, así como las barreras que caracterizan el mercado actual de televisión abierta comercial, restringe alternativas de contenidos audiovisuales y fuentes de información para la población. Asimismo, documenta que dicho mercado “registra un alto nivel de concentración, ya que Grupo Televisa (GTV) y Televisión Azteca (TVA) en su conjunto, concentran, directa o indirectamente, 95 por ciento de las concesiones, 96 por ciento de la audiencia y 99 por ciento de los ingresos por publicidad, asociados con la televisión abierta comercial”. En el Artículo Quinto se explica que el Programa de Licitaciones permitirá la configuración de cadenas nacionales, cadenas regionales o, inclusive, estaciones con servicio en localidades individualizadas. El texto establece que identificaron 306 canales a licitar en 153 localidades, lo que resulta necesario modificar a efecto de alinear su objeto con las finalidades establecidas en la fracción II del Artículo Octavo Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional, en concreto, formar -por lo menos- dos cadenas de televisión con cobertura nacional. El 17 de enero de 2014, Televisora Nacional, S.A. de C.V., (cocesionario de Televisa) por conducto de su representante, presentó un escrito identificado por la oficialía de partes del Instituto con el número de folio 003875, a través del cual reiteró su interés en obtener una cadena regional, refiriendo su particular interés en prestar el servicio en las localidades de Mexicali, Bahía de los Ángeles, La Paz, Cabo San Lucas, San José del Cabo, Puerto Peñasco, Guaymas, Obregón, Navojoa, Hermosillo, Casas Grandes, Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral, Los Mochis, Mazatlán, Acapulco, Toluca, Aguascalientes, Morelia, Tepic, Cuernavaca, Querétaro, Cancún, León y Tijuana. Medida favorable Para el diputado federal Andrés de la Rosa Anaya, de acuerdo al IFT, para que una empresa se establezca en el concepto de preponderancia, deberá tener cobertura del 50 por ciento del territorio nacional; de lograr ese alcance, está obligada a compartir su infraestructura y habrá otras más chicas que se podrán interconectar con ellas. “La verdad es que desde la perspectiva nuestra, es favorable el apretón que se le dio a las televisoras, en la medida que se les obligue abrirse y que haya otras empresas, lo que va a propiciar que esas leyes de telecomunicación y radiocomunicación sean en beneficio del país”. Agregó que el período de sesiones concluye el 30 de abril, y tiene diversas leyes atrasadas, como son la electoral, la energética, la de telecomunicaciones. “Sí creo que nos va a dar beneficios para unos dos o tres años, no hay una consecuencia inmediata”, finalizó De la Rosa Anaya. Por su parte, el diputado Juan Manuel Gastélum desconoció si el documento en cuestión ha llegado a manos de los senadores, pero deberá ser dicha Cámara la que la analice y posteriormente se las mande dictaminada, para su análisis y posterior aprobación. COPARMEX Por su parte, Jorge Escalante Martínez, quien preside el Centro Empresarial de Tijuana (CET) de la Confederación Patronal de la República Mexicana, reiteró que con la aprobación de las Leyes Secundarias de las diferentes reformas, a ratificarse antes del 30 de abril, el rumbo del crecimiento del país está en manos del Poder Legislativo. El miembro de COPARMEX agregó que el sector empresarial ha insistido en que las reglamentaciones otorguen mejores condiciones, mayor certidumbre jurídica para las inversiones, transparencia en el uso de recursos y en la oportuna aplicación de los mismos. En torno al proyecto de las telecomunicaciones, el ejecutivo empresarial añadió que las reglamentaciones deberán fomentar la competencia en el sector, así como las inversiones a través de un proceso de licitaciones transparente donde se establezcan nuevos instrumentos de mayor apertura, para así beneficiar al consumidor. “Todas estas reformas deben aprobarse con carácter de urgente para poder impulsar a nuestro país a los niveles de crecimiento que tanto anhelamos”, sentenció Escalante.
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