Sindicaturas caras y conflictivas

Sin contar con una base que sustente la disponibilidad del recurso, el pleno del Cabildo de Tijuana aprobó la solicitud de ampliación de los egresos del Ejercicio Fiscal 2014, para llegar a un presupuesto de 4 mil 956 millones 129 mil 753.97 pesos. El 65 por ciento de la ampliación se destinó a las dos sindicaturas que a partir de la actual administración operan en Tijuana: Sindicatura Social, con 14.5 millones, y Sindicatura Procuradora Municipal, la cual obtuvo un aumento de 9.3 millones de pesos en su gasto y la autorización de añadir nueve plazas más a su nómina. El acuerdo edilicio no consideró las recomendaciones de la Secretaría de Administración y Finanzas, a cargo de José Guadalupe Mojica Moreno, quien pidió directamente a ambos Síndicos, fueran consideradas las actuales circunstancias económicas. Ahora, con el aval del presidente municipal, regidores y ambos síndicos, el titular de las finanzas municipales solo atinó a cuestionar: “¿De dónde vamos a obtener el recurso?, ¿vía endeudamiento?”. Concluye: “Yo lo veo muy complicado”. Legislación ignorada Si considerar la estrategia de ahorro “para época de crisis”, el gobierno de Tijuana accedió a los requerimientos presupuestarios de las sindicaturas Procuradora y Social, quienes de tajo obtuvieron en conjunto 25 de los 33 millones que el Cabildo aprobó el sábado 8 de marzo. La aprobación resulta incongruente porque las sindicaturas son, precisamente, las instancias encargadas de observar y hacer cumplir leyes y reglamentos. No solo se desdeñó la situación financiera del municipio, sino que no se acató lo establecido en la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, que en su Artículo 50, Fracción IV, establece que las ampliaciones y transferencias al Presupuesto de Egresos “deberán obtenerse antes de ejercer la modificación solicitada”. Lo aprobado el fin de semana se contrapone a este precepto, ya que en las arcas de Tijuana se carece de fondos tales que permitan un gasto como el autorizado. “Muchas de las partidas no cuentan con los chelines en la bolsa”, admitió el regidor Luis Felipe Ledezma Gil, secretario de la Comisión de Hacienda del XX Ayuntamiento, al hacer referencia a lo aprobado. Argumentó que el aumento en el gasto se aprobó, tomando como base “la viabilidad financiera que existe en el momento y al pronóstico estimado de cómo va a cerrar el ejercicio fiscal 2014 de acuerdo a los ingresos, así como a la capacidad de endeudamiento que tiene el municipio”. El edil justificó la ampliación a la necesidad de hacer frente los acuerdos aprobados por la anterior administración municipal, y que, “de manera irresponsable”, no dejó un presupuesto designado en el Programa de Egresos que le tocó aprobar para 2014. Si bien es cierto, el gasto correspondiente a este año lo aprobó el gobierno de Carlos Bustamante al final de su periodo, el XXI Ayuntamiento tuvo oportunidad de modificarlo antes de que fuera aprobado por el Congreso del Estado. No obstante, el gobierno de Jorge Astiazarán optó por dejarlo en 4 mil 919 millones de pesos, mientras la Ley de Ingresos lo planteó en 4 mil 810 millones, porque consideró que con su “estrategia para época de crisis”, lograría maniobrar el déficit de108 millones 691 mil pesos que suponía tales presupuestos. Para ello apretaría el cinturón a sus funcionarios y elevaría la captación del Impuesto Predial. A cien días de su gobierno, el ahorro logrado en el gasto corriente (viáticos, gasolina, telefonía móvil y celebraciones) se traduce apenas en 9 millones de pesos, informó José Guadalupe Mojica Moreno, titular de Administración y Finanzas, cantidad que está muy lejos de los 292 millones que se previeron ahorrar con la supresión de gastos considerados como superfluos. En tanto, el ingreso vía Predial, apenas supera los 200 millones de pesos, un cinco por ciento menos de lo ingresado en 2013 por el mismo concepto. Sindicaturas onerosas Arropados en un reglamento que las dota de autonomía, la Sindicatura Procuradora y la Social demandaron un presupuesto mayor al que les fue aprobado para su operación en 2014. De acuerdo a lo estipulado en el Reglamento interno de Cabildo, en su Artículo 35 establece que el egreso anual de estas instancias, en ningún caso podrá ser menor al 1 por ciento del total de egresos previstos en cada ejercicio fiscal. Si se apegaran estrictamente a este punto, su partida presupuestal ascendería en casi 50 millones de pesos, pero “consciente de lo excesivo que resultaría ese presupuesto”. En el caso de la Sindicatura Social, solo se requirió de una partida de 14.5 millones de pesos para estrenarse en la administración de Tijuana. Ese recurso solo lo utilizará en su gasto operativo, ya que sus atribuciones son básicamente de orientación a la ciudadanía y de mediadora ante las instancias municipales, a las que está obligada a observar el debido cumplimiento de sus funciones. Para ello demandó, y le fueron concedidas, 14 plazas con todo y una homologación en el sueldo con los del síndico procurador, director y personal de la Sindicatura Procuradora. La Sindicatura Social cuenta con un titular, Bernabé Esquer Peraza, quien en su equipo tendrá a tres directores: para Quejas de Servicios Públicos Municipales, Desarrollo Social Municipal, y Vinculación Social. Además, contará con un encargado de sistemas, dos receptores de quejas de servicios públicos municipales, dos en el área de Análisis y Resoluciones, uno en Acciones y Programas Municipales, un coordinador de comisarios honorarios, un titular administrativo apoyado por un técnico administrativo, un encargado de Participación Social y un titular del Departamento de Vigilancia. Además de las plazas de confianza, nueve de las cueles le fueron transferidas de Sindicatura Procuradora, a la que se le suprimió la dirección social, en el presupuesto aprobado a Sindicatura Social se incluyó pago de honorarios por el orden de los 4 millones 237 mil pesos. Por su parte, la Sindicatura Procuradora requirió un aumento de más de 9 millones de peso para maniobrar un presupuesto de alrededor 34 millones de pesos en el transcurso del presente año. Además del aumento, Arturo Ledesma Romo, síndico procurador que es, demandó la creación de nueve plazas de confianza para solventar la misma cantidad de personal que le fue retirado al suprimirse la Dirección Social en su organigrama, con la creación de la nueva Sindicatura, aun cuando ya no contará con esa función. De las plazas nuevas, ahora contará con un defensor de oficio con un sueldo bruto mensual de 25 mil pesos, para que proporcione servicios de asesoría legal a los funcionarios dentro de los procedimientos administrativos que ventile la Sindicatura Procuradora. Coordinador técnico, con un salario mensual de 43 mil 146 pesos para la coordinación administrativa de los recursos humanos y financieros de la dependencia. Subdirector de Responsabilidades, con un sueldo al mes de 31 mil 630 pesos, para que coordine y supervise a los coordinadores y jefes de responsabilidades, Departamento de Quejas y demás departamentos. Jefe de normatividad, con 28 mil pesos al mes para la elaboración de normas técnicas, y para que revise y evalúe las propuestas de reforma a dichas normas. Jefe de Instrucción de Procedimientos en contra del actuar de  los policías municipales, 30 mil pesos al mes, para supervisar el procedimiento dentro de las instrucciones que se lleven a cabo en contra del proceder de elementos de la Policía Municipal. Coordinador de Recepción de Quejas, con 28 mil pesos al mes para que reciba las quejas ciudadanas en contra de funcionarios de la administración pública municipal. Y tres receptores de quejas con un sueldo de 17 mil pesos al mes cada uno para la misma función. Asimismo, Ledesma Romo demandó la transferencia de ocho trabajadores de la Dirección de Servicios Públicos, mismos que serán colocados en el Departamento de Arrastres y Almacenamiento de Vehículos, por ser Sindicatura la dependencia a cargo de esas labores. Las plazas transferidas corresponden a trabajadores: una de base, dos de confianza y cinco de confianza II. El mismo reglamento que establece una partida no menor al 1 por ciento del presupuesto fiscal, y obliga a las sindicaturas “… a la procuración y defensa de los intereses de ciudadanos y la contraloría interna”, algo evidentemente dejado de lado por ambos procuradores. Administrador desconoce acuerdo “Una ampliación implica que se tengan que hacer ahorros en algunas partidas y dejar de cumplir algún programa, ya que conozca el acuerdo, haremos el mejor esfuerzo para tratar de generar más ahorro en el gasto corriente, porque los programas sociales no se pueden sacrificar”, anotó José Mojica, secretario de Administración y Finanzas del XXI Ayuntamiento. Hasta el cierre de esta edición, el titular de la administración de Tijuana ignoraba bajo qué sustento fue aprobada la ampliación al Presupuesto de Egresos. Lo que más preocupa al funcionario es la ampliación de plazas autorizadas, 14 en total. “Porque ese gasto no espera”, subrayó. Mientras el gasto corriente puede irse solventando “quitándoles a las dependencias café y galletas, aunque me reclamen, como ya lo han hecho”, en el pago de personal debe haber disponibilidad de recursos. “Cualquier ampliación del presupuesto, si va a ir a nómina, me preocupa”, compartió. A diferencia de lo que marca la Ley de Presupuesto, será hasta que reciba el acuerdo del Cabildo, cuando el administrador municipal determine qué partidas del gasto corriente son susceptibles de ser ajustadas para obtener ahorros que permitan cubrir la ampliación en su déficit, algo que se antoja complicado. “Me preocupa que contraten todas las plazas autorizadas, lo más prudente es que nos den oportunidad de mejorar la recaudación con las acciones que se están impulsando vía Predial, mejora regulatoria y que esperen a que la política de austeridad permita generar un ahorro mayor en los gastos que se restringen para, gradualmente, ir liberando cada punto aprobado”, acotó Mojica. En los cien días de gobierno, de ambas sindicaturas no han salido resultados en beneficio de la administración pública; de hecho han destacado por conflictivas. En un principio porque en la Sindicatura Procuradora no quisieron albergar a la Sindicatura Social. El alcalde destinó oficinas de la administración para la Sindicatura de Bernabé Esquer, que poco puede ofrecer en términos de facultades para beneficio de la sociedad. Mientras es conocido el conflicto que se creó a partir de la Sindicatura Procuradora cuando Arturo Ledesma intentó suspender al secretario del Ayuntamiento de manera incorrecta, y hubo de renunciar a parte de su personal luego que el alcalde los denunció públicamente por un intento de extorsión. Mutis Quizá alguien o a algunos les dijeron que calladitos se cuidan más. Pero desde que el alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí, denunció públicamente a los hermanos Ledesma de intento de extorsión, tanto Arturo como Miguel Ledesma Romo se han ocultado de la opinión pública. Ni por celular, ni por teléfono convencional… vaya, ni yendo a sus oficinas es posible localizarlos para saber algo de lo que hacen. Y en el caso de Miguel, empresario y jefe de la familia, en su derecho está de no conceder entrevista o comunicación alguna, pero el síndico procurador, Arturo Ledesma, debe informar lo que con recursos públicos hace, dado que es un servidor público y la ciudad le paga un sueldo por ello. Lo único que se sabe es que el síndico asegura que ya, que el fin de semana atenderá a personas. Mientras, los nuevos de su equipo, Martín San Román, Javier Oropeza y Víctor Manuel Hernández, los emergentes ante quienes debieron salir luego del “Extorsionagate” denunciado por el alcalde Astiazarán, la cuestión es que, aparte de permanecer calladitos, los Ledesma han acabado poco a poco con el súper equipo que presumieron en la etapa de transición. Ni hablar… ellos. Solo aparece como encargado de despacho en trienio anterior No hay constancia de ratificación de Padilla La ratificación de su cargo como director de Desarrollo Social, no consta en actas de Cabildo del XX de Ayuntamiento de Tijuana, tampoco hay constancia que la Junta de Gobierno haya ungido a Bernardo Padilla Muñoz como titular de la paramunicipal, cargo en el que permaneció durante ocho meses y cuyo desempeño está bajo investigación. La única evidencia localizada fue la constancia de nombramiento como encargado de despacho, entregada el 17 de julio de 2012 por el entonces alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo, y que no fue validada por el Cabildo, como corresponde, de acuerdo al reglamento municipal que rige a las entidades paramunicipales. Ese día, Padilla Muñoz e Ignacio Carlos Huerta, recibieron las constancias de nombramiento como encargados de despacho en la Dirección de Desarrollo Social Municipal (DESOM) y coordinador de Obra Comunitaria de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal (SEDESOM), respectivamente. Ambos funcionarios “se mantendrán como encargados de despacho en sus respectivos puestos, hasta que sean ratificados por el Cabildo del 20 Ayuntamiento”, fue el compromiso oficial del anterior gobierno, pero tanto Bernardo Padilla como Ignacio Carlos Huerta, se quedaron esperando tal validación. Las entidades paramunicipales, como auxiliares de la administración pública municipal, se encuentran sujetas a las disposiciones contenidas en un reglamento municipal que las regula, así como a sus reglamentos internos, acuerdos de creación y demás. Cualquier decisión sobre la designación de su titular, programas de obra o sobre el manejo de recursos que le son asignados, la Junta de Gobierno debe aprobarla y el Cabildo ratificarla. Pero aun cuando Padilla Muñoz no fue certificado en su cargo por el cuerpo edilicio del XX Ayuntamiento, las transferencias de recursos y pagos de finiquitos por las que ahora enfrenta una acción jurídica por “posible daño patrimonial”, sí fueron aprobadas por ambas asambleas. No pudo ser de otra manera, toda vez que en marzo de 2013, la dependencia carecía de recursos para liquidar los 207 mil pesos que se pagó a los cinco trabajadores de DESOM que renunciaron a su cargo a la salida de Bernardo Padilla de la dirección de la Paramunicipal, por ser “parte de mi equipo de trabajo”, según indicó el ahora secretario general de Gobierno de Tijuana. De acuerdo a investigaciones de la Sindicatura Procuradora, las indemnizaciones se dieron con el consentimiento de la Junta de Gobierno de la Dirección de Desarrollo Municipal y el propio Cabildo del XX Ayuntamiento, lo que las hace corresponsables. La irregularidad se basa en la disposición que se hizo de recursos no etiquetados para el pago de finiquitos a quienes entonces, al igual que ahora, conformaban parte del equipo de Bernardo Padilla: José Antonio Olivas Heredia, quien en la actualidad ocupa el cargo de director de Inspección y Verificación; su hermano, José Iván Olivas Heredia, hoy en día secretario particular en la Secretaría de Gobierno Municipal; Carlos Alberto Méndez Martínez, jefe de Asuntos de Gobierno en la Dirección General de Gobierno del XXI Ayuntamiento; Marco Antonio Mendoza Camarillo y América, actual jefe de Inspección y Verificación; y Karimé Gaxiola Pacheco. Mario Armando Baylón Rebelín, director de Bibliotecas en la administración de Jorge Astiazarán, también fue suspendido la última semana de febrero de 2014, y hasta el cierre de esta edición, su reinstalación se encontraba en proceso. A él se le investiga porque, como subdirector administrativo que fue en la Dirección de Desarrollo Social, en el tiempo que Padilla fungió como director, se encargó de realizar los movimientos financieros que concluyeron con las indemnizaciones ahora catalogadas de irregulares, finiquitos que el propio Padilla Muñoz no acepta, pero tampoco descarta haber sido liquidado. Y mientras este funcionario también está a punto de ser reinstalado, Sindicatura Procuradora, instancia que ordenó de las suspensiones, renueva su plantilla de trabajadores, además de los dos asesores que fueron dados de baja tras el escándalo político que envolvió a Arturo Ledesma. El ex regidor Mariano San Román es a partir de esta semana el nuevo contralor de Sindicatura, y Javier Oropeza el asesor general, mientras que Víctor Manuel Hernández se hace cargo de la atención a medios. Los cambios continuarán, adelanta el síndico procurador.