En la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California, capitaneada por el abogado y ex vendedor de carros usados, Arnulfo de León Lavenant, contemplaron en su presupuesto 2014, poco más de medio millón de pesos para estar comunicados en sus oficinas: teléfono, satélite, internet y hasta telégrafo. Pero a mediados de semana, el miércoles 19, para ser exactos, cero líneas. Oficinas centrales de la Zona Este, la respuesta de la operadora: número fuera de servicio. Sí, como si se hallaran en zona de desastre natural, la PDH quedó incomunicada por al menos un día. Todavía el jueves 20 de marzo, al cierre de esta columna, seguía “suspendido” el servicio. Ni teléfonos, ni internet. Tampoco telégrafo. La razón: “falta de pago”, confirmó personal de la institución. Según el presupuesto, esto fue lo aprobado: “servicio telefónico”, 353 mil pesos; “servicio de telecomunicaciones y satélites”, 108 mil 500 pesos; “servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información”, 51 mil pesos; y “servicio postal, telégrafo y mensajería”, 25 mil. Un total de 537 mil pesos. En la oreja, la famosa grabación retumbaba día y noche: “El número que usted marcó está temporalmente suspendido”.
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