Así proclaman públicamente organismos empresariales, amigos, colegios y OSC, en favor del XXI Ayuntamiento que preside el Doctor Jorge Enrique Astiazarán Orcí, en un comunicado donde al parecer solicitan que las denuncias por corrupción de los supuestos 80 millones de dólares se queden en el olvido, por supuesto que también la denuncia pública por extorsión que realizó el Señor Presidente Municipal de Tijuana contra el Síndico Procurador, donde manifiesta que se hostigó a varios funcionarios de dependencias, para que éstos se mocharan con el 50% de los dineros ilícitos que supuestamente se recaudan por debajo de la mesa. En el manifiesto se entiende como que este hecho vergonzoso quede en el olvido. En el mismo diario sale en su defensa el del Señor Arzobispo tijuanense, donde tajante dice “los trapos sucios se lavan en casa”, dando a entender que las situaciones que suceden, la extorsión y denuncia pública, que éstas se disciernan de manera interna en casa, pero agrega; “con transparencia.” Tratando de mediar, el líder de la Iglesia católica menciona que no se debería dar la extorsión al interior del Gobierno Municipal, o sea que al prelado se le salió de control su buena intención de infundir la paz en el conflicto interno, porque después de su exposición pública, tratando de tapar el sol con un dedo, pide “transparencia” en el conflicto, o sea que solicita sin pensarlo que la solución salga a la luz pública, para conocimiento de la sociedad. Acertadamente aclara el Arzobispo que este conflicto no implica ingobernabilidad, claro que tiene razón porque este conflicto es un problema interno administrativo, entre presidente municipal y síndico procurador, donde quien debe de poner la situación en claro y llegar al fondo del supuesto manejo del dinero ilícito y el intento de extorsión son los regidores, porque éstos se supone que son el órgano supremo regulador de la administración pública municipal. Este problema obligadamente tiene que llegar a su término, el daño o beneficio ya se ventiló ante la sociedad; por el bien y la buena imagen del XXI Ayuntamiento debe de llegar hasta sus últimas consecuencias, por la gravedad de la denuncia pública. El acierto en este penoso asunto es que destaca la valentía del alcalde en hacer la denuncia pública, donde lo hecho, hecho está, ahora hay que darle seguimiento interno o externo. Lo primero puede ser la destitución del síndico procurador Arturo Ledezma Romo, donde conocedores de la Ley manifiestan que el Alcalde tiene la facultad de iniciar el procedimiento y proponerlo a Cabildo; lo segundo está más complicado, ya que cada uno de los funcionarios que se supone fueron avisados que deberían mocharse o repartir el pastel en un sobrecito llenito de dólares, esto tendría problemas de legalidad, porque sería la palabra de uno contra la del otro, ya que dicen que la citada extorsión se realizó a solas y en privado por los enviados del Síndico Procurador, así reza en los medios. Así que obligadamente el Alcalde debe poner a cada quien en su lugar, para limpiar la imagen de su Administración pública del XXI Ayuntamiento de Tijuana, porque nos queda claro a la sociedad, que si hubo recaudación de ese dinero ilícito, no fue en esta administración que encabeza el Doctor Astiazarán Orcí. Ramón Rosendo Otáñez Sánchez Tijuana, B. C. Correo: [email protected]
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