Regresan secuestros

Los secuestros están de regreso. Aun cuando no se erradicaron en épocas cruentas, la incidencia delictiva en ese sentido no había alcanzado niveles de alarma desde 2008. La constante, amenazas de mutilaciones, peticiones de rescates desde los 300 mil a los 2 millones de pesos, muchos de los cuales han sido pagados; hombres, mujeres, jóvenes estudiantes, profesionales, pequeños comerciantes, han permanecido cautivos desde 24 horas hasta 12 días; otros han corrido con la suerte de una oportuna denuncia ciudadana que ha permitido su rescate en minutos. Lo peor: policías activos continúan participando en los plagios. Víctimas que en el menos agresivo de los casos, han sido enganchadas por internet o en el gimnasio por jóvenes -hombres o mujeres- bien dotados que los llevan a casas de seguridad con engaños, el común denominador es la invasión repentina de hombres armados en los espacios personales de los secuestrables, a quienes suben violentamente en autos para trasladarlos a viviendas, incluso cuevas, localizadas en un municipio distinto. Según las estimaciones de las autoridades -fundamentadas en las capturas-, el 50 por ciento de los secuestradores que operan en la actualidad, son miembros del crimen organizado; el otro 50%, son delincuentes improvisados. De noviembre de 2013 a marzo de 2014, sumaron 16 víctimas de secuestro rescatadas o que lograron escapar de sus captores en Baja California, alrededor de 55 presuntos autores materiales detenidos en grupos de cuatro o cinco criminales. Tres de las células capturadas confesaron haber participado por lo menos en once secuestros adicionales al investigado. En ese mismo periodo, solo se hizo pública la sentencia a un secuestrador, Juan Gilberto Cebreros Villegas: 30 años de prisión por el Juez Cuarto de lo Penal, como responsable del plagio de Jaime Gámez, cometido en marzo de 2006; pasaron 14 años para que la víctima recibiera justicia. En los cuatro meses que abarcan la administración del gobernador Francisco Vega de Lamadrid,  oficialmente se han denunciado 18 secuestros, entretanto, en el mismo período del año pasado, con el gobierno de José Guadalupe Osuna Millán, fueron 14, lo cual se traduce en un aumento del 28.5%, lo que significa que proporcionalmente, Baja California está por encima de la media de incremento nacional (20%). En el plano nacional, los ocho secuestros reconocidos entre enero y febrero de 2014 colocan a Baja California en el lugar 11 de 32 estados, por debajo de Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Morelos, Tabasco y Veracruz, que tuvieron entre 19 y 38 secuestros; además de Puebla, Nuevo León y Distrito Federal, donde solo se admitieron nueve de manera oficial.  Durante su visita a Tijuana, el 8 de febrero de 2014, Renato Sales Heredia, coordinador nacional antisecuestro, aseguró que Baja California es ejemplo en el país, porque entre 2005 y 2008, se atendían hasta 200 secuestros, delito que se tiene controlado a partir de 2009, cuando se redujeron a  diez o cinco. El funcionario  aseguró que estos datos provenían de estadísticas nacionales. Sin embargo, conforme a los padrones mencionados: En 2006 y 2007 se tuvieron 38 secuestros, respectivamente; 2008 fue el año con el mayor número registrado, 115 en medio de la pugna interna del Cártel Arellano; en 2009 todavía no había ningún control, con 105 plagios incluidos en los números oficiales; mientras que bajaron a 79 en 2010, y a 64 en 2011. Ya en 2012 y 2013, la autoridad registró 30 y 33 secuestros, de manera respectiva, con los que se regresó a cantidades similares de 2006, pero lo hicieron eliminando de la suma, las “privaciones de la libertad”, que es como califican las autoridades locales los “levantones” o secuestros de personas que, según criterios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), se dedican a actividades delictivas. Entonces jamás se registraron oficialmente los 200 secuestros, ni se ha llegado a los 10. Secuestradores del cártel, novatos y policías Las capturas exponen la situación, la consignación de dos miembros del Cártel Arellano Félix actualmente afiliados al Cártel de Sinaloa, y once de sus respectivos cómplices, echó abajo la primera versión oficial de que se trataba de grupos desorganizados y desperdigados, quienes además, realizaban secuestros esporádicos. El 7 de noviembre de 2013, la Unidad Estatal de Atención del Delito de Secuestro capturó a cinco secuestradores (cuatro hombres y una mujer), miembros de la banda del crimen organizado encabezada por Gerardo Barajas “El Chalino”; liberaron a un ferretero. Tres meses después, el 7 de febrero de 2014, la Policía Estatal Preventiva (PEP) detuvo a Barajas Robles. El 24 de marzo, dicha corporación detuvo al traficante, extorsionador y secuestrador, miembro del crimen organizado, Edgar Vázquez Flores “El Speed”, a quien relacionan con cuatro secuestros cometidos en Ensenada y dos en Tijuana. Con él fueron capturados seis cómplices. “Ellos estaban y están trabajando en forma independiente”, reconoció José María González Martínez, subprocurador de la Unidad contra la Delincuencia Organizada. “Ellos sí refieren que trabajaban para el grupo de Sinaloa, incluso en alguno de los secuestros consignados, señalan que todavía pidieron anuencia para ejecutarlo, pero debido a la capacidad económica, por cómo se les detiene, no hay una estructura fuerte detrás de ellos”, expuso. — ¿Pertenecían a bandas del crimen organizado?, se le preguntó al secretario de Seguridad Pública de Baja California, Daniel de la Rosa Anaya. “Pertenecen, estaban activos en los anteriores y ahora en las actuales, tan es así que el subprocurador de la UECO, lo informó en Ensenada con cuantos secuestros estaban relacionados en el puerto, que los llevaron a Tecate,  y de Tijuana a Tecate; cuatro y dos, igual a seis. “Los grupos que tenemos nosotros identificados, han sido dos que se pueden dividir en algunas células, particularmente de Tijuana y éstos (los de ‘El Speed’), que estaban aposentados entre Tecate, Rosarito y Ensenada”. — En su momento estuvieron con el CAF, ¿con quiénes operan ahora? “Lo que podría yo informar ahorita, es que están con grupos independientes, de lo que fue el CAF, y siguen operando”. De igual manera, José María González Martínez confirmó que Vázquez Flores mencionó a policías como cómplices, pero se negó a hacer comentarios adicionales de la indagatoria que sigue en integración, razón por la cual aún no se solicita orden de aprehensión en contra de los uniformados delatados. En cuanto a los elementos involucrados, el responsable de la Unidad contra la Delincuencia Organizada corroboró la reciente captura de un agente ministerial activo en la zona Tijuana,  se lo llevó la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).  “Fue por un secuestro en Tijuana, estaba denunciado en la PGR y lo trasladaron a México”. Adicionalmente, el 11 de marzo, otro agente municipal de Mexicali fue detenido por elementos de la Procuraduría, como presunto responsable de un secuestro exprés, denunciado en julio de 2013. Respecto a los delincuentes de otros estados que ven en Baja California un espacio de oportunidad, el 17 de diciembre de 2013, la Unidad Estatal de Atención al Delito de Secuestro (UEADS) apresó a dos de los miembros de una banda procedente de Sinaloa que había secuestrado a un estudiante norteamericano, el día 13 del mismo mes, y confesaron otros tres secuestros. Su jefe sigue libre. El 19 de noviembre de 2013, ya habían detenido al michoacano Marcelino Vázquez Pérez,  líder de una célula criminal michoacana, que delinquió en los dos estados. Adicionalmente, el secretario de seguridad, Daniel de la Rosa, refirió las capturas “…de algunos (presuntos delincuentes) que han venido de Michoacán, Nayarit, Sinaloa o Jalisco, que han tenido alguna participación en secuestros de los grupitos de aquí”. En cuanto a la modalidad de novatos intentando capitalizarse para conformarse en célula delictiva, el 21 de febrero de 2014 secuestraron al hijo de un empresario tijuanense, para liberarlo el día 23, previo pago, y el 28, sus plagiarios fueron capturados, cuando el jefe Adán Juárez López decidió auto secuestrarse para sacarle dinero a su padre. De los secuestradores improvisados, De la Rosa aseguró que están sobre el tema y los están capturando: “Como no hay grupos empoderados a quienes les tengan que estar rindiendo cuentas, entonces se la avientan a ver si pega, y se les pegó uno, se van capitalizando”. De la impunidad — ¿No enciende una alerta el que cualquiera crea que puede secuestrar sin castigo?, se pregunta al subprocurador González Martínez. “Definitivamente, por eso tenemos que mandar un mensaje, cuando se detiene a esta gente, presentarlos a los medios y hacer hincapié de que realmente estamos combatiendo, porque esa gente se avientan dos secuestros y al tercero ya tienen poder adquisitivo, armas y casas de seguridad; y pueden ir creciendo por la impunidad que se genera. “Yo he comentado que no es asunto chico el hecho que detengamos gente con un primer o segundo secuestro que estén pidiendo 100 mil pesos, 200 mil pesos, porque esos son los que en dos años piden millones y mutilan gente”. En cuanto a la operatividad -o ausencia de ella, porque muchas de las detenciones de secuestradores las realizan las policías municipales o estatales- de la Unidad Estatal de Atención al Delito de Secuestro, presentada en 2009 como un equipo de alta especialización y desarrollo en inteligencia, González afirmó que están respondiendo.  Expuso que cuando no hay un secuestro activo se dedican a abatir el rezago, atender las peticiones de otros estados – que son constantes- y a capacitarse para adecuarse al modelo nacional, asimismo, perfeccionan el trabajo de inteligencia. En Tijuana, la Unidad Antisecuestros está integrada por 30 policías ministeriales, tres Ministerios Públicos y seis elementos administrativos, y comparten diez elementos del área de inteligencia con el resto de la UECO-Tijuana. Referente a la impunidad ante la ausencia de secuestradores sentenciados, solo uno en los primeros cuatro meses del gobierno de Kiko Vega, el funcionario explicó: “Sí son procesos muy largos, el secretario De la Rosa comentó que la gente que se llevaron como presuntos responsables entre 2007 y 2008, ha obtenido su libertad recientemente, después de siete u ocho años. No tengo el número exacto de sentenciados, pero deben ser pocos, porque los detenidos de cuando estaba la guerra 2008-2009, apenas deben estar recibiendo alguna sentencia. Y muchos de ellos los atrae la Federación”. Sobre la ilegalidad provocada por la falta de órdenes de aprehensión solicitadas, como el caso de los policías delatados por “El Speed”, detalló: “Por estrategia sí nos esperamos un poco, si estoy ubicando a ‘Juan Pérez’ con una imputación, con un retrato hablado, o reconocimiento de voz, quizá si solicito orden de aprehensión me la libren, pero debo ponerlo inmediatamente a disposición de un juez, y en esas condiciones es muy probable que se me caiga con un amparo; entonces esperamos”. — ¿Todavía esa diferencia entre levantones y secuestros?    “Sí”. — ¿Y dónde contabilizan los levantones? “Son privaciones, sí se genera la investigación, pero no es la operatividad de secuestro, eso lo maneja la zona”. El concepto de “privación ilegal de la libertad” no aparece en las estadísticas oficiales de Baja California, y en el Secretariado Ejecutivo de la Federación, privación y/o secuestro se contabilizan como lo mismo. Autoridades y coordinación Ante la comparativa de estadísticas 2012-2013 que no muestran mejoría, se preguntó por separado a González Martínez y De la Rosa Anaya, cuál es la aportación del gobierno actual para mejorar los números. Ambos coincidieron que a diferencia de la anterior administración, la PGJE y la SSPE ahora intercambian información con sus dos áreas de inteligencia coordinadas; además, se están realizando investigaciones previas para detener con órdenes de aprehensión otorgadas. “Podemos saber que cometió dos o tres secuestros, pero si no trae algo en flagrancia ni mandamiento judicial, es imposible detenerlos, por eso primero lo judicializamos en la Procuraduría, y es como ha ido saliendo”, indicó Daniel de la Rosa. “Estos últimos casos nosotros ya traíamos la información, incluso la localización del sujeto hasta un mes antes de la detención o tres semanas antes, pero se opera en el momento que ya tenemos la orden”. José María González Martínez apuntó: “No había un cruce de información, no se diga Municipales o Federales, del mismo Estado, como es la Secretaría de Seguridad y la Procuraduría. Ahora nos reunimos cada quince días, precisamente para cruzar esa información, incluso invitamos a la Policía Municipal y ponemos en la mesa qué traemos cada quien, y cruzamos la información. “Por ejemplo ‘El Speed’, la PEP traía unos domicilios, nosotros unas placas, y se armó el rompecabezas rápido. Con ‘El Chalino’ fue más o menos igual, ellos lo tenían ubicado en narcomenudeo y nosotros la orden de aprehensión por secuestro; así hemos concretado otras detenciones de traficantes menores y homicidas”. De la cifra negra de secuestros, ambos funcionarios aseguraron que conforme a las confesiones, el delito ronda el 10 por ciento. “La mayoría de las víctimas denuncian”, concluyó De la Rosa. La “herencia” para Monreal Junto con el cargo de director de Seguridad Publica en Mexicali, Alejandro Monreal Noriega heredó dos frentes de “guerra”, uno externo y otro interno. En el primero el panorama no es nada halagüeño, el alto índice delincuencial en Mexicali -más de 34 mil delitos denunciados el año pasado-, donde resaltan más de 22 mil robos, con y sin violencia, homicidios -150 en 2013- y secuestros. Conforme a estadísticas oficiales, en los dos primeros meses de 2014 se denunciaron en Mexicali 5 mil 663 delitos, la gran mayoría robos, fundamentalmente en la zona urbana. Asimismo, en las cinco semanas que la corporación estuvo sin director, hubo dos agresiones contra policías -con saldo de dos agentes muertos -una en el Valle, otra en la ciudad-, además de un robo violento en la siderúrgica, un agente detenido por su participación en un secuestro, una mujer ejecutada y un maestro asesinado, a quien se encontró a medio enterrar. El nuevo titular -primero en la historia que viene de las filas policiacas- hereda un “frente interno” que tiene que ver con la corrupción en las filas de la corporación, donde históricamente ha permeado no solo el nexo y protección al crimen organizado, sobre todo en el Valle, sino la práctica cotidiana de extorsión ciudadana. Ese tema ha sido uno de los principales argumentos para el incipiente surgimiento de los llamados Grupos de Autodefensa Civil Pacíficos, que desde hace un mes emergieron en la colonia Carvajal, y recién se conformó otro similar en la Solidaridad. Adicionalmente,  tiene que encarar las implicaciones que para la corporación en Mexicali, significa el Nuevo Sistema de Justicia Penal, como una mayor capacitación para los Municipales. Alejandro Monreal Noriega llega a encabezar una corporación que conoce muy bien desde adentro -17 años en sus filas-, aunque paradójicamente, no fue la primera opción contemplada por el alcalde y panista Jaime Díaz Ochoa, quien mostró un evidente equívoco al designar, el 1 de diciembre de 2013, al General en retiro Suple a José Ramírez Cardozo, renunciado tras detectársele antecedentes criminales en la milicia, cuyo desempeño se caracterizó por su hosquedad con la prensa y la implementación de  una serie de controversiales decisiones, como la designación del cuadro de mando, donde el propio Montreal fue “congelado” en el puerto de San Felipe, pese a la experiencia adquirida en la anterior administración como Comandante en la zona urbana. Cardozo renunció el 20 de febrero, dos semanas después, se hizo público que el  subdirector de Policía y Tránsito, Alejandro Galindo Perales, también tenía cuentas en las filas castrenses (pero no del tipo penal). En ese contexto llegó Monreal Noriega a la dirección, que a su experiencia en la tropa, ha sumado academia con una licenciatura en Derecho y una maestría en Criminología, en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Penales. En la corporación, ha sido ha sido agente de Policía y Tránsito, supervisor de la sección Patrullas, jefe de turno, Subcomandante en la Zona Oriente, Comandante General en la Zona Urbana; y últimamente se desempeñaba como Subcomandante en San Felipe. Su nombramiento fue aprobado por unanimidad de las fracciones representadas en el Cabildo mexicalense, en sesión extraordinaria del 30 de marzo de 2014. “Tenemos un gran reto, en lo particular, en lo familiar, un compromiso muy grande, con el presidente municipal, con la corporación y con la ciudadanía de Mexicali”, expuso el recién nombrado director ante los munícipes. En sus primeras declaraciones, el jefe policiaco mencionó como misiones, además de la necesaria reordenación interna, el tener una mayor cercanía con la gente y más apertura hacia el sector privado, “una ciudad segura significa más empleo”, sostuvo Monreal. Por último, refirió la necesaria prevención y el ataque frontal a la delincuencia. Sergio Haro/ ZETA Mexicali Un policía muerto y otro herido No respetar protocolos de serguridad, le costó la vida al agente Martín Herrera Osuna, y la salud al oficial Efraín Hernández Salas . De los hechos ocurridos el 2 de abrirl de 2014 frente al número 9918 sobre la calle Palmeras del fraccionamiento Florido Primera Sección en Tijuana, existen dos versiones. La primera indica que mientras realizaban una revisión de rutina a un hombre frente a la meniconada casa -denunciada en multiples ocasiones como picadero-, el oficial Hernández fue sorprendio por la espalda por otro adicto, quien lo ocasionó una herida desde la boca hacia la oreja. Ambos hombres huyeron al interior de la casa mientras Herrera Osuna los perseguía; el herido pedia apoyó con dificultad.  Conforme a testigos, segundos depués se escucharon balazos dentro de la casa y varios hombres abandonaron corriendo el domicilio, detrás de ellos salieron forcejeando cuerpo a cuerpo, el agente Hererrea y uno de los hombres que perseguía. En la calle le encajó una navaja en tres ocasiones, una despedazó su arteria femoral y lo desangró. La segunda versión, es el parte oficial que registra la declaración del agente Efraín Salas Hernández, quien indicó, fue su compañero, el fallecido Martín Herrera, el que descendió primero para intervenir al sospechoso Sergio Chávez Carrillo, al estar en posesión de un arma punzocortante. El hombre se resititó, ocaisonandole heridas superficiales a Herrera con una navaja y huyendo hacia la casa. Herrera y Salas lo siguieron, dentro de la vivienda, el presunto delicuente Sergio Chávez hirió en el rostro al agente Salas, el cual salió a pedir ayuda. Herrera continuó la presecución del sospechoso en la calle, pero fue herido en la arteria femoral y cayó, cuando el presunto delincuente intentó agredir a Salas, en pie le disparó. El agresor no resultó herido, pero huyó. Entonces, en su vehíuclo particular llegó el oficial Julio Israel Aguilar Hinojosa, quien estaba en punto fijo cercano -cuidando una casa-, vio al agresor en huida y lo persiguió, al darle alcance le ordenó soltar la navaja y someterse, pero no opbedeció. “Se le acerca amenazante y, en virtud de que se encontraba dentro del radio de acción del agresor ante un riesgo real, actual e inminente, efectuó una detonación de su arma de fuego hacia las extremidades inferiores, con la finalidad de neutralizar la agresión, por lo que cayó lesionado” y lo capturaron. La Procuraduría Genaral de Justiciadel Estado inició una averiguación en torno a los hechos, y como parte de la indagatoria, la Policía Ministerial aseguró las armas de los tres policias, las patrullas y el auto particular del agente Aguilar. Y recibió de la Policía Municipal al presunto agresor, Sergio Chávez, y a José René Pachuca Fonseca, compañero del presunto responsable y testigo omiso de los hechos. (Rosario Mosso Castro/ZETA) Tiene Estados Unidos testigo contra Yarrington Un juez federal en San Antonio, Texas, dictó una benévola sentencia al mexicano Antonio Peña Argüelles, identificado como “Ángeles”, uno de los principales colaboradores del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba. Peña recibió una condena de apenas 30 meses de prisión, de los cuales lleva privado de su libertad aproximadamente 25, por lo que pronto podría abandonar la cárcel federal en la que se encuentra en los Estados Unidos. El motivo de la magnánima penalidad por el delito de asociación ilícita para lavar dinero, estriba en su condición de colaborador del gobierno norteamericano en contra del ex mandatario tamaulipeco, acusado en la Corte para el Distrito Oeste de Texas, de pertenecer al crimen organizado. La baja pena de prisión no excluyó a Antonio Peña Argüelles de ser condenado a una sanción económica de 5 millones y medio de dólares, entre efectivo y propiedades, pues se le considera uno de los prestanombres de Yarrington. Estará supervisado tres años después de excarcelado. Peña también figuró como testigo protegido del gobierno mexicano bajo el seudónimo de “Ángeles”. Estuvo detenido en México en 2008, pero pronto obtuvo su libertad y se acogió al programa de colaboradores contra la delincuencia organizada. Se le consideró como el enlace entre el Cártel del Golfo-Zetas y el ex gobernador. Además, fue investigado por el pago de sobornos a políticos; en tanto en los Estados Unidos se señaló que Peña invertía las ganancias del narcotráfico en ese país. Su suerte cambió en 2011, cuando su hermano mayor, Alfonso Peña Argüelles, fue ejecutado y le colocaron un narcomensaje con advertencias a políticos y traficantes. Antonio prefirió refugiarse en la Unión Americana en 2012 y solicitar la protección de la DEA, a cambio de información. Así, “Ángeles” aceptó declararse culpable por un solo cargo: conspiración para lavar dinero. Por la información proporcionada sobre Tomás Yarrington y la narcopolítica de Tamaulipas y el tráfico de drogas a Texas, en vez de ser condenado a 20 años de prisión, Peña Argüelles solo purgará dos años y medio. Un amparo obtenido por él en un Juzgado federal de Tamaulipas, en 2011, muestra su poderío económico, pues reclamó el aseguramiento que hizo la Procuraduría General de la República de un predio con dimensiones de mil 200 hectáreas en el rancho “La Reforma”. Por su parte, Yarrington Ruvalcaba continúa sin ser localizado, aunque sus abogados han promovido diversos juicios de garantías en su representación, en contra de acciones de las autoridades mexicanas. Más cruces sobre alcaldes En los últimos días, se han registrado hallazgos sobre actos violentos y muertes relacionadas con alcaldes o ex alcaldes. Entre ellos, la ejecución del priista Orlando Hesiquio Cruz, quien gobernó Igualapa, un municipio de Guerrero. En Nuevo León se confirmó que Benjamín Galván Gómez, ex presidente municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y secuestrado el 27 de febrero de este año, fue encontrado sin vida, maniatado y con signos de arma de fuego, junto con un empresario. En Oaxaca, una ola de homicidios alcanzó al hermano de Óscar Valencia García, presidente municipal de San Agustín Loxicha, quien fue baleado en un lugar público. A estos acontecimientos se suman las noticias de Michoacán, sobre el homicidio del panista Gustavo Garibay, registrado el 22 de marzo. Según Alfredo Castillo, Comisionado Federal para la seguridad del Estado, la ejecución del político fue ordenada desde los grupos de autodefensas localizados en Yurécuaro. Sobre el primer caso, en Tierra Caliente se sabe que el edil que encabezó de 2008 a 2012 el gobierno emanado del Partido Revolucionario Institucional en Igualapa, fue asesinado a tiros la mañana del jueves 3 de marzo. Según la prensa local, al priista lo ejecutaron con arma de grueso calibre cuando esperaba el lavado de su auto dentro de un establecimiento muy cercano a la cabecera municipal. Por otro lado, la confirmación del homicidio del ex edil de Nuevo Laredo, ubicado en el estado vecino, se dio después de que trascurrieran más de 30 días de que su cadáver se encontrara en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Nuevo León. Oficialmente y mediante un comunicado, el procurador de justicia del Estado, Adrián de la Garza Santos, confirmó que dos cuerpos encontrados amarrados y muertos en la caja de una camioneta  y abandonados en un camino vecinal, coinciden con quien gobernó Nuevo Laredo en 2013. Los cuerpos fueron localizados el 28 de febrero, un día después de que se reportó el secuestro del ex alcalde, afuera de una farmacia junto con Miguel Ángel Ortiz, un empresario de la región. Fue hasta el primero de abril que la Procuraduría de Nuevo León anunció que después de la detención de un presunto delincuente que portaba armas, a finales de febrero se  pudo dar con el cuerpo de Galván Gómez. Según la versión del procurador, se trata de un ex militar detenido y confeso, quien dijo que junto con otras personas, recibió la camioneta procedente de Nuevo Laredo  con los dos cadáveres, y se les ordenó abandonarla en territorio coahuilense. Los detalles que narró el procurador, revelan que un cómplice del detenido fue ejecutado por haber cruzado hasta Nuevo León y no en Coahuila, como se les había ordenado. El cuerpo del delincuente fue encontrado junto con tres cadáveres, a días de la detención. En el caso del homicidio de Garibay García, las autoridades federales detuvieron a 19 personas acusadas de ser los homicidas del ex alcalde. Alfredo Castillo, el Comisionado Federal, aseguró ante la prensa local, el lunes 31 de marzo, que la investigación indica que el líder de las autodefensas en Yurécuaro, Enrique Hernández Saucedo, fue el autor intelectual. Se presume que mandó a quitarle la vida al alcalde, con motivo de que no permitió el ingreso de los grupos armados.